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domingo, 18 de noviembre de 2018

La FAN desnuda



-El ataque al convoy de la Guardia Nacional en Amazonas, y los eventos posteriores, pusieron en evidencia el deterioro de la Fuerza Armada Nacional

@javiermayorca

El ataque al convoy militar en el sector Picatonal del estado Amazonas, y la posterior reacción de la jerarquía castrense, pusieron en evidencia las deficiencias que aquejan a la Fuerza Armada Nacional, y que le impiden cumplir a cabalidad sus tareas primordiales.
El enfrentamiento con una columna del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejó un saldo de tres sargentos de la Guardia Nacional muertos y otros once efectivos heridos, de acuerdo con los partes que fueron conocidos extraoficialmente, en la medida en que avanzaban las horas del domingo 4 de noviembre.
La primera deficiencia es producto de conductas que son arrastradas desde mucho antes que Hugo Chávez asumiera la Presidencia. Estamos ante una Fuerza Armada incapaz de hacer una comunicación efectiva sobre los hechos que realmente interesan a la sociedad. Uno se asoma a los órganos divulgativos del estamento castrense, desde el twitter hasta una pomposa televisora, y se percata de que solo son vehículos para una propaganda en la que nadie cree.
Militares documentaron la matanza
Esto contrasta con el silencio oficial durante las horas clave que corrieron durante la mañana de ese domingo hasta la tarde. El vocero por excelencia de la Fuerza Armada, que es el ministro de la Defensa, estaba más pendiente de adelantar las navidades. Los civiles nos dimos cuenta de esa situación, pero primero lo hicieron los militares. Evidencia clara de esto es que, en medio de la crisis originada en el ambulatorio de Puerto Ayacucho ante la llegada de los cuerpos ensangrentados, la información sobre lo ocurrido comenzó a fluir, con minutas y fotos incluidas, a través de canales irregulares y extraoficiales, con una proximidad a los hechos que solo era posible si se viste un uniforme.
Un lector crítico podría pensar que estas líneas las escribe un periodista deseoso de lograr noticias. Y es verdad. Pero esto no exime a la FAN de cumplir con los parámetros mínimos en la divulgación de los hechos relevantes, en la segunda década del siglo XXI, cuando las guerras incluso son transmitidas en directo.
Es que ni siquiera lo hacen para cumplir con los protocolos internos. Luego del asalto a la 41 brigada blindada en Valencia, en agosto de 2017, uno de los aspectos revisados con mayor detenimiento fue la tardanza en la aplicación de los llamados “planes de reacción”, que implican la ejecución de una serie de medidas luego de que se ha verificado un hecho de tal naturaleza. Luego, corrieron radiogramas por todas las unidades, revelando lo inocultable.
Quince meses después de este asalto, nos damos cuenta de que la lección no fue aprendida. Los correctivos no fueron aplicados. La orden de reforzar la vigilancia perimetral e interna a las otras instalaciones castrenses de Amazonas fue transmitida por la jerarquía militar casi al mediodía, es decir, más de cinco horas después del ataque de los elenos. La cosa no fue peor, básicamente, porque los guerrilleros se contentaron con la emboscada.
Uno conversa sobre este tema con militares retirados y las respuestas son generalmente miradas gachas y gestos de negación. Como dando la cosa por perdida. Creen que esta Fuerza Armada tiene pocas posibilidades de mejoría en lo inmediato. La conducta errática del titular de Defensa en los días posteriores al enfrentamiento armado pareciera confirmar esta impresión: de hablar casi en tono comprensivo de unos “muchachos con prendas militares” pasó 48 horas después a una alocución histriónica donde aseguraba a gritos que irían contra todos los irregulares que ya sentaron plaza en el país. Aun así, fue incapaz de singularizar al grupo que protagonizó la matanza, cosa que ya sabíamos gracias al comunicado oficial de la cancillería colombiana.
En este contexto, nos enteramos del contenido de la última Guía de planeamiento distribuida en los componentes castrenses a través del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb). Lo que uno ve a allí también desnuda a la Fuerza Armada: una pirámide que en su base pasa hambre y enfermedades, como la hepatitis que diezma a los estudiantes de la GN, y que en su tope ordena a todas sus capas constituir empresas, de cualquier naturaleza, puesto que para los de arriba la guerra que vale es la económica, y no la que se manifiesta con la presencia activa de grupos irregulares en buena parte del país.
Mientras las cosas sigan como van, veremos muchas más cartas como la del capitán de corbeta Miguel Angel León, obstinado por el “cáncer” que ve cuarteles adentro.
   
Breves

*Siete de los nueve detenidos en Amazonas, señalados de formar parte del grupo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) liderado por Luis Ortega Bernal, alias Garganta, fueron recluidos en el Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques. Como suele ocurrir en estas circunstancias, una parte de este grupo fue enviado de inmediato a celdas de aislamiento, ubicadas en la planta baja, no se sabe por cuánto tiempo. Estos nuevos integrantes de la población penal podrán ser un verdadero dolor de cabeza, puesto que la mayoría de los reclusos son efectivos de la Fuerza Armada, para quienes los elenos son enemigos naturales. Más aún si llegan allí con el antecedente de haber propiciado la muerte de tres sargentos en funciones. Habrá que estar pendientes de esta situación.

*Desde el mes de octubre, una ola de secuestros sacude al estado Anzoátegui. Esto ha tenido incluso un impacto en las cifras manejadas por el Gobierno. Los despachos policiales admiten que el número de casos denunciados se ha elevado en 150% con respecto a 2017. Pero esto es apenas un pálido reflejo de lo que ocurre en las calles, donde la mayoría de los plagios no es informada a los cuerpos de seguridad. En octubre, por ejemplo, cinco sujetos armados y en motocicletas interceptaron a un hombre cuando salía de una marina en Lecherías. Simulaban un procedimiento policial. Le dijeron que conducía una camioneta robada, y que tendría que ir con ellos a una comisaría para comprobar la legalidad del vehículo. Pero no fueron a ninguna instalación gubernamental sino a una casa particular. Allí le informaron que sabían que él tenía una cuenta en la banca estadounidense, y que no lo dejarían en libertad hasta que transfiriera a otra cuenta en el exterior la cantidad de diez mil dólares. La víctima argumentó que no tenía a disposición los medios para cumplir con tales demandas. Luego le dieron un teléfono y le indicaron que instruyera a su esposa para hacer la transferencia. Poco después, el hombre fue liberado. Ya no se encuentra en el país.

*Con la entrada del nuevo director, general de división (Ejército) Manuel Christopher Figuera, comenzaron algunos intentos de corregir irregularidades en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Hay un nuevo jefe en Investigaciones Estratégicas, que según fuentes internas es un comisario de carrera en la institución. Allí el trabajo apenas comienza. En las regiones se ordenó suspender las “operaciones negras”, en las que utilizaban personas y vehículos sin ningún tipo de identificación, frecuentemente con el propósito de robar, secuestrar y extorsionar. De igual forma, como ocurre cuando hay cambios de mando en este tipo de organizaciones, está planteada la suspensión y renovación de las credenciales ad honorem. Por cierto, durante los últimos días también se han detectado irregularidades con tales carnets en Cicpc y la Policía Nacional, donde incluso detuvieron a seis personas tras el hallazgo de un mercado de chapas de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES). Usaban computadoras e impresoras de alta gama y entregaban los documentos a cambio de pagos en dólares.

*Una lectora escribió al correo crimenessincastigo@gmail.com para relatar un hecho que cada día se hace más frecuente. Sus palabras lo describen con precisión: “Paré mi carro en un estacionamiento privado, y resulta que cuando salgo me percato de que no tengo el caucho de repuesto. El estacionamiento no se quiere hacer responsable”. El aparcadero queda en la esquina Perico de la avenida Universidad, en Caracas. Ante la indiferencia por los reclamos al hurto del caucho de su Chery Arauca, la víctima optó por formular la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. El hurto de partes y piezas de los vehículos de todo tipo en locales públicos y privados obliga a tomar algunas precauciones, como por ejemplo la constatación previa y posterior de la existencia del caucho de repuesto y las herramientas para su recambio en la maletera del vehículo, es decir, antes y después de estacionarlo. Estas empresas, además, argumentan que solo disponen de seguros de responsabilidad civil y que, por ende, no pueden hacerse responsables por este tipo de pérdidas. En última instancia, los ciudadanos salimos con la peor parte: si estacionamos el vehículo en la calle, lo más probable es que se lo lleve el hampa o lo deje inservible. Si confiamos en un estacionamiento privado, la molestia será doble.

