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domingo, 27 de octubre de 2013

Aviones y maletas

Twitter @javiermayorca


Esta semana se cumplió un mes desde que la Fiscalía y el Comando Antidrogas de la Guardia Nacional comenzaron las averiguaciones sobre el traslado de 1382 kilos de cocaína en un jet de Air France que aterrizó en el aeropuerto de París el 11 de septiembre. Con las limitaciones de información impuestas por la reserva de actas decretada en un tribunal de Vargas (especie de vuelta a la vieja figura del sumario) podemos hacer un balance de lo que ha ocurrido hasta ahora.
-El decomiso fue producto de una operación encubierta. En ella participaron policías de Francia, Italia, Inglaterra y Holanda. Esta pesquisa permitió la detención en Europa de cinco personas ligadas al crimen organizado calabrés, además del decomiso de toda la droga. Venezuela hizo una rogatoria a Francia para conocer la información levantada en ese expediente. Esto representa una situación muy delicada desde el punto de vista diplomático. Si Francia envía los documentos solicitados, confirmará que hizo una pesquisa policial en Venezuela sin contar con autorización previa del Ministerio Público y de los juzgados del país, tal y como mandan las leyes. Si no atienden a la solicitud, quedará desvirtuada toda la retórica sobre cooperación internacional contra el tráfico de drogas. Creo que escogerán la segunda opción, entre otras razones porque con seguridad se posee data sobre los verdaderos gestores de la ruta de la droga por el país. Es decir, militares y politicos en el poder. Por donde pasa la droga, hay corrupción, me dijo alguna vez un policía ya fallecido. Una verdad como un templo.
Franceses callaron hasta el 21-9
-El Gobierno y los demás poderes subsidiarios quedaron aturdidos. La policía francesa sospechaba que esto sucedería. Por eso retardó diez días la divulgación de la noticia sobre el decomiso. Luego, comenzó en Venezuela una operación sicológica para diluir el efecto de este escándalo. La Fiscalía, nuevamente aplicando el principio de selectividad represiva, ha detenido a veintiocho personas, ocho de ellas efectivos de la GN, una gerente de la línea aérea, así como trabajadores y miembros de Seguridad del aeropuerto. Cualquiera se sorprendería por esta cifra. Pero en realidad cuando se va a la individualización de responsabilidades nos damos cuenta de que poco se ha avanzado sobre el enganche politico y militar que debían tener los brokers de la droga para pasarla desde Colombia hasta el principal terminal aéreo del país, meterla en 31 maletas y llevarlas a las bodegas del jet.
-Esta operación sicológica ha avanzado en otros ámbitos. Nos enteramos de que la FAN comenzó a aplicar con fuerza las disposiciones de la Ley de Control para la Defensa Integral del Espacio Aéreo. El jefe del Comando Estratégico Operacional, mayor general Vladimir Padrino, divulgó por twitter la foto de una de las dos aeronaves que supuestamente fueron "inmovilizadas", por estar incursas en actividades consideradas sospechosas. Posteriormente, se filtró a Ultimas Noticias la información de que no habían sido dos sino seis las avionetas intervenidas por los militares este año. Estos hechos han sido convenientemente puestos sobre el tapete para mitigar el enorme desprestigio internacional ocasionado por el caso de las "narcomaletas", y las fundadas sospechas sobre la participación de elementos militares de alta graduación en esta audaz operación de tráfico de drogas. Ahora bien, la necesidad de mostrar "mano dura" contra el delito organizado puede generar situaciones peligrosas. La evidencia fotográfica mostrada hasta ahora indica que las aeronaves fueron atacadas en tierra y quemadas. No derribadas. Esto no quiere decir que no puedan hacerlo en un futuro. Y entonces uno se pregunta: ¿es que el transporte de drogas en el país, o algún vuelo ilícito para cometer otro delito amerita la pena capital? ¿Qué justifica el uso de aviones de guerra contra naves civiles? ¿Qué probabilidades tiene un piloto civil de sobrevivir al ataque de un caza, léase un F 16 o un Sukhoi?
-Simultáneamente, se inició un trabajo de contención de daños. En él participa el propio presidente Maduro, en gira frenética por unidades de los cuatro componentes militares. Su primera escala fue la Guardia Nacional, donde dijo ante el alto mando de la institución apenas una semana después de iniciadas las pesquisas sobre este caso que ya estaban presos todos los implicados. Desde luego, si las diligencias de investigación son hechas por el Comando Antidrogas de la GN las cosas llegarán hasta donde quieran los superiores en la cadena de mando. No habrá sorpresas.
-Empiezan las cabezas de turco. En este mes se ha filtrado maliciosamente la información sobre un supuesto financistade la compleja operación que permitió el traslado de las maletas con cocaina hasta París. Sería un tal Harry Romero, mecánico de Vargas residenciado en una urbanización de clase media-baja, Las Tunitas.  O sea, según la version oficiosa, este señor habría aportado la plata para la corrupción de funcionarios en un alijo valorado entre 250 y 270 millones de euros en las calles europeas. No sabemos realmente si Romero tuvo alguna participación en este caso, más allá de haberle dado 2,3 millones de bolívares a la esposa de un fiscal aeronáutico. Dinero que dicho sea de paso pudo provenir de otro hecho, legal o ilegal. En fin de cuentas, eso se sabrá cuando lo capturen. Romero supo del frenesí por detener a cuanto ciudadano fuese interrogado en este caso como testigo, y huyó apenas recibió la citación.
-Falta mucho para conocer la verdad en este caso. El interés deliberado de los poderes nacionales por tapar lo ocurrido no hace más que alimentar la sospecha de que algo muy grande se oculta en este expediente. Algo que probablemente nos remita a redes constituidas con mucha anterioridad al hallazgo de este alijo en el aeropuerto de París. No creo que las cosas se conozcan naturalmente. Será necesario un esfuerzo persistente para determinar con certeza qué sucedió. Los datos más importantes están al otro lado del Atlántico.

