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lunes, 24 de diciembre de 2012

La presa más antigua de Mérida



Twitter: @javiermayorca

Sioly María Torres Zambrano es la presa más antigua de la cárcel de Mérida. Fue detenida en abril de 2004 por el homicidio de Jesús Antonio Guerrero López, un dirigente agrario ligado al oficialismo.
En este caso, la discusión no es si Torres mató o no a Guerrero. Efectivamente, la ingeniera hizo el disparo que finalizó con la vida del hombre en la hacienda San Miguel, ubicada en Santa Elena de Arenales, cuando era invadida por una turba en la que él participaba.
Sioly Torres permanece en la càrcel de Mérida
La finca pertenecía a Alejo Torres Vielma, papá de la rea. Este hombre fue noticia en 1998 cuando fue secuestrado y luego “vendido” al Ejército de Liberación Nacional. Su hijo, y hermano de Sioly, Luis Orfanelli Torres, negoció un intercambio con los guerrilleros para que él fuese el rehén en vez del patriarca, que en ese momento tenía 79 años de edad. Una vez en libertad, éste pudo buscar el dinero para pagar el rescate. Mientras esto ocurría otros miembros de “organizaciones campesinas” auspiciadas por el IAN (actual INTI) se apropiaron de una finca suya en Santa Bárbara del Zulia.
Sioly Torres, desde luego, no es una de las consentidas del Gobierno. En eso se parece a la jueza María Afiuni. Sólo que su calvario ha sido más prolongado. Con ella, dura lex. Para ella, la justicia revolucionaria con su peor cara. Lejos, por ejemplo, de los mimos dedicados a Rosita.
Cuando Torres mató a Guerrero la finca era “custodiada” por agentes de la policía regional que más parecían proteger a los propios invasores. Luego de disparar con la escopeta, la mujer fue desarmada por los uniformados y quedó a merced de los acompañantes del líder agrario, quienes le dieron una golpiza y casi la matan.
Para el momento en que la presentan, el tribunal tuvo que constituirse en una clínica de El Vigía. Los abogados pidieron la postergación del acto, pero la animosidad contra la mujer era tal que en ese mismo momento ordenaron recluirla en el penal merideño. El juez que lo hizo anteriormente había sido abogado de la Contraloría regional, y no tenía los cinco años necesarios para ejercer como titular de un juzgado.
Obviamente, ante todos estos problemas la finca dejó de producir y el Gobierno ejecutó la expropiación.
Torres fue sentenciada a 16 años de prisión por homicidio intencional, porte ilícito de arma de fuego y resistencia a la autoridad junto a otras cuatro personas que la acompañaban. Este año cumplió formalmente la mitad de la pena. Pero en realidad lo que cuenta es su penuria. Su padre murió por el efecto postraumático de aquel secuestro. La finca que ocasionó su lucha es ahora propiedad comunal. En el encierro, la mujer de 48 años de edad ha intentado quitarse la vida, lo último que le queda.

Breves

*Una de las últimas decisiones tomadas por el presidente Chávez antes de salir a Cuba para su nuevo tratamiento oncológico fue traspasar la adscripción del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, antigua Disip) del Ministerio de Relaciones Interiores a la Vicepresidencia Ejecutiva, con lo que formalmente se le confiere al “hombre fuerte” del Gobierno Nicolás Maduro, y a su ala procubana, la toma de decisiones relativas a este cuerpo armado. El Sebin venía de finalizar un período de cuatro años de reestructuración.

*La pérdida de dos fusiles AK-103 de la Guardia Nacional en el puesto del Ministerio del Ambiente en Santa María del Orinoco, el 13 de noviembre, desató una furiosa búsqueda en la que se ha documentado el ejercicio de torturas a por lo menos tres de los diez imputados. Uno de ellos, empleado del referido ministerio, fue violado con un palo de escoba y no puede caminar. Permanece en una clínica de Puerto Ayacucho. La Fiscalía, muy diligente para investigar casos como el de la muerte de Jorge Rodríguez padre, en esta oportunidad ni siquiera se ha dado por enterada.

*Acaba de salir en las librerías de EE UU y del Reino Unido el relato de un irlandés Paul Keeny, sobre su estadía en una cárcel venezolana. La obra The Cocaine Diaries denuncia entre otras cosas que el autor fue ultrajado por efectivos de la Guardia Nacional adscritos al Destacamento 53 del aeropuerto de Maiquetía, durante la noche inmediatamente posterior a su detención por el tráfico de seis kilos de cocaína en 2008. También hace una detallada relación de sus días en la prisión de Los Teques, hasta que obtuvo una medida cautelar y huyó del país.

*El líder de la banda de secuestradores más activa de Caracas, José Suárez, alias el Penco, fue detenido en enero de 2011 junto a su “amigo”, el oficial de Polivargas Edgar Toledo, sobrino del alcalde de ese municipio Alexis Toledo, buscado por desaparición forzada de personas, abuso de autoridad y otras menudencias. Suárez tenía una orden de captura por homicidio. Sin embargo quedó en libertad de manera inexplicable para luego protagonizar más de 80 plagios en toda el Area Metropolitana. Hasta que se enfrentó a una comisión de las policías municipales de Sucre y Chacao. El tiroteo del lunes 10 de diciembre en el que lo mataron dejó más de un millón de bolívares en pérdidas para todos los vecinos de Los Palos Grandes. Su último botín.

