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lunes, 24 de diciembre de 2012

La presa más antigua de Mérida



Twitter: @javiermayorca

Sioly María Torres Zambrano es la presa más antigua de la cárcel de Mérida. Fue detenida en abril de 2004 por el homicidio de Jesús Antonio Guerrero López, un dirigente agrario ligado al oficialismo.
En este caso, la discusión no es si Torres mató o no a Guerrero. Efectivamente, la ingeniera hizo el disparo que finalizó con la vida del hombre en la hacienda San Miguel, ubicada en Santa Elena de Arenales, cuando era invadida por una turba en la que él participaba.
Sioly Torres permanece en la càrcel de Mérida
La finca pertenecía a Alejo Torres Vielma, papá de la rea. Este hombre fue noticia en 1998 cuando fue secuestrado y luego “vendido” al Ejército de Liberación Nacional. Su hijo, y hermano de Sioly, Luis Orfanelli Torres, negoció un intercambio con los guerrilleros para que él fuese el rehén en vez del patriarca, que en ese momento tenía 79 años de edad. Una vez en libertad, éste pudo buscar el dinero para pagar el rescate. Mientras esto ocurría otros miembros de “organizaciones campesinas” auspiciadas por el IAN (actual INTI) se apropiaron de una finca suya en Santa Bárbara del Zulia.
Sioly Torres, desde luego, no es una de las consentidas del Gobierno. En eso se parece a la jueza María Afiuni. Sólo que su calvario ha sido más prolongado. Con ella, dura lex. Para ella, la justicia revolucionaria con su peor cara. Lejos, por ejemplo, de los mimos dedicados a Rosita.
Cuando Torres mató a Guerrero la finca era “custodiada” por agentes de la policía regional que más parecían proteger a los propios invasores. Luego de disparar con la escopeta, la mujer fue desarmada por los uniformados y quedó a merced de los acompañantes del líder agrario, quienes le dieron una golpiza y casi la matan.
Para el momento en que la presentan, el tribunal tuvo que constituirse en una clínica de El Vigía. Los abogados pidieron la postergación del acto, pero la animosidad contra la mujer era tal que en ese mismo momento ordenaron recluirla en el penal merideño. El juez que lo hizo anteriormente había sido abogado de la Contraloría regional, y no tenía los cinco años necesarios para ejercer como titular de un juzgado.
Obviamente, ante todos estos problemas la finca dejó de producir y el Gobierno ejecutó la expropiación.
Torres fue sentenciada a 16 años de prisión por homicidio intencional, porte ilícito de arma de fuego y resistencia a la autoridad junto a otras cuatro personas que la acompañaban. Este año cumplió formalmente la mitad de la pena. Pero en realidad lo que cuenta es su penuria. Su padre murió por el efecto postraumático de aquel secuestro. La finca que ocasionó su lucha es ahora propiedad comunal. En el encierro, la mujer de 48 años de edad ha intentado quitarse la vida, lo último que le queda.

Breves

*Una de las últimas decisiones tomadas por el presidente Chávez antes de salir a Cuba para su nuevo tratamiento oncológico fue traspasar la adscripción del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, antigua Disip) del Ministerio de Relaciones Interiores a la Vicepresidencia Ejecutiva, con lo que formalmente se le confiere al “hombre fuerte” del Gobierno Nicolás Maduro, y a su ala procubana, la toma de decisiones relativas a este cuerpo armado. El Sebin venía de finalizar un período de cuatro años de reestructuración.

*La pérdida de dos fusiles AK-103 de la Guardia Nacional en el puesto del Ministerio del Ambiente en Santa María del Orinoco, el 13 de noviembre, desató una furiosa búsqueda en la que se ha documentado el ejercicio de torturas a por lo menos tres de los diez imputados. Uno de ellos, empleado del referido ministerio, fue violado con un palo de escoba y no puede caminar. Permanece en una clínica de Puerto Ayacucho. La Fiscalía, muy diligente para investigar casos como el de la muerte de Jorge Rodríguez padre, en esta oportunidad ni siquiera se ha dado por enterada.

