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domingo, 13 de enero de 2019

Las claves de la sanción a Gorrín

-La decisión del Departamento del Tesoro contra el presidente de Globovisión tiene detalles reveladores de la estrategia estadounidense contra el régimen de Maduro

@javiermayorca

La decisión de incorporar al empresario venezolano Raúl Gorrín a la llamada “lista negra” de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC, por sus siglas en inglés) reviste numerosos e interesantes detalles que conviene explicar, para lograr un mejor entendimiento de la estrategia que adopta en la actualidad el gobierno de Donald Trump hacia el régimen venezolano.
1.-Es el primer gran empresario sancionado por su complicidad con el régimen. En el preámbulo de la decisión anunciada por el Departamento del Tesoro, el martes, se invoca una Orden Ejecutiva emitida por el presidente Trump en noviembre de 2018, basada a su vez en el Acta de Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela, una ley aprobada por el Congreso estadounidense en 2014. De manera que a Gorrín no se le aplican disposiciones por asuntos de drogas o de terrorismo, sino porque a los ojos de Washington ha puesto sus activos en defensa del régimen de Nicolás Maduro.
En atención a la secuencia de hechos, se debe recordar que en mayo de 2018 otro empresario, Rafael Sarría, también fue sancionado en virtud de la Ley de Defensa de los Derechos Humanos en Venezuela. Pero en ese caso el Tesoro lo caracterizó como un “testaferro” del actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello. Es decir, un hombre que opera en las sombras con dinero que no le pertenece. A Gorrín, en cambio, se le coloca como el centro de una operación de sobornos y corrupción, que abarcó a dos tesoreros de nación, como fueron Alejandro Andrade y Claudia Díaz, así como también a testaferros e individuos ligados por nexos de afinidad y consanguinidad, a través de los cuales se manejaba un emporio de 23 empresas, entre ellas el canal Globovisión (luego de ser vendido en 2013) y Seguros La Vitalicia.
2.-Un expediente administrativo, y otro penal. A menudo, la gente confunde las decisiones del Departamento del Tesoro con investigaciones penales. Ambas cosas son independientes, pero eventualmente pueden ser complementarias. En el caso de Gorrín, un Gran Jurado aprobó un juicio por supuestos delitos sancionados en una ley estadounidense que impide sobornar a funcionarios públicos en el extranjero (Acta de Prácticas Corruptas en el Exterior). La acusación correspondiente cita supuestas operaciones de lavado de dinero a través del Banco Peravia, una entidad financiera dominicana que entró en quiebra y defraudó a cientos de clientes, algunos de ellos venezolanos. Peravia también fue usado para legitimar dinero procedente del tráfico de drogas. Pero en el caso de Gorrín era solo un instrumento más de su entramado para manejar el dinero obtenido a través de las manipulaciones en el sistema cambiario venezolano.
3.-Uso de paraísos fiscales, dentro y fuera de EEUU. De las 23 empresas cuyos activos fueron congelados por el Tesoro, tres fueron registradas en Caracas (Globovisión, Corpomedios GV y Seguros La Vitalicia), pero dos de ellas (Globovisión Tele y Corpomedios) tienen especies de corresponsales registrados en Miami (Globovisión Tele Ca Corp y Corpomedios LLC). En la ciudad de Florida también fueron inscritas otras siete corporaciones. En Nueva York fueron detectadas otras cinco empresas, generalmente destinadas al manejo de bienes inmuebles. Junto a ellas, fueron congelados los activos de otras cinco compañías inscritas en Dellaware, un pequeño estado en la costa este de Estados Unidos cuya legislación permite la incorporación de sociedades anónimas a través de agentes autorizados, no tiene regulaciones a la usura, las empresas pueden ser unipersonales y algunas tasas de impuestos son menores que las de otros estados. Por estas y otras razones se le califica como un “paraíso fiscal corporativo”.
Igualmente, en la estructura empresarial comandada por Gorrín hay por lo menos una compañía (Constello Inc) que opera en otro paraíso fiscal, el archipiélago Saint Kitts & Nevis, o San Cristóbal y Nieves, conocido por las facilidades que brinda para la instalación de bancos off shore, que ofrecen absoluta confidencialidad para el manejo de los fondos y muy bajos impuestos. Las historias de lavado de dinero que transcurren en esos parajes caribeños han sido relatadas en cientos de páginas del periodista Jeffrey Robinson.
4.-Más de 3,5 millardos de dólares en la estructura. Según el secretario del Tesoro Steven Mnuchin, las siete personas sancionadas el martes lograron beneficios de aproximadamente 2,5 millardos de dólares gracias a las influencias en el régimen de cambio diferencial, que por cierto aún impera en Venezuela. A esta cifra se debe sumar otro millardo de dólares, presumiblemente acumulado por el ex tesorero de la nación, Alejandro Andrade. Son entonces 3,5 millardos, una suma astronómica para los ojos de cualquier venezolano común. Pero este monto palidece ante la magnitud del flujo ilícito de capitales detectado en el país desde que se implantó el diferencial cambiario, en 2003. Los números varían según quién los calcule. De acuerdo con la organización Global Financial Integrity, durante los últimos quince años salieron del país mediante operaciones ilícitas de todo tipo un promedio anual de 12,3 millardos de dólares. Entonces, la tramoya en la que participaban Gorrín, Andrade y su reemplazo Claudia Díaz, así como el resto del grupo, si bien es muy importante como caso ejemplarizante no es para nada el punto final en la historia de la corrupción venezolana. El tema Petróleos de Venezuela sigue pendiente. En Estados Unidos se debaten sobre si la estatal venezolana puede ser caracterizada como una empresa criminal en sí misma, instrumento de un “estado mafioso”, o si por el contrario se trata de una entidad eventualmente utilizada en provecho de un grupo de individuos, pero que mediante una reingeniería puede volver a su cauce normal. En fin de cuentas, de allí surgieron las divisas que engrosaron las fortunas de Gorrín y compañía. Sobre el sector petrolero venezolano muy probablemente tomará Washington algunas decisiones en el futuro inmediato.

Gorrín era el centro de la estructura

Finalmente, se debe reconocer que la sanción al dueño de Globovisión fue estratégica en varios sentidos. Es muy claro que el emporio de Gorrín no era de uso exclusivo del Gobierno sino también de un sector de la oposición, que ahora quiere cubrir este caso bajo un manto de silencio.

PS: cuando esta columna era publicada por Runrun.es y Tal Cual, el jueves 10 de enero, el gobierno de Perú publicaba una lista de cien personas ligadas al régimen, y a las cuales se les congelaría los bienes que poseen en ese país, y se les prohibiría la entrada. Los últimos siete nombres son, precisamente, los de Gorrín y el resto de los sancionados por el Tesoro. El ex tesorero de la nación, Alejandro Andrade, no fue incluido.