Tres preguntas a…William Jiménez (ex coordinador de Investigaciones Estratégicas de la Inspectoría del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, Senamecf)

-Explique las irregularidades más frecuentes que encontró durante su gestión en el Senamecf

Entre las irregularidades más relevantes detectadas durante mi gestión destacan las siguientes: en una supervisión realizada en la sede del Senamecf en el estado Zulia se observó que durante la gestión del Dr F.R. se efectuaron unas 1000 inhumaciones (sepulturas) de cuerpos sin la identificación de registro para el órgano forense. Las identidades de estos cadáveres fueron utilizadas para la compra de vehículos, bienes raíces, aeronaves, yates, entre otros. Este Dr es hermano de una expresidenta del circuito judicial del estado Zulia, Ismelda Rincón, y del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia Iván Rincón. El informe fue presentado  por el Inspector General del Senamecf al despacho del ministro (Néstor) Reverol (…) se acordó solo la destitución del citado funcionario, y fue sustituido por el Dr Vivas Landino.
Otra irregularidad observada fue en el cementerio de Chirica, estado Bolívar, donde localizaron diecisiete cuerpos humanos, en diferentes estados, algunos con perforaciones en cráneos, de lo cual se presume que han sido ajusticiados por órganos de seguridad del Estado (…) Se encontraban apilados en una estructura tipo habitación, que suelen llamar La Morguesita, y que conforme a la Ley de Cementerios es obligación de cada municipio proveer de un espacio para las autopsias de cadáveres en avanzado estado de descomposición. Pero en el caso que nos ocupa muchos de los cuerpos localizados eran casi esqueletos. Esto todavía no ha sido publicado en Venezuela.

-¿Su salida de Venezuela tiene que ver con su gestión en este cargo?

El 15 de enero de 2018, en compañía del coronel Domingo García Pérez, director del Senamecf para el momento, estuve de guardia en la morgue ubicada en Colinas de Bello Monte. En horas de la tarde recibí el cuerpo del ex policía Oscar Alberto Pérez. En días siguientes mi jefa me extiende una comunicación para efectuar un informe detallado de ese caso, dado lo delicado del registro de cada una de las novedades asentadas en el citado instrumento, y en virtud de haberlo suscrito, y cuyo contenido comprometía a altos funcionarios del Estado, algunos que me conocían y sabían que una vez que el ministro Reverol tuviera conocimiento, esto podría traerme consecuencias, incluso en contra de mi integridad física. Mi salida de Venezuela se materializó el 14 de mayo. Aproximadamente a las 10:45 am atravesé el puente Simón Bolívar escoltado por un oficial superior de la FAN, y otros adscritos a la Dgcim, algunos activos y parte de la resistencia (…) En Colombia fue recibido por el jefe de Control Migratorio del lugar, y funcionarios de la Policía Nacional. Me solicitaron que les hablara con la verdad en relación con lo sucedido con el ajusticiamiento extrajudicial del ex policía Oscar Pérez. Luego proseguí hasta la frontera en Rumichaca, donde proseguí mi ruta pasando por Ecuador hasta Lima, donde fui recibido por el doctor Patricio Rubio, jefe de la Oficina de Refugiados adscrita a la Cancillería.

-En el caso del concejal Fernando Albán, Ud ha desmentido la versión oficial de muerte por “caída de altura”. Pero el fiscal designado por la ANC asegura que la autopsia fue grabada. ¿Ud se retracta?

Ninguna autopsia puede ser grabada. Ni siquiera la de un caso tan emblemático como lo fue el de Oscar Pérez. Nada de grabación. Lo único que puede hacerse es fijar con fotos antes de cualquier autopsia. Y es algo normal. Lo hacen en cualquier parte del mundo. En cuanto al Fiscal General, fíjese que ni siquiera ha opinado sobre mí. No ha refutado mi versión de los hechos. Tanto es así que a pesar de que el Ministerio Público sustenta su tesis del suicidio y hace ver que el Dr Arnoldo Pérez practicó la autopsia. En su aparición pública de fecha 10 de octubre de 2018 no pudo ocultar la presencia de la Dra Yaunacelis Cruz, diciendo que ella estuvo presente. Y esta médico si fue quien la practicó, pero siguiendo las instrucciones del ministro Reverol decidió cambiar la versión real del examen y demás observaciones hechas al cadáver, para dejar en su contenido otra cosa distinta a lo que observó en esa autopsia, procediendo a dictarle la versión simulada al doctor Pérez.

Libros

Tradicionalmente, los libros sobre el tema de las drogas enfocan su atención en los actos de los carteles o grupos de traficantes y sus líderes, los antihéroes de la historia. También hay un número importante de obras que refiere la historia de las drogas prohibidas y el impacto geopolítico que han tenido los conflictos asociados al control de sus respectivos comercios, desde las guerras del opio en China hasta la guerra general contra las drogas decretada en mal momento por el entonces presidente estadounidense Richard Nixon. Hacía falta, sin embargo, la perspectiva de un periodista especializado en economía. El producto ha sido Narconomics. Cómo administrar un cártel de drogas (Barcelona, 2016).  Un título retador para una obra brillante, en la que Tom Wainwright aplica los principios básicos de la ciencia económica para encontrar algún tipo de racionalidad en las acciones emprendidas por los distintos estados para reprimir una industria que genera, según cálculos de Naciones Unidas, más de trescientos millardos de dólares en ganancias todos los años. La obra surge en un momento en que las tendencias liberalizantes han logrado la legalización o, en todo caso, la despenalización del consumo de la marihuana en Uruguay y en varios estados de la unión americana. Tales experiencias apenas están siendo documentadas. Por ende, sus efectos aún no son conocidos a cabalidad. Sin embargo, las páginas de Wainwright pueden ser tomadas como punto de partida en un debate que aún está por darse.

domingo, 4 de noviembre de 2018

Un lastre muy pesado

-De la noche a la mañana, la yunta Harrington-González López se convirtió en una carga imposible de llevar para el régimen, acosado por sus aliados internacionales a partir de la muerte del concejal Fernando Albán

@javiermayorca

En la policía política, las principales razones para quitar y poner a sus directores son políticas. Que nadie se engañe: este despacho, adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República, no es un bastión para la defensa de los valores democráticos. Su propia reglamentación interna lo define como una herramienta para la preservación y la consolidación del proceso político, antes liderado por Hugo Chávez, hoy por Nicolás Maduro.
Desde febrero de 2014, el mayor general del Ejército Gustavo González López asumió esta tarea con denuedo. Heredó la estructura para la represión diseñada por Miguel Rodríguez Torres, y la elevó hasta niveles antes nunca vistos. Claro está: en el camino él sabía que no todos en sus filas actuarían guiados por una convicción revolucionaria. Sabía que era necesario hacerse de la vista gorda ante esos deslices de los “muchachos” del comisario Calderón en Investigaciones Estratégicas, o los de Contra, que se redondeaban con uno que otro secuestro en el Country, o mediante la extorsión a los presos de conciencia y a esos que conocían como “población”. Había para todos: 400 mil bolívares de los de 2017 por dejar pasar un celular, o los millones que el Turco Walid pagaba para llevar una vida más o menos digna en El Helicoide. Todos allá adentro lo sabían.
Pero esto era lo de menos, a los ojos del Gobierno. Realmente, hace dos meses, hubiese sido imposible predecir la salida del Sabueso. Las quejas de volumen creciente en foros internacionales por el trato inhumano a los detenidos, que incluían sistemáticas golpizas y torturas como la famosa “crucifixión”, aún no pasaban de ser un secreto a voces en el país. La muerte de Rodolfo González, “suicidado” en marzo de 2015 en una de las mazmorras, no solo fue convenientemente encubierta. Además, según testimonios de ex presos, fue utilizada como medio de amedrentamiento. El cadáver del Aviador fue sacado de la celda y abandonado durante horas en un pasillo, a la vista de todos.
En septiembre, González López parecía atornillado en su cargo, eficaz como ninguno para impartir terror desde la maquinaria del Estado y desmantelar todo atisbo de oposición.
Hasta que ocurrió la muerte del concejal Fernando Albán.
El 8 de octubre representó un auténtico punto de quiebre, por lo menos en el Sebin.
Los efectos de este suceso comenzaron a verse donde menos lo pensaban: en España. El cogobierno Psoe-Podemos, que llegó al poder tras la destitución parlamentaria de Mariano Rajoy, iba en un lento viraje para alinearse con el madurato. Ya habían dado prueba de ello, al oponerse públicamente a nuevas sanciones para el régimen, a través de la Unión Europea.
Pero allá aún existe un balance de poderes. Y la muerte del edil, calificada sin ambages como un “asesinato” a manos de la policía política, durante debates parlamentarios a los que acudía Sánchez, puso un frenazo al maridaje.
La secuencia de hechos no da pie a dudas. España –en la actualidad, firme creyente de una salida negociada a la crisis venezolana- aprovechó la conmoción ocasionada por el caso Albán para lograr de una vez por todas la liberación y el destierro de Lorent Gómez Saleh. Este caso era una especie de punto de honor para el régimen. Durante las negociaciones que posibilitaron la libertad de varios de sus compañeros de celda, el Gobierno había reiterado que este activista no saldría. Pero ocurrió la “caída de altura” de Albán, y las cosas dieron un giro radical. Cuando el gobierno de Pedro Sánchez envió en misión oficial al secretario de cooperación para Latinoamérica y el Caribe, Juan Pablo de Laiglesia, en Caracas ya habían tomado la decisión de dar un salvoconducto a Gómez Saleh.
Al ex preso político no le impusieron voto de silencio en su nuevo destino. Apenas se bajó del jet en Barajas hizo todo lo posible para dejar al descubierto ante la comunidad internacional el sistema instaurado por González López y su pareja, la entonces vicefiscal Catherine Harrington.
Ante este escenario, el Gobierno optó por aplicar tácticas de “reducción del daño”. De repente, la dupla Harrington-González López dejó de ser la estrella de la represión y se convirtió en un lastre demasiado pesado. Primero, destituyeron a la abogada mediante un decreto constituyente, el 19 de octubre. Una semana después, el mayor general también fue cesanteado. En ninguno de estos casos hubo declaración oficial. La fracción madurista sabe que ambos cuentan todavía con poderosos aliados, de los que gustan jugar la “carta dura”.
A estas alturas, es probable que González López se sienta traicionado. Es por eso que, según fuentes de la policía política, se negó a hacer entrega formal a su sucesor, el general de división (Ejército) Manuel Cristopher Figuera. Hubo un acto administrativo, durante el cual él entregó la dirección, y luego llegó su reemplazo, mano derecha del general Hernández Dala en Contrainteligencia Militar, quien ahora tiene en su alforja todo el aparato de espionaje, y quizá pase a ser el militar más poderoso del país.
PS: luego de la divulgación de este artículo en Tal Cual y Runrun.es, el jueves 1 de noviembre, algunos lectores han preguntado por el supuesto incidente entre la caravana presidencial y un grupo de la policía política, la noche del viernes 26 de octubre. Algunos atribuyen la remoción de González López a ese hecho. Diversas fuentes indican que hubo una especie de encuentro hostil entre escoltas del Presidente y del Sebin en la autopista Francisco Fajardo, cerca de La Planicie. Sin embargo, no es ni siquera factible que tuviese la relevancia que se le ha atribuido. En todo caso, para ese momento la destitución del director del Sebin ya estaba decidida. Esa no sería la causa sino una de las consecuencias. Las otras estarán por verse.