*Acaba de salir en las librerías de EE UU y del Reino Unido el relato de un irlandés Paul Keeny, sobre su estadía en una cárcel venezolana. La obra The Cocaine Diaries denuncia entre otras cosas que el autor fue ultrajado por efectivos de la Guardia Nacional adscritos al Destacamento 53 del aeropuerto de Maiquetía, durante la noche inmediatamente posterior a su detención por el tráfico de seis kilos de cocaína en 2008. También hace una detallada relación de sus días en la prisión de Los Teques, hasta que obtuvo una medida cautelar y huyó del país.

*El líder de la banda de secuestradores más activa de Caracas, José Suárez, alias el Penco, fue detenido en enero de 2011 junto a su “amigo”, el oficial de Polivargas Edgar Toledo, sobrino del alcalde de ese municipio Alexis Toledo, buscado por desaparición forzada de personas, abuso de autoridad y otras menudencias. Suárez tenía una orden de captura por homicidio. Sin embargo quedó en libertad de manera inexplicable para luego protagonizar más de 80 plagios en toda el Area Metropolitana. Hasta que se enfrentó a una comisión de las policías municipales de Sucre y Chacao. El tiroteo del lunes 10 de diciembre en el que lo mataron dejó más de un millón de bolívares en pérdidas para todos los vecinos de Los Palos Grandes. Su último botín.

domingo, 9 de diciembre de 2012

La violencia normalizada



Twitter: @javiermayorca

El gobierno municipal de Chacao presentó recientemente los resultados de una encuesta de victimización contratada a la consultora Delphos. El sondeo efectuado en hogares de los cinco municipios de la capital venezolana refleja la profunda inseguridad con la que deben lidiar sus habitantes. Un primer dato relevante es que el 48% de los hogares encuestados tiene por lo menos a una persona victimizada. Esto equivale a 44% más que la cifra arrojada por un sondeo similar llevado a cabo en 2007.
El trabajo pone de manifiesto otra realidad: que los caraqueños, y quizá en buena medida todos los venezolanos, hemos aprendido a convivir con la criminalidad. Las llamadas “conductas evitativas” inciden primordialmente en la escogencia de los lugares en los que el habitante de esta urbe pasará su tiempo de ocio o recreación. Pero también está influyendo en la escogencia de los lugares y horarios de trabajo.
Nuevo ministro, viejas tácticas
Desde luego, en un esquema como éste es muy sencillo que la gente pierda la noción sobre quién o quiénes son los responsables de que Caracas esté en la lista de las tres urbes más violentas de Latinoamérica (sólo superada por Ciudad Juárez y San Pedro Sula), y que Venezuela sea la quinta nación con mayor tasa de homicidios del mundo.
Del discurso de “la seguridad es problema de todos” al otro según el cual no es problema de nadie hay un pequeño paso. La gente, confundida, no entiende que en un Estado cada vez más centralizado como el venezolano el auge delictivo es cada vez más la consecuencia de las decisiones u omisiones del poder central. El ciudadano promedio por ejemplo  no comprende a cabalidad que la ausencia de uniformados en Araguita tiene que ver directamente con la reducción de presupuesto para las gobernaciones, decidida por Miraflores. Cualquier intento por señalar la verdad es descalificado desde el Ejecutivo y señalado como parte de una campaña antipatriota.
Mientras tanto, Venezuela se consume en la violencia criminal. Uno de los datos más relevantes del sondeo es que se detectó un uso creciente de las armas de fuego en delitos violentos. En promedio aparecen en el 68% de los casos (33% más que en 2007), y para los homicidios son usadas en 92% de los casos (dato de la Comisión Desarme). Esto indica que más allá de la propaganda oficialista las iniciativas para sacar de circulación pistolas, revólveres, escopetas y hasta los rifles de aire en manos del malandraje han fracasado.
El relevo de Tareck El Aissami y su grupo de criminòlogos del MRI no implicará un giro en el concepto que orienta al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana. En fin de cuentas, todo este disparate recibió un aval tácito de la mayor parte de la población durante las últimas elecciones presidenciales.

