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domingo, 23 de septiembre de 2012

Un cafecito para el mayor


Twitter: @javiermayorca

Peña (izq.), en el Cículo Militar, el miércoles
5 de septiembre.
El 27 de junio de 2005 ocurrió un hecho destinado a cambiar la historia policial del país. Una comisión mixta, encabezada por el mayor (Ejército) adscrito a la Dirección de Inteligencia Militar José Baldomero Peña Carrillo, tomó ese lunes en la noche las calles del sector Kennedy de Macarao.
La redada estaba a cargo de agentes de la DIM, con apoyo de funcionarios de Policaracas y de la subdelegación Caricuao de CICPC, prestados para la ocasión. El objetivo era uno solo: matar al hampón que el sábado previo había ultimado al agente Eduin Toussaint, un subalterno de Peña.
Para ese momento, Peña tenía una condena por estafa a otro militar activo. Sus métodos en Operaciones DIM no tenían contención legal ni ética, cuando se trataba de incriminar a todo lo que sonara disidencia al régimen. El coronel Darío Faría lo sabe. Tan pronto le ordenaron detenerlo, le plantó un fusil en el chasis de su camioneta y lo incriminó por uso indebido de arma de guerra.
Pero lo de Kennedy era otra cosa. Era una cacería guiada por un informante, al que horas antes le dieron una golpiza para que "desembuchara" lo que sabía. El sujeto sólo quería que terminara la tortura, y balbuceó unos datos poco precisos sobre la hora y el lugar en el que llegaría a Kennedy el supuesto homicida de Toussaint.
Los militares y policías civiles que los acompañaban, en su mayoría con pasamontañas, patearon puertas y aterrorizaron a toda la población del lugar. Mientras avanzaba la orgía represora pasó por allí un pequeño Corsa atiborrado de estudiantes de Administración de la Universidad Santa María, quienes creyeron estar ante una toma de las calles por hampones.
Los muchachos trataron de refugiarse en la vivienda de una vecina, pero de nada les sirvió. Tres de ellos fueron heridos y rematados en el lugar por los propios funcionarios, mientras que otros tres (todas mujeres) también resultaron heridas con tiros de fusil, pero sobrevivieron para dar a conocer la historia.
Siete años después, todavía se recuerda la llamada Masacre en Kennedy. El mayor Peña fue uno de los sentenciados a 17 años de prisión.
La semana pasada, fuentes del Ejército aportaron evicencias de que Peña sigue teniendo "vara alta" en la FAN. El oficial, que debería estar recluido en la PGV o Ramo Verde, permanece en el regimiento de Policía Militar de Fuerte Tiuna. De allí sale a diario y se pasea por el Círculo Militar, vestido con sudadera.  A veces, hace visitas conyugales en el hotel de esa instalación, ante la mirada indignada de otros uniformados que lo han reconocido.
Así está la justicia de la Quinta: dura lex con quienes no se pliegan como María Afiuni y muy blandengue con los que hacen el trabajo sucio del régimen.

Breves

*Mucho revuelo ocasionó la exclusiva que dimos a través de El Nacional sobre la muerte del sargento de primera del Ejército Antonio José Canchica, de 41 años de edad, debido a una "caída de altura" en las "viviendas de transición" de Fuerte Tiuna, a las 3 am del sábado 8 de septiembre. El suboficial, como se sabe, fue el encargado de llevar a Guido Antonini Wilson el recado del alto gobierno para que no revelara el origen de la valija que en agosto de 2007 le incautaron policías aduaneros del aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires, con un aporte de 800.000 dólares para la campaña de la actual presidenta argentina, Cristina Fernández. Canchica fue el emisario del entonces director de la Disip (actual Sebin), Henry Rangel Silva, hoy Ministro de la Defensa, quien a su vez actuaba por encomendación directa del presidente Chávez, tal y como lo demostraron las grabaciones del FBI. Cinco años después Canchica seguía prófugo de la justicia estadounidense. En Venezuela su situación económica era comprometida. De allí su necesidad de vivir en un conjunto habitacional inconcluso, destinado a damnificados por las lluvias de 2011. Su muerte en vísperas de los comicios presidenciales es por lo menos sospechosa. La versión oficiosa filtrada a algunos periodistas indica que el hombre se suicidó en un arrebato de intenso dolor, ocasionado por problemas maritales. Eso explicaría por qué no dejó carta o mensaje para dar cuenta de su decisión. Algo poco creíble. Es obvio que los secretos en poder del sargento cobrarían mucho valor si seguía el ejemplo del coronel retirado Eladio Aponte, o si las elecciones son adversas al actual Gobierno. Canchica, en fin de cuentas, era el eslabón perdido del mayor escándalo de corrupción del régimen chavista, debido a sus connotaciones internacionales.