Breves

*Desde agosto han sido reportados en Caracas por lo menos 16 ataques a piedras, botellas, palos o puños contra agentes de la Policía Nacional, CICPC o Tránsito Terrestre. No cuenta en esta lista el asedio al que fue sometida la sede principal de Polinacional en junio. Algo de esto se ha visto también en Guárico, Zulia y Sucre contra unidades de la Guardia Nacional, Polinacional y CICPC. Queda en evidencia una pérdida acelerada de capacidad por parte del Estado para ejercer un control formal a través de las instituciones designadas para ello. A veces pareciera que desde el propio poder se conspira para que esto ocurra, con fines inconfesables. Uno no sabe hacia dónde van a derivar estas situaciones.

Amenaza distribuida en El Marqués
*Esta pérdida de control se evidencia además en dos hechos concretos, reportados en Caracas durante el mes de octubre. Por una parte, miembros de colectivos armados realizaron una operación combinada con efectivos de la Guardia del Pueblo para disolver una reunión pública en la redoma Los Mangos de Lídice. La situación fue descrita como humillante por algunos de los afectados. Por la otra, en vista del auge de criminalidad que se vive en El Marqués comenzó a divulgarse en esa urbanización un panfleto que amenaza con iniciar una temporada de caza contra hampones. Con él hemos ilustrado esta columna. Es aparentemente el anuncio sobre la formación de lo que en Colombia se conoció como brigada de limpieza. Algo muy peligroso para la preservación de la institucionalidad. También puede ser un blof. Los hechos en el futuro inmediato lo confirmarán.
*Los grupos Antiextorsión y Secuestro de la Guardia Nacional en todo el país enviaron a Caracas los respectivos diagnósticos sobre los principales delitos en las regiones donde operan, así como la capacidad para investigarlos y atacarlos. Algunos informes señalan claramente la presencia de grupos irregulares colombianos en el país, como por ejemplo en Táchira y Mérida.  Todos los documentos preocupan pues a pesar de la asignación de importantes contingentes para cada región, los uniformados carecen de medios para trabajar más allá de sus fusiles de reglamento. En su mayoría no disponen de tecnología para hacer análisis de telefonía ni intercepciones telefónicas. Los GAES de regiones como Lara y Portuguesa han solicitado la adquisición de equipos para inhibir comunicaciones por celular, y así mitigar la alta incidencia de extorsiones telefónicas desde las prisiones. Veremos si les hacen caso.