Breves

*El comisario Adolfo Romero Gómez cuenta las horas para salir de la prisión del estado de Georgia, donde se encuentra recluido desde 1994. En una llamada telefónica, pidió que el actual ministro de Relaciones Interiores, general de brigada Néstor Reverol, se acuerde de los viejos tiempos en los que ambos hacían operativos como agentes del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional. Romero fue figura central de un escàndalo que involucró al finado general de brigada Ramón Guillén Dávila. Ahora, saldrá del encierro y ofrece al gobierno venezolano toda la información que posee sobre la supuesta implicación de la DEA y la CIA en el tráfico de drogas. “Yo soy capaz de cualquier cosa por salir de aquí”, advirtió.

*El caso de los llamados “narcopesistas” venezolanos presos en Argentina apunta a una organización internacional bien aceitada, que opera en Venezuela desde hace por lo menos siete años. Son los mismos traficantes que enviaron a un grupo cargado de cocaína con la excusa de asistir a una fiesta gay en Milán, y cuyos miembros fueron apresados durante una escala en el aeropuerto de Roissy, Francia. Los mismos que ese mismo año (2006) fueron responsabilizados por la detención de los miembros de una orquesta sinfónica que llevaban la misma droga a España. Hay viejas conexiones policiales que nos remiten al llamado grupo de Los Magnates, enquistado en CICPC desde la época en que Marcos Chávez fue director de esa institución.

*La conmemoración del golpe fallido del 27 de  noviembre de 1992 puso en evidencia una crisis de operatividad en la Fuerza Aérea. Un jet K-8 que no tenía más de tres años de vida útil se estrelló al dar un “toque” a otra nave similar durante las maniobras del desfile, en la base aérea Libertador de Maracay. La tripulación se eyectó a baja altura, ocasionando lesiones a sus tres integrantes. Luego, un helicóptero Cougar, recientemente repotenciado en Francia, llegó a hacer el rescate y se fue a pique cuando las cuerdas de una silla de eyección se enredaron en el rotor de cola. Este, sin duda, ha sido el desfile más caro de la historia castrense venezolana. Al día siguiente, un Sukhoi 30 tuvo que regresar de emergencia a Barcelona cuando uno de los trenes de aterrizaje no se retrajo. Hasta el momento, van 16 militares muertos este año en accidentes aéreos.

*La ausencia de gobernabilidad debido a la afección presidencial comienza a verse en detalles como que aún no ha sido designado el nuevo director de la Policía Nacional. Como se recordará el comisionado Luis Fernández fue promovido desde ese cargo a de Viceministro del Sistema Integrado de Policía. Pero la vacante dejada por él no ha sido llenada, simplemente porque un cargo de esa importancia debe ser decidido por el Presidente, hoy día en tratamiento en Cuba. La Policía Nacional es el tercer cuerpo armado del país, sólo superado por el Ejército y la Guardia Nacional.