*La Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) en Barinas se ha convertido en el gran empleador de la familia del Presidente. Fuentes de esa institución revelaron que cobran por allí una hija, una cuñada y la esposa de Argenis Chávez; una socióloga hija de Adán Chávez y la asistente personal de Elena Frías de Chávez, mamá del mandatario. Como la DEM no se rige por las escalas salariales de la Administración Pública, las beneficiarias tienen asignaciones muy superiores a lo que ameritarían por sus niveles académicos.

sábado, 1 de septiembre de 2012

Trincheras para el delito

El delito se expande de las cárceles a las calles
El Observatorio Metropolitano de la Seguridad Ciudadana (una dependencia del Cabildo Metropolitano) emitió en agosto su informe con la evaluación de la violencia criminal durante el primer semestre del año en Caracas. En sus recomendaciones, el grupo encabezado por el concejal Freddy Guevara sugirió la necesidad investigar la relación entre la delincuencia callejera y el mundo penitenciario.
De acuerdo con el diagnóstico, hay evidencias de una coordinación cada vez más estrecha entre los líderes de los distintos conglomerados carcelarios y el hampa que actúas allá de las rejas.
Esto se ha notado, por ejemplo, en las redes de extorsión telefónica que actúan entre los Altos Mirandinos y el estado Aragua. El jefe de la División Antiextorsión y Secuestros de Polimiranda, comisario Juan Ricardo Prieto, comentó sobre la existencia de una ola de amenazas a través de llamadas a los comerciantes y ciudadanos comunes de esas regiones del país. Los interlocutores aseguran a las víctimas que el peligro cesará si cancelan determinadas sumas o si entregan el equivalente en tarjetas telefónicas. En todos estos casos, hay cómplices en la calle dispuestos a recoger los pagos.
En un expediente trabajado por la policía judicial en agosto, los negociadores del plagio de un comerciante de Maracay eran reclusos del penal de Tocorón que pedían 1,5 millones de bolívares en efectivo. Las pesquisas basadas en una combinación de trabajo de campo y análisis de telefonía permitieron liberar a la víctima del grupo Los Maleteros, aunque poco se pudo hacer para llegar a su líder, aún cuando se sabía que era un recluso de Tocorón, pues al conocer sobre la acción de las autoridades desechó cualquier evidencia.
En los penales del occidente y del sur del país los internos han ido un paso más allá. Todo comenzó cuando el supuesto líder máximo de la población penitenciaria nacional, Wilmer Brizuela, alias Wilmito, ordenó en junio de 2010 la muerte de Maria Gabriela Casado, hermana de la entonces jueza rectora del estado Bolívar, Mariela Casado.
Brizuela fue condenado en agosto a 16 años de prisión por este crimen. Pero eso no ha impedido que desde otros penales siguieran su ejemplo. El 24 de mayo, dos motorizados ultimaron a la jefa de Recursos Humanos del Centro Penitenciario de la Región Andina (estado Mérida), Paola Rosana Molina. Y el 6 de julio ocurrió lo mismo con la directora del Anexo Femenino de la cárcel de Santa Ana (estado Táchira) Nelly Isabel Ramón Torres, así como de su esposo Jesús Antonio Ruiz.
En los dos últimos episodios los sicarios actuaron a instancias de hampones molestos pues las funcionarias habían ordenado el traslado de mujeres reclusas que tenían contacto íntimo con ellos.
Todo esto ocurre en silencio tras las rejas. La ciudadanía se percata de estas situaciones cuando los los presos, cada vez más envalentonados, tratan de imponer su voluntad a tiros.

*Breves

La comisión enviada a Kenia para investigar el asesinato de la embajadora Olga Fonseca estuvo integrada por tres agentes de la policía judicial y dos miembros de la Cancillería. El grupo no hizo buena química interna. Los agentes y los diplomáticos no cruzaron informaciones y trabajaron cada quien por su lado. Mientras que los primeros no sabían inglés lo otros no tenían la másnima idea de cómo orientar una pesquisa sobre un crimen como este. El caso aparentemente sencillo en cuanto a la investigacióncnica tiende a complicarse luego de la filtración por parte de las autoridades locales sobre la existencia de una supuesta red de traficantes de drogas que actuaba dentro de la legación diplomática venezolana. ¿Fue ese el móvil de la muerte de Fonseca? De esto no hay mayores pruebas. Sin embargo, llama a sospecha -una vez más- la solidaridad automática con la que actuaron los ministros de Relaciones Interiores y Exteriores, Tareck El Aissami y Nicolás Maduro, respectivamente, al descartar de plano una aseveración tan grave, hecha en forma simultánea por dos importantes diarios del país africano.

La semana pasada fue atacado a mansalva un puesto de la Policía del Municipio Sucre del estado Miranda, ubicado frente al centro comercial Millenium, en el este de Caracas. El único precedente de esta acción fue el asalto a un puesto de Polichacao hace cinco años, por un grupo comando que sin embargo no arremetió a tiros contra los agentes, como ocurrió en esta oportunidad. Hasta ahora no está claro qué motivó este hecho. ¿Era el interés por apoderarse de las armas de los agentes o concretar algún deseo de venganza? Los funcionarios se defendieron, y aún cuando resultaron heridos no perdieron sus pistolas de reglamento. Este ataque, así como la tibia reacción gubernamental, ha tenido un efecto desmoralizador sobre las policías preventivas, cada vez menos dispuestas a tomar riesgos en pro de la ciudadanía.

Los planes de control de armas y municiones están teniendo un efecto en el mercado ilegal. Esa al menos es la impresión que tiene el secretario técnico de la comisión presidencial designada para tratar este asunto, Pablo Fernández, quien ha comentado que el precio de la caja de municiones calibre 9 mm "a pie de cerro" se ha quintuplicado, para pasar de 300 bolívares a 1500 bolívares. Esto explicaría la agresividad con la que los antisociales están tratando de apoderarse de las pistolas y de sus proyectiles.