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sábado, 28 de abril de 2012

Granos de arena

Twitter: @javiermayorca

Las revelaciones del exfiscal general militar y expresidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, coronel retirado (GN) Eladio Aponte Aponte, hechas ante un canal de televisión internacional poco antes de tomar el jet que lo llevaría de Costa Rica a Washington, han tenido en el gobierno de Hugo Chávez un efecto similar al de una bomba de profundidad. 
Aponte dijo poco sobre drogas
Aponte habló mucho sobre la podredumbre de la justicia venezolana, que ha sistematizado el uso de los tribunales con fines de vendetta política. Pero dijo poco de lo que sabe sobre el problema del tráfico de drogas en el país. Y esta información es precisamente la que interesa a las autoridades estadounidenses. La que le dio un pasaje directo a Washington, aún sin poseer una visa ni saber enlazar dos palabras seguidas en inglés.
Soltó, eso sí, la perla del caso que involucró al entonces teniente coronel del Ejército Pedro José Maggino, y que según su propio testimonio motivó llamadas "desde la Presidencia para abajo". Algo realmente escandaloso, si tomamos en cuenta que se trata de un grupo de militares, pertenecientes a dos unidades distintas del mismo componente, que iban a guardar un alijo de 2,2 toneladas de cocaína en un batallón de Carora. En este caso, las influencias operaron a la perfección, pues Maggino obtuvo una medida cautelar y posteriormente fue sobreseído. Una vez reincorporado a filas fue ascendido sin retardo alguno al grado de coronel.
A juzgar por el tono con el que Aponte se refirió a este episodio, da la impresión de que lo de Maggino es apenas un grano de arena en la playa de la corrupción militar venezolana. Este coronel quizá contribuya por fin a sustanciar ese caso sempiterno conocido como el Cartel del Sol. Una historia que comenzó en 1996 con pesquisas de otro coronel, Claudio Turchetti, sobre las actividades ilícitas de varios oficiales y sus nexos con el mundo empresarial del momento.
El nerviosismo originado en el Ejecutivo por las denuncias de Aponte se refleja en varios hechos. El lunes siguiente, el titular del MRI Tareck El Aissami informó sobre una supuesta operación en la que la Guardia Nacional destruyó 19 laboratorios de procesamiento primario de la coca en la frontera con Colombia. Por supuesto, usó esto para llenarse la boca señalando que el país continúa su lucha contra los carteles en términos más eficientes que cuando trabajaban con el gobierno estadounidense.
Al día siguiente informó de una "primicia" que ocurrió 20 días atrás, como fue la captura de cinco personas supuestamente ligadas a una red de blanqueo de capitales. El asunto fue ignorado hasta el momento incluso por los medios oficialistas y la Fiscalía, tan diligentes para informar sobre detenciones por "crímenes" tales como el tráfico ilícito de guacamayas.
¿Por qué El Aissami trae a colación el 24 de abril un caso que estalló el 4 de abril? Porque según su exposición están involucrados abogados y empresas ligadas a la Mesa de la Unidad, así como los gobernadores de Carabobo y Nueva Esparta. ¿Henrique Salas Feo y Morel Rodríguez lavando dólares? En la versión inicial de El Aissami era así. Incluso, se permitió sugerir que los detendría en las próximas horas, sin tener en consideración que para eso eran necesarios sendos antejuicios de mérito.
Pero la jugada era tan chapucera que él mismo debió rectificar.
¿Cuántos trapos rojos lanzarán para que olvidemos el caso Aponte? Por lo pronto, en el Gobierno pueden estar tranquilos: ya la Fiscal se apresuró a decir que lo señalado por el coronel no es suficiente como para abrir una averiguación penal. Ni siquiera por aquella figura tan recurrida anteriormente, como es la notitia criminis. ¿Los decires del exjefe de la justicia penal en Venezuela? !Qué va¡ Esta justicia, al parecer, se mueve por otros valores.

Breves

*El excomandante de la GN, mayor general Luis Motta Domínguez asumió la presidencia del Instituto Nacional de Tierras (Inti). Con él llegaron varios oficiales egresados del mismo componente. Quieren poner un poco de orden en el organismo, conocido por las extorsiones y expropiaciones a dueños de fincas en todo el país. Una fuente de la nueva directiva indicó que las finanzas de la gestión precedente, a cargo de Juan Carlos Loyo, son inauditables. El informe respectivo ya está en la Contraloría General.
*Por cierto, llama la atención la rapidez con la que salió de prisión el hijo del general Motta, Luis Alfredo Motta Vargas, procesado por el homicidio frustrado de un hombre en un local de Las Mercedes, la madrugada del 1 de enero de este año. Motta hijo nunca padeció los rigores de un internado judicial. Luego de permanecer un mes en la sede de Polibaruta lo enviaron a la Policía Nacional. Hasta que el 20 de abril lo dejaron en libertad de forma inexplicable. En cambio, el diputado electo José Sánchez aún permanece en prisión, a pesar de que fue víctima de un montaje, según reveló el exmagistrado Eladio Aponte.
*Un estudio hecho por la abogada Elsie Rosales, a petición del MRI, revela que la población penal para el mes de diciembre llegó a 65.000 reclusos. Había más de 49.000 personas en los centros penitenciarios  y otras 15.000 permanecían en los centros de detención provisional o retenes policiales. La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, ha presionado desde entonces para desalojar los reclusorios. El último conteo disponible indicaba que 4.000 personas fueron beneficiadas con medidas cautelares o métodos alternativos para el cumplimiento de la pena. Aún así, el hacinamiento carcelario sobrepasa el 250%.

jueves, 19 de abril de 2012

Territorios de las bacrim

Twitter:@javiermayorca

Desde que comenzó 2012, los estados fronterizos con Colombia se han convertido en terreno de batalla para las denominadas "bandas criminales" o Bacrim, formadas tras la disolución de los grupos paramilitares y del cartel de Norte del Valle, en el que muchos de sus militantes habían recalado.
En un estudio presentado en 2010 tuvimos la oportunidad de concluir que las Aguilas Negras (derivación de las AUC) operan en el sur del Zulia, norte de Apure, Barinas y especialmente en Táchira. Esta última región es una suerte de "territorio abierto" para grupos irregulares de todo signo. Así lo han constatado con toda dureza los habitantes de la región, que ahora padecen la irrupción de dos temibles organizaciones: Los Rastrojos y Los Urabeños.
Las Bacrim: otro factor de violencia
La última víctima de que se tenga noticia desde el punto de vista policial fue Edinson Javier Parra, de 21 años de edad. Al joven lo mataron el 28 de marzo, en el barrio Primero de Mayo de La Fría, a plena luz del día. CICPC contó diez heridas por proyectil. Parra era un contrabandista de gasolina que se negó a pagar la cuota de extorsión a Los Urabeños, y por eso lo asesinaron. Un dato significativo fue que el ataque se produjo justo cuando el hombre instalaba en su automóvil la bombona que utilizaba como recipiente del combustible que luego vendía al otro lado de la frontera.
El 21 de marzo, la subdelegación La Fría de CICPC inició las averiguaciones sobre el asesinato de Cándido Moisés Ortega Osma, de 35 años de edad. Dos sujetos irrumpieron a las 5 am en su casa, ubicada en el sector conocido como Invasión 15 de Enero de Coloncito, y lo acribillaron en su propia cama. Los datos preliminares indican que Ortega también fue ultimado por Los Urabeños, debido a que supuestamente era un "colaborador" de Los Rastrojos (otra bacrim), quienes de acuerdo con la propia policía de investigación "se quieren apoderar de la zona" para llevar a cabo sus extorsiones a los comerciantes.
Pero el hecho más impactante ocurrió a principios de marzo, cuando cuatro personas fueron acribilladas en la misma población donde luego mataron a Ortega. En este caso, una de las víctimas fue una mujer de 23 años de edad, Beatriz Villegas, mientras que los demás eran supuestos miembros arrepentidos de Los Rastrojos. Esta traición no fue perdonada, y los persiguieron por las calles hasta matarlos, poco antes del mediodía. Hasta ahora, el Ejecutivo se ha mantenido indiferente ante esta situación, en una aparente política de "dejar hacer, dejar pasar" para luego echarle la culpa de la inseguridad al mandatario regional César Pérez Vivas.
Pero esta situación fácilmente puede tener desenlaces inesperados, tal y como ha sucedido en Caracas con la pérdida de control sobre el colectivo La Piedrita. Sobre este tema volveremos en próximas entregas.

Breves

*No pudimos incluir en la edición pasada el dato sobre una reunión de tres días en la sede de un organismo multilateral en Caracas. Los participantes fueron agregados policiales del viejo continente en Venezuela, así como empleados de la institución anfitriona. Los facilitadores de las sesiones fueron dos agentes, respectivamente de las policías de Francia e Italia. Los teléfonos debían estar apagados y no se podía salir, salvo en los recesos preestablecidos. Los temas a tratar fueron sólo dos: el auge del secuestro express en el país así como las pautas de comportamiento ante un eventual desbordamiento de la violencia en las proximidades, durante o después de las elecciones del 7 de octubre.

*En medios policiales ha llamado mucho la atención el procedimiento que finalizó con la muerte de la hija del cónsul chileno en Maracaibo, Karen Berendique. El exjefe de drogas de CICPC, Róbinson Castillo, quien para el momento comandaba la región zuliana de la policía de investigación, quiso justificar el terrible desenlace señalando que se trató de un error en el marco de una operación sorpresa contra el robo de vehículos. No obstante, la disposición de los 12 agentes en una calle oscura de barrio Teotiste de Gallegos indica la posibilidad de que intentaran un secuestro. Entre los implicados está el inspector Jesús Puerta, procesado en 2006 por tráfico de drogas. Luego de ser absuelto en un juicio controversial, Marcos Chávez lo reincorporó en 2007 a CICPC. Ahí están los resultados.

*Las Fuerzas Bolivarianas de Liberación llegaron a Caracas. Luego de la publicación en Ultimas Noticias de dos trabajos sobre la actividad de los llamados "boliches" en la frontera con Colombia, enviaron una comisión a ese rotativo para hacer los desmentidos de rigor. En el camino, se detuvieron frente al Ministerio de Relaciones Interiores y dejaron numerosos panfletos. "Ni gato ni Dios. El nuestro es Chávez"; "No maquilles el capital, destrúyelo"; "Contra la corrupción, entraremos en acción", decían algunos. Este grupo se dio a conocer en 1993 con el atentado contra el entonces líder de la CTV, Antonio Ríos, y el posterior secuestro del niño Sigala en La Victoria.

domingo, 1 de abril de 2012

El ocaso del coronel

Twitter:@javiermayorca

Desde que era un oficial superior, todos en la Guardia Nacional sabían que Eladio Aponte Aponte poco o nada tenía en común con el régimen chavista, y mucho menos con la tesis del socialismo del siglo XXI. Si acaso se acercaría a esa ideología tan particular que propugna el diputado Pedro Carreño, al declarar sobre el "hombre nuevo" ataviado con Gucci y Louis Vuitton.
Esa es la misma forma de pensar del coronel, ahora retirado. Por un lado, declara su fidelidad al régimen de Hugo Chávez, aún cuando se sabe sentenciado. Por el otro, pide su jubilación del TSJ, en una evidente jugada de "reducción del daño". Quizá así salve por lo menos una pensión que le asegure tantas fiestas como las que hizo en Eurobuilding para celebrar el matrimonio de su hija.
Aponte se licenció en 1974 en la Efofac. Fue el décimosexto de su promoción. Nada notable. Según personas cercanas a él de inmediato optó por continuar sus estudios antes que desarrollar su carrera como militar, y ganar posiciones de comando. En ojos de sus compañeros, era un “oficial de escritorio”, de los que prefiere hablar en voz baja, aún si se trata de una ponencia sobre derecho penal militar, en las que se siente más cómodo.
Hasta 2003, Aponte fue un discreto oficial que había pasado su servicio en unidades del centro del país. En ese lapso, obtuvo el título de abogado en la universidad de Carabobo. Allí también cursó una maestría en Ciencias Políticas. Luego iría a la universidad de Salamanca.
Con estos pergaminos, y una capacidad muy común por estos días de apuntar hacia donde sople el viento, lo mandaron a paliar un temporal en la justicia castrense. Había que reemplazar en la Fiscalía Militar a un coronel del Ejército, denunciado por la falsificación de su título de abogado, por cierto en la misma casa de estudios de la que egresó Aponte. Aunque en ese cargo debía estar un general de brigada, Chávez optó por el coronel de la GN, pues además de tener las credenciales mínimas para el cargo le garantizaba la lealtad suficiente para continuar la purga interna de la FAN, aún con las heridas abiertas por la crisis del 11 de abril de 2002.
Ya para ese momento el oficial conocía a los Makled. A Najen el viejo, a Walid el turco. No los veía como traficantes de drogas sino como prósperos empresarios ligados a todo lo que huela a dinero en Carabobo. Además de esto, financistas del Psuv regional. Todo eso está debidamente señalado en el dictamen emitido por el Consejo Moral Republicano. Poder llama a poder. Cuando se inició la “renovación” de magistrados en el TSJ, el chavismo vio la posibilidad de trasladar a la sala de Casación Penal al leal coronel, ya en situación de retiro. En enero de 2005 asumió la magistratura y llegó a ser presidente de la sala.
La credencial que originó la denuncia contra Aponte señala a Makled como “comisario” al servicio del Poder Judicial, y expiró en julio de 2006. Pero aparentemente hay otras, de acuerdo con la averiguación administrativa que pondrá la lápida sobre la vida pública del oficial. La autenticidad de la firma que avala este documento aún no ha sido constatada, aunque para las jefas del Consejo Moral las dudas no existan. Lo más curioso del asunto es que, al momento de escribir estas líneas el caso de los Makled ni siquiera ha pasado a la fase de juicio. Esto indica que, en teoría, existe aunque sea una remota posibilidad de que sea absuelto quien para la DEA ha sido el mayor traficante de drogas venezolano de la última década, junto a sus hermanos.
En cambio, Aponte Aponte ya está virtualmente condenado. A estas alturas, nadie da un bolívar por él. Sus compañeros del TSJ ya le dieron la espalda, y su suplente se prepara para asumir funciones. Luego de destituirlo en la Asamblea Nacional, la cabeza de Aponte será exhibida por el mismo régimen que ha negado abiertamente cualquier investigación por el hallazgo de 800.000 dólares de Pdvsa en la maleta de Guido Antonini; por la detención de un exviceministro de Finanzas con 50.000 dólares no declarados al entrar en EE UU; por las toneladas de alimentos podridos cuya importación ha alimentado las cuentas de un grupete, listo para financiar la nueva campaña electoral. Y siga contando...

Breves

*Hay una estampida en la Comisión Presidencial para el Control de Armas, Municiones y Desarme. La partidización de este grupo se tradujo en una burocracia insoportable, que sobrepasa los 200 empleados. Y no hay dinero para pagarla. Criminólogos y sociólogos, que veían la posibilidad de hacer un importante aporte al país, se dieron cuenta de que los estaban utilizando para alimentar un proyecto político, y renunciaron.
*Ahora La Piedrita se ha convertido en un lastre para el Gobierno. Recordemos: fue Freddy Bernal quien desde la alcaldía de Libertador fomentó la "logística" del colectivo para contrarrestar a los Tupamaros, más cercanos a Juan Barreto, entonces Alcalde Mayor. Al final, el grupo de Valentín Santana resultó vencedor. Pero como suele suceder, se salió de control. Ahora matan, invaden y extorsionan en nombre de la Revolución.