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domingo, 25 de marzo de 2012

El dinero de la droga

Twitter: @javiermayorca

 ¿Cuánto dinero produce la venta de drogas al detal en Venezuela?
Con motivo de una ponencia hecha a finales del año pasado nos propusimos el desarrollo de un modelo de cálculo que nos permita, incluso, tener una noción sobre la magnitud de este comercio en cada región del país.
Tanto este modelo como cualquier otro que se elabore debe partir de ciertos supuestos. En nuestro caso, debido a que Venezuela todavía no es un país plenamente productor, la premisa inicial es que la oferta de drogas al por menor depende de la magnitud de los cargamentos que pasen por el territorio, en ruta hacia los mercados finales de Europa y EE UU. En este sentido, los estimados de organizaciones internacionales varían. Tomaremos los más conservadores, y daremos por hecho que por el país pasan anualmente 150 toneladas métricas de cocaína e igual cantidad de toneladas de marihuana. Omitiremos para este ejercicio las cantidades referidas a opiáceos y drogas sintéticas, cuyos mercados son muy limitados.
Debido al control de cambios, y por razones netamente prácticas, sabemos que los traslados de drogas no se pagan en efectivo sino con porciones de los mismos cargamentos, que son los que nutren en buena medida los mercados locales. Esto deja al año como mínimo entre 15 y 20 toneladas métricas de cocaína con alto grado de pureza e igual cantidad de marihuana. La marihuana no puede ser rendida o "cortada" para rebajar su pureza. En cambio, la cocaína es sometida a por lo menos tres procesos de mezcla antes de que llegue a las calles del país, con una pureza promedio de 20%, según los registros policiales a disposición. Entonces, la cantidad real que se comercia al año de este alcaloide debe ser por lo menos 45 toneladas métricas, con un tope de 60 toneladas métricas. Tomaremos para este cálculo la cifra más conservadora en cuanto a la cocaína, y la más alta en referencia a la marihuana.
Una consulta con ONGs dedicadas a la atención de drogodependientes nos indicó que la porción de 10 g de marihuana convencional costaba en promedio 35 bs. a mediados de 2011. El gramo de cocaína, en cambio, tenía un precio de calle de 75 bs. Ambos precios varían de acuerdo con los vaivenes inflacionarios. Tenemos entonces que en el país son consumidos al año 45 millones de porciones de un gramo de cocaína y 2 millones de dosis de 10 gramos de marihuana.
La venta de ambas drogas produciría 3,44 millardos de bolívares. Esto equivale a poco más de 801 millones de dólares. No todo este dinero es lavado en la banca. Hablamos de pequeños vendedores, que a menudo tienen esta actividad como un trabajo que apenas les permite mantenerse. Pero sin duda que tarde o temprano se produce una acumulación de capital.
Para obtener una regionalización de los réditos pueden tomarse en cuenta muchos indicadores. Quizá el más acertado sería una encuesta nacional de hogares sobre consumo. Pero ante la ausencia de este estudio tomaremos las detenciones por microtráfico que se producen en cada estado. El supuesto aquí es que mientras más droga se vende hay más comerciantes expuestos, y por lo tanto se incrementa la posibilidad de que los detenga la policía.
Las regiones del país donde más capital de droga debió acumularse en 2011 fueron Aragua, Distrito Capital y Miranda, en ese orden. Por cierto, fue en la capital aragueña donde detuvieron hace tres meses a Maximilano Bonilla, uno de los traficantes más buscados en Colombia.

Breves

*Funcionarios de la Dirección Regional de la Magistratura en Lara adelantan una revisión de las credenciales de los abogados que han sido incorporados por órdenes superiores a ese despacho. Encontraron que cinco de ellos tienen títulos falsos, supuestamente emitidos por la Universidad Bolivariana de Venezuela. En Caracas y otras regiones los inspectores han encontrado irregularidades en las constancias de antiguedad, emanadas de gobiernos regionales y municipales que antaño estaban en poder de militantes del Psuv. Con estos documentos obtienen jubilaciones prematuras.
*La ola de invasiones que se vive en el país es producto de la acción concertada de los poderes Ejecutivo y Judicial. El 8 de diciembre, la presidenta del TSJ Luisa Estela Morales ordenó la desaplicación de los artículos 471-a y 472 del Código Penal, referidos a este delito, por considerar que eso forma parte del "control difuso" de la constitucionalidad. Luego, el vicepresidente -y actual mandatario encargado- Elías Jaua hizo una ambigua declaración que no condenaba a quienes usurpen un inmueble. Este fue el detonante de uno de los principales factores de la actual conflictividad social en Venezuela.
*Una directriz interna de la Guardia Nacional, emanada cuando el general Jesús Villegas Solarte comandaba esa fuerza, ordena a los jefes de unidades operativas de todo el país elaborar un listado o censo de las personas que podrían ser "secuestrables" en virtud de sus ingresos económicos, actividad comecial o importancia política. La información sería sistematizada y manejada posteriormente en las dependencias del Grupo Antiextorsión y Secuestros.
*Debido a la recaida cancerosa, el Presidente no ha dado el ejecútese a la reforma a la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada. Hasta ahora, ese instrumento no ha servido para lo que era su propósito inicial, que es el desmantelamiento de las mafias incrustadas en diversos sectores del país. Los cambios al texto tampoco apuntan en ese sentido, sino hacia la facilitación de la persecución a opositores y representantes de organizaciones que hacen críticas al Ejecutivo.

sábado, 3 de marzo de 2012

Un informe para el Presidente

La Comisión Presidencial para el Control de las Armas, Municiones y Desarme presentó en noviembre de 2011 un informe titulado "Armas de fuego y victimización delictiva en Venezuela". El documento, elaborado por los criminólogos Luis Gerardo Gabaldón, David Benavides y Mafalda da Rocha (ala civilista del Ministerio de Relaciones Interiores) intenta una evaluación de los distintos factores que caracterizan la utilización de tales armas en los delitos más violentos, a la luz de la data recabada en la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Ciudadana, hecha en 2009. A estas alturas, no debería extrañarnos que el trabajo de 34 páginas permaneciera en el mayor secreto y desconocido incluso en los círculos académicos interesados en la materia. Debemos recordar que lo mismo sucedió con el sondeo de victimización, y que entonces como ahora sea conocido gracias a que algunos miembros del Ejecutivo lo filtran a los periodistas independientes. ¿Es posible decir algo nuevo sobre el uso de armas de fuego en los delitos violentos? Ya sabemos por estudios previos y declaraciones de funcionarios ministeriales que en 9 de cada 10 homicidios intervienen pistolas, revólveres, escopetas y artefactos similares. El Instituto de Investigación de la Convivencia y la Seguridad Ciudadana (Incosec) ha dicho incluso que la tendencia prevalenciente en el país es el uso de varios disparos en cada crimen. Pero el cruce de las variables tales como sexo, edad y clase social aporta datos interesantes sobre esa relación tan particular entre víctimas y victimarios. En primer lugar, los hombres tienen 11,7% más probabilidades de ser victimizados con armas de fuego que las mujeres. Pero las mujeres aparecen cada vez más en el bando de los delincuentes, utilizando esos instrumentos para amedrentar a los demás. En segundo lugar, y contrario a la creencia común, el uso de armas de fuego es menos frecuente en los delitos cometidos en los estratos más bajos de la sociedad que en los altos. Igualmente, las armas son utilizadas con mayor frecuencia en la medida en que aumenta la edad de las víctimas. Los autores del informe interpretan que los delincuentes tratan con esto de generar el mayor impacto posible para así facilitar su objetivo, que generalmente es apoderarse del dinero y las pertenencias de las víctimas. El informe también enfatiza en que para las víctimas el uso de armas de fuego es determinante cuando el victimario es un funcionario púbico, especialmente cuando se trata de un efectivo de los cuerpos policiales. Existe además lo que los autores denominan como "alto nivel de congruencia" en las convicción del colectivo sobre la necesidad de controlar el tráfico de armas, que es visto como uno de los factores más importantes en el incremento de la violencia en el país. La comisión parte de la base de que la data oficial es insuficiente para efectuar estudios que conduzcan al trazado de políticas públicas sobre el desarme. Esto es atribuido principalmente al hecho de que la población rara vez admite poseer un arma, por el temor de que ese dato sea usado para persecuciones penales. Sin embargo, el informe indica que el 3% de la población entrevistada contestó afirmativamente en este tema. Si asumimos que este dato es veraz, podemos concluir que en el país hay entre 840.000 y 1.400.000 armas de fuego. Esta cifra contrasta con los estimados de instituciones como Amnistía Internacional y Small Arms Survey, para las cuales el número de armas de fuego en el país es por lo menos 2,5 millones. Como quiera que sea, el margen de ilegalidad en cuanto a la tenencia de armas en el país es muy alto, tomando en cuenta que de acuerdo con uno de los miembros de la propia comisión, el criminólogo Reynaldo Hidalgo, en Venezuela solamente están registradas 20.000 piezas. El grupo está aplicando otros métodos como investigaciones de campo en sectores de Caracas (La Vega y Antímano) para validar esta hipótesis. No obstante, hay el temor de que la iniciativa sea desvirtuada en medio del intenso debate propio de la campaña electoral.

Breves

*La Organización de Aviación Civil Internacional (Oaci) celebró en Caracas su última cumbre sobre seguridad, entre el 7 y el 8 de febrero. La escogencia de la capital venezolana para esta reunión no fue casual, a la luz de las informaciones sobre el deplorable estado de los aeropuertos y en general del servicio que prestan las líneas, tanto gubernamentales como privadas. Uno de los puntos de discusión a puertas cerradas fue el robo de equipajes. Hubo un repunte de las denuncias desde noviembre de 2011. El 25 de diciembre fueron abiertas en Maiquetía todas las maletas de los pasajeros que llegaron en un vuelo desde Aruba. A diario se presentan quejas por este problema.
*La contundente escogencia de Henrique Capriles en las primarias del 12 de febrero plantea la necesidad de establecer rigurosos parámetros de seguridad física para el abanderado opositor. Los "anillos de protección" eventualmente entrarán en conflicto con la necesidad de que Capiles tenga un contacto directo, cuerpo a cuerpo, con los electores. La matanza de candidatos presidenciales no ha ocurrido en Venezuela, pero sí en Colombia (Gaitán, Jaramillo, Galán) y en México (Colosio). Es posible esperar cualquier cosa de un Gobierno que ha llegado a montajes como el del caso Anderson.