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domingo, 27 de enero de 2013

Un fracaso llamado desarme



Twiter: @javiermayorca

La Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme terminó sus funciones en diciembre sin pena ni gloria. El propio Gobierno y sus partidarios conspiraron para que así fuera. Más allá de la propaganda, los hechos se han encargado de poner en evidencia esta realidad.
El principal objetivo de la institución era la aprobación de una reforma a la Ley Desarme vigente desde agosto de 2002. La tarea parecía relativamente fácil debido al consenso predominante en toda la sociedad sobre la necesidad de imponer controles al flujo de armas y municiones en el país, especialmente en el medio criminal. El propio Gobierno impidió que la nueva norma fuese sancionada, al introducir un proyecto de ley distinto al que había elaborado la comisión parlamentaria encabezada por miembros del Psuv. El problema de fondo era (y es) que muchos miembros del oficialismo no estaban (ni están) de acuerdo con el desarme.
Barra Bar: cierre obligado
Cuando era evidente que la ley no sería sancionada, la Comisión promovió a través del Miniserio de Relaciones Interiores un conjunto de resoluciones que esencialmente restringen el comercio y el porte de armas. Gracias a ellas nos encontramos con situaciones insólitas. Por una parte, los empresarios privados deben correr con el costo de prevenir e impedir el paso de armas en locales donde haya reuniones públicas o consumo de bebidas alcohólicas. Si no lo hacen se arriesgan a ser clausurados, tal y como sucedió el año pasado en los casos de las discotecas Nikki Beach y Barra Bar. En el segundo episodio, reportado el 30 de diciembre, los hombres armados se abrieron paso a tiros desde la calle con la intención de matar a dos clientes presuntamente vinculados al comercio de drogas.
En todo caso, está bien que los promotores de espectáculos así como los dueños de bares y restaurantes restrinjan el acceso de personas armadas. Pero lo realmente absurdo es que el Gobierno no haya tomado previsiones para imponer esta misma regulación en sus propias instalaciones. Allí debieron aplicar los planes piloto. Allí debían medir las dificultades antes de imponer una norma al resto del colectivo. Los liceos, por ejemplo, habrían sido excelentes para tal fin. Con un poco de sentido común hubiesen prevenido la matanza de una estudiante de quinto año de bachillerato en el patio del plantel Andrés Bello, uno de los más grandes y emblemáticos de Caracas. Los ejecutores del crimen fueron tres estudiantes, dos de ellos de apenas 15 años de edad y el otro un año mayor, que querían saldar a tiros una disputa pasional. Sin problemas introdujeron una pistola en la instalación educativa. En las pesquisas, además, trascendió que desde hace tiempo allí operan a sus anchas bandas armadas.
Otro fracaso más. Pero eso no importa. "El show debe continuar"...

Breves

*Gran revuelo causó en diciembre el avistamiento en el centro comercial Caribbean Mall de Lecherías de un importante líder de la organización separatista vasca ETA José Ignacio de Juana Chaos, quien es buscado en España desde 2008 luego de violentar las restricciones de una medida de libertad bajo palabra. No será el primer integrante de este grupo que se oculta en la región oriental del país. El hombre de 58 años de edad se habría asentado junto a su compañera sentimental, gracias al apoyo de los expatriados etarras en Anzoátegui y Sucre. Un informe del Servicio Bolivariano de Inteligencia elaborado en octubre de 2010 señala la necesidad de mantener la vigilancia sobre los miembros conocidos de ETA en el país para llegar a De Juana. Muchos de los etarras acogidos en el país en 1989 luego de las conversaciones de Argel han violentado durante el gobierno de Chávez una de las normas básicas que les impuso el Estado venezolano: mantenerse alejados de toda actividad política. El ejemplo más patente es Arturo Cubillas Fontán, enlace entre los etarras y la guerrilla colombiana solicitado en extradición por la Audiencia Nacional española.

*La semana pasada, el líder del ala chavista del Movimiento Revolucionario Tupamaro, Alberto Carías, alias el Chino, reiteró en la entrevista para un semanario su disposición de hacer armas contra la oposición si desconocen el gobierno de Chávez, o a quienes digan gobernar en su nombre. Se debe recordar que Carías fue Director de Seguridad de la Alcaldía Mayor durante la gestión de Juan Barreto. El periodista español que escribe con el alias de Antonio Salas relata en el libro El Palestino cómo Carías era uno de los encargados de dar logística y entrenamiento a los grupos armados del 23 de Enero. Sus relaciones con ETA y extremistas del Oriente Medio quedaron al descubierto gracias al trabajo de infiltración realizado por Salas.

*La policía judicial señala como principal autor del asesinato de dos guardias nacionales en la vía de Capacho, Táchira, al líder de Los Rastrojos en esa entidad Walter Raúl Silva, alias Cara é Vieja. Los militares fueron ultimados a tiros en el interior de un vehículo el 28 de diciembre. En este caso resultó herida una efectiva de ese componente militar. En su testimonio a los pesquisas, señaló que sus compañeros estaban tras la pista de Silva. Es de presumir entonces que el jefe paramilitar conocía la situación gracias a una filtración. No será la primera vez. En abril de 2012 el agente de CICPC Oswaldo Francisco Rojas fue enjuiciado por encubrir a Silva con motivo de las averiguaciones sobre un cuádruple homicidio ocurrido tres meses antes en el barrio La Guajira de Ureña. En esa oportunidad las víctimas fueron ultimadas con tiros de fusil AK-47.

*Imposible terminar esta columna sin dedicar algunas líneas a la incertidumbre política generada por la prolongada ausencia del Presidente Electo. Esta situación profundiza la crisis institucional venezolana. Ocurre actualmente una clara usurpación del Poder Ejecutivo gracias al concurso de los otros poderes, especialmente del Judicial. Las masas chavistas, adormecidas gracias a la inmensa propaganda, no se dan cuenta de que defienden un régimen por el cual no votaron. El liderazgo opositor no hace esta denuncia con claridad, a la espera de un parte de defunción que no llega desde Cuba. Pero no señala lo que ya es evidente: Chávez no volverá a gobernar ¿Cuánto tardará el país en darse cuenta del engaño? Aunque esta columna no es para tratar temas políticos, todo periodista tiene un deber ético de oponerse a un régimen cuya ilegitimidad se hace cada día más evidente.