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sábado, 30 de octubre de 2010

La encuesta de victimización y el costo social del secuestro

La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción de la Seguridad Ciudadana (2009) presenta una oportunidad inmejorable para calcular el costo social de los delitos más violentos, como el homicidio y el secuestro. En esta oportunidad continuaremos en la línea de investigación planteada en un trabajo anterior, referido al cálculo del costo social de los plagios cometidos en el país durante el año 2001. Los resultados permitirán hacer algunas comparaciones para determinar si la situación con respecto a este delito ha mejorado o empeorado.

Conviene recordar que la fórmula para establecer el costo social del secuestro es CS= R + (IPC x D) + NP + (D x A). En ella R equivale al total de rescates cancelados a los plagiarios; (IPC x D) es el ingreso per cápita multiplicado por el número de días que las víctimas pasaron en cautiverio; NP es el total de pagos a los negociadores privados, y (D x A) es el número de días de cautiverio multiplicado por el costo diario de la alimentación, establecido para los presos. En esto se parte de la base de que un cautivo es para los plagiarios como un preso, al que se le debe dar un mínimo de comida para que no fallezca mientras se hacen las negociaciones con sus familiares.

El referido sondeo fue realizado por el Instituto Nacional de Estadística, junto a una comisión designada por la Vicepresidencia de la República. Sus resultados fueron tan contundentes y reveladores que el Gobierno decidió incumplir su promesa de divulgarlos a la colectividad. No obstante, el documento técnico que contenía los principales resultados del trabajo de campo se filtró. Sobre esa base haremos el cálculo planteado.

En la encuesta el Gobierno detectó que entre julio de 2008 y julio de 2009 hubo 16.917 secuestros. Esta cifra es el punto de partida. Por cierto, la tasa de secuestros en Venezuela es de 95 por cada 100.000 habitantes. Algo realmente escandaloso si se toma en cuenta que países como Colombia o México tuvieron, respectivamente, tasas de 0,95 y 0,35 casos por cada 100.000 habitantes para 2008. Y en ambos casos la situación mejoró el año siguiente.

La encuesta determinó que la mayoría de los casos en el país son de tipo breve o express, con una duración inferior a un día. Esta modalidad acumuló 14.004 casos. Otros 1.045 casos se prolongaron entre una y dos semanas; 1.023 secuestros duranron hasta un mes y 865 hasta un año. Si tomamos la media de tiempo para los casos que duraron más de un día podemos determinar que las víctimas pasaron 219.275 días en cautiverio para el año analizado. Esto equivale a 600 años.

La encuesta gubernamental afrontó grandes dificultades para determinar cuánto pagaron las víctimas. Aquí el renglón "no sabe o no contesta" fue de 89,2% de los casos. Aún así, se puede hacer una extrapolación basada en las respuestas en las que sí se dio alguna cifra. El total de rescates pagados, según lo admitido por los entrevistados, fue de 130 millones de bolívares, equivalentes a 30,2 millones de dólares. Esto da 5.813 dólares pagados por caso. La cifra real de rescates pagados en el lapso estudiado debe ser aproximadamente 98,3 millones de dólares, o 638.950.000 bolívares al cambio libre del año en cuestión.

Ya podemos comenzar a despejar las incógnitas en el cálculo propuesto.

CS=638.950.000 + (32,6 x 219.275) + NP + (219.275 x 33,1)

Para calcular la cifra de los pagos por honorarios a los negociadores privados (NP) tomaremos en cuenta solamente los casos en los que el rescate excedió los 10.000 bolívares. Estos son los casos que corresponden a las personas con mayor poder adquisitivo, quienes por lo tanto pueden asesorarse. El negociador privado puede cobrar una tarifa fija, o también el 10% del monto del rescate. En este renglón hubo 2214 casos, que pagaron en rescate un promedio de 55000 bolívares, para un total de 12.770.000 bolívares. De allí que los negociadores privados pudieron devengar, en términos conservadores, 1.277.000 bolívares en el año estudiado. Esto es 196.461 dólares. Entonces,

CS = 638.950.000 + 7.148.365 + 1.277.000 + 7.258.002

CS = 654.633.367

Esta cantidad equivale a 100.712.825 millones de dólares.

En 2001, el cálculo arrojó un costo social de 23,6 millones de dólares. Entonces no se tomó en cuenta la cifra cancelada a los negociadores privados (NP). Pero como se puede observar ese es el componente menos relevante del total. Entonces, en ocho años el costo social del secuestro en Venezuela se ha cuadruplicado.

viernes, 27 de agosto de 2010

El costo del delito

¿Cuánto pierde  la sociedad por la acción delictiva de una minoría?¿Es posible medir el valor monetario del tiempo que pasan las personas en poder de secuestradores, o el de las vidas perdidas a manos de homicidas?

Estas preguntas pueden parecer odiosas, especialmente cuando las víctimas involucradas son familiares queridos o están en el entorno personal. ¿Quién le pone precio a una vida? Es verdad. Pero desde un punto de vista general este tipo de análisis puede contribuir a generar conciencia en torno a lo que la sociedad pierde por actos delictivos de todo tipo.

El delito es la consecuencia de una conducta típica, antijurídica y culpable. En los que son contra la propiedad, como el robo y el secuestro, es obvio que hay un costo económico implícito para la víctima directa e incluso para sus personas más cercanas. Pero también podemos encontrar pérdidas económicas en los delitos contra las personas (homicidio, lesiones, etc) , e igualmente en aquellos que van contra la fe pública (falsificación, estafa, fraude).

En esta materia, una excelente aproximación la hizo el mexicano Andrés Roemer. Para quienes no tengan tiempo de leer su tratado doctoral Economía del Crimen recomiendo el documento elaborado para la Home Office inglesa por Sam Brand y Richard Price The Economic and Social Costs of Crime. Hay además una creciente cantidad de estudios que abordan esta materia, desde distintos enfoques.

La mayoría de los trabajos revisados hacen énfasis en los costos de oportunidad asociados al delito. Esto suscita complicados cálculos, que intentan determinar lo que se pudo hacer y no se hizo con el bien que cambió de manos por la acción hamponil. También tratan de calcular el efecto de pérdida de inversión que el delito ocasiona en un área geográfica específica.

Estos modelos de análisis pueden ser muy valiosos, especialmente cuando cobran el valor de verdades establecidas gracias a la aceptación de instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, donde se muestra una creciente preocupación por el tema.

En nuestro concepto, la pérdida económica por la delincuencia es la sumatoria de las pérdidas ocasionadas por cada delito. Y aunque suene a perogrullo, este análisis debe partir de la base de que cada delito tiene una identidad específica. Por lo tanto, a la hora de calcular el costo económico en general debe ser considerado en primer lugar con los de su mismo tipo. Posteriormente, las pérdidas pueden ser añadidas a las ocasionadas por las otras actividades del hampa.

En 2004 hicimos una primera aproximación a este tema, al escribir cuatro editoriales semanales del portal segured.com. El punto central de los argumentos en aquella oportunidad es que el costo económico es consecuencia directa de la naturaleza de cada tipo delictivo. Por lo tanto, los análisis que igualaban todos los delitos y establecían cálculos en términos generales no eran válidos, o en todo caso eran tan abstractos que resultaban prácticamente inútiles. Este punto de vista se mantiene hasta la actualidad.

A continuación, vamos a revisar aquellos editoriales, haciendo la salvedad de que los datos no son actuales. Aún así, las cifras que resultan del ejercicio llaman la atención. Si fuesen actualizadas serían escandalosas.

El costo económico del homicidio en Venezuela

Vamos a tratar el tema del delito por excelencia, que es el homicidio. Según la Organización Panamericana de la Salud, a partir de 1992 este delito pasó a ser la segunda causa de muerte para la población ubicada entre los 15 y 19 años, y la primera causa para los varones de ese grupo etáreo.

Lo importante del homicidio es que la “cifra negra” es prácticamente nula. Esto quiere decir que, salvo manipulación oficial, los registros son exactos. En delitos de otro género como la violación es muy difícil calcular el costo económico precisamente debido a que buena parte de los casos no son notificados a las autoridades. Al no conocerse con certeza el número de casos, resulta muy complicado establecer un cálculo sin acudir a inferencias y extrapolaciones.

¿Cómo medir el costo económico de una muerte? Este tema para algunas personas puede resultar chocante. Por esto hay que aclarar que no se pretende establecer un precio por los seres humanos que se han ido por la acción de terceros sino expresar en números el impacto social que tienen estos hechos. De esta forma, las instancias destinadas al diseño de políticas públicas contarán con una herramienta para la toma de decisiones que, quizá, contribuirá a disminuir el dolor que significa la pérdida de un amigo o pariente en forma violenta.

Cuando una persona mata a otra no sólo genera posibles huérfanos y ausencias para los seres queridos de la víctima. La sociedad también pierde una fuente de producción. Un ser en el cual la familia, el Estado o ambos han invertido con la finalidad de formarlo, robustecer su salud y evitar que muera de enfermedades e incorporarlo en algún área de producción como un ser útil.

Este puede ser un punto de partida. En Venezuela hubo, según cifras del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, 11 mil 300 homicidios en 2003. No vamos a valorar si estas personas eran antisociales, policías, ciudadanos de bien, etc. Son, en principio, personas que dejaron de producir. Pero, ¿por cuánto tiempo?

Aquí podemos continuar la construcción del modelo tomando la cifra sobre expectativa de vida señalada por la Organización Panamericana de la Salud para el país, que es de 73 años.

A las víctimas de estos homicidios hay que asignarles una edad promedio. Las estadísticas de la policía judicial indican que el 90 % de estos muertos tienen edades comprendidas entre los 15 y los 35 años. La media es, salvo mejor propuesta 35-15 / 2=10 + 15=25 años. De manera que el país, por así decirlo, perdió 11 mil 300 veces 48 años de producción (73-25=48). Esto nos da 542.400 años.

El producto per cápita del venezolano, según la Comisión Económica para América Latina (Cepal) para el año en cuestión fue de 2491,5 dólares anuales. Entonces, la pérdida para el país por homicidios cometidos durante el 2003 fue de 1,35 millardos de dólares. Este resultado surge de la multiplicación de los años perdidos de producción como consecuencia de las muertes por el producto per cápita para el año sobre el que se está haciendo el cálculo.

Aunque parezca elevado, este es un resultado conservador. Esto hay que subrayarlo pues resulta frecuente que el homicidio se concreta luego de cierto tiempo de agonía, en el que las instituciones públicas y privadas, los familiares, amigos, etc., hacen esfuerzos y gastan mucho dinero para impedir que la víctima muera.

Hay además un costo asociado a cada homicidio que tampoco estamos tomando en cuenta. Tiene que ver con los gastos por psicólogos, abogados y otros profesionales destinados a atender a los deudos.