domingo, 25 de noviembre de 2012

Un loco menos

Twitter: @javiermayorca

El clan de El Loco sigue operando
Finalmente, luego de 57 días de espera, el Gobierno entregó a las autoridades colombianas a Daniel Barrera Barrera, alias el Loco, quien hasta septiembre fue el traficante de drogas más buscado de Colombia. Por ende, era el mayor exportador de cocaína del mundo.
Según la propaganda oficial, la captura de Barrera de 43 años de edad fue el producto de dos meses de investigaciones, en las que fue necesaria la actuación de cinco equipos de agentes adscritos a la Guardia Nacional y la Oficina Nacional Antidrogas, que es como decir lo mismo.
La caída del Loco estaba pintada en el horizonte desde que el presidente colombiano Juan Manuel Santos lo declaró un objetivo, junto a Pedro Oliveiro Guerrero, alias Cuchillo, abatido a finales de 2010 en la frontera con Venezuela. Este dato es significativo, pues tanto Barrera como su aliado circunstancial habían trazado acuerdos operativos con los frentes de las FARC que operan en las zonas de Arauca y Apure para facilitar el paso de drogas, y desde el sur de Venezuela enviarlas por aire hacia Honduras y República Dominicana.
La captura de Barrera no se puede entender sino como el producto de una delación. Así son las cosas en el mundo de las drogas: unos desplazan a otros con la finalidad de adueñarse de las rutas seguras a través de Venezuela y lograr efímeras fortunas.
Barrera se cuidaba en extremo, consciente de las amenazas del mundo en el que se movía. Así que fue necesario un trabajo de hormiga, que comenzó a rendir frutos con la captura de un importante grupo de 11 pilotos civiles que trabajaban con Barrera en el traslado de drogas desde Apure. Una operación bien orquestada entre Colombia y EEUU en agosto de 2011, denominada Alianza 24. Entre los aprehendidos figuraban elementos que habían eludido la persecución policial desde que operaban para el cartel de Medellín.
En octubre pasado, mientras el país se ocupaba de la elección presidencial, se entregó ante la DEA en Panamá el segundo de los hermanos Calle Serna, Luis Enrique. Primero lo hizo Javier en Aruba. Ambos eran conocidos como los Comba, porque siembre estaban al frente cuando era necesario hacer una arremetida armada, tal y como los describe Andrés López en El Cartel de los Sapos. Ambos, pero especialmente el último de ellos, habrían aportado importante información para orientar la búsqueda que permitió sacar del juego a Diego Henao, alias Diego Rastrojo, y luego al propio Barrera.
El Loco seguramente terminará negociando con los estadounidenses como lo hicieron los otros traficantes de drogas. En el caso de Barrera, los datos que podría aportar serían extremadamente delicados para el Gobierno. Tres años dirigiendo el puente aéreo de la droga hacia los carteles mexicanos y africanos desde Venezuela no pasan en vano. ¿Quiénes le cobraban al mayor traficante del momento?¿Qué acuerdo se quebró que decidieron entregarlo, para después remover de su cargo al ministro El Aissami?
Desde esta perspectiva, el general de brigada Néstor Reverol ha sido el gran ganador. Discreto y poco elocuente, este militar ha logrado una reducción del daño al ya deteriorado prestigio internacional del Gobierno, al mantener unas relaciones de carácter estrictamente operativo -aunque muy productivas- con distintos cuerpos policiales y en especial con sus contrapartes colombianas. El resultado ha sido la expulsión de 80 sujetos solicitados en el exterior.
Es muy probable que estas capturas tengan un efecto leve sobre las estructuras de crimen organizado, que deberán pasar por procesos de renovación acelerada de sus liderazgos, lo que los hará más vulnerables debido a la inexperiencia. Pero, sin duda alguna, desde un punto de vista guiado por el pragmatismo, siempre será mejor que estos criminales estén presos en otras partes del mundo a que estén libres en Venezuela.

Breves

*Al cierre de esta edición se informa que la policía judicial abrió una pesquisa sobre el ataque armado que obligó a amputar la pierna derecha a Juan José Meléndez Anderson, hermano del finado fiscal del Ministerio Público Danilo Anderson. Esta vez, la víctima fue interceptada por un sujeto que sin mediar palabra le disparó cuatro veces en la extremidad. Sus familiares se apresuraron a señalar que todo fue producto de un hampón de los muchos que pululan por Ciudad Lozada, en los Valles del Tuy. Pero la arremetida fue el domingo 11 de noviembre a las 7 am, cuando la acción de los antisociales es poco frecuente. Este episodio fue reportado 28 meses después del homicidio de otro de sus hermanos, José Ignacio Meléndez Anderson, frente a la embajada de Kuwait en Los Chorros. Difícil creer que todo esto sea casualidad, aunque con los niveles de violencia que se viven en el país todo es posible.