Breves

-El 26 de diciembre, tres efectivos de la Armada adscritos a la base científico-naval Simón Bolívar, en Isla de Aves, se hicieron a la mar en un pequeño bote inflable. Poco después, los perdieron de vista, y desde entonces no se ha sabido nada más de ellos. La embarcación tipo zodiac -equipada con un motor fuera de borda- era tripulada por el sargento primero Víctor García Navarro, y los cabos segundos Gustavo Fuentes Vera y Yohander Bravo Colmenares. El primer parte conocido sobre esta situación indica que los militares salieron a hacer una “prueba de mar”, y que aproximadamente a las 4:30 pm se perdió el contacto visual entre los tripulantes y la base, que opera en una edificación tipo palafito.  Aparentemente, el motor sufrió un desperfecto y la nave quedó a la deriva. De acuerdo con el comisario jubilado de Cicpc Héctor García, tío del sargento García Navarro, la búsqueda del bote siniestrado y sus tripulantes se inició con excesivo retraso y “en sitios equivocados”. Según el parte militar, para el rastreo del bote fue asignado el buque de vigilancia Naiguatá, que estaba en La Guaira, y la isla donde está la base de la Armada se encuentra a 650 kilómetros de allí. También se hizo coordinación con el Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, que hizo algunos recorridos aéreos por su jurisdicción, pero resultaron infructuosos. Al comisario le causa suspicacia la actitud de los voceros del componente militar: “Hay un silencio hermético”. Además, las pocas informaciones que le han suministrado extraoficialmente han sido contradictoras. Con esto, podrían intentar el ocultamiento de las deficiencias de la institución, como por ejemplo que se permitió a los efectivos zarpar sin contar con equipos de supervivencia ni de comunicaciones. No se descartan otras explicaciones. Para el momento de la redacción de esta nota, eran pocas las esperanzas de encontrar a los tripulantes con vida. El caso será denunciado ante las autoridades competentes.

A la deriva por el Caribe
 -Hay un auténtico deslave en la Policía Nacional. Los informes de gestión emitidos a finales del año pasado reflejan la preocupación de los jefes de las distintas unidades por las carencias de recursos, tanto materiales como humanos. En la región de Los Andes, por ejemplo, el comandante de uno de estos despachos tuvo que admitir por escrito que las motocicletas y automóviles a menudo eran reparados con los recursos aportados por los propios funcionarios o por entidades privadas. En Caracas, la situación no es mejor. Por ejemplo, el servicio de vigilancia a las vías expresas, con más de 550 agentes en nómina, perdió en 2018 más del 20% de su pie de fuerza debido a deserciones y abandonos injustificados del puesto. Otro 40% de los efectivos no asiste a trabajar por razones diversas, como son los permisos, vacaciones y comisiones de servicio. Esta es uno de los factores por los que se percibe cada vez menos vigilancia policial en las calles de las grandes ciudades del país. Desde luego, en los cuerpos de seguridad municipales ocurre otro tanto, e igualmente en la Guardia Nacional. Según fuentes castrenses, este componente –que también es destinado a trabajos de vigilancia preventiva- perdió más del 10% de su tropa solamente en 2018.

-El martes 15 de enero se cumple el primer año de la muerte del inspector jefe de la policía judicial Oscar Pérez. El funcionario, caracterizado por acciones espectaculares como el hurto de un helicóptero de su policía en La Carlota para sobrevolar al Tribunal Supremo de Justicia y lanzar dos granadas aturdidoras, o el asalto al parque de armas de un puesto de la Guardia Nacional en Lagunetica de la Montaña, sin que hubiese un solo herido o muerto, falleció a manos de un grupo de las Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional, cuando ya había depuesto sus armas y había manifestado su intención de entregarse. Todo esto lo saben en la policía judicial, donde Pérez desarrolló su carrera profesional como instructor. Pero la procesión va por dentro. No quieren que se manifieste. En una reunión llevada a cabo a principios de esta semana, el director de Cicpc Douglas Rico prohibió a los agentes la emisión de cualquier tipo de cadenas o mensajes conmemorativos a través de whatsapp u otros sistemas de mensajería. No quiere que trascienda el descontento que aún existe en las filas de la institución a propósito de este caso. Amenazó con tomar medidas disciplinarias contra los jefes de unidades que permitan la “propaganda” a favor del funcionario caído.

Tres preguntas a… Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de la Violencia

-Ud ha advertido sobre la existencia de una “cifra negra” en los homicidios en Venezuela. Esto desafía las nociones clásicas. ¿En qué consiste eso y cuál sería la actual magnitud de tal cifra negra en el país?
-En general, la idea es que los homicidios no tienen cifra negra, porque no es necesario que sean denunciados, porque hay un cadáver y las autoridades deben actuar. Sin embargo, esto se ha visto muy discutido en el mundo, incluso en países desarrollados, con sistemas policiales y criminales completos. Se han establecido cifras negras, y las razones pueden ser varias: 1) el cadáver es ocultado, algo que ha ocurrido alrededor de las masacres; 2) mala clasificación o de intencionalidad para ocultar las causas de muerte. En Venezuela, hicimos un estudio detallado. Nos indica que al menos tenemos un 33% de cifra negra de homicidios. Digo al menos, pues el estudio, cuyos resultados presentaremos de manera detallada en los próximos meses, nos habla de una cifra mayor. Esta cifra la presentamos en nuestro informe anual de 2018. Pero para que no se pensara que intentábamos manipular, mantuvimos la misma metodología que usábamos en años anteriores, y que al final nos arroja este mínimo de cifra negra.

-¿Bajó la criminalidad en el país durante 2018, tal y como lo asegura el Gobierno?
-La criminalidad ha cambiado de forma en Venezuela, y eso ha hecho que algunos indicadores disminuyan o bajen. En nuestro informe de 2018 establecemos una reducción en la tasa de homicidios. Hay diversas explicaciones. Una es la notable emigración. Otra pudiera ser el resultado de las operaciones de exterminio del Gobierno, y hay menos homicidio porque hay menos homicidas en la calle. Otra explicación puede ser una restricción notable en el acceso a los datos. Globalmente, se pueden apreciar algunos cambios en las modalidades de delitos que pudiera ser interpretada como disminución, pero que lo que indica es el movimiento de un tipo de delito al otro. Por ejemplo, en Venezuela desaparecieron los robos a bancos. ¿Qué sentido tiene robar un banco si no hay efectivo, o si este efectivo que pudiera tomarse no tiene ningún valor? En diciembre detuvieron a un hombre que robaba en un banco, pero no era el dinero sino las computadoras. Es decir, era un robo a una oficina, no a un banco. También desaparecieron los paseos millonarios, esos secuestros para que la gente sacara dinero de los cajeros automáticos. Algo similar puede decirse sobre los robos de vehículos. Hay menos vehículos en el país, y por eso hay menos robos. Además, hay menos denuncias de estos robos, pues hay menos personas asegurando sus vehículos, y ese era uno de los principales motivos de las denuncias. Ahora prefieren negociar directamente con los delincuentes.