Es necesario señalar que el costo de los homicidios, visto en términos individuales, varía según sean los vaivenes del producto per cápita. Este modelo que proponemos, por lo tanto, es imperfecto o en todo caso cambiante pues está sujeto a las variaciones económicas, y debe ser actualizado con la data precisa para el momento en que se desee hacer el cálculo.

Un aspecto interesante es que en países rentistas como Venezuela, el costo social de los homicidios se ha incrementado en momentos en que precisamente son más altos los ingresos para el país, derivados del comercio petrolero. Esta paradoja pone de manifiesto la existencia de un Estado que a pesar de la bonanza o efecto riqueza no ha sido capaz de trazar una política eficar para la reducción de la violencia.

El costo económico del secuestro

El secuestro fue tipificado inicialmente en el Código Penal Venezolano como un delito contra la propiedad. Esta noción fue ampliada en una ley especial, aprobada en junio de 2009. En todos los casos, una persona es privada de su libertad hasta que cancele una suma de dinero o entregue una prenda. Este es el secuestro clásico. Pero el delito ha ido modificándose con el tiempo para incluir como valor de cambio decisiones de orden político o religioso. Como quiera que sea, es posible hacer alguna abstracción con la finalidad de evaluar el costo económico.

La primera dificultad que se nos presenta en este ejercicio tiene que ver con la llamada "cifra negra" de secuestros: hay casos que no son denunciados ni conocidos por las autoridades. La familia designa a negociadores privados y resuelve su situación sin acudir a la policía. En otras ocasiones se conoce del delito pero no se reporta si hubo o no un pago.

Para este aproximación vamos a tomar las cifras disponibles correspondientes al año 2001.
El primer factor a considerar para calcular el costo del secuestro (CS) en un país viene dado por la suma de las cantidades canceladas por la liberación de los cautivos (R, de rescate) más algo que los abogados llaman "lucro cesante" (LC), es decir, lo que la persona hubiera ganado si hubiese continuado en sus labores cotidianas.

Salvo mejor propuesta, aplicaremos una fórmula similar a la de los homicidios. Esto es LC=ingreso per cápita (IPC) x tiempo duración (D).

Nuestro modelo, entonces, se traduce en CS= R + (IPC x D).

Por lo tanto, el costo general del secuestro para un año variará con respecto a los otros en función del ingreso per cápita establecido por los organismos oficiales para ese lapso específico, en este caso, el Banco Central de Venezuela.

Si un negociador privado (NP) interviene, el costo del secuestro variará según sean sus honorarios. La fórmula quedará CS = R + (IPC x D) + NP. En este ejercicio no tomaremos en cuenta este
último factor, pues generalmente el monto de los honorarios no es reportado.

Debemos tomar en cuenta otros elementos. Desde el punto de vista de los secuestradores, el rehén es como un preso, que debe ser custodiado y alimentado aunque en condiciones mínimas de sobrevivencia. Los testimonios divulgados indican que a menudo los cautivos ingieren los mismos alimentos que sus custodios, y salvo problemas de salud es poco lo que les entregan en ropa y otros enseres.

Sabemos que el costo por día de la alimentación para los presos en Venezuela es de 1.350 bolívares actualmente, según datos aportados por el Observatorio Venezolano de Prisiones. Podemos tomar esto como una constante de alimentación (A) para nuestra fórmula, que finalizará así:

CS= R + (IPC x D) + NP + (D x A)

Durante el año 2001 fueron reportados 227 plagios en Venezuela. El pago de rescates (R) admitido fue de 17 millardos 683 millones de bolívares (17,68 millones de bolívares para 2010) ,equivalente a 23,57 millones de dólares al cambio de 750 bolívares por dólar, vigente para ese año. Advertimos de nuevo que este es un cálculo conservador, pues generalmente el pago de rescates queda en secreto.

El número de días (D) en cautividad para las víctimas durante ese lapso fue de 2648, mientras que el ingreso per cápita fue de 4822 dólares anuales. Entonces:

CS (2001) $= 23.570.000 + (4822 x 7,25) + (2648 x 1,8)

= 23.570.000 + 34959,5 + 4766,4 = $ 23.609.725,9

Aquí es necesario aclarar que no estamos tomando en cuenta a los aspectos intangibles aunque muy importantes ligados a casos de secuestro, como por ejemplo el costo del tratamiento psicológico para las víctimas y sus familiares. Hay quienes señalan que en este delito la víctima no es solamente quien permanece cautiva, sino todo su entorno.

Si el secuestro finaliza con la muerte del cautivo, entonces hay que sumar el costo del secuestro y calcular el del homicidio a partir del momento en que fue cometido.

En el año tomado en cuenta para este ejercicio (2001) la víctima típica era generalmente un empresario o industrial, ganadero o persona adinerada. Posteriormente, hubo una popularización del delito. Las víctimas dejaron de pertenecer a las clases pudientes. La Encuesta Nacional de Victimización realizada por el Gobierno en 2009 reveló que el 70% de los cautivos pertenece a las clases media y media-baja, y que ocho de cada diez plagios son express, es decir, duran horas o como máximo un día.

Esto podría sugerir una disminución del costo unitario por secuestro. Pero el crecimiento del número de casos ha sido tan explosivo que el costo por este delito con seguridad se incrementaría en líneas generales.

El costo económico del robo de vehículos

En este delito un individuo se apodera en forma violenta de la totalidad de un automóvil, camión o motocicleta perteneciente a otra persona. Es importante destacar que si el hecho no está revestido de violencia, los jueces lo toman como hurto. Las denuncias sobre apoderamiento de aviones y los helicópteros son registrados aparte por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas.

Inicialmente, parecería que el costo económico del robo de vehículos (CRV) se reduce a la suma de las pérdidas de los dueños legítimos de cada unidad, equivalentes al precio del vehículo (P).

Pero hay una serie de costos asociados a la adquisición del bien, cuyo cálculo tiene cierta dificultad. Esto se refiere no sólo a la póliza de seguro (S) sino también a todos los sistemas de seguridad (SS) destinados a impedir el robo.

El costo promedio de cada vehículo fue estimado por la policía judicial en 30 millones de bolívares durante la primera mitad del año 2004. Por razones de rigor mantendremos tal estimado, a pesar de que el precio de los vehículos está en permanente aumento debido a la presión inflacionaria y a las restricciones en el mercado cambiario.

Debemos aclarar que los cálculos serán hecho en dólar controlado u oficial, que es el aplicado por el Gobierno a las ensambladoras, aunque éstas vendan los carros y sus partes a los clientes finales como si fueran adquiridos a dólar libre.

En la actualidad (2004), con un ingreso per cápita calculado por el Banco Central de Venezuela en aproximadamente 2400 dólares anuales, muy pocas personas pueden disponer de 30 millones de bolívares en efectivo para comprar un carro. Podemos inferir entonces que cada vehículo es comprado gracias a operaciones de crédito con la banca.

Esta situación implica gastos en aseguradoras y en dispositivos de seguridad. En Venezuela y en otros países latinoamericanos un crédito bancario para la adquisición de automóviles no es otorgado si antes el cliente no cancela un seguro y adquiere por lo menos 3 dispositivos de protección. El primero implica un gasto anual cercano al 10% del monto del vehículo (póliza), mientras que el otro es un sólo gasto, que oscila entre 1 millón y 1,5 millones de bolívares, dependiendo de la calidad de los sistemas comprados. La media, 1,25 millones de bolívares equivale a 641 dólares al cambio oficial.

Por razones de comodidad y simplificación del modelo, asumiremos que los autos son robados en el primer año transcurrido desde su compra.

En 2003, indican las estadísticas, fueron robados 33.864 vehículos (VR). Nuestra fórmula va de la siguiente manera:

CRV (2003) $= (PxVR)$+ (PxVRx10/100)$ + (641xVR)$

= (15.384,6 x 33.864)$+ (15.384,6 x 33.864 x
10 / 100) + (641x33.864)$

=520.984.094,4 + 52.098.409,4 + 21.706.824

=594.789.327,4

Ahora bien, la cifra de vehículos robados implica además que las víctimas: 1) quedaron a pie, en cuyo caso tendrán que gastar por tiempo indeterminado en su transporte una cantidad que no habían previsto y que probablemente se solapa con el pago de las mensualidades del seguro; o 2) tendrán que comprar un nuevo vehículo.

El gasto promedio en transporte público (TP) dentro de una ciudad como Caracas es de 1500 bolívares diarios (70 centavos de dólar al cambio oficial para 2004). Esto implica que durante un año la persona gastaría
(TP=0,7 x 365) 255,5 dólares.

Probablemente esta persona tendria que gastar esta cantidad o una mayor en la gasolina y el mantenimiento del vehículo, pero lo cierto es que como se lo robaron ya no lo tiene y debe gastar eso en algo distinto. Por lo tanto, esto debe ser añadido como parte del costo económico del robo de vehículos en Venezuela para el año pasado.

O sea: CRV (2003) $=594.789.327,4 + (255,5 x 33864)

=603.441.579,4

Esta cifra, aunque parezca elevada debe ser tomada como un punto de partida. Como en el caso de los homicidios, este cálculo no toma en cuenta factores imponderables como las consecuencias físicas y psicológicas que tiene para la víctima el robo de un medio de transporte. Aún así, el modelo propuesto nos permite aproximarnos a una realidad que hasta el momento no habíamos cuantificado.


El costo económico de los robos al transporte público


Este cálculo afronta diversos escollos. El primero y más importante se refiere a la ausencia de un modelo específico para establecer esta cifra. No existe un mecanismo formalmente aceptado para hacer este análisis, y por lo tanto todos los resultados eventualmente pueden ser debatidos o rebatidos.

Los robos a los conductores y usuarios de transportes públicos tienen importancia económica en virtud de su volumen y frecuencia, así como también por la cantidad de personas afectadas. Esto hace de la materia un problema de interés público que debe ser abordado por las instancias decisorias del Estado.

Como punto de partida para el desarrollo de este modelo debe tomarse en cuenta que el delito de robo es descrito en la legislación penal como una acción contra la propiedad. De allí se sobreentiende que existe una pérdida económica (PE), traducible o expresable en términos de la moneda de curso legal en el país, en este caso bolívares (Bs.).

Por regla general, durante los robos a los transportes públicos los ladrones se llevan bienes y dinero. La ganancia de estos delincuentes (GD) equivale exactamente a la pérdida de sus víctimas (PV), expresada como se dijo en moneda de curso legal. Las víctimas, sin embargo, se dividen en dos grandes grupos de acuerdo con el rol que desempeñan en el momento del robo: los conductores (C) y los pasajeros (P). Entonces, la ganancia de los ladrones es igual a la sumatoria de la pérdida de los conductores (PC) y la de los pasajeros (PP).

De donde se puede señalar, en primer lugar: GD= (PC+PP) Bs.

Pero la pérdida económica (PE) es un concepto mucho más amplio debido a que incluye aspectos intangibles desde el punto de vista del individuo, aunque de suma importancia para los que analizan en problema en su dimensión social. Está, por ejemplo, la pérdida de horas-hombre de trabajo productivo (PH). Esto puede ser traducido como el número de horas que la víctima dejó de laborar como consecuencia directa del robo. Puede suceder que este costo no sea cubierto totalmente por la víctima sino por sus empleadores. Pero también puede ocurrir que la persona robada sea un trabajador independiente. Como quiera que sea el caso, alguien sufre una disminución indeseada de su patrimonio y por ende este costo también podría ser traducido en moneda de curso legal.

Si el salario mínimo urbano vigente para 2004 es de 405 mil bolívares, la hora de trabajo tiene un precio mínimo de 2 mil 531 bolívares. Si una persona es robada en la mañana, lo más probable es que pierda toda la jornada de trabajo, es decir, 2.531 Bs x 8 horas. Esto equivale a 20 mil 248 bolívares. Pero si está de regreso a su casa, al final del día, no perderá horas de trabajo. No obstante, los testimonios aportados por los conductores indican que actualmente los robos a transporte público son ejecutados en diversos momentos del día. Para los efectos de este cálculo, podemos escoger la medida media. Así, la pérdida de horas-hombre (PHH) por robo será igual al número de pasajeros victimizados multiplicado por 10 mil 124 bolívares.

Cabe destacar que este es un estimado conservador, pues se parte del principio según el cual todos los pasajeros despojados de sus bienes solamente devengan el salario mínimo, cuando en realidad los transportes públicos son utilizados por personas provenientes de todos los estratos sociales.

Ahora bien, hay que preguntarse entonces de cuántas personas hablamos. Para esto es necesario acercarse a la denominada “cifra negra” de este delito. En otros términos, hacer una aproximación al número de individuos afectados que no denuncian los robos de los que son víctima.

Para esto hay que tomar en cuenta los testimonios de los conductores de transportes públicos, única información abierta disponible. Durante las manifestaciones que han protagonizado últimamente, los transportistas han indicado que en el municipio Sucre asaltan en promedio 10 unidades por día, mientras que en los municipios Plaza y Zamora suman 23 unidades. Esto daría un total de 33 vehículos de transporte públicos robados todos los días. Se debe suponer que por efecto de la exageración, producto del fragor de las protestas, este número ha sido “inflado” y en realidad es 30 por ciento menor. Esto daría en total 23 unidades asaltadas todos los días.

En promedio, los vehículos que transitan por estas zonas tienen de 24 a 36 plazas. La media de ambas sería 30 plazas. Entonces el número de personas afectadas por año se puede calcular de esta forma.

PA(año)=23x30x365
=251.850

Esto no quiere decir que se trate de personas distintas, pues es probable que algunas hayan han sido asaltadas en transportes públicos varias veces.

El costo en horas-hombre, siguiendo este modelo, sería la multiplicación del número de personas por el costo por jornada. Esto es, para el caso de los municipios Sucre, Plaza y Zamora:

HH(año)=(PHHxPA) Bs.=(251.850x10.124) Bs.=2.549.729.400 Bs.

Sin tomar en cuenta los efectos psicológicos que este tipo de asaltos puede ocasionar en los pasajeros y en los pilotos de transportes colectivos, se puede señalar que la pérdida económica (PE) por este delito cada año en los municipios señalados es igual a la ganancia de los ladrones (GL) sumada al costo de horas-hombre anual. Esto sería:

PE(año)=(GL+ HH)(año),
=(PC+PP+HH)(año)

Los conductores de vehículos de transporte por regla general comienzan la jornada sin dinero o con montos muy escasos para dar el cambio a los primeros pasajeros que recogen. Luego, se puede asumir que la pérdida es equivalente al dinero que han acumulado por el cobro de los pasajes durante esa jornada.

En un recorrido de ruta completa entran y salen pasajeros. De forma tal que el autobús con la capacidad señalada (30 puestos) puede fácilmente renovar la mitad de sus pasajeros durante toda la ruta, para totalizar 45 pasajeros. Si el precio de los pasajes es en promedio de 600 bolívares, podemos establecer la siguiente fórmula para calcular la ganancia del conductor (GC) por cada viaje.

GC(Bs.)=(P+P/2)(T)(Bs.)

P= número de pasajeros
T=tarifa

GCviaje(Bs.)=(45+45/2)(600)=40.500 Bs.

Los conductores de transportes públicos suelen iniciar la jornada muy temprano, para aprovechar el flujo de pasajeros rumbo a sus lugares de trabajo. Finalizan cuando han llevado a las personas de vuelta a sus casas. A veces trabajan por turnos, pero a los efectos de este cálculo ese dato no tiene importancia. Lo relevante es que por cada vehículo hay un conductor.

La jornada de operación de cada vehículo de transporte, por lo tanto, puede prolongarse hasta por 14 horas. Si se asume que el recorrido de cada ruta lleva una hora, entonces el transporte efectúa 14 viajes por jornada. De donde la ganancia del conductor por día será:

GCdía(Bs.)=(GCviaje x #viajes)Bs.
=(40.500 x 14)Bs.
=567.000 Bs.

La pérdida del conductor (PC), según el esquema propuesto, será entonces la mitad del dinero acumulado por el cobro de pasajes. Esto pues se ha asumido para facilitar el cálculo que la hora escogida por los antisociales corresponde a la mitad de la jornada.

PC=(GCdía/2)Bs.
=(567.000/2)Bs.
=283.500 Bs.

Si asumimos que todos los días asaltan 23 unidades (estimado conservador) en los tres municipios señalados, entonces la pérdida para los conductores en todo un año puede cuantificarse así:

PCaño (Bs.)=PCx23x365 (Bs.)
=283.500x23x365 (Bs.)
=2.379.982.500 Bs.

El cálculo de las pérdidas de los pasajeros (PP) está sujeto a factores aleatorios tales como disponibilidad de dinero, posesión de bienes visibles, colocación en la unidad de transporte asaltada, etc. Se puede asumir, sin embargo, que como todos los pasajeros han cancelado una suma para utilizar el servicio de transporte, poseen una igual o mayor para poder utilizar el servicio de vuelta y efectuar otros gastos durante la jornada, como por ejemplo una comida. De ser así, entonces:

PP(Bs.)=(T + 7.500)Bs.
=(600 + 7.500)Bs.
=8.100 Bs.

Si el número de personas afectadas por este delito cada año es 251.850, el costo en bolívares por este lapso será:

PPaño(Bs.)=(PP x PA)(Bs.)
=(8.100 x 251.850) (Bs.)
=2.039.985.000 Bs.

Entonces, la pérdida económica por cada año en los municipios Sucre, Plaza y Zamora por los asaltos a transportes públicos puede cuantificarse así:

PEaño (Bs)=(PPaño + PCaño + HHaño)Bs.
=(2.039.985.000 + 2.379.982.500 + 2.549.729.400) (Bs.)
=6.969.696.900 Bs.
=$ 3.241.719,4


Una vez más, se señala que estos trabajos fueron publicados inicialmente como editoriales en segured.com. En este caso, han sido corregidos y editados. No obstante, la esencia del trabajo se mantiene.

miércoles, 14 de julio de 2010

Deportaciones bajo presión

El 13 de julio, el Gobierno deportó a Estados Unidos a tres personas solicitadas por tráfico de drogas. Todos ellos nacieron en Colombia, pero dos obtuvieron la nacionalidad venezolana, hasta donde se sabe en forma legal.

Carlos Alberto Rentería, señalado como último jefe del cartel del Norte del Valle, tenía en Venezuela una cédula de identidad con nombre falso. Este hecho facilitaba su expulsión del país. Con respecto a él ninguna objeción puede hacerse. Beto era señalado de coordinar numerosos envíos de drogas hacia EE UU y Europa a través de Venezuela. Supuestamente, se hizo cargo de la estructura criminal en el país, luego del asesinato de su socio Wilber Alirio Varela, alias Jabón.

En cambio, Carlos Ojeda Herrera y Luis Frank Tello Candelo vivían en el territorio nacional con sus nombres verdaderos. El primero en Lecherías. Y Tello, conocido como Negro Frank, fue apresado en su apartamento de la urbanización Macaracuay.

En el caso de Ojeda, la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia certificó que es venezolano desde 1975. Tello Candelo, por otro lado, fue naturalizado en 1973, cuando apenas era un adolescente, tal y como lo indican recaudos aportados por sus defensores ante el Servicio Autónomo de Inmigración, Migración y Extranjería (Saime).

Los documentos que sustentan estos señalamientos son fácilmente verificables. Es de suponer que el Gobierno los conoce. Sin embargo, el ministro de Relaciones Interiores y Justicia, Tareck el Aissami sostuvo hasta último momento que Ojeda y Tello son colombianos como Rentería. Esto no es así.

Es posible que el Ejecutivo actuara en estos casos con la intención de lavarse la cara, y desmentir con “propaganda de hechos” (Bryan Jenkins) las conclusiones del último Reporte Mundial sobre Drogas de la Organización de Naciones Unidas, que coloca a Venezuela como el primer país de tránsito de cocaína de todo el mundo, y emporio de numerosas organizaciones criminales.

Lo cierto es que en esta materia el Gobierno ha aplicado la norma de manera diferenciada. A unos venezolanos naturalizados los deportan con absoluta rapidez. Pero a otros, como el supuesto líder de la organización separatista vasca ETA en Venezuela, Arturo Cubillas Fontán, les dan cobijo en el país.

Cabe recordar que cuando se conoció el auto del juez Eloy Velasco, en marzo, el propio ministro el Aissami dijo que Cubillas no sería entregado a España porque “es venezolano”, y que lo apropiado sería enjuiciarlo en el país.

Cubillas, como Ojeda y Tello Candelo, nacieron en otros lugares y obtuvieron la nacionalidad venezolana. Por lo tanto, deberían ser tratados de igual forma. La Constitución vigente establece un principio de igualdad ante la ley para todos los nacionales, independientemente de si nacieron en el país o si obtuvieron el gentilicio con posterioridad.

Otro dato interesante. Cuando se debatió la extradición de Ojeda Herrera en 2006, el presidente de la Sala Penal del TSJ, coronel retirado Eladio Aponte, concluyó que este colombiano no gestionó la nacionalidad venezolana para huir de la ley en otros países. ¿Podría decirse lo mismo de Cubillas?

Cuando recorrían el trayecto hacia el avión que los llevaría a Estados Unidos, Ojeda Herrera y Tello Candelo vociferaron que eran venezolanos. Una última constancia del desacuerdo con la decisión de expulsarlos del país. Este, quizá, sea el prólogo para una demanda contra el Estado venezolano.

lunes, 7 de junio de 2010

La Coordinadora Continental Bolivariana



En el libro Raúl Reyes, el Canciller de la Montaña, el periodista José Gregorio Pérez dedica todo un capítulo a la estrategia de proyección internacional de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular. En vista de que se trata básicamente de una actividad de relaciones con individuos y organizaciones de otros países, su ejecución y buena parte de su planificación recayó desde luego sobre los hombros de Luis Edgar Devia.

Reyes, indica el autor, era prácticamente el representante y portavoz de las FARC en el exterior. La cara visible en los escasos espacios en los que el grupo podía tener una voz. El hombre de las entrevistas. A Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda, en cambio, lo pinta como un hombre más preocupado por los aspectos militares y domésticos de la lucha armada, cercado en sus últimos años por la estrategia fragmentadora del Ejército colombiano y, según se supo luego, por la decadencia física.

Para las FARC el enganche internacional llegó a ser una cuestión de supervivencia. El libro de Pérez muestra claramente que la organización contaba con el apoyo activo de gobiernos amigos, como el de los hermanos Castro en Cuba, el de Rafael Correa en Ecuador y, primero entre ellos, el de Hugo Chávez en Venezuela.

Con la finalidad de darle organicidad a esta iniciativa, las FARC promovieron la creación de la Coordinadora Continental Bolivariana. Según Pérez, la idea primigenia de esta organización no fue de Reyes sino de Alfonso Cano e Iván Márquez. A este respecto es revelador un correo hallado en una de las computadoras de Reyes, enviado a él por Márquez. Allí se indica que las FARC usarían a la CCB como una excusa para abrir una oficina en Caracas.

Reyes convocó a una reunión del Comité Internacional de las FARC (Cominter) para discutir el asunto. Pero al final no pudo asistir pues el Ejército le impidió salir de la zona donde se encontraba oculto. La junta, sin embargo, se llevó a cabo, y concluyó con la decisión de abrir la oficina en Caracas, regentada por Márquez, Rodrigo Granda y su hija. Márquez aseguró a Reyes que esta dependencia contaría con el apoyo del entonces alcalde del municipio Libertador de Caracas, Freddy Bernal. Sería "un espacio de encuentro de líderes, dirigentes y promotores de la izquierda latinoamericana, incluidos grupos insurgentes, para combatir el neoliberalismo y forjar la interacción de los principios ideológicos del marxismo-bolivarianismo".

En un correo enviado a Reyes el 24 de noviembre de 2004, Márquez la informa sobre la marcha del proyecto. Ya para ese momento, tenía un año en actividades, y contaba con un Ejecutivo, capítulos regionales y una "legión extranjera" con sede en Caracas. Entonces, Márquez le anunció que el Primer Congreso de la CCB sería en la capital venezolana, en agosto de 2005.

Una búsqueda en el archivo de dominios whois.com revela que la página web de la CCB, denominada www.conbolivar.org, fue apartada el 7 de octubre de 2004 por Marlene Reverón, quien colocó como dirección física el edificio Tacagua, uno de los inmuebles de Parque Central, sede de numerosas oficinas del Gobierno. Teléfono 9076834, email "cconbolivar@yahoo.es".

El Primer Congreso tuvo, según un correo de junio de 2005, un costo de 100 millones de bolívares. De acuerdo con Márquez, "esto lo cubren los amigos".

"Lo mismo ocurre con los locales, stand, sonido, propaganda, tiquetes de metro, comida, alojamiento, etc.", añadió.

En la CCB estarían agrupados todos los partidos comunistas del continente, así como también algunas organizaciones filiales, como la Federación de Estudiantes Universitarios, que comenzó un trabajo muy activo en Cartagena y fue detectada por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

La CCB pronto mutaría en un movimiento continental. Según Pérez, esto sucedió por recomendación de líderes comunistas venezolanos a Iván Márquez, el cónsul guerrillero en Caracas. Con esto, "el trabajo se extendería a altos niveles de los gobiernos de la región para que apoyaran y ampliaran en sus decisiones de Estado los intereses y propósitos de las FARC".

En el caso venezolano, el movimiento abarcó a varias organizaciones e instituciones gubernamentales. Un correo de Márquez, fechado 11 de marzo de 2005, indica que allí contaban con el Frente de Luchadores Sociales Francisco de Miranda, Juventudes de Quinta República, Frente Cìvico Militar, Movimiento Ana Karina Rote, Partido Comunista de Venezuela y la Federación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, además del Fondo de Garantías Sociales, Fundarte, las alcaldías de los municipios Libertador y Páez, el Consejo Nacional de la Cultura y la Radio Nacional de Venezuela.

Pero al margen de estas actividades políticas, la oficina del movimiento en Caracas serviría también para establecer contactos con proveedores de armas. Márquez refirió a dos australianos, que viajaron a Caracas para negociar desde fusiles Draganov hasta RPGs y fusiles de asalto AK repotenciados en China.

Beligerancia. Para las FARC era de especial importancia obtener el reconocimiento internacional como fuerza beligerante. En octubre de 2007, Márquez le indicó a Reyes que la operación diplomática a favor de los guerrilleros correría por cuenta de la cancillería venezolana.

Las FARC querían ir más allá. Además de un reconocimiento formal, designarían a un representante oficial en los países donde lograra el visto bueno. Sus principales objetivos: Francia y España. Pero esto nunca se logró.

Ultimo video de Reyes
al Congreso Continental Bolivariano

miércoles, 26 de mayo de 2010

Guerrilla con rastro

Pareciera lejano ya el ataque armado al campamento donde permanecía Luis Edgar Devia, mejor conocido como Raúl Reyes o el Canciller de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército Popular. Pero eso fue hace apenas dos años y tres meses. De ese episodio quedó una tremenda confrontación entre los gobiernos de Ecuador y Venezuela, por un lado, y el de Colombia por el otro. Pero no fue sino hasta la salida del libro Raúl Reyes, El Canciller de la Montaña (Editorial Norma. Bogotá, 2008), escrito por el periodista colombiano José Gregorio Pérez, que pudimos comprender el sentido de las decisiones tomadas entonces por los presidentes Hugo Chávez y Rafael Correa. Unas decisiones cuyas consecuencias, en el caso de Venezuela, todavía estamos padeciendo en términos de pérdida de intercambio comercial y mayor aislamiento.

No se trata ahora de discutir la validez del ataque militar contra el campamento de Reyes, a sabiendas como estaban los militares colombianos de que todo ese enclave estaba en territorio de un país vecino. Eso desviaría el asunto de su foco, que se refiere a la información obtenida de las computadoras y de los discos duros portátiles que estaban en poder de Reyes.

Esa data fue mantenida sin alteraciones y sometida a análisis de Interpol. Pero nunca ha sido divulgada con tanta extensión como lo hizo J. G. Pérez en su libro.

Esta obra, curiosamente, no ha llegado a las librerías venezolanas. En mi caso, tuve la fortuna de encargársela a un amigo que viajó a Colombia. Consta de cinco capítulos. Pero los más interesantes y reveladores son el tercero y el cuarto, referidos respectivamente a los temas del involucramiento del grupo guerrillero en el tráfico de drogas, por una parte, y el desarrollo de una acción política de proyección local y regional.

La fuente del dinero. La participación de las FARC en el negocio de las drogas es más añejo de lo que en principio parecía, a juzgar por los archivos hallados en las computadoras de Reyes.

Desde 1987, el grupo guerrillero se apoderó de dos rutas que anteriormentes eran operadas por el cartel de Medellín (organización en líneas generales opuesta a las FARC). La primera partía de los llanos de Yarí para pasar por Bahamas, Miami, Los Angeles y Nueva York. La otra partía del mismo punto y hacía escala en Caracas, rumbo a España, Holanda, Alemania e Inglaterra.

Tres años después, se produjo un reacomodo en la organización guerrillera. Reyes pasó a comandar el Bloque Sur (donde está la retaguardia estratégica del grupo y además su mayor fuente de poder económico, derivado de la siembra y el procesamiento de la coca), mientras que Jorge Briceño Suárez, alias Mono Jojoy, pasó a comandar el Bloque Oriental, en la frontera con Venezuela.

Briceño además fue designado principal comandante militar de la organización. Estando en los Llanos Orientales, se aseguraba el paso de las armas obtenidas en Centroamérica y otros lugares del mundo, a través de la frontera con Venezuela.

Briceño, paradójicamente, fortaleció alianzas tácticas con grupos de traficantes de drogas ligados al paramilitarismo. El principal de ellos fue Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, detenido en Cuba en 2004, aunque tenía documentos falsos.

El principal operador de Briceño en el tráfico de drogas era el jefe del Frente 16, Josué Eliseo Prieto, alias Esteban González. Ellos potenciaron al máximo el uso de pequeñas avionetas para el transporte de los estupefacientes. Desde finales de los noventas, la ruta preferida ha sido la que lleva la droga a México por el Pacífico y el Caribe, con escalas en El Salvador y otros países. Según Pérez, los vuelos regresaban a Colombia cargados con armas suministradas por ex guerrilleros del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional.

Desde finales de los noventas, indicó el autor, tres personas tuvieron especial relevancia en el negocio de la droga producida en los territorios del Bloque Sur: Fabián Ramírez, José María Corredor (Boyaco) y Nayibe Valderrama (Sonia). Ramírez era el líder militar, que proveía seguridad a los cocaleros y procesadores de la droga. Corredor era el transportista y Sonia el enlace con los carteles mexicanos, especialmente el de Sinaloa.

Eventualmente, Reyes y el resto del grupo entabló una relacíón de negocios con Fernandinho Vieira Mar, señalado hasta principios de esta década como el mayor traficante de drogas de Brasil. Según el autor, Vieira ofreció el pago de la mercancía con armas obtenidas en la Triple Frontera.

Desde 1997, el Secretariado de la organización decidió tener un trato diferenciado hacia los actores de las distintas partes de la cadena de esta industria ilegal. A los campesinos se les ofrece protección, a cambio del pago de un impuesto conocido como "gramaje", además de un intenso trabajo para ganarlos a la causa guerrillera desde el punto de vista ideológico. En el otro extremo se plantea una relación de estricto negocio, en la que poco importa si los operadores son afines a la guerrilla.

Esto produjo importantes ganancias para las FARC. En abril de 2008, Reyes escribió un correo a los miembros principales del Bloque Sur, en la que refiere dos encuentros con otro importante miembro del cartel del Norte del Valle (afín a los paras), Juan Carlos Ramírez Abadía, alias Chupeta. Los textos incautados en sus computadoras revelan que para ese momento la ganancia neta por kilo de cocaína entregado en México sería de 5500 dólares. Ramírez ofreció además pagar algunas transacciones con lanzacohetes que serían negociados en Líbano.

Enlaces de interés

1) http://www.ildis.org.ve/website/administrador/uploads/DocumentoSeguidadRegionalMayorca.pdf.
2) http://www.insumisos.com/lecturasinsumisas/Las%20cuentas%20de%20las%20FARC.pdf