*El alcalde del municipio Las Tejerías, en Aragua, José Gregorio Díaz Marín, de 45 años de edad, denunció que fue víctima de extorsión telefónica durante dos días consecutivos. La primera amenaza indicaba que si no pagaba tres millones de bolívares atentarían contra su hija. Al día siguiente, la exigencia fue de 100 millones de bolívares. Este no es el único caso, pero es representativo de una de las principales actividades que se gestan en la cárcel de Tocorón, y que afectan incluso a comerciantes de los Altos Mirandinos. Esta vez le tocó al burgomaestre.

lunes, 19 de noviembre de 2012

40 días contumaz


Twitter: @javiermayorca

"Rosita" se defendió mientras huía
El caso de Jimena Araya, mejor conocida como Rosita, puso literalmente al desnudo las falencias del sistema de justicia venezolano.
La modelo de 29 años de edad, también conocida como la Venus de Aragua, fue detenida en el sector Flor Amarillo de Valencia en virtud de una orden judicial emitida el 22 de septiembre por el juez segundo de control de Aragua Oswaldo Rafael Flores, que conoce el expediente por la evasión de Héctor Guerrero, ocurrida el domingo 2 de septiembre en el penal de Tocorón, estado Aragua.
Desde el principio se veía claramente que los juzgados del país iban a mostrar ante Rosita su mejor cariz y su mayor diligencia. Nada que ver con las dilaciones aberrantes que han tenido hacia la juez Maria Afiuni, que han motivado pronunciamientos de numerosos organismos internacionales, entre ellos la Organización de Naciones Unidas, a través de su grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias. O también el caso del comisario jubilado José Sánchez, quien permanece tras las rejas a pesar de haber sido electo diputado.
Con Araya, nada de eso. Si la mujer entraba en una crisis nerviosa, de inmediato la atendía el cuerpo médico de Policarabobo. En Aragua, los tribunales prácticamente fueron habilitados para recibir a la vedette el miércoles muy temprano, y así evitar que la vieran esposada. El juez de control rápidamente acogió la solicitud de medida cautelar formulada por los abogados de la actriz, sin tomar en cuenta que la mujer incurría claramente en dos causales que obligaban a mantenerla en detención preventiva. La primera, obviamente, era haber estado en contumacia de 40 días. La otra, menos conocida, es que Rosita tiene antecedentes policiales por su supuesta vinculación con el secuestro de un comerciante portugués de Maracay, en 2004.
Por supuesto, no era de extrañar que al salir de los juzgados la mujer exclamara: “¡Se hizo justicia!”. Tampoco que su verdadero defensor sea el vicepresidente de Podemos, abogado Gerson Díaz. Ni que ella hubiese declarado durante siete días seguidos a través de su cuenta en Twitter su adhesión a la candidatura presidencial de Hugo Chávez.
El tratamiento otorgado a Rosita se asemeja mucho al que poco antes le habían dado en Caracas a otro reincidente, Luis Alfredo Motta Vegas, hijo del excomandante general de la Guardia Nacional y hasta hace dos semanas presidente del Instituto Nacional de Tierras, mayor general retirado Luis Motta Domínguez. De nada vale que el oficial declare a los cuatro vientos que él no influyó en el hecho de que su progenie haya quedado en libertad... ¡por cuarta vez! Basta con preguntarse qué juez de la República osará poner a este sujeto en la misma celda hacinada en la que deben estar los secuestradores y los homicidas.
Y así podríamos seguir contando los hechos de una justicia cuya selectividad hace recordar mucho la frase de aquel político italiano, ligado a la mafia: “Con mis enemigos, aplico la ley. Con mis amigos, la interpreto”.

Breves

*En reunión a puerta cerrada con los directores de las policías regionales y municipales del país, el nuevo ministro de Relaciones Interiores, general de brigada (GN) Néstor Luis Reverol afirmó que pondrá un parado a la matanza de uniformados y miembros de la FAN. El último reporte que maneja ese despacho indica que en 2012 han sido ultimados en todo el país 336 efectivos. Cifra sin precedentes. Es previsible que en los próximos días se reporte la muerte en “enfrentamientos” de los supuestos responsables en algunos de estos casos. El primero en caer fue uno de los cómplices en el asesinato del comisario Ramón Maldonado, secretario general de CICPC.