-¿Cuáles son en la actualidad los principales actores de la violencia en Venezuela?
-Son dos: el crimen organizado, y en segundo lugar los cuerpos policiales y militares, a través de sus acciones cuyas víctimas son calificadas como de “resistencia a la autoridad”. El crimen está actuando en distintas partes del país, buscando instaurarse. Hay un nivel de organización menor, que es el de las pequeñas bandas. Pero estos grupos se han desarticulado, y muchos de sus componentes han salido del país, han emigrado. Por esto en Venezuela uno puede ver que en muchas zonas las policías y los militares matan tanto como los delincuentes. Pero incluso hay zonas donde la letalidad de estos cuerpos es superior a la de los delincuentes.

Libros

La verdad es que un libro dedicado al ex presidente colombiano Juan Manuel Santos, de buenas a primeras, no resulta muy atractivo para un lector venezolano. El hombre que gobernó a Colombia desde agosto de 2010 y por dos períodos consecutivos, a pesar de la importante posición que desempeñó, carece del carisma de su antecesor Álvaro Uribe, o del verbo que podía tener Belisario Betancur. Además, padecía de una timidez inocultable, aderezada por una gaguera que se manifestaba precisamente cuando la presión lo acogotaba. Así que el libro Santos, paradojas de la paz y del poder (Bogotá, 2018) uno lo compra, en primer lugar, por la mano que lo escribió: Maria Jimena Duzán, la misma autora de aquella obra extraordinaria Crónicas que matan, periodista como pocas, con un culto hacia el dato duro que, en el caso de su última obra, se complementa con el acceso casi irrestricto a las esferas del poder de turno, lo que no le ha impedido mantener su independencia de criterio. El título del libro, además, puede llevar a equívocos. Más que una biografía, es un extenso reportaje sobre el proceso que desembocó en la firma del acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). En este relato los hechos giran en torno al Presidente, que se constituyó en el principal impulsor de la iniciativa pacifista. Alrededor, van apareciendo los líderes del grupo guerrillero, los militares que les hacían la guerra y que luego fueron encomendados para construir la paz, Uribe –su principal promotor y luego su némesis- y, en algunos momentos, Chávez y Maduro. Y así, entonces, estas 400 páginas se leen con extremada rapidez. En oportunidades, la autora parece haber sido un testigo oculto de las conversaciones que se desarrollaron en La Habana, con sus conflictos y entendimientos. En la medida en que el proceso transcurría, nos enteramos por ejemplo de que los primeros tres encuentros de la fase secreta y exploratoria entre las FARC y el gobierno de Santos se llevaron a cabo respectivamente en un campamento de esta guerrilla en Rio de Oro (Zulia), La Orchila y Barinas; que Santos intentó preservar hasta último momento las relaciones cordiales con Chávez y, sobre todo, con Maduro, aunque por razones netamente tácticas, y que una vez finalizado el proceso con las FARC la cúpula de la otra gran guerrilla, el ELN, se trasladó a Venezuela. Una lectura agradable y bien documentada sobre hechos de tanta relevancia que hicieron a su figura central acreedora del Premio Nóbel de la Paz. 

domingo, 30 de diciembre de 2018

2018: cuatro tendencias en seguridad para Venezuela


-En un período de hiperinflación y destrucción institucional, los cambios en el entorno de seguridad para Venezuela también afectan a los países de la subregión, en múltiples formas

@javiermayorca

Durante el año que está por finalizar, el país cambió de forma acelerada. Las alteraciones ocurrieron en todos los ámbitos de la vida, tanto pública como privada, en sentidos y con magnitudes que quizá no conocemos todavía de manera racional, pero que ya sentimos a diario como una profunda angustia.
Estos cambios también se han manifestado en el plano de la seguridad ciudadana. La descripción detallada de cada uno de los aspectos tomaría mucho tiempo. Además, se correría el riesgo de incurrir en imprecisiones, en virtud de la violencia con la que suceden una tras otra las nuevas realidades.
En esta entrega, se plantean cuatro grandes tendencias que, debido a sus características de inevitabilidad en el actual estado de cosas, probablemente veremos con mayor fuerza en los meses por venir.
1) El costo de la seguridad excedió la capacidad del Estado. En un contexto de incremento acelerado de todos los precios, un gobierno manejado en términos más o menos racionales se concentraría en sus labores básicas, y dejaría lo demás a la iniciativa privada. En Venezuela, esto no es así. En consecuencia, estamos ante un régimen que incumple con sus deberes mínimos, entre ellos el de proveer seguridad a sus ciudadanos. Antes, podía ocultar esta deficiencia con una propaganda que destacaba las adquisiciones y gastos en asuntos meramente accesorios, pero que servían para dar la impresión de que algo se hacía. Cámaras por aquí, patrullas por allá, globos aerostáticos que nunca sirvieron, tecnología chatarra… Ahora, el costo de la seguridad es trasladado como nunca a los ciudadanos y lo que resta de empresariado, lo que representa un fenómeno de doble y hasta triple tributación. En Falcón, por ejemplo, el departamento de seguridad de un hotel costeó la reparación completa de dos motos para que la Policía Nacional pueda cumplir con la ficción de los circuitos de patrullaje, pero especialmente para que acuda al hotel cuando se le llama. En Caracas y Nueva Esparta, se puede ver a los policías “preventivos” metidos en panaderías y joyerías durante las horas de cierre, haciendo el trabajo de “parceleros” de manera totalmente ostensiva. Esto no es gratis, ni se paga solo con los impuestos.
2)El Gobierno se consolidó como factor de violencia. Cuando se analiza las cifras de homicidios, conocidas de manera extraoficial, el eufemismo de los “ajustes de cuentas” sigue siendo el principal móvil. No existe un protocolo para definir esta expresión. Sin embargo, uno supone que la mayoría de estas muertes obedece a disputas por el control de los territorios donde se lleva a cabo algún comercio ilegal, ya sea de drogas, algún mineral precioso o mercancías subsidiadas por el Gobierno.
Inmediatamente después de los “ajustes de cuentas”, encontramos que la segunda causa de homicidios en el país ocurre en contextos de supuestos enfrentamientos con agentes policiales o militares, llamados “resistencia a la autoridad”. Si se revisa los registros sobre este tipo de muertes durante los últimos tres años, encontraremos que el número de fallecidos por cada expediente es cada vez mayor. En 2018 hubo prácticamente un fallecido por cada caso de “resistencia a la autoridad” reportado en el país. Esto podría definirse como letalidad policial.

