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sábado, 28 de abril de 2012

Granos de arena

Twitter: @javiermayorca

Las revelaciones del exfiscal general militar y expresidente de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, coronel retirado (GN) Eladio Aponte Aponte, hechas ante un canal de televisión internacional poco antes de tomar el jet que lo llevaría de Costa Rica a Washington, han tenido en el gobierno de Hugo Chávez un efecto similar al de una bomba de profundidad. 
Aponte dijo poco sobre drogas
Aponte habló mucho sobre la podredumbre de la justicia venezolana, que ha sistematizado el uso de los tribunales con fines de vendetta política. Pero dijo poco de lo que sabe sobre el problema del tráfico de drogas en el país. Y esta información es precisamente la que interesa a las autoridades estadounidenses. La que le dio un pasaje directo a Washington, aún sin poseer una visa ni saber enlazar dos palabras seguidas en inglés.
Soltó, eso sí, la perla del caso que involucró al entonces teniente coronel del Ejército Pedro José Maggino, y que según su propio testimonio motivó llamadas "desde la Presidencia para abajo". Algo realmente escandaloso, si tomamos en cuenta que se trata de un grupo de militares, pertenecientes a dos unidades distintas del mismo componente, que iban a guardar un alijo de 2,2 toneladas de cocaína en un batallón de Carora. En este caso, las influencias operaron a la perfección, pues Maggino obtuvo una medida cautelar y posteriormente fue sobreseído. Una vez reincorporado a filas fue ascendido sin retardo alguno al grado de coronel.
A juzgar por el tono con el que Aponte se refirió a este episodio, da la impresión de que lo de Maggino es apenas un grano de arena en la playa de la corrupción militar venezolana. Este coronel quizá contribuya por fin a sustanciar ese caso sempiterno conocido como el Cartel del Sol. Una historia que comenzó en 1996 con pesquisas de otro coronel, Claudio Turchetti, sobre las actividades ilícitas de varios oficiales y sus nexos con el mundo empresarial del momento.
El nerviosismo originado en el Ejecutivo por las denuncias de Aponte se refleja en varios hechos. El lunes siguiente, el titular del MRI Tareck El Aissami informó sobre una supuesta operación en la que la Guardia Nacional destruyó 19 laboratorios de procesamiento primario de la coca en la frontera con Colombia. Por supuesto, usó esto para llenarse la boca señalando que el país continúa su lucha contra los carteles en términos más eficientes que cuando trabajaban con el gobierno estadounidense.
Al día siguiente informó de una "primicia" que ocurrió 20 días atrás, como fue la captura de cinco personas supuestamente ligadas a una red de blanqueo de capitales. El asunto fue ignorado hasta el momento incluso por los medios oficialistas y la Fiscalía, tan diligentes para informar sobre detenciones por "crímenes" tales como el tráfico ilícito de guacamayas.
¿Por qué El Aissami trae a colación el 24 de abril un caso que estalló el 4 de abril? Porque según su exposición están involucrados abogados y empresas ligadas a la Mesa de la Unidad, así como los gobernadores de Carabobo y Nueva Esparta. ¿Henrique Salas Feo y Morel Rodríguez lavando dólares? En la versión inicial de El Aissami era así. Incluso, se permitió sugerir que los detendría en las próximas horas, sin tener en consideración que para eso eran necesarios sendos antejuicios de mérito.
Pero la jugada era tan chapucera que él mismo debió rectificar.
¿Cuántos trapos rojos lanzarán para que olvidemos el caso Aponte? Por lo pronto, en el Gobierno pueden estar tranquilos: ya la Fiscal se apresuró a decir que lo señalado por el coronel no es suficiente como para abrir una averiguación penal. Ni siquiera por aquella figura tan recurrida anteriormente, como es la notitia criminis. ¿Los decires del exjefe de la justicia penal en Venezuela? !Qué va¡ Esta justicia, al parecer, se mueve por otros valores.

Breves

*El excomandante de la GN, mayor general Luis Motta Domínguez asumió la presidencia del Instituto Nacional de Tierras (Inti). Con él llegaron varios oficiales egresados del mismo componente. Quieren poner un poco de orden en el organismo, conocido por las extorsiones y expropiaciones a dueños de fincas en todo el país. Una fuente de la nueva directiva indicó que las finanzas de la gestión precedente, a cargo de Juan Carlos Loyo, son inauditables. El informe respectivo ya está en la Contraloría General.
*Por cierto, llama la atención la rapidez con la que salió de prisión el hijo del general Motta, Luis Alfredo Motta Vargas, procesado por el homicidio frustrado de un hombre en un local de Las Mercedes, la madrugada del 1 de enero de este año. Motta hijo nunca padeció los rigores de un internado judicial. Luego de permanecer un mes en la sede de Polibaruta lo enviaron a la Policía Nacional. Hasta que el 20 de abril lo dejaron en libertad de forma inexplicable. En cambio, el diputado electo José Sánchez aún permanece en prisión, a pesar de que fue víctima de un montaje, según reveló el exmagistrado Eladio Aponte.
*Un estudio hecho por la abogada Elsie Rosales, a petición del MRI, revela que la población penal para el mes de diciembre llegó a 65.000 reclusos. Había más de 49.000 personas en los centros penitenciarios  y otras 15.000 permanecían en los centros de detención provisional o retenes policiales. La ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, ha presionado desde entonces para desalojar los reclusorios. El último conteo disponible indicaba que 4.000 personas fueron beneficiadas con medidas cautelares o métodos alternativos para el cumplimiento de la pena. Aún así, el hacinamiento carcelario sobrepasa el 250%.