*El martes 30 de octubre jets K-8 del Comando de Defensa Aérea venezolano despegaron desde Guárico para interceptar una avioneta PA-34 que viajaba por Apure hacia Colombia. La aeronave siglas estadounidenses N145GC hizo un aterrizaje forzoso en el sector La Venturosa de Vichada, y sus ocupantes la abandonaron antes de que llegaran las autoridades colombianas. Al parecer, en su interior iba un norteamericano. Se investiga si la nave formaba parte de una operación encubierta.

*La Cátedra Libre Antidrogas, dirigida por Hernán Matute, alertó sobre el descenso en la edad de inicio para el consumo de sustancias prohibidas entre la población escolar venezolana. Ahora, es a los nueve años. Antes era a los once años. Además, la ONG ha detectado que el comercio de las dosis se hace en el interior de los planteles, no en las afueras como era antes. La presencia de las drogas se ha “normalizado”.

*El secretario técnico de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, Reynaldo Hidalgo, afirmó que la reestructuración de la policía judicial (uno de los puntos del plan que él dirige) fue asignada directamente al viceministro del Sistema Integrado de Investigación Penal, y nuevo director contra la Delincuencia Organizada, mayor general retirado Hugo Carvajal Barrios. El oficial hasta ahora no ha informado sobre el avance de su gestión. Los funcionarios de ese cuerpo están pendientes sobre la homologación de sus grados al nuevo esquema. Temen la aplicación de la “fórmula Policía Metropolitana”.

domingo, 23 de septiembre de 2012

Un cafecito para el mayor


Twitter: @javiermayorca

Peña (izq.), en el Cículo Militar, el miércoles
5 de septiembre.
El 27 de junio de 2005 ocurrió un hecho destinado a cambiar la historia policial del país. Una comisión mixta, encabezada por el mayor (Ejército) adscrito a la Dirección de Inteligencia Militar José Baldomero Peña Carrillo, tomó ese lunes en la noche las calles del sector Kennedy de Macarao.
La redada estaba a cargo de agentes de la DIM, con apoyo de funcionarios de Policaracas y de la subdelegación Caricuao de CICPC, prestados para la ocasión. El objetivo era uno solo: matar al hampón que el sábado previo había ultimado al agente Eduin Toussaint, un subalterno de Peña.
Para ese momento, Peña tenía una condena por estafa a otro militar activo. Sus métodos en Operaciones DIM no tenían contención legal ni ética, cuando se trataba de incriminar a todo lo que sonara disidencia al régimen. El coronel Darío Faría lo sabe. Tan pronto le ordenaron detenerlo, le plantó un fusil en el chasis de su camioneta y lo incriminó por uso indebido de arma de guerra.
Pero lo de Kennedy era otra cosa. Era una cacería guiada por un informante, al que horas antes le dieron una golpiza para que "desembuchara" lo que sabía. El sujeto sólo quería que terminara la tortura, y balbuceó unos datos poco precisos sobre la hora y el lugar en el que llegaría a Kennedy el supuesto homicida de Toussaint.
Los militares y policías civiles que los acompañaban, en su mayoría con pasamontañas, patearon puertas y aterrorizaron a toda la población del lugar. Mientras avanzaba la orgía represora pasó por allí un pequeño Corsa atiborrado de estudiantes de Administración de la Universidad Santa María, quienes creyeron estar ante una toma de las calles por hampones.
Los muchachos trataron de refugiarse en la vivienda de una vecina, pero de nada les sirvió. Tres de ellos fueron heridos y rematados en el lugar por los propios funcionarios, mientras que otros tres (todas mujeres) también resultaron heridas con tiros de fusil, pero sobrevivieron para dar a conocer la historia.
Siete años después, todavía se recuerda la llamada Masacre en Kennedy. El mayor Peña fue uno de los sentenciados a 17 años de prisión.
La semana pasada, fuentes del Ejército aportaron evicencias de que Peña sigue teniendo "vara alta" en la FAN. El oficial, que debería estar recluido en la PGV o Ramo Verde, permanece en el regimiento de Policía Militar de Fuerte Tiuna. De allí sale a diario y se pasea por el Círculo Militar, vestido con sudadera.  A veces, hace visitas conyugales en el hotel de esa instalación, ante la mirada indignada de otros uniformados que lo han reconocido.
Así está la justicia de la Quinta: dura lex con quienes no se pliegan como María Afiuni y muy blandengue con los que hacen el trabajo sucio del régimen.