La letalidad policial va en aumento

Esto tiene implicaciones en cuestiones que van más allá del tema de seguridad ciudadana. Una de las razones para la instauración del “nuevo modelo policial” fue precisamente la percepción de que los cuerpos policiales tenían una alta propensión a resolver los conflictos mediante la fuerza letal, lo cual de hecho los convertía en un combustible para esos conflictos. Ocho años después de instaurado ese nuevo modelo, la situación ha empeorado, lo que sugiere la existencia de un estamento político que utiliza a estas instituciones como herramienta para consolidarse en el poder. De allí que la mayoría de estos casos quede impune.
3)Delincuencia desplazada. Las tácticas de “mano dura” aplicadas desde el Gobierno, en un ambiente de escasa o nula institucionalidad unido a la crisis económica, han estimulado desplazamientos también entre los delincuentes. Los primeros destellos de lo que se vive en la actualidad fueron advertidos en este mismo espacio en abril de 2016. Solo que ahora esto ha adquirido dimensiones mucho más preocupantes.
La llamada “diáspora” no es solo de personas de bien. Este año vimos a elementos de la megabanda Tren de Aragua capturados en Lima, luego de participar en robos a comercios. Cuando se le preguntó a uno de estos detenidos por qué había viajado hasta la capital peruana, él afirmó que fue una reacción a las amenazas de muerte por parte de elementos de la Policía Nacional. Esto podría ser una simple justificación. Pero se han visto fenómenos similares en otros países. En Cúcuta, por ejemplo, hay sectores donde bandas venezolanas han desplazado a las locales con la finalidad de traficar drogas. En Barranquilla, han detectado a venezolanos incorporados a bandas de extorsionadores. En Panamá, México y Costa Rica las redes de prostitución y trata de personas cuentan con la participación de venezolanos. En Orlando y Miami operan grupos de delincuentes venezolanos, dedicados al hurto de piezas de vehículos y asaltos a viviendas.
El fenómeno de desplazamiento de la delincuencia no solo ocurre hacia el exterior. También sucede en distintos lugares del territorio nacional. Y esto se puede apreciar en los incrementos de ciertos delitos como homicidios y robos de vehículos en determinadas localidades. Una de ellas, ubicada al sur del país, amerita especial atención.
4)Bolívar, panal de miel. Para la primera semana de diciembre, los homicidios en Tumeremo tenían un incremento de 8% con respecto a 2017, año en el que también hubo aumentos en esa parroquia del municipio Sifontes del estado Bolívar, epicentro de una intensa actividad minera. El robo y el hurto de vehículos también aumentaron 17%. Este dato es muy significativo, pues va en contra de la tendencia nacional, que es consecuencia de una dramática disminución del parque automotor -y no de una mayor efectividad policial-. Estos son apenas indicadores de un deterioro profundo del entorno de seguridad, que ha sido advertido por operadores políticos y por la prensa independiente. Al momento de escribir estas líneas, Bolívar es el estado con la tasa de homicidios más elevada (48 casos por cada 100.000 habitantes, según los cálculos gubernamentales). Supera incluso a Aragua. Esto sin contar con más de 300 muertes a manos de funcionarios de cuerpos de seguridad, muchas de las cuales no son consignadas en los registros oficiales, pero sí son reportadas por los medios no oficialistas.
La presencia documentada de grupos armados como el ELN es otro indicador de que la violencia en esa región del país continuará aumentando.
           
Finalmente, se debe reflexionar sobre la incorporación cada vez más activa de Venezuela (y de los venezolanos) y elementos de otros países en las redes de producción y tráfico de drogas, en conjunción con la explotación minera en el sur del país. Estos son factores que podrían estimular el escalamiento de los conflictos ya existentes. Los ingresos que generan son de tal magnitud que difícilmente pueden ser abandonados por tales estructuras. La literatura sobre las guerras civiles luego de la caída del Muro de Berlín indica que el control sobre los recursos naturales ha sido un objetivo fundamental de los bandos en pugna, desde Sierra Leona hasta Irak. La fragilidad del Estado y sus instituciones, y la voracidad de la élite gobernante, solo estimulará la violencia en un contexto de cambios acelerados como el que se vive en Venezuela.

Breves

-Por segunda vez en este lustro, estamos ante un año que cerrará con más de cien casos de homicidios bajo la modalidad de sicariato, es decir, muerte por encargo. El récord fue reportado en 2017, cuando hubo por lo menos un caso todos los días. A juzgar por las cifras recogidas hasta el mes de septiembre, 2018 finalizaría con al menos 120 víctimas. Suman más de 550 casos durante los últimos tres años. Esto sugiere la existencia de una industria, cuyo propósito sería matar personas a cambio de dinero. El asunto ha llegado hasta el punto en que agentes de la policía judicial se ven involucrados en crímenes de este tipo, en calidad de coautores o cómplices. Tal fue el asesinato del comerciante Juan Carlos Urdaneta, acribillado en el sector Caño Muerto del estado Zulia el 14 de diciembre. Las investigaciones determinaron que tres agentes de investigaciones de Homicidios de la subdelegación San Carlos de ese estado supuestamente aportaron a través de una cuenta Instagram los datos sobre la ubicación precisa de la víctima, para que fuese ejecutada de inmediato por miembros de la megabanda de los Meleán. Zulia es, por cierto, el estado del país donde más personas son ultimadas por contrato de terceros.

-¿Se prepara la Milicia para asumir de lleno labores de auxiliar de policía? Este parece ser uno de los mensajes que se pueden extraer del más reciente ejercicio militar Venezuela Libre y Soberana. El único aspecto público de esta movilización fue el ofrecimiento del presidente Maduro a los milicianos en cuanto a la entrega de un bono, durante una parada llevada a cabo en el patio de las academias militares en Fuerte Tiuna. Sin embargo, los documentos distribuidos en unidades militares del país con detalles de esta actividad indican que, durante un conflicto interno o externo, estos señores uniformados de caqui y con vetustos fusiles FAL calibre 7.62 mm serían emplazados en todo el país para complementar las labores de las policías leales al Gobierno, en combinación con lo que llaman “organizaciones sociales y populares”, es decir, colectivos y miembros de algunos consejos comunales. Además, los milicianos ya comenzaron a recibir algún entrenamiento en este sentido, cuando les han asignado ocasionalmente la vigilancia de instalaciones gubernamentales y recreativas, como son el Metro de Caracas y el parque del Este. También hacen lo propio alrededor de Miraflores, en un particular circuito de patrullaje punto a pie.