Breves

-Un sombrío panorama en materia de seguridad ciudadana le espera a Venezuela en los meses por venir. Por una parte, el municipio Libertador ya rebasó al estado Vargas como el lugar con la tasa más elevada de delitos en general. En la actualidad, la diferencia entre ambas localidades es de unos 20 puntos. Y eso que Vargas estuvo en la delantera hasta julio. Esto es consecuencia del acelerado impacto que está teniendo en Distrito Capital una ola de delitos contra la propiedad. Aunque lo nieguen los voceros gubernamentales y hagan todo lo posible por mantener artificialmente bajas las estadísticas, en las calles de la capital se siente: hay más delincuentes y actúan con mayor frecuencia. En los estados fronterizos con Colombia, la situación se torna aún más compleja. La combinación drogas/grupos irregulares está originando brotes de violencia armada. Y vendrán más. Este año, Naciones Unidas calcula que en el país vecino hay 209 mil hectáreas cultivadas con coca, un récord para el siglo XXI que va aparejado con un mejoramiento en la productividad por hectárea. Ahora, la coca ha sido potenciada genéticamente. Una de las zonas con mayor densidad en cuanto a siembras de este arbusto está en el eje Tibú-Rio de Oro. Allí se concentra el 9% del total de plantíos. Algunos están en Zulia, otros en Táchira. La salida “natural” de esta producción no es por el Pacífico sino por Venezuela. Por ahora, el control de este trayecto se lo disputan el ELN y los llamados “pelusos” o miembros del Ejército Popular de Liberación, donde han recalado ex integrantes de las FARC. Pero esta violencia no es del todo “importada”. Allí también participan venezolanos, que han servido de anfitriones a guerrilleros y bandoleros.

Fiesta en la Cota 905
-A partir del lunes 29 se hicieron virales en las redes de mensajería los videos de una celebración, presuntamente llevada a cabo el fin de semana anterior en la platabanda de una vivienda de la Cota 905, en la que participaron varios de los individuos que figuran en la lista de “los más buscados” por el Gobierno. Primero entre ellos está Carlos Luis Revette, alias Coqui, descrito por Relaciones Interiores como el líder de una banda de secuestradores que opera en la Cota 905, específicamente en el sector conocido como La Chivera. Pero esta fría descripción no hace honor a la importancia que esta figura ha tenido en la historia de la criminalidad venezolana. Cuando se iniciaron formalmente las operaciones conocidas como Liberación del Pueblo (OLP), en julio de 2015, el lugar escogido para la gran redada fue precisamente el predio de Coqui. En esa oportunidad, los cuerpos policiales mataron a 16 personas. Pero Revette salió bien librado, al igual que sucedió durante otras tres operaciones llevadas a cabo posteriormente en el mismo sector. El hombre de 39 años de edad parece disponer de información privilegiada. Desde entonces han pasado más de tres años, y Coqui sigue allí, celebrando. Solo que ahora, desde luego, tiene menos competencia. Las policías le han hecho el favor.

-La inminencia de un ataque a la representante de Vente Venezuela, Maria Corina Machado, había sido advertida a su equipo político y de seguridad por varias vías. Pero no se sabía con precisión dónde ocurriría ni cuáles serían los medios aplicados. Por una parte, se manejaba la posibilidad de una agresión física, tal y como sucedió en Upata durante un recorrido el 24 de octubre. Efectivamente, luego se supo que los organizadores de la agresión formaban parte del gobierno local. “Si la hubiésemos considerado como un rival, la hubiésemos linchado y nos quitamos de encima esa escoria”, fue el comentario de un director de la alcaldía, días después. En otras palabras, el propósito era hacer precisamente lo que se hizo, y nada más. Es la violencia como medio de hacer política. La otra posibilidad fue conocida durante una reunión de líderes opositores exiliados, celebrada en Puerto Rico. Allí se enteraron de la existencia de un grupo de supuestos terroristas de origen cubano, conocidos como Avispas Negras (cuya presencia fue reconocida por el jefe del Ceofanb durante la movilización militar reportada a finales de octubre en Táchira) que inocularían una sustancia tóxica a la ex directora de Súmate. El expresidente colombiano Andrés Pastrana también recibió ese dato, y de inmediato lo puso en redes, como medio de advertencia.


Tres preguntas a Javier Tarazona (Fundación Redes)

1) Ud ha denunciado el avance del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Táchira. ¿Cúales frentes de este grupo actúan en el estado, y quiénes los lideran?

Respuesta: En el Táchira y en otros estados del País. FundaRedes ha documentado las operaciones de este y otros grupos irregulares colombianos en Venezuela, y en particular en Táchira el frente Gustavo Villamizar tiene control sobre varias zonas. Hay municipios novedosos para el ELN, como García de Hevia, el Panamericano, Ayacucho y Lobatera, ahora los controlan ellos con ese frente y algunas compañías. Hay varios comandantes, pero el Gustavo Villamizar, el frente oriental de guerra…en el caso del Táchira son alias Luis Aquiles, otro María la Popa, una comandante de Rafael Urdaneta, y alias Miguel. Junto a ellos hay unos comandantes que trabajan en lo nacional, como alias Gabino, Antonio García alias Pablito, Rafael Sierra y Ramiro Vargas que son miembros del Comando Central.

2) ¿Existe algún acuerdo con factores de poder regional o nacional que permita a este grupo trabajar en la distribución de alimentos Clap en el Táchira?

Respuesta: Esto se ve. Hemos recabado testimonios de vecinos que nos dicen que la guerrilla llega con miembros del gobierno y carros del Gobierno. Pareciera que existe un acuerdo bilateral entre la guerrilla y el gobierno de Maduro para esta distribución. Es de alta frecuencia. Cada 22 días reparten la caja Clap con propaganda alusiva al grupo. Eso demuestra que hay un trabajo conjunto, mancomunado.

3)¿Hay alguna participación del ELN en los brotes de violencia armada en sectores del estado Bolívar, o se trata de otros grupos?


Respuesta: Así se ha podido constatar a través de defensores que son aliados de FundaRedes en Bolívar. En mayo hubo importante presencia en el sector minero. Lo que ha pasado allí es que el Gobierno perdió el control de las minas, a través del pramato desarrollado en Bolívar, y el régimen de Maduro encontró en la guerrilla un factor para extirpar a los pranes y ganar control conjunto con la guerrilla. Es un preacuerdo. Hay un híbrido de pramato, grupos armados no vinculados a la guerrilla y el ELN, que sigue avanzando con las emisoras de radio. Son cinco. Sobre esto hubo una actuación militar a finales de mayo. La ZODI Apure tuvo un procedimiento en Cutufí con el desmantelamiento de la 95.5 FM. Pero la emisora sigue al aire.

Libros

La historia del tráfico de drogas en Venezuela aún está por escribirse. Generalmente, la literatura (de ficción o histórica) se enfoca en las peripecias de los líderes de los grandes carteles colombianos. Últimamente, por ejemplo, ha salido gran cantidad de obras relativas a Pablo Escobar y al Chapo Guzmán. Árboles caídos. Pero poco sabemos de sus socios al otro lado del Atlántico y de los pequeños pero importantes socios que tenían en el camino. Fariña, escrita por el periodista Nacho Carretero (Madrid, 2016) pone una importante pieza a este rompecabezas. Si uno ve la serie estrenada por Netflix este año, se enterará en el último capítulo que esta obra había sido prohibida en España por una decisión tribunalicia. Aparentemente, uno de los personajes centrales de estas páginas, y por ende de la llamada “mafia gallega”, Laureano Oubiña, se quejó ante un juez por la revelación de aspectos de su vida privada. Y bueno, allá la justicia escucha con mucha diligencia a los narcos. Pero la tecnología nuevamente rompe estas barreras: Fariña puede ser adquirida a través de Kindle, a un costo inferior que el de una botella de buen vino. Y allí, nuevamente, podemos ver cómo de Venezuela salía cocaína a raudales, en virtud de esta sociedad con los reconocidos navegantes gallegos, que supieron explotar la llamada “autopista del paralelo 10”. Oubiña, por cierto, no era el representante más connotado de este grupo. Carretero nos aclara que la “ruta” hacia las costas gallegas fue trazada por José Ramón Prado, alias Sito Miñanco, en alianza con el cartel de Medellín. Ahora, en la segunda década del siglo XXI, con Prado preso, hay una nueva generación de traficantes, socios y aprendices de éste y de los demás “históricos”, que siguen llevando droga a raudales para saciar la demanda europea. Desde luego, no son los únicos…

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domingo, 21 de octubre de 2018

Reforma en silencio

-En el nuevo proceso de reacomodo de las fuerzas policiales emprendido por el Gobierno, el gran perdedor es Cicpc

@javiermayorca

El Gobierno avanza en una nueva reforma policial. Contrario a lo sucedido en la época de la Conarepol (2006), cuando se hicieron discusiones y mesas de trabajo entre expertos, con cierto grado de amplitud y apertura política, lo que estamos viendo ahora es una novela por capítulos, que lenta e inexorablemente intenta modelar el sistema de seguridad ciudadana hasta llevarlo a la medida de las necesidades del régimen.
Se debe aclarar que estamos ante un proceso en desarrollo, que podría tener giros inesperados en el camino. Sin embargo, sus tendencias más importantes son las siguientes:
1.-Centralización.
Desde la puesta en vigencia de la primera Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional (2010), el ministerio de Relaciones Interiores se autoerigió en “órgano rector” de todos los cuerpos destinados a velar por la seguridad ciudadana. Desde entonces, tanto las policías preventivas como los bomberos y Protección Civil han ido perdiendo sus características regionales y locales, para convertirse en ejecutores de los designios fijados desde Caracas.
Pero esto no es suficiente. Ya el general Néstor Reverol ha adelantado algunas pinceladas de lo que vendría en materia policial si se aprueba la Carta Magna elaborada por la Asamblea Nacional Constituyente, y cuyo primer borrador es del conocimiento público. Un aspecto importante es que los gobernadores y los alcaldes ya no podrán crear cuerpos policiales –en ejercicio de una competencia concurrente con el gobierno central-, sino que se convertirían en meros administradores de capítulos regionales y locales de la Policía Nacional.
De hecho, en la actualidad la autonomía de los mandatarios estatales y municipales en materia de seguridad está bastante cuestionada. Por ejemplo, para designar a los directores de estos organismos tienen que elevar una terna al MRI, y es entonces cuando el nombramiento podrá hacerse.
No son spetsnaz, son PNB
2.-Pérdida del carácter civil.
Aunque la Constitución vigente –y el proyecto que está en discusión- reivindican que los cuerpos de seguridad ciudadana tienen carácter civil y deben ser conducidos por civiles, en la práctica casi todos los órganos preventivos son dirigidos por militares, activos o retirados. Empezando por la Policía Nacional, descrita como el “cuerpo pionero” del nuevo modelo policial, que está bajo la égida de un general de división. Además, existe un tutelaje castrense sobre las policías uniformadas que se ha venido configurando a través de resoluciones ministeriales. Una reciente, por ejemplo, establece que los puntos de control callejeros deberán ser supervisados por militares de las correspondientes áreas de defensa integral.
Este proceso no se restringe solo a la cuestión meramente jerárquica. En la Policía Nacional poco a poco han sustraído toda la simbología que apuntaba hacia un cuerpo preventivo de proximidad con las comunidades, para acercarlos más a la Fuerza Armada. Allí están como evidencias el nuevo uniforme de camuflado gris, que reemplazó al caqui, y la participación -por primera vez- de cuadros de este cuerpo en el desfile militar del pasado 5 de julio.
3.-Pérdida de especificidad.
En el modelo vigente, las labores de prevención del delito son potestad de los cuerpos municipales y regionales, así como también de la Policía Nacional, que complementa a los primeros. La PNB también tiene asignadas potestades de investigación en delitos específicos, como por ejemplo la extorsión y el secuestro, el terrorismo y el tráfico de drogas. Sin embargo, el trabajo más relevante, según los propios legisladores, debe ser complementar los trabajos de policía ostensiva.
Un primer paso hacia el “nuevo modelo” lo vimos en una resolución de Relaciones Interiores, publicada en Gaceta Oficial el 27 de septiembre, en la que se “habilita” a siete policías municipales para llevar a cabo trabajos de investigación e instrucción de expedientes en delitos catalogados como “menores”, es decir, que tienen penas máximas de hasta ocho años de prisión. Una medida similar fue emitida para los capítulos de la Policía Nacional en Zulia, Lara, Carabobo y Anzoátegui. En otras palabras, las policías preventivas asumen funciones de la policía de investigación.
Esto implica que el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas formalmente perdió el monopolio de la pesquisa en materia penal. Uno podría suponer que esta circunstancia obligará a los directivos de Cicpc a concentrar los escasos recursos disponibles en la investigación de los delitos catalogados como “más graves”, comenzando por los homicidios. Y sin embargo vemos que se distraen importantes porcentajes de horas-hombre cuando se destina a funcionarios de las divisiones contra Robos y Bandas para recorridos en circuitos de patrullaje inteligente, o cuando los ponen a vigilar jornadas de ventas de alimentos. Entonces, la policía judicial también queda desvirtuada.
4.-Defensa de una parcialidad política.
Cuando el entonces presidente Chávez ordenó alterar la ley del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional para incorporar en su título el adjetivo “Bolivariana”, en diciembre de 2009, le daba una estocada a uno de los objetivos planteados inicialmente con la reforma policial, que era la preservación de un espíritu de imparcialidad política, independientemente de la militancia que pudieran profesar sus individualidades. Al catalogar a la Policía Nacional como Bolivariana, el principal cuerpo armado civil del país (con unos 26.000 hombres en la actualidad) se alineaba con una ideología. Por ende, marginaba a todos los que no comulgaran con ella. Esto lo observó en su momento uno de los principales exponentes de la Comisión para la Reforma Policial, el criminólogo Luis Gerardo Gabaldón. Desde luego, no le hicieron caso.
En el preesente, todas las policías bajo mando centralizado (incluida Cicpc) dicen ser “revolucionarias” e incorporan en sus documentos viejos y nuevos eslóganes, tales como “El sol nace en el Esequibo” o “Chávez vive...”, que por cierto no guardan ninguna relación con el objetivo fundamental de un sistema policial en régimen democrático.
Y aquí va la última y quizá más preocupante tendencia.
5.-Giro autoritario.
Las policías, y en especial la Policía Nacional con su Fuerza de Acciones Especiales, se han constituido en el principal factor de violencia en Venezuela, junto a las bandas organizadas. Para 2017, las acciones de los funcionarios policiales y militares (en actos policiales) representaron el 27% de todos los homicidios. Al momento de la redacción de este trabajo, esa cifra había subido a 31%. Esto dice mucho de la incapacidad de abordar los problemas de criminalidad mediante medios no letales. Y visto en términos más amplios, sobre la forma imperante para resolver los conflictos, que es mediante la eliminación física del contrario, del que sea considerado delincuente.
Las tácticas de “mano dura” reciben elogios, abiertos y solapados, desde muchos sectores de la población, incluidos algunos que no están con el Gobierno, pero que coinciden con los oficialistas en ese sentimiento de impotencia ante tanta ilegalidad. Desde ese punto de vista, la eliminación física del delincuente viene a ser la salida más expedita. Por eso las OLP han continuado, aunque despojadas de ese nombre.
La última encuesta mundial Gallup sobre ley y orden revela que los venezolanos tienen uno de los niveles más elevados de desconfianza en sus cuerpos policiales. Estas medidas que están adoptándose solo contribuirán a incrementarlos, y obligarán al ciudadano a trajinar caminos no institucionales en la búsqueda de justicia.

Breves

-¿Están dadas las condiciones para la exhumación del cadáver del concejal Fernando Albán? La teoría enseñada en las escuelas de policía venezolanas hasta la primera década de este siglo indicaba que, en casos de investigación penal, este procedimiento podía ser autorizado por un juez, a petición del Ministerio Público, ante la existencia de dudas debidamente documentadas sobre la verdadera causa de muerte de uno o varios individuos, cuando se presume que el procedimiento de autopsia pudo estar viciado, o cuando el cadáver fue inhumado sin efectuarle la autopsia de ley. Curiosamente, la última versión del Código Orgánico Procesal Penal solo contempla esta última razón (entierro sin autopsia) en su artículo 203. Sin embargo, en un artículo divulgado por la propia Fiscalía, el doctor Boris Bossio Barceló –una autoridad en la materia, que llegó a ser director de Asesoría Técnica e Investigaciones del Ministerio Público- establece que este procedimiento puede ser autorizado “cuando la evaluación del inhumado pueda suministrar valiosos aportes en la investigación judicial, y de ella se puedan obtener valiosos indicios de interés criminalístico y médico legales que coadyuven la investigación”. Más adelante, el experto resume que la exhumación se puede practicar cuando la autopsia no aportó “resultados convincentes”. Entonces, desde un punto de vista estrictamente técnico legal, en el caso del edil hay sobradas razones para llevar a cabo una exhumación. Las dudas sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrió este deceso están más que fundadas. Por ejemplo, en el acta de defunción filtrada a la opinión pública, están vacías las casillas referidas a la fecha y hora del fallecimiento. El fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, tampoco dio mayor precisión al respecto, al señalar que esto sucedió “a la hora del almuerzo”, como si en el Sebin aplicaran la usanza de los bomberos, que van al comedor cuando suena la sirena. Luego, el mismo documento indica que la muerte fue producto de una “caída de altura”, que ocasionó lesiones de distinto orden en el cuerpo de la víctima. En este caso, las dudas surgen ante la evidencia clara y documentada en informes previos sobre malos tratos y torturas en las instalaciones de la policía política. Sin embargo, al margen de estas razones netamente técnicas y legales, es claro que el entorno institucional no es favorable para llevar a cabo, y ni siquiera solicitar, la exhumación en un caso tan polémico como este. No hay contrapesos ni balances de poderes que pudiesen servir como aliados en la búsqueda de la verdad. De manera que, en el caso del concejal, solo toca cuidar que los restos no sean alterados mientras permanecen en su sepultura.