Breves

*Mucho revuelo ocasionó la exclusiva que dimos a través de El Nacional sobre la muerte del sargento de primera del Ejército Antonio José Canchica, de 41 años de edad, debido a una "caída de altura" en las "viviendas de transición" de Fuerte Tiuna, a las 3 am del sábado 8 de septiembre. El suboficial, como se sabe, fue el encargado de llevar a Guido Antonini Wilson el recado del alto gobierno para que no revelara el origen de la valija que en agosto de 2007 le incautaron policías aduaneros del aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires, con un aporte de 800.000 dólares para la campaña de la actual presidenta argentina, Cristina Fernández. Canchica fue el emisario del entonces director de la Disip (actual Sebin), Henry Rangel Silva, hoy Ministro de la Defensa, quien a su vez actuaba por encomendación directa del presidente Chávez, tal y como lo demostraron las grabaciones del FBI. Cinco años después Canchica seguía prófugo de la justicia estadounidense. En Venezuela su situación económica era comprometida. De allí su necesidad de vivir en un conjunto habitacional inconcluso, destinado a damnificados por las lluvias de 2011. Su muerte en vísperas de los comicios presidenciales es por lo menos sospechosa. La versión oficiosa filtrada a algunos periodistas indica que el hombre se suicidó en un arrebato de intenso dolor, ocasionado por problemas maritales. Eso explicaría por qué no dejó carta o mensaje para dar cuenta de su decisión. Algo poco creíble. Es obvio que los secretos en poder del sargento cobrarían mucho valor si seguía el ejemplo del coronel retirado Eladio Aponte, o si las elecciones son adversas al actual Gobierno. Canchica, en fin de cuentas, era el eslabón perdido del mayor escándalo de corrupción del régimen chavista, debido a sus connotaciones internacionales.

*La Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM) en Barinas se ha convertido en el gran empleador de la familia del Presidente. Fuentes de esa institución revelaron que cobran por allí una hija, una cuñada y la esposa de Argenis Chávez; una socióloga hija de Adán Chávez y la asistente personal de Elena Frías de Chávez, mamá del mandatario. Como la DEM no se rige por las escalas salariales de la Administración Pública, las beneficiarias tienen asignaciones muy superiores a lo que ameritarían por sus niveles académicos.

sábado, 1 de septiembre de 2012

Trincheras para el delito

El delito se expande de las cárceles a las calles
El Observatorio Metropolitano de la Seguridad Ciudadana (una dependencia del Cabildo Metropolitano) emitió en agosto su informe con la evaluación de la violencia criminal durante el primer semestre del año en Caracas. En sus recomendaciones, el grupo encabezado por el concejal Freddy Guevara sugirió la necesidad investigar la relación entre la delincuencia callejera y el mundo penitenciario.
De acuerdo con el diagnóstico, hay evidencias de una coordinación cada vez más estrecha entre los líderes de los distintos conglomerados carcelarios y el hampa que actúas allá de las rejas.
Esto se ha notado, por ejemplo, en las redes de extorsión telefónica que actúan entre los Altos Mirandinos y el estado Aragua. El jefe de la División Antiextorsión y Secuestros de Polimiranda, comisario Juan Ricardo Prieto, comentó sobre la existencia de una ola de amenazas a través de llamadas a los comerciantes y ciudadanos comunes de esas regiones del país. Los interlocutores aseguran a las víctimas que el peligro cesará si cancelan determinadas sumas o si entregan el equivalente en tarjetas telefónicas. En todos estos casos, hay cómplices en la calle dispuestos a recoger los pagos.
En un expediente trabajado por la policía judicial en agosto, los negociadores del plagio de un comerciante de Maracay eran reclusos del penal de Tocorón que pedían 1,5 millones de bolívares en efectivo. Las pesquisas basadas en una combinación de trabajo de campo y análisis de telefonía permitieron liberar a la víctima del grupo Los Maleteros, aunque poco se pudo hacer para llegar a su líder, aún cuando se sabía que era un recluso de Tocorón, pues al conocer sobre la acción de las autoridades desechó cualquier evidencia.
En los penales del occidente y del sur del país los internos han ido un paso más allá. Todo comenzó cuando el supuesto líder máximo de la población penitenciaria nacional, Wilmer Brizuela, alias Wilmito, ordenó en junio de 2010 la muerte de Maria Gabriela Casado, hermana de la entonces jueza rectora del estado Bolívar, Mariela Casado.
Brizuela fue condenado en agosto a 16 años de prisión por este crimen. Pero eso no ha impedido que desde otros penales siguieran su ejemplo. El 24 de mayo, dos motorizados ultimaron a la jefa de Recursos Humanos del Centro Penitenciario de la Región Andina (estado Mérida), Paola Rosana Molina. Y el 6 de julio ocurrió lo mismo con la directora del Anexo Femenino de la cárcel de Santa Ana (estado Táchira) Nelly Isabel Ramón Torres, así como de su esposo Jesús Antonio Ruiz.
En los dos últimos episodios los sicarios actuaron a instancias de hampones molestos pues las funcionarias habían ordenado el traslado de mujeres reclusas que tenían contacto íntimo con ellos.
Todo esto ocurre en silencio tras las rejas. La ciudadanía se percata de estas situaciones cuando los los presos, cada vez más envalentonados, tratan de imponer su voluntad a tiros.

*Breves

La comisión enviada a Kenia para investigar el asesinato de la embajadora Olga Fonseca estuvo integrada por tres agentes de la policía judicial y dos miembros de la Cancillería. El grupo no hizo buena química interna. Los agentes y los diplomáticos no cruzaron informaciones y trabajaron cada quien por su lado. Mientras que los primeros no sabían inglés lo otros no tenían la másnima idea de cómo orientar una pesquisa sobre un crimen como este. El caso aparentemente sencillo en cuanto a la investigacióncnica tiende a complicarse luego de la filtración por parte de las autoridades locales sobre la existencia de una supuesta red de traficantes de drogas que actuaba dentro de la legación diplomática venezolana. ¿Fue ese el móvil de la muerte de Fonseca? De esto no hay mayores pruebas. Sin embargo, llama a sospecha -una vez más- la solidaridad automática con la que actuaron los ministros de Relaciones Interiores y Exteriores, Tareck El Aissami y Nicolás Maduro, respectivamente, al descartar de plano una aseveración tan grave, hecha en forma simultánea por dos importantes diarios del país africano.

La semana pasada fue atacado a mansalva un puesto de la Policía del Municipio Sucre del estado Miranda, ubicado frente al centro comercial Millenium, en el este de Caracas. El único precedente de esta acción fue el asalto a un puesto de Polichacao hace cinco años, por un grupo comando que sin embargo no arremetió a tiros contra los agentes, como ocurrió en esta oportunidad. Hasta ahora no está claro qué motivó este hecho. ¿Era el interés por apoderarse de las armas de los agentes o concretar algún deseo de venganza? Los funcionarios se defendieron, y aún cuando resultaron heridos no perdieron sus pistolas de reglamento. Este ataque, así como la tibia reacción gubernamental, ha tenido un efecto desmoralizador sobre las policías preventivas, cada vez menos dispuestas a tomar riesgos en pro de la ciudadanía.

Los planes de control de armas y municiones están teniendo un efecto en el mercado ilegal. Esa al menos es la impresión que tiene el secretario técnico de la comisión presidencial designada para tratar este asunto, Pablo Fernández, quien ha comentado que el precio de la caja de municiones calibre 9 mm "a pie de cerro" se ha quintuplicado, para pasar de 300 bolívares a 1500 bolívares. Esto explicaría la agresividad con la que los antisociales están tratando de apoderarse de las pistolas y de sus proyectiles.