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lunes, 16 de enero de 2012

El año más violento

2011 fue el año más violento de la vida democrática venezolana, y probablemente de toda la historia republicana. El 27 de diciembre el Observatorio Venezolano de la Violencia, organización dirigida por el sociólogo Roberto Briceño León informó que, según proyecciones basadas en estadísticas oficiales hasta el mes de noviembre, la cifra de homicidios en el país llegaría a 19.336 a finales de año. Casi 4000 casos más que el récord de 2009.
Hasta la hora de cierre de esta entrega el Gobierno no había desmentido el cálculo de la ONG. Probablemente para conocer el total oficial habrá que esperar hasta que el ministro El Aissami entregue su Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional. Esa ha sido la táctica del Ejecutivo. Entonces, salvo mejor criterio, daremos por cierto el estimado de Briceño.
Se debe aclarar, sin embargo, que la proyección del OVV es conservadora. Hay en este análisis un aspecto referido a la técnica que aplica el régimen para elaborar sus estadísticas. Lo explicamos. Desde 2005, las cifras sobre homicidios han sido desagregadas con fines netamente propagandísticos. En términos puros, un homicidio es una muerte provocada por la acción de terceras personas. Pero para el Gobierno eso no es así, y creó todo un abanico de criterios para clasificar estos casos. El parte oficial, por ejemplo, nunca incluye las muertes ocurridas en las cárceles venezolanas. En esta misma línea, los crímenes con múltiples víctimas sólo son tomados como si fuese un solo expediente, con un solo muerto.
Pero esto no es suficiente para un buen maquillaje estadístico. El recurso más utilizado desde 2008 consiste en inflar un criterio de clasificación, denominado "averiguación-muerte", que ya existía en la tradición policial, pero que era utilizado de manera excepcional. Allí se colocan los casos en los que no está claramente determinada la causa del fallecimiento. Los datos recabados por el Instituto de Investigación de la Convivencia y la Seguridad Ciudadana (Incosec) revelan claramente que este renglón ha sido inflado, para minimizar el total neto de homicidios.
Aún así, ha sido imposible frenar la curva ascendente de homicidios en el país. Curiosamente, el total de este año es similar al cálculo efectuado en la Encuesta Nacional de Victimización para 2009. Eso quiere decir que, en efecto, en términos reales es mucho mayor la violencia criminal que se vive en las calles venezolanas.

Breves
*Luego de una discreta remoción por "tiempo de servicio cumplido", el exjefe de la DIM, GD Hugo Carvajal, se prepara para asumir una posición aún más importante dentro del régimen chavista, cara a las elecciones. Se rumora sobre la creación de un despacho a su medida, en la línea ya prevista en la abortada Ley del Servicio de Inteligencia.
*La reforma a CICPC avanza. Como el Gobierno no puede eliminar a esta institución, pues tendría que reformar la Constitución, le restará atribuciones y las distribuirá entre las policías Nacional, regionales y municipales. La supresión del Iupolc, alma máter del cuerpo policial, es un primer paso en esa dirección. Una comisión de criminólogos del MRI hace el proyecto.
*Con guantes de seda tratan al hijo del comandante general de la GN, quien como su papá se llama Luis Motta, luego de ser detenido in fraganti tras herir a un hombre en un local nocturno de Las Mercedes, el 1 de enero. Además de las lesiones graves, violentó la prohibición de porte de armas en bares. Usó una pistola de la FAN.
*Peligrosas consecuencias geopolíticas tendrá la visita a Venezuela del presidente Iraní, Mahmut Ahmadineyad. Más allá de los acuerdos que puedan suscribirse, se envía a EE UU y la Unión Europea un mensaje de desconocimiento del bloqueo internacional al país persa, consecuencia de la continuación de su programa nuclear.
 *Al cierre se conoció el nombramiento del exjefe de la Disip y del Comando Estratégico Operacional, general en jefe Henry Rangel, para la cartera de Defensa. Sobre Rangel pesa una medida de congelamiento de cuentas en EE UU, debido al supuesto apoyo prestado a las FARC para la adquisición de armas por drogas.