Tres preguntas a… Mercedes de Freitas (directora de Transparencia Venezuela)

-Las encuestas realizadas por Transparencia Internacional arrojan evaluaciones cada día menos auspiciosas para el país en materia de corrupción. ¿Es un problema cultural, o bastaría simplemente con un cambio de gobierno?

-Ni una cosa ni la otra. No creo que nuestra cultura sea responsable del nivel de corrupción que tenemos en el país. Sí creo que se ha convertido en un hábito institucional. En las instituciones es un hábito aprovecharse personalmente de lo público, a todo nivel. Eso ocurre porque no hay castigo ni sistema judicial. No creo que un cambio radical de gobierno vaya a ser suficiente para acabar con este estado de corrupción e indefensión de los ciudadanos. Se requerirá de un trabajo gigantesco, con una real revolución de la justicia en Venezuela. Y hace falta incorporar sistemas de contraloría independiente y autónoma; capacitar a gente que haga las cosas distintas del ejecutor y supervisor. Ese es un proceso muy largo. Habrá que incorporar presión de los ciudadanos, de los medios, de las convenciones internacionales. Por esto estamos en la discusión interna, y sacándola a lo externo, de contar con un mecanismo heterodoxo de justicia como el que hay en Guatemala, con las Naciones Unidas, que está sobre la justicia y la fiscalía guatemalteca para casos de corrupción e impunidad. O como la Maccih (Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad) en Honduras, que tiene la tarea de apoyar en la capacitación de fiscales y jueces. ¿Cómo pensar en acabar en la impunidad con el mismo cuerpo de fiscales, defensores y jueces que tenemos en Venezuela? Sabemos que muchos están presionados, una tarea muy terrible. Pero muchos han callado y se han hecho de la vista gorda. Entonces, si llegara a ocurrir un cambio de cualquier tipo haría falta iniciar con un diseño de protección de lo público y de justicia, que movería a este país hasta sus cimientos. Pero no hay manera de cambiar al país sin este sistema anticorrupción que debe iniciarse. Eso significa, en efecto, un cambio de hábitos importante.  

-Cada vez que surge una denuncia de corrupción que involucra a venezolanos (Pdvsa, Andrade, etc.) la Fiscalía (designada por la ANC) anuncia una investigación sobre el mismo hecho. ¿Qué sentido ve a tales anuncios?

-No hemos visto a la fiscalía actuando completamente sobre los casos de corrupción. Por ejemplo, en Pdvsa hay una larga lista de denuncias públicas en los que la Fiscalía ha hecho mutis. Se ha referido casi siempre a casos en los que está involucrado el equipo anterior, la Pdvsa de Chávez, no la de Maduro. También vemos que los diferentes casos, como Tocoma y Odebrecht, la Fiscalía no ha dicho nada ni ha hecho nada. Pudimos confirmar con los fiscales de Lava Jato (nombre del expediente sobre corrupción a través de Odebrecht en Brasil) que la Fiscalía no ha firmado el convenio que firmó el resto de países para recibir la información de las delaciones. Eso por decir los casos grandes, gigantes. Con respecto a los Clap, por ejemplo, la Procuraduría mexicana prohibió a las empresas de alimentos vender directa o indirectamente a Venezuela alimentos para las cajas Clap. Además, puso una multa de más de tres millones de dólares a estas empresas por vender con sobreprecio. Bueno, Cuspal o Casa fueron las que pagaron estos sobreprecios, según la Procuraduría mexicana. El Fiscal (Tarek William Saab) no ha dicho nada sobre esto. Y así podríamos mencionar otros casos, donde la actuación ha sido tangencial, al bordecito, y sobre lo que tiene que ver no con los poderosos del país.

-¿Qué condiciones deberían darse en el país para que sean recuperados los fondos congelados por otros estados en investigaciones por corrupción de funcionarios venezolanos?

-No tengo buenas noticias. Hemos investigado, y hemos sabido que la recuperación de activos es lenta y de montos muy bajos. Los casos en los que se ha logrado, se ha recuperado porcentajes muy bajos del dinero recuperado o incautado a delincuentes de diferente tipo. EEUU lo que devuelve es mínimo. Europa ha devuelto cifras mínimas a países africanos. Si estamos pensando en reconstruir y ver de dónde sacamos el dinero para salir de la crisis, lo mejor no es pensar en la recuperación de activos producto de la corrupción. Lo que hemos visto es la posibilidad de que ese dinero congelado se use para la compra de productos que puedan ayudar a superar la emergencia humanitaria. Pero la información que tenemos no es muy optimista. Y aunque lo fuera, tardarían muchos años en devolver ese dinero. Lo que hemos escuchado directamente de autoridades de otros países es que no estarían dispuestos a devolver el dinero a este gobierno que no ha hecho nada contra la corrupción, y no sabrían qué podrían hacer con más dinero en medio de esta crisis.

Libros

-Las caídas de los carteles de Cali y de Medellín dieron paso a una nueva realidad en cuanto a la delincuencia organizada, tanto en Colombia como en Venezuela. Nuevos y viejos actores del tráfico de drogas y otros delitos, como el comercio ilegal de armas de fuego, el sicariato y la trata de personas, por citar algunos, se reagruparon e intentaron tomar los espacios que abandonaron las estructuras lideradas en los ochentas y noventas del siglo pasado por Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela. Estos procesos generaron un sinfín de historias, algunas de las cuales tuvieron importantes capítulos en el país durante los períodos gobernados por Hugo Chávez. Blanco neutralizado (Bogotá, 2015) es una lectura obligada para quienes intentan entender por qué Venezuela se convirtió en un centro de operaciones de la delincuencia organizada internacional. En sus páginas se da la perspectiva de los agentes de los distintos cuerpos colombianos, y en especial de la Policía Nacional, encargados de perseguir y capturar a los líderes de los carteles emergentes y de importantes exponentes de las FARC, como Jorge Briceño Suárez, alias Mono Jojoy. La coordinadora de esta publicación fue la periodista Jineth Bedoya, quien encargó las reseñas a los reporteros que investigaron e hicieron seguimiento en su momento a cada historia. Episodios tan enigmáticos como el asesinato de alias Jabón en Mérida –luego de varios intentos de captura durante su estadía en Venezuela- y la detención de Diego Rastrojo son relatados con claridad en este libro. Desde luego, la información vertida en estas páginas es tan comprometedora para las autoridades venezolanas que solamente podrá ser encontrado a través de los kioscos de librerías colombianas.