-La detención de tres de los oficiales implicados en el llamado Golpe Azul, cuando ni siquiera tenían 24 horas de haber sido liberados por una orden tribunalicia, es un hecho sin precedentes que amerita análisis. Los tres militares de la Aviación fueron buscados en sus propias viviendas por elementos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y de la dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim), lo que luce altamente contradictorio e introduce dudas sobre el acatamiento del principio según el cual nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito. Esta sería una evidencia más sobre la fractura existente en el sector militar. Los tribunales castrenses, dominados por el ministro de la Defensa, emitieron las correspondientes órdenes de excarcelación, y el aparato de inteligencia, comandado por generales afectos al presidente de la Constituyente Diosdado Cabello, vuelven a jugarse la carta radical, y envían así mensajes a los sectores del oficialismo que intentan algún tipo de entendimiento.

-La criminalidad no solo se ha extendido por tierra firme en los estados orientales del país. También azota a los navegantes. Dos recientes reportajes de la prensa extranjera han puesto el foco en el auge de la piratería en las costas frente a Delta Amacuro y Sucre. Pero el problema ha continuado avanzando hacia el oeste, afectando incluso a la industria petrolera. En la madrugada del lunes 15 de octubre, un grupo armado que se desplazaba en una lancha abordó el buque de bandera china Shi Zi Shan, mientras permanecía fondeado en los muelles de Jose. Luego de someter a la tripulación, los antisociales se llevaron el dinero y los teléfonos celulares. Al parecer, los piratas iban uniformados como funcionarios y dijeron al capital del buque que harían “una inspección”. Luego de este incidente, fuentes ligadas a la industria comentaron que el modus operandi ha sido aplicado este año en otras oportunidades.

Libros

Los primeros trabajos de la economista y periodista italiana Loretta Napoleoni abordaban un tema intrincado, pero de creciente interés durante los últimos años, como es el manejo que se le da a los recursos originados por grupos criminales y las redes terroristas. Pero en esta obra, Traficantes de personas (Paidós, 2016), la investigadora profundiza en la utilización del secuestro y la trata de personas como medio para el financiamiento de los grupos que han participado en el conflicto armado en el centro y el norte de África. Primero, Al Qaeda para el Magreb Islámico, y luego su más connotado sucesor, Estado Islámico o Isis. De repente, cuando uno recorre estas páginas, encuentra referencias claras a la realidad venezolana. ¿Cómo conectan los terroristas que matan y secuestran en las latitudes africanas, en Irak y Siria, con un país en el norte de Suramérica? Muy simple: a través del gran negocio que es el tráfico de drogas. La búsqueda de nuevas rutas para llevar la cocaína fabricada en los países andinos hacia el mercado europeo produjo de manera casi natural una alianza entre las organizaciones criminales colombianas y venezolanas con los terroristas del Magreb Islámico, que serían capaces de asegurar el traslado de los alijos hasta Turquía, Italia y España, dejando en cada paso recursos para enriquecer las cuentas de los jefes de estos clanes, e igualmente para la compra de armas con las que continuarían la guerra. Según Napoleoni, estas alianzas no se limitan al mero negocio de los estupefacientes. Pero, probablemente debido a que se trata de procesos relativamente recientes, no avanza en cómo sería ese reflujo hacia Suramérica. Traficantes de personas es un libro inquietante, aún para los lectores de este lado del mundo.

domingo, 7 de octubre de 2018

Violencia en oriente


-Hay una evidente intención desde sectores oficiales por ocultar la grave situación de violencia criminal en los estados orientales del país. Los casos de Caripito (Monagas) y San Juan de las Galdonas (Sucre) son llamados de atención sobre lo que allí sucede todos los días

@javiermayorca

El 9 de septiembre, un grupo de funcionarios ligados al alcalde del municipio Bolívar de Monagas, Nelson López, la emprendió a golpes contra dos hermanos que se trasladaban en moto, Hugo y Oswil Centeno.
Era el día de la Virgen del Valle, y en Caripito (donde ocurrió este incidente) había celebraciones. En ese contexto, Hugo Centeno tuvo un altercado con uno de los funcionarios cercanos al burgomaestre. Esta rencilla quedó latente, y los sujetos esperaron a que los hermanos circularan solos por las calles del pueblo.
En Caripito exigieron justicia
Este segundo enfrentamiento también ocurrió en la vía pública. La gente salió de sus casas para exigir que dejaran en paz a los hermanos. Pero los funcionarios los trasladaron en una camioneta hasta otro lugar, donde continuaron golpeándolos. Hugo Centeno no resistió.
En los días siguientes, la población indignada tomó las calles para exigir justicia. Los perpetradores intentaron simular un linchamiento a dos supuestos ladrones de celulares. Desde 2017, Monagas lleva la delantera en todo el país en lo referido a esta forma de “justicia popular”. Pero en este caso, hubo tantos testigos que la coartada no sirvió. Hubo que esperar dieciocho días para que ocurriesen las primeras detenciones. Fueron privados de libertad el director de Servicios Generales de la alcaldía Jean Kart Acosta; Jesús Amarista, director del Mercado Municipal y Patricia Wilson. Dos días después, fue aplicada la misma medida contra el alcalde Nelson López.
En el oficialismo local exigían “lealtad” hacia los funcionarios señalados de participar directamente en el homicidio y las lesiones gravísimas, respectivamente, a Hugo y Oswil Centeno.
¿Un alcalde y sus funcionarios ejecutando un homicidio y su posterior encubrimiento con la fachada de un linchamiento? Este caso era suficientemente grave como para que las autoridades en Caracas se pronunciaran. Pero en el imaginario del Fiscal General esto no pasó.
En el lapso en que se desarrollaban estas detenciones, y a unos ochenta kilómetros al noreste de Caripito, se desataba una batalla campal entre dos bandas que pugnaban por el control de un punto estratégico para la piratería marítima y para la salida de drogas hacia el Caribe oriental: San Juan de las Galdonas.
Según fuentes del Ministerio de Relaciones Interiores, por este conflicto entre bandas hubo un saldo final de cuatro muertos: tres de forma inmediata y uno reportado horas después. No hubo fallecidos por enfrentamientos con policías o militares, tradicionalmente conocidos como “resistencia a la autoridad”. Este dato es consistente con lo relatado por residentes de esa población, quienes afirmaron que la Guardia Nacional y el Sebin llegaron al lugar el miércoles 29 de septiembre, cuando los delincuentes ya no estaban allí. Los agentes registraron algunos inmuebles, y abandonaron el lugar.
El viernes, la banda de San Juan de Unare volvió para destruir lo que quedaba de las viviendas de los líderes del grupo rival, ante la vista aterrada del resto de la población. Luego, una compañía del Ejército tomó las calles.
En Caracas, sin embargo, el director de la policía judicial Douglas Rico aseguraba que lo de San Juan de las Galdonas fue más bien un escándalo formado a través de las redes sociales. El funcionario aprovechaba la evidente exageración de las informaciones iniciales (reproducidas por tuiteros desde el exterior) que señalaban un saldo de treinta fallecidos.
San Juan de las Galdonas: a dos horas en lancha de Trinidad
Estos dos casos, poco reportados en la capital del país, evidencian que el Gobierno perdió el control de la seguridad en el oriente del país. Un control que desde 2017 intentó ejercer exclusivamente a través de las tácticas de “mano dura”, a falta de instituciones que puedan impartir justicia y garantizar la paz. En el municipio Sotillo del estado Anzoátegui, por ejemplo, han reportado 45 muertes a manos de policías este año, y 34 homicidios perpetrados por civiles. En otras palabras, en Puerto la Cruz y sus alrededores la “autoridad” mata más que las personas ajenas a estas instituciones. De hecho, las cifras generales indican que en todo Anzoátegui ya fue rebasado el registro de muertes en supuestos enfrentamientos que hubo para 2017.
Y aun así, la criminalidad en ese estado se mantiene en niveles similares a los del año pasado, con tendencia al alza.
En el estado Sucre, la matanza en San Juan de las Galdonas sumada a otras ocho muertes en apenas una semana, hizo que las cifras de homicidios para 2018 ya sean superiores a las de 2017, cuando faltan tres meses para finalizar el año. Otro tanto pasa en Nueva Esparta y en Monagas, donde las curvas de homicidios de 2018 y 2017 ya se cruzaron.
Es posible que a partir de ahora los jefes policiales comiencen a reportar nuevos casos de “efectividad” en la lucha contra el crimen, mediante la eliminación física de las bandas que operan en la península de Paria y en resto del oriente del país. Mientras tanto, lo ocurrido en el norte de Paria ha tenido un efecto expansivo. Los integrantes de las bandas y sus familiares se han dispersado. Algunos han aparecido en Carúpano.
Pero San Juan de las Galdonas, ubicada apenas a dos horas en lancha con respecto a Trinidad, resulta una plaza muy codiciada para el transporte de drogas. Poco a poco, el pueblo se vacía de ciudadanos, a pesar de las promesas de los militares de regalarles pescado y cajas Clap de Rio Caribe. Están seguros de que, cuando se vaya el Ejército –lo que sucederá tarde o temprano-, las bandas regresarán a recuperar el territorio.   

Breves

*El último detenido del que se tenga noticia en el caso de los drones que estallaron el 6 de agosto en el centro de Caracas fue un técnico de sonido del Ministerio de Comunicación e Información (Minci), Francisco Lusinchi Rondón, de 47 años de edad. Este hombre fue privado de libertad no por haber participado en este supuesto complot llamado Operación Fénix, sino por haber presumido a través de un chat de whatsapp de su proximidad con el Jefe del Estado. Al parecer, el contenido de uno de los mensajes fue delatado a la Casa Militar, y pocos días después el hombre era detenido por agentes de Contrainteligencia Militar. Ahora, debido a esa imprudencia, el nombre de este técnico figura en el expediente militar junto a los de los generales Pérez Gámez y Hernández da Costa.

*En la segunda semana de septiembre, el fiscal general designado por la Constituyente Tarek William Saab aseguró que había sido desmantelada una red de trata de personas luego de un allanamiento llevado a cabo por la Policía del estado Miranda en una quinta de Colinas del Tamanaco, justo cuando un grupo de hombres y mujeres llevaba a cabo un performance sexual, transmitido a través de internet. Las informaciones manejadas por la policía judicial indican que este grupo inicialmente operó en Mérida, pero sus integrantes tuvieron que moverse a Punto Fijo a finales de 2017 luego de un procedimiento de la Guardia Nacional en el que apresaron a doce personas en un hotel de la ciudad andina. Los miembros de esta red son usados para propaganda oficial de una supuesta lucha contra la delincuencia organizada, pero lo cierto es que al poco tiempo quedan en libertad y continúan en el negocio, que consiste básicamente en la venta de contenidos sexuales a través de páginas web como Stripchat y Chaturbate. Tienen tanta demanda que algunas han debido moverse a Cúcuta y decir que son colombianas, pues así pueden desviar la atención de los cuerpos policiales.

*El 26 de septiembre, el juzgado séptimo de control del Area Metropolitana de Caracas ordenó la inmediata excarcelación de los funcionarios de la policía de Chacao Fred Armando Mavares y Reggie Jackson Andrade, quienes eran procesados por el homicidio del ex comandante de la Milicia, mayor general del Ejército Félix Velásquez, reportado en Santa Mónica en mayo de 2016. La detención de estos agentes fue utilizada como pretexto para que el Gobierno interviniese al cuerpo de seguridad municipal. Ya en agosto de 2016 un tribunal había ordenado excarcelar a Mavares y Andrade. No había pruebas para inculparlos. Pero los alguaciles ni siquiera podían entregar el oficio correspondiente en las oficinas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), pues no les permitían el paso. Luego del motín en las celdas del Helicoide, en julio, los policías fueron trasladados a la cárcel 26 de Julio en San Juan de los Morros. Cuando se intentó transmitir (¡vía fax!) la nueva orden tribunalicia, en la cárcel decían que no había luz. Pero esto era una excusa para no dar cumplimiento al mandato. Al momento de la redacción de estas líneas, Mavares y Andrade continúan recluidos.

Libros

*Hugo Chávez, o spectro (Sao Paulo, 2018) es uno de esos libros que, en papel, difícilmente podrán ser adquiridos en el mercado venezolano, mediatizado por la censura. Sin embargo, es posible bajar su edición digital a cualquier dispositivo electrónico gracias a Amazon Kindle. En sus páginas, el periodista Leonardo Coutinho explora el lado oscuro del proyecto de expansión internacional de la llamada “revolución bolivariana”. Según el autor, el proyecto de Hugo Chávez era quebrar la influencia hegemónica estadounidense sobre los países americanos. Para ello, sostuvo el investigador, se valió de la renta petrolera así como de recursos logrados a través de actividades ilícitas como el tráfico de drogas. Coutinho obtuvo testimonios relacionados a la utilización de aeronaves militares venezolanas para el supuesto traslado de alijos de drogas desde Bolivia hasta Venezuela, lo que según él contó con la aquiescencia de los respectivos gobiernos. Otro aspecto interesante se refiere al respaldo ofrecido por el teniente coronel al proyecto nuclear iraní. En este caso, sirviendo como promotor de acercamientos entre los gobiernos de Teherán y de Buenos Aires durante la época de Cristina Kirchner. Lo que dio pie para el asesinato del fiscal Alberto Nisman, quien había documentado este proceso y preparaba una acusación contra la presidenta en ejercicio. La obra aún no ha sido traducida al castellano.

domingo, 23 de septiembre de 2018

Carne salada


-Como quiera que se lo vea, el episodio del restaurant turco resulta un auténtico desastre para la ya deteriorada imagen presidencial. Cualquiera de los escenarios que se considere para explicar esta torpeza agudiza la fragilidad del mandatario

@javiermayorca

El episodio del almuerzo de Maduro y la Primera Combatiente en el afamado restaurant turco Nusr-Et amerita análisis en profundidad. Es hora de ir más allá de las burlas insulsas y los memes que, en su mayoría, tienden a banalizar un hecho de gravedad, por su propia naturaleza y por lo que representa como forma de gobernar en la Venezuela del siglo XXI.
La delicada situación empieza mucho antes del banquete. La directora de Transparencia Venezuela Mercedes de Freitas observa con tino que ya se ha tornado usual la práctica del mandatario de montarse en un avión, solo o acompañado, a veces con comitivas multitudinarias, en viajes sin objetivos ni agenda clara, y que no cuentan con el aval de la Asamblea Nacional. Ya lo chinos saben que los compromisos asumidos al margen del Parlamento serán nulos si se produce un cambio político en el país.
Como las rutas de los vuelos también se manejan en términos de confidencialidad, uno se entera de las paradas que hace el Presidente cuando ocurren estos dislates de las redes sociales.
De repente, aparece la pareja presidencial engullendo toda una paleta de res, servida por un chef con manierismos aprendidos al detalle, en un local donde, a todas luces, ellos tenían un ala completa a su disposición. Los accesos al lugar, ubicado en Besiktas, estaban bloqueados por guardias armados con subametralladoras, con suficiente poder para disuadir cualquier escrache.
Luego de ver una y otra vez las múltiples imágenes de este ágape inolvidable nos percatamos de que falta una importante: la del Presidente metiéndose las manos en los bolsillos para pagar, como hacemos todos los ciudadanos, incluidos algunos mandatarios.
No, Maduro no canceló con el producto de su trabajo esa sentada, que incluía detalles como los habanos con denominación de origen y caja personalizada.
"Hicimos una parada en Estambul, de Beijing a Estambul, de casi 6 horas de vuelo, allí atendí una invitación para visitar el centro histórico y almorzar con algunas autoridades", dijo en una cadena al percatarse del revuelo ocasionado por el clip de Instagram.
Y claro está, ya sabemos que no era un encuentro oficial con “algunas autoridades”, pues ellos eran los únicos ocupantes de las mesas en ese sector del restaurant. ¿Se perdería Salt Bae la oportunidad de retratarse también con Erdogan o alguna figura del poder local?
Solo hubo mesa para dos
Podemos descartar entonces que esa pasada por Nusr-Et hubiese sido cancelada por el ejecutivo turco. Maduro, además, con seguridad conoce la disposición aquella del artículo 149 de la Constitución, que prohíbe expresamente recibir cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la aprobación previa de la Asamblea Nacional. Sabemos que ni el venezolano ni el turco tienen mucho respeto por las formas legales ni los controles. Pero, si el dinero hubiese salido de las arcas oficiales, al menos un saludito hubiese dado el anfitrión.
Entonces, Maduro no pagó y Erdogan tampoco lo hizo. La lógica estricta indica que debió ser algún particular, de aquí, de allá o de ambos lados.
Las relaciones entre la Venezuela de Maduro y Turquía parecen ir a contracorriente con respecto a las que prevalecen entre el país y el resto del mundo occidental. Ocurren entonces cosas inexplicables: mientras las aerolíneas internacionales salen en desbandada, Turkish Airlines abre una ruta Caracas-Estambul, con parada en La Habana. Luego, nos enteramos de que los turcos estarán dispuestos a recibir el oro venezolano. Y después, los colegas de Armando.info revelan que los productos turcos están nutriendo las cajas Clap.
En este contexto, ¿cómo se puede catalogar esa invitación? ¿Puede un presidente en ejercicio ser objeto de estos “detalles”? Sobre esto se plantean algunas discusiones entre juristas, basadas en la letra del artículo 61 de la Ley contra la Corrupción, que establece penas de hasta cuatro años de prisión y multas para el funcionario público “que por algún acto de sus funciones reciba para él mismo o para otro retribuciones u otra utilidad que no se le deban o cuya promesa acepta”.
No es la primera vez que el entorno presidencial es tocado por generosidades. Recordemos que la defensa de los sobrinos detenidos en Nueva York no fue pagada por el Estado venezolano sino por un acaudalado contratista de Pdvsa y propietario de medios de comunicación.
Entonces, frente a aquel precedente poco esculcado esta comida de mediodía palidece en términos estrictamente financieros. Pero anuncia con claridad una línea de acción en la que los intereses públicos y privados tienden a mezclarse, hasta que llega un momento en que no pueden ser desentrañados.

Breves

*Los constantes apagones están mermando la operatividad de los cuerpos policiales. En Zulia, Vargas y Apure, por ejemplo, funcionarios han reportado la caída de los sistemas de radiocomunicación y se han visto imposibilitados de transmitir las novedades de forma oportuna debido a las fallas en la telefonía celular e internet. El último en quejarse fue el director de la policía judicial, Douglas Rico, quien advirtió que no aceptará la excusa de la falta de electricidad para postergar las actualizaciones diarias a los Sistema de Información Policial (Siipol) e I24/7 de Interpol, que contienen bases de datos sobre personas, vehículos, armas y otros objetos involucrados en investigaciones penales, así como de los individuos solicitados internacionalmente.

La llegada a La Guaira
*Arca de Paz se llama el barco-hospital militar enviado por la República Popular China, que deberá atracar el 22 de septiembre en el puerto marítimo de La Guaira. El martes se llevó a cabo en el auditorio de Bolipuertos Vargas la última reunión de coordinación de las autoridades venezolanas que se mantendrán en contacto con sus pares asiáticos. Aunque el Gobierno no lo ha dicho con claridad, lo que se maneja en medios militares es que esa embarcación fue enviada para llevar a cabo “atención primaria e intervenciones quirúrgicas” a la comunidad china en Venezuela, e igualmente a la población del estado Vargas. Esta es una forma sutil de reconocer la terrible crisis que atraviesa el sector salud en el país. Mientras tanto, desde Estados Unidos indican que la llegada del USNS Comfort a puertos colombianos –para atender al éxodo venezolano- se ha retardado en virtud de los huracanes que actualmente cruzan el Caribe, y que incluso podrían hacer necesario el uso de este hospital flotante en costas estadounidenses.

*El director de la policía judicial, comisario Douglas Rico, prohibió los traslados de detenidos al internado judicial de Tocorón, en el estado Aragua. La inusual medida fue notificada mediante una circular interna el 21 de septiembre, apenas al conocerse una situación que ha permitido la evasión de más de 250 individuos que permanecían bajo custodia en dependencias de la policía del estado Aragua, a partir del mes de marzo. Básicamente, se detectó que desde entonces los jefes policiales aragueños simulaban traslados al referido internado judicial con la finalidad de “descongestionar” los calabozos de la policía estatal. Pero los detenidos no llegaban a Tocorón, o si llegaban no eran incorporados formalmente a la población penal. La averiguación se inició formalmente el 22 de septiembre, con la detención del comisionado Eulises Manuel Farías, actual director de la Policía de Carabobo, y Gabriel Enrique Cubides, supervisor jefe adscrito a la Brigada Especial de la Policía de Aragua. Sin embargo, es poco probable que estos falsos traslados se lograsen sin la complicidad de personal del ministerio para Servicio Penitenciario. Como se sabe, los detenidos no pueden ser sacados de los calabozos de las policías preventivas o de investigación sin que antes el referido despacho notifique sobre la asignación del llamado “cupo” en alguna instalación bajo su administración. Ese documento tiene que ser incorporado al expediente de cada uno de los privados de libertad, y en este caso constituye una importante evidencia para comprobar el delito de facilitación de evasión.

*Otros con problemas para controlar la creciente población reclusa son los militares de la Guardia Nacional. En otras entregas se ha referido que el número de detenidos bajo custodia de este componente ha obligado en el interior del país a habilitar espacios que anteriormente eran destinados a la recreación de los profesionales de armas y sus familiares, como son los llamados casinos, los gimnasios y, en ocasiones, las capillas. En unidades de la Guardia Nacional permanecen detenidos hombres y mujeres, mayores y menores de edad, nacionales y extranjeros. Son tantos que ya se perdió la cuenta. Así que desde la Comandancia General se ordenó hacer un nuevo censo de detenidos en todas las unidades. La data correspondiente ya está siendo procesada en Caracas.

*El abandono de las tareas de vigilancia en las instalaciones del Metro de Caracas es evidente. La ausencia de autoridades se agudiza durante las primeras horas de la jornada y luego de las 9 pm. Un lector escribió al correo crimenessincastigo@gmail.com para relatar un suceso del cual fue testigo: “La noche de este miércoles 5 de septiembre, se produjo nuevamente un robo masivo dentro de un tren Metrópolis de la Línea. Ocurrió cuando cinco antisociales abordaron en la estación Mamera. Se distribuyeron a lo largo de los dos últimos vagones del tren que tenía como destino Las Adjuntas, pasadas las 10:45 de la noche. Una vez en movimiento sentido a Ruiz Pineda los elementos que tenían entre 18 y 22 años de edad se levantaron y junto a los otros del grupo que abordaron en Mamera procedieron a cometer el robo. Uno de ellos con un arma de fuego exigía mantener en silencio a cada persona que despojaban de sus pertenencias. En Ruiz Pineda los sujetos salieron corriendo. Los usuarios asustados buscaron alguna autoridad o personal de guardia de la empresa que pudiera auxiliar, pero fue infructuoso. Muchos de ellos fueron despojados de alimentos”.

domingo, 9 de septiembre de 2018

Las bandas de la Troncal 9


-El Gobierno ha identificado plenamente a los integrantes de las principales bandas que operan en la principal vía a oriente. Y sin embargo los delincuentes continúan imponiendo su ley

La Troncal 9, también conocida como la vía a oriente, se ha convertido en un trayecto de altísima peligrosidad. Como en otras partes del país, aquí el Estado también ha reconocido en forma tácita su fracaso en una de sus principales misiones, como es la de resguardar la seguridad de los ciudadanos.
Una evidencia de esto es que, en las vías locales, que cruzan esta troncal por los alrededores de El Guapo, las propias autoridades advierten sobre los riesgos que se corren para circular durante las noches y los fines de semana, y en oportunidades han bloqueado los accesos a estas carreteras, con la advertencia de que, si usted intenta pasar, lo hará “a su propio riesgo”.
El incidente con el bus de Rodovías de Venezuela, durante la madrugada del 27 de agosto, es apenas una prueba de lo que allí sucede. El conductor del colectivo, que había partido desde Maturín rumbo a Caracas, fue conminado a detenerse cuando se aproximaba al distribuidor de Los Velásquez por un grupo armado que, según los testimonios, tenía cerca de quince integrantes.
Como el profesional del volante no obedeció, estos sujetos a lo Mad Max dispararon contra los cristales del vehículo, e impactaron mortalmente al hombre que iba en funciones de colector, Oswaldo Rafael Silva.
Este suceso fue reportado en su momento por la prensa independiente. Pero no se puede decir que se trate de un caso aislado. Por el contrario, ha llamado la atención sobre una situación de profunda inseguridad que ha llevado a empresas con intereses en oriente del país a prohibir la circulación de sus empleados y gerentes por esa vía.
Cabe destacar, por ejemplo, que desde el mes de agosto hasta el momento de redactar estas líneas han sido reportados tres secuestros en distintos puntos del trayecto. En el primero, las víctimas eran miembros de una misma familia que iban a Puerto Ordaz en un vehículo compacto. Aparecieron con vida en Rio Chico. En el último caso conocido, la víctima es un hombre, identificado como Humberto Polanco, que viajaba en una camioneta de Puerto Ordaz a Puerto Cabello, el mismo lunes en que fue atacado el autobús. No se sabe de su paradero. En todos los casos, de acuerdo con las informaciones conocidas por testimonios, el factor común es que los plagiarios utilizan la carretera a oriente como escenario para llevar a cabo las capturas.
Las cifras manejadas por el propio Gobierno, y que fueron conocidas de manera extraoficial, indican que entre enero y agosto fueron reportados cartorce secuestros entre los municipios Acevedo y Andrés Bello, que abarcan el trecho entre Caucagua y Cumbo. Otros nueve casos han sido denunciados en el municipio Páez, muchos de ellos, como se refirió, con múltiples víctimas en cada ocasión.
Entre los tres municipios suman 23 casos de secuestro. Para el año pasado a esta fecha eran 24, tomando en cuenta la misma fuente. Esto quiere decir que, a pesar de la propaganda, en realidad la situación se ha mantenido casi inalterada.
En Andrés Bello, además, también se reporta un incremento superior a 6% en cuanto a los robos genéricos. El objetivo de los delincuentes ha sido casi siempre las viviendas de uso por temporadas y todo lo que encuentren adentro.
La Troncal 9, intransitable de noche y madrugada
La Policía de Miranda ha intentado un trabajo de investigación para identificar a los principales actores de esta ola delictiva. De manera extraoficial, se filtraron los organigramas de tres estructuras criminales que operan, precisamente, en los municipios con mayor inseguridad.
Estas bandas, aparentemente, no tienen nombres propios. Los agentes las han bautizado por los lugares de origen. La más numerosa sería la que opera en el eje El Delirio-Cumbo-Las Delicias. Ya en 2017 los pobladores de esos caseríos advertían que no se podía transitar por la vía local sin el permiso de esta organización, gestada por Víctor Manuel Correa, alias Chocho. El grupo ha logrado reponerse de la reciente muerte de tres de sus lugartenientes a manos de la FAES, y continúa imponiendo su yugo.
Otra agrupación es la que domina en El Café, un poblado del municipio Acevedo donde se llevó a cabo la operación Orión a inicios de 2017, recordada por los desmanes cometidos por el Ejército. A pesar de lo sucedido entonces, esa banda continúa en acción, y según reportes se mueve también por Araguita, otro sector del mismo municipio barloventeño.
El líder inicial de la banda, Héctor Jesús Sojo, alias Mapengue, fue eliminado en un enfrentamiento con policías. Otros cuatro integrantes estarían tras las rejas. Pero el grupo continúa en operaciones.
Otra agrupación se formó en el sector Casañas, ubicado en la vía que une a Río Chico con El Guapo. El núcleo central tiene nueve hombres y su jefe es conocido como Palmira. Ocasionalmente, estos sujetos han tenido enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional. Pero los funcionarios no tienen permanencia en la zona, al igual que el resto de las policías.
Un aspecto interesante de estas agrupaciones es que aparentemente se movilizan de un lado a otro de los municipios barloventeños, con la finalidad de aprovechar las áreas más desasistidas por los cuerpos de seguridad. Si en 2017 era el municipio Acevedo, este año son Andrés Bello y Páez.

Breves

*El incidente con los drones se ha convertido en una especie de tema tabú para el Gobierno. El mensaje es que de eso no se habla, y si se hace tiene que ser en los términos que imponen desde el Ejecutivo. La primera señal ocurrió con el desalojo de una residente de Ciudad Tiuna, Limbania Ramírez, porque supuestamente se mofó a través de un chat vecinal de lo sucedido durante el acto aniversario de la Guardia Nacional en el centro de Caracas. Luego, le tocó al humorista Benjamín Rausseo, mejor conocido como el Conde del Guácharo, a quien le suspendieron sus presentaciones aparentemente por haberse burlado del suceso, mediante una parodia en la que colocaba a Maduro bajo un manto protector de cajas Clap, mientras huía de la tarima. La información sobre el tercer afectado llega gracias a dos periodistas noruegos, que encontraron en la población brasileña de Pacaraima a un supervisor de la Policía Nacional, anteriormente destacado en Santa Elena de Uairén. Este también se burló de lo sucedido en un grupo whatsapp de compañeros de cuerpo, y al parecer alguien lo delató. Poco después, tuvo que salir del país.

*Un grupo de abogados/comisarios de la policía judicial en actividad elaboró un anteproyecto de reforma parcial a la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. En los artículos iniciales, la propuesta intenta reivindicar el carácter “científico” de la actividad de los agentes de esa institución. Igualmente, intenta que el Estado lo reconozca como el “principal” instituto de investigación a los efectos de la determinación de la existencia de delitos y la identificación de los posibles responsables. Pero el centro de esta iniciativa queda plasmado en el artículo 50, referido a las atribuciones de Cicpc. En la ley vigente desde junio de 2012 son solo cuatro, mientras que el planteamiento elaborado por los propios policías tiene nueve. Van desde el manejo de las evidencias y los antecedentes necesarios para la investigación penal hasta la elaboración de pruebas de identificación mediante comparación genética y constituir a este organismo en el “centro de referencia nacional en todos los asuntos relacionados con la criminalística”. También se propone una redefinición de las competencias del Servicio Nacional de Medicina Forense (Senamecf). Por ende, se trata de una iniciativa ambiciosa, que intenta detener el avance logrado por el Ministerio Público en materia de investigación penal y criminalística, e igualmente monopolizar otra vez el manejo de las estadísticas sobre criminalidad. Nada sencillo. Estas cosas no sucedieron de forma espontánea. En buena medida, fueron consecuencia de la pérdida de credibilidad, la corrupción y la politización de los cuadros medios y superiores de la policía judicial, antaño referencia en materia de investigación penal en toda Latinoamérica. Y muchos de estos factores aún permanecen intactos.

*El Gobierno está preparando su propia interpretación sobre la conflictividad social en el país. El 5 de septiembre, el viceministerio de Prevención y Seguridad de Relaciones Interiores ofició a todos los directores de policías municipales del país con la finalidad de que remitieran a ese despacho lo antes posible la data completa de las manifestaciones que hayan sido reportadas en cada jurisdicción a partir de 2013. Junto a esas cifras se requirió la información sobre el motivo de la acción callejera, la clasificación tomando en cuenta si era a favor o en contra del gobierno central, los reportes sobre funcionarios y civiles lesionados o muertos, número de detenciones y las denuncias que hayan sido formuladas por abusos en el control de estas manifestaciones. Ya en semanas anteriores, la Guardia Nacional y la Policía Nacional distribuyeron entre sus unidades unos formatos que serán utilizados de ahora en adelante para el monitoreo de las protestas callejeras. Se intenta de esta forma unificar criterios según la particular forma de ver las cosas que existe desde el gobierno central.

*La llamada Declaración de Quito, en la que once gobiernos americanos expresan su interés por “acoger adecuadamente a los ciudadanos venezolanos en situación de movilidad humana” tendrá un efecto inmediato sobre el mercado negro de pasaportes en Venezuela. El punto VI de la referida declaración, suscrita por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, indica que estos países tomarán “los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios”. Esto da a entender que los pasaportes de los emigrantes venezolanos serán tenidos como válidos por las autoridades migratorias de estas naciones aún si han caducado. Este es un golpe directo a las redes que en Venezuela han montado un mercado negro con la emisión de tales documentos. En un trabajo publicado en el Spectator de Gran Bretaña la primera semana de septiembre, titulado Venezuela’s great socialist experiment has brought a country to its knees (El gran experimento socialista venezolano ha puesto al país de rodillas) el periodista Jason Mitchell señala que los pasaportes son otorgados previo pago de sobornos por 1.500 dólares. Al dejar de ser indispensables para ir a otras latitudes, el valor del documento descenderá irremediablemente.


Bloopers del poder

En esta entrega, se hace una sección especial sobre las pifias públicas y notorias que hemos tenido que presenciar en la voz de importantes operadores del sistema de seguridad y justicia del país. Aquí van las primeras tres:

1)    Barrabasada in fraganti. Luego del incidente con los drones en la avenida Bolívar, el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, intentó justificar en una entrevista televisada con Vladimir Villegas el procedimiento aplicado para detener al diputado en ejercicio Juan Requesens. Dijo: “Mira (…) recuerda que en el derecho penal existe un tipo que se llama la flagrancia. Un tipo penal. Y ese tipo penal se asocia a lo realizado por el mencionado diputado”. ¿La flagrancia es un tipo penal? Según el profesor de derecho Fernando Fernández, el fiscal incurrió en un “error inexcusable”. La flagrancia, antes que un tipo penal, es una “circunstancia en la que se puede dar un delito”. La gente suele expresar esta situación cuando dice que a alguien lo detuvieron “con las manos en la masa”. Según Fernández, esa “masa” es lo que en términos técnicos se llama el “cuerpo del delito”. “Pero la flagrancia no es ningún tipo penal”, aclaró.
El "clamor" como delito
2)    ¿Preso por “clamor”? El 2 de septiembre, la prensa se hizo eco de una información publicada por el director de Cicpc, comisario general Douglas Rico, según la cual un detective agregado de ese mismo cuerpo, que trabajaba en el estado Zulia, fue apresado en Maracaibo “tras causarle lesiones a una víctima en la región cefálica”, presuntamente utilizando la cacha de su pistola. La información iba acompañada con la foto de reseña del mentado agente. En la parte inferior, donde se debe especificar el delito, los funcionarios colocaron “clamor público”. El clamor público, continúa explicando Fernández, no es un delito sino “una circunstancia muy débil para calificar un hecho”. Ocurre cuando la gente señala a una persona, a menudo a gritos, por la comisión de un acto al margen de la ley. Según el especialista en derecho penal, el clamor público no justifica una detención, pues “la posibilidad de error es muy alta”.
Es "coctelera"
3)    Patrullas con “cautelera”. En la policía judicial son evidentes las resistencias a participar en los llamados circuitos de patrullaje, como si se tratara de un cuerpo preventivo más. Desde luego, no está entre sus funciones. La investigación criminal es una tarea lo suficientemente gruesa como para añadirle también la de las policías municipales y estatales. Quizá sea por eso que el director de ese organismo, Douglas Rico, no reparó en los términos de una orden emanada en la última semana de agosto, según la cual toda unidad de ese cuerpo que salga a las calles luego de las 6 pm “debe llevar encendida la cautelera”. No es la primera vez que usan este término para reemplazar la tradicional coctelera. El manual de estándares para patrullas del Consejo General de Policía lo describe como “luz de barra o torreta rojo, azul y blanco”, que además tiene dispositivos de perifoneo. La “cautelera” de la que habla esta orden de la dirección de Cicpc es probablemente una traslación –no traducción- directa del portugués.