domingo, 9 de diciembre de 2012

La violencia normalizada



Twitter: @javiermayorca

El gobierno municipal de Chacao presentó recientemente los resultados de una encuesta de victimización contratada a la consultora Delphos. El sondeo efectuado en hogares de los cinco municipios de la capital venezolana refleja la profunda inseguridad con la que deben lidiar sus habitantes. Un primer dato relevante es que el 48% de los hogares encuestados tiene por lo menos a una persona victimizada. Esto equivale a 44% más que la cifra arrojada por un sondeo similar llevado a cabo en 2007.
El trabajo pone de manifiesto otra realidad: que los caraqueños, y quizá en buena medida todos los venezolanos, hemos aprendido a convivir con la criminalidad. Las llamadas “conductas evitativas” inciden primordialmente en la escogencia de los lugares en los que el habitante de esta urbe pasará su tiempo de ocio o recreación. Pero también está influyendo en la escogencia de los lugares y horarios de trabajo.
Nuevo ministro, viejas tácticas
Desde luego, en un esquema como éste es muy sencillo que la gente pierda la noción sobre quién o quiénes son los responsables de que Caracas esté en la lista de las tres urbes más violentas de Latinoamérica (sólo superada por Ciudad Juárez y San Pedro Sula), y que Venezuela sea la quinta nación con mayor tasa de homicidios del mundo.
Del discurso de “la seguridad es problema de todos” al otro según el cual no es problema de nadie hay un pequeño paso. La gente, confundida, no entiende que en un Estado cada vez más centralizado como el venezolano el auge delictivo es cada vez más la consecuencia de las decisiones u omisiones del poder central. El ciudadano promedio por ejemplo  no comprende a cabalidad que la ausencia de uniformados en Araguita tiene que ver directamente con la reducción de presupuesto para las gobernaciones, decidida por Miraflores. Cualquier intento por señalar la verdad es descalificado desde el Ejecutivo y señalado como parte de una campaña antipatriota.
Mientras tanto, Venezuela se consume en la violencia criminal. Uno de los datos más relevantes del sondeo es que se detectó un uso creciente de las armas de fuego en delitos violentos. En promedio aparecen en el 68% de los casos (33% más que en 2007), y para los homicidios son usadas en 92% de los casos (dato de la Comisión Desarme). Esto indica que más allá de la propaganda oficialista las iniciativas para sacar de circulación pistolas, revólveres, escopetas y hasta los rifles de aire en manos del malandraje han fracasado.
El relevo de Tareck El Aissami y su grupo de criminòlogos del MRI no implicará un giro en el concepto que orienta al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana. En fin de cuentas, todo este disparate recibió un aval tácito de la mayor parte de la población durante las últimas elecciones presidenciales.

Breves

*El comisario Adolfo Romero Gómez cuenta las horas para salir de la prisión del estado de Georgia, donde se encuentra recluido desde 1994. En una llamada telefónica, pidió que el actual ministro de Relaciones Interiores, general de brigada Néstor Reverol, se acuerde de los viejos tiempos en los que ambos hacían operativos como agentes del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional. Romero fue figura central de un escàndalo que involucró al finado general de brigada Ramón Guillén Dávila. Ahora, saldrá del encierro y ofrece al gobierno venezolano toda la información que posee sobre la supuesta implicación de la DEA y la CIA en el tráfico de drogas. “Yo soy capaz de cualquier cosa por salir de aquí”, advirtió.

*El caso de los llamados “narcopesistas” venezolanos presos en Argentina apunta a una organización internacional bien aceitada, que opera en Venezuela desde hace por lo menos siete años. Son los mismos traficantes que enviaron a un grupo cargado de cocaína con la excusa de asistir a una fiesta gay en Milán, y cuyos miembros fueron apresados durante una escala en el aeropuerto de Roissy, Francia. Los mismos que ese mismo año (2006) fueron responsabilizados por la detención de los miembros de una orquesta sinfónica que llevaban la misma droga a España. Hay viejas conexiones policiales que nos remiten al llamado grupo de Los Magnates, enquistado en CICPC desde la época en que Marcos Chávez fue director de esa institución.

*La conmemoración del golpe fallido del 27 de  noviembre de 1992 puso en evidencia una crisis de operatividad en la Fuerza Aérea. Un jet K-8 que no tenía más de tres años de vida útil se estrelló al dar un “toque” a otra nave similar durante las maniobras del desfile, en la base aérea Libertador de Maracay. La tripulación se eyectó a baja altura, ocasionando lesiones a sus tres integrantes. Luego, un helicóptero Cougar, recientemente repotenciado en Francia, llegó a hacer el rescate y se fue a pique cuando las cuerdas de una silla de eyección se enredaron en el rotor de cola. Este, sin duda, ha sido el desfile más caro de la historia castrense venezolana. Al día siguiente, un Sukhoi 30 tuvo que regresar de emergencia a Barcelona cuando uno de los trenes de aterrizaje no se retrajo. Hasta el momento, van 16 militares muertos este año en accidentes aéreos.

*La ausencia de gobernabilidad debido a la afección presidencial comienza a verse en detalles como que aún no ha sido designado el nuevo director de la Policía Nacional. Como se recordará el comisionado Luis Fernández fue promovido desde ese cargo a de Viceministro del Sistema Integrado de Policía. Pero la vacante dejada por él no ha sido llenada, simplemente porque un cargo de esa importancia debe ser decidido por el Presidente, hoy día en tratamiento en Cuba. La Policía Nacional es el tercer cuerpo armado del país, sólo superado por el Ejército y la Guardia Nacional.