domingo, 16 de diciembre de 2018

Juegos de guerra

-Maduro prepara la escena para su (re) toma de posesión, atrincherado atrás de una FAN mermada y con aliados militares que vienen del otro lado del mundo. En el imaginario belicista del mandatario, los primeros tiros no serían para Estados Unidos

@javiermayorca

A menos de un mes de la retoma de posesión por parte de Nicolás Maduro, el país es utilizado como escenario de unos juegos de guerra en los que, por primera vez durante este período, participan fuerzas armadas de países abiertamente hostiles a los intereses de Estados Unidos en la región, en acción combinada con los componentes militares venezolanos.
Para la puesta en escena trajeron dos bombarderos con capacidad atómica Tupolev TU-160 BlackJack, junto a un jet de pasajeros Ilyushin Il-62 y un carguero Antonov AN-124 capaz de trasladar hasta 150 toneladas. Poco o nada se conoce sobre lo que pudo ser traído en las bodegas de esta aeronave.
La posibilidad de llevar a cabo ejercicios combinados entre fuerzas aéreas tan dispares como la rusa y la venezolana fue mencionada por primera vez en agosto. Sin embargo, fue hasta la segunda quincena de octubre cuando, según fuentes militares, comenzaron verdaderamente los preparativos de esta actividad. Todo con miras en el lapso post electoral, que ahora atravesamos.
Los llamados “Vuelos operativos Venezuela-Rusia” son en realidad un costoso mensaje, enviado a Washington y, especialmente, a los gobiernos sobre los que recaerían las primeras retaliaciones en un escenario de confrontación bélica: Colombia y Brasil, en ese orden.
Si el BlackJack es capaz de llegar a Florida en poco más de una hora, gracias a que desarrolla una velocidad máxima de 2.000 kms/hora, estaría en cielos colombianos y brasileños en menos de veinte minutos, tras un despegue desde Maiquetía. Una perspectiva que desde luego ya deben estar considerando los presidentes Duque y Bolsonaro.


Los Tu-160 han sido utilizados en por lo menos seis vuelos de provocación a fuerzas militares de occidente durante los últimos tres meses, declaró el ex funcionario del Pentágono Mark Schneider, especializado en sistemas de armas rusos, al portal freebeacon.com. El más reciente fue reportado cerca de Noruega, y ocasionó una persecución por bombarderos de ese país y Gran Bretaña sobre el Mar Báltico.
La retórica pacifista en la que los portavoces militares venezolanos intentaron envolver la llegada de estos bombarderos para nada oculta lo que verdaderamente es: una amenaza que, incluso, podría en lo inmediato ocasionar una carrera armamentista en la región, siguiendo el precepto clásico según el cual siempre es necesario “prepararse para lo peor”. No se olvide que desde el gobierno de Andrés Pastrana Colombia se transformó en el principal receptor de ayuda militar estadounidense en las américas.
Así lleva Maduro al país para el próximo 10 de enero. Los venezolanos generalmente hemos dado poco crédito a la verborragia oficialista, en especial cuando se ha tratado de amenazas proferidas a los vecinos. Veíamos como fanfarronadas cuando el diputado Carreño declaraba sin pudor alguno sobre cuánto tiempo tomaría un misil venezolano en llegar a Bogotá. Esta posición no se modificó ni siquiera cuando supimos que los ejercicios militares Independencia tenían como supuesto fundamental que los primeros teatros de operaciones durante un hipotético conflicto estarían frente a los departamentos Norte de Santander, Arauca y Roraima.
Ahora, los hechos indican que esto escaló. Con la llegada de los TU-160, lo que era visto como un escenario muy lejano, y en todo caso manejable, se ha transformado en una posibilidad cierta, que trasciende a lo meramente hipotético.
El mensaje transmitido por una comisión de 100 militares encabezada por el comandante de la Aviación Estratégica rusa, general de división Sergey Kobylash, es de abierto respaldo a un gobierno que a partir de la segunda semana de 2019 entrará en una espiral de desconocimiento internacional.
Estos ejercicios combinados entre las aviaciones de Rusia y Venezuela deben leerse también en el contexto de las alianzas que Maduro intenta forjar a paso redoblado, entregando a cambio las riquezas del subsuelo patrio. Por eso vinieron al país el presidente de la cosmética Asamblea Popular Suprema de Corea del Norte, Kim Yong-nam, y el Primer Mandatario de Turquía Recepp Tayik Erdogan, país que de la noche a la mañana se transformó en soporte fundamental del programa Clap. Antes, un barco-hospital de la marina china hizo una simbólica parada en La Guaira, y se espera que en los próximos días se concrete el viaje a costas venezolanas de dos destructores iraníes.
Esto solo anuncia conflictos, de una magnitud que hasta ahora no conocemos. La “revolución” hace tiempo que perdió su carácter pacífico, y ahora es claramente armada.

PS: tal y como lo había anunciado la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, las aeronaves que participaron en los ejercicios de acción combinada “Vuelos operativos Venezuela-Rusia” despegaron el viernes 14 de diciembre. Los primeros en abandonar el país fueron los bombarderos Tu-160. Son tan ruidosos que todos en los alrededores del aeropuerto de Maiquetía se percataron del despegue, poco después de las 7 am. A las 2 pm hicieron lo propio el carguero Antonov, con cuatro vehículos usados para el transporte de los jerarcas militares rusos y diversos artefactos que según fuentes castrenses eran equipos de navegación aeronáutica, y el jet de pasajeros Ilyushin con 65 militares. De manera que una parte de la comitiva rusa permanecería todavía en el país.

Breves

-¿Hasta qué punto contribuye la policía judicial en las dinámicas de impunidad? Dos circulares internas arrojan luces al respecto. La primera fue distribuida entre las unidades de ese cuerpo el 30 de noviembre. Allí dice textualmente que los funcionarios receptores de las denuncias de la ciudadanía anteponen “requisitos innecesarios” e igualmente no cumplen con el deber de entregar la constancia de la información aportada por las víctimas o sus allegados sobre la comisión de un delito. De la misma forma, dice el documento, los agentes simulan que levantan el acta de la denuncia, pero en realidad solo hacen garabatos en un cuaderno, con lo cual las averiguaciones no son iniciadas formalmente. La segunda circular fue distribuida en los despachos de Cicpc el 10 de diciembre, con la reiteración de un mensaje del Director que ya había sido enviado el mes anterior. Allí se reconoce que es común la práctica de los agentes de no comparecer a los juicios. Cuando esta conducta se vuelve crónica, el riesgo de que las acusaciones sean desestimadas se incrementa, aun cuando existan fundados indicios de culpabilidad.  Se reitera que estas dos circulares fueron divulgadas en las filas de una institución que se dice fundamental en las labores de represión al delito.

-¿Falló el periodismo independiente del país en la denuncia de la creciente corrupción del régimen durante 2018? El director de la organización Espacio Público, Carlos Correa, cree que no. En su criterio, gracias a reporteros e investigadores hemos podido enterarnos de las irregularidades que signan la adquisición de alimentos para el programa de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), e igualmente de cómo Venezuela fue, luego de Brasil, el principal país receptor de los sobornos entregados por la Constructora Odebrecht, con 98 millones de dólares. La falla, según Correa, está en el tejido institucional que, en otros contextos, ha logrado incluso la destitución de jefes de Estado y sus posteriores enjuiciamientos, a propósito de las averiguaciones relacionadas con el segundo caso. "En Venezuela, en cambio, no pasó nada", sentenció. Para este periodista, 2019 será todavía más desafiante para los medios independientes, que se han visto obligados a depender de manera casi exclusiva de plataformas digitales. En este ámbito, el régimen se ha preparado en forma sistemática. Los bloqueos permanentes a Armando.info y El Pitazo, así como las denegaciones de servicio a runrun.es, y las presiones a las operadoras telefónicas para que se plieguen a las tácticas de censura, aplicadas en el año que finaliza, son apenas unas señales de lo que harán con mucho más encono en apenas unos días.

-El comandante de la Fuerza de Acciones Especiales de la Policía Nacional (FAES), teniente coronel (GN) Rafael Bastardo envió una comunicación a todos los jefes de ese grupo élite con la finalidad de prohibir el uso de uniformes de la PNB o de la propia FAES, así como armas de fuego a personal ajeno a la institución. De igual forma, se prohibió la participación de civiles en las operaciones de campo de la FAES. Este mensaje fue distribuido el lunes 10 de diciembre, al conocerse detalles sobre el secuestro del comerciante Emilio D´Andrea en un local de Los Caobos. El grupo que se lo llevó vestía uniformes de la FAES e irrumpió en el local simulando un allanamiento. Por este caso, hasta el momento de la redacción de esta nota han sido detenidos un funcionario activo y otro retirado del Sebin, y quedan por lo menos otros dos individuos por capturar. En octubre, fue apresado un hombre que fabricaba credenciales de esta organización policial, con una máquina tan sofisticada que de acuerdo con fuentes de la propia PNB pudo ser utilizada en algún momento para expedir las chapas legales.

Tres preguntas para… el diputado Américo de Grazia (Causa R-Bolívar)

    -Han pasado varios días desde el incidente en el que murió un miembro de la comunidad pemona, y aún la situación no está clara. ¿Puede narrar en detalle lo ocurrido e indicar por qué este desenlace violento?

    -El evento ocurrió así: unas 34 personas, todas miembros oficiales de la Fuerza Armada, dirigidas por la Dgcim, tomaron el campamento de Canaima simulando ser turistas. Eso fue a partir del 4 de diciembre. El 8, cuatro días después, habían escondido armas en un campamento de Corpoelec, y salieron con guías turísticos indígenas para conocer el Salto Ángel. En el trayecto se desviaron, amarraron a los indígenas, tomaron el control de tres lanchas y se desviaron al sector El Arenal, donde funcionan unas minas dirigidas por los pemones. En el trayecto comenzaron a disparar e hirieron a dos indígenas, Carlos Peñaloza Rivas y Charlis Peñaloza Rivas, ambos hermanos y ambos con disparos en las piernas y la cadera. Estos se dan a la fuga y llegan al sector turístico de Canaima, donde está la comunidad indígena. Son auxiliados y llevados en un avión de turismo hacia el hospital Ruiz y Páez de Ciudad Bolívar, donde horas después falleció Charlis Peñaloza, de 21 años de edad. Mientras que el resto de los funcionarios atacaba en Los Arenales a los indígenas que operaban en ese sector. Fue capturado uno de los funcionarios de la Dgcim, luego dos trabajadores de Corpoelec que guardaron las armas y otros dos Dgcim. En total cinco retenidos que aún hoy sábado (15-12) permanecen en manos de los pemones. Estos hechos fueron negados inmediatamente por la Guardia Nacional acantonada en Canaima. Posteriormente el jefe de la Redi Guayana, mayor general Jesús Mantilla, fue a Canaima y negó que la operación tuviera que ver con la FAN. Todo el Gobierno lo negó y manifestaron en un comunicado los Tupamaros, que la operación fue financiada por el diputado Américo de Grazia y por la Causa R, para sembrar de pánico al sector y responsabilizar al Gobierno de estas acciones, y apoderarnos de la minería. Esa fue la versión que comenzó a rodar el propio 8 de diciembre, hasta que finalmente el ministro Padrino López asumió la responsabilidad, no sin antes responsabilizar a supuestas mafias del oro de la actividad que allí se desarrollaba. La frontera con Brasil fue cerrada por los pemones, fueron boicoteadas las elecciones en Gran Sabana por decisión de los pueblos indígenas. El viernes, a las 12 m, se canceló el cierre de la troncal 10 que va a Brasil y fue abierto el paso a Brasil.

    -Desde hace por lo menos tres años, la FAN viene advirtiendo sobre la posibilidad de una espiral de violencia en torno a la extracción de minerales. ¿Podría identificar a los actores/grupos en pugna por el control de esta actividad en Bolívar?

    -Toda la violencia que se ha presentado en el sector minero de Bolívar, en Delta Amacuro y Amazonas ha sido promovida, inducida, provocada, dirigida y patrocinada por el Estado venezolano. La violencia fue sembrada por prames, delincuentes salidos de la cárcel, con ánimo de tener el control de las minas, cobrar diezmos a los mineros y por supuesto reportar parte de las ganancias a los enchufados y al Banco Central de Venezuela. Esa es una modalidad de violencia. Otra la ejerce directamente la FAN o el Estado a través de cualquiera de sus componentes, desde el Ejército hasta el Sebin, Dgcim, Cicpc o policía del estado Bolívar. Hemos denunciado que las armas fueron entregadas a los prames de la zona por el general Julio César Fuentes Manzuli (secretario de Seguridad Ciudadana de Bolívar durante el gobierno de Fancisco Rangel). De eso tenemos dos informes hechos por un funcionario del Sebin, que hoy está preso, y otro por el primer teniente del Ejército José Leonardo Curbello, que hoy está exiliado en Lisboa. Ambos afirman esta versión de que el general Fuentes Manzulli, bajo el gobierno de Francisco Rangel suministró todos los armamentos que necesitaban los prames. De manera que la violencia no comenzó hace tres años. Las masacres comenzaron el 26 de septiembre de 2006 en La Paragua, y aún continúan. El tercer elemento es la operación del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Bolívar, Amazonas, Apure, Táchira y Zulia. Pero de manera concreta las minas de Parguaza, donde se explota el coltán, están controladas por el ELN. Las minas donde se explota diamantes en San Vicente de Paúl, están siendo controladas por el ELN, y las minas donde se explota el oro en Sifontes, concretamente en Anacoco, San Martín de Turumbán, Bochinche, El Manteco y La Paragua están siendo controladas también por el ELN.

    -El presidente Maduro ha insistido nuevamente en la que Ud. y Andrés Velásquez forman parte de una de esas “mafias” de la minería. ¿Qué lectura da a este reiterado señalamiento, en el actual contexto político y de seguridad?

    -Maduro pretende responsabilizar a Andrés Velásquez y a Américo de Grazia como una huida hacia adelante, una vez que quedó en evidencia que hasta su propio hijo, Nicolás Maduro Guerra, opera minas de coltán en el sur de Caicara, en el sector llamado Parguaza. Y por supuesto nos tienen de chivos expiatorios por los crímenes que ellos cometen, y nos señalan de tener el control de las minas. Pero no se atreven a decir cuáles minas, dónde operan, cómo lo hacen como decimos nosotros con lujo de detalle, porque nosotros sí tenemos un mapa suficientemente detallado de quién opera en cada sector, cómo lo hacen, cuándo y para quién. Tenemos un conocimiento sobre el tema, y eso pretende invisibilizarlo Maduro, criminalizándonos con ánimos de desaparecernos, extinguirnos, neutralizarnos, que son las palabras que ellos mismos han usado. No solo Maduro sino también el Dgcim, el ministerio de la Defensa y Diosdado Cabello. Tenemos que insistir en la misión de poner al descubierto toda esta operación criminal que no solo ha traído como consecuencia un desastre ecológico, sino que también afecta a la hidrológica más importante del país y las fuentes de agua. En defensa de nuestros pueblos indígenas, no se trata de decir si son inocentes o culpables, sino que sus operaciones en minería fueron inducidas por el Estado venezolano. Una vez que se metieron en ese círculo vicioso, colonizando su forma de vida, enfermándolos con males que nunca habían conocido como el VIH, la diabetes y cardiopatías, la difteria, el sarampión y la malaria, que es el foco epidemiológico más importante del planeta. Y eso fue provocado por todo este desastre. Maduro pretende cobrarnos el haber expuesto todo esto.

Libros

Los Zetas Inc (México DF, 2018) es la última novedad en los anaqueles de las librerías mexicanas. Es el producto de una investigación que se prolongó por seis años. La autora, Guadalupe Correa-Cabrera, es si se quiere una víctima colateral de este grupo criminal, pues su papá se vio obligado a abandonar sus tierras luego de negarse a pagar derecho de piso –vacuna, diríamos en Venezuela- a los enviados de la organización en el estado de Tamaulipas, fronterizo con EEUU. Con esta motivación personal, y gracias al respaldo institucional de la universidad de Texas Rio Grande Valley, pudo desarrollar un proyecto que ha desembocado en esta obra. Aunque los Zetas son el producto de un especial proceso, referido a la “paramilitarización” del crimen organizado, promovida por el entonces líder del Cartel del Golfo, Osiel Cárdenas, con la finalidad de desplazar a otras organizaciones delictivas y afrontar la oposición del estado mexicano en los puntos clave de las rutas de la cocaína, hay una importante reflexión sobre las dinámicas que adquiere la violencia en lugares donde las estructuras delictivas deciden ejercer control territorial para asegurar la continuidad de sus negocios. Un lector venezolano se pasea por las páginas de Los Zetas Inc y le resultará inevitable pensar en lo que podría ocurrir, por ejemplo, con las encarnizadas disputas que actualmente se desarrollan en el estado Bolívar por el dominio de los territorios mineros. En México, sostiene Correa-Cabrera, los Zetas sentaron un nuevo modelo de estructura criminal, que le plantó cara al Estado gracias a un flujo ininterrumpido de armas y dinero, al punto de constituir una insurgencia criminal. Otras organizaciones como los Caballeros Templarios han seguido su ejemplo, incorporando a sus filas a militares y policías, atraídos por los irresistibles “cañonazos de plata”. Una situación que ella define como un nuevo tipo de guerra civil. ¿Falta alguno de estos ingredientes en Venezuela?

domingo, 2 de diciembre de 2018

92 colombianos

-Esta es la historia de una conspiración que nunca existió, y por la cual llegaron a estar detenidos casi un centenar de extranjeros, señalados de participar en campamentos paramilitares en un momento de extremada fragilidad política

@javiermayorca

El Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la Organización de Naciones Unidas evalúa una denuncia formulada por el gobierno colombiano sobre la aprehensión en Venezuela de un contingente de personas nacidas en ese país, como consecuencia de las acciones llevadas a cabo por organismos de seguridad para el desmantelamiento de un supuesto complot contra el presidente Nicolás Maduro, en septiembre de 2016.
En esos días, el descontento contra el mandatario estaba en ebullición, y la oposición parecía encaminada a dar la estocada definitiva. Mientras la prensa internacional reportaba en vivo sobre el éxito de la llamada Toma de Caracas, Maduro encabezaba una concentración en la avenida Bolívar, que sirviera como dique ante un posible avance de los miles de manifestantes opositores, reunidos en el este de la ciudad.
Luego de varios rodeos, el Presidente reveló el hallazgo de un supuesto “campamento” de subversivos. Sus palabras deben ser recordadas:
“Hemos estado con la OLP capturando mercenarios en la zona norte de Caracas. Ustedes no lo saben. Yo se los voy a decir. En la zona norte de Caracas, en Manicomio capturamos un campamento de paramilitares colombianos, con 92 colombianos allí, a 500 metros de Miraflores, hace dos días. Capturamos a importantes dirigentes de la derecha golpista, con planes para colocar bombas, con armas, con miles de dólares falsos y miles de dólares verdaderos. Con planes para atacar a su propia gente”.
Al día siguiente, el titular de Relaciones Interiores Néstor Reverol cumplía la orden de darle sustento a lo señalado por el jefe del Estado. Dijo que en realidad eran dos los supuestos campamentos donde se alojaban los 92 irregulares neogranadinos. Uno en Tacagua y otro en Manicomio. Y mostró dos fusiles de distintos calibres e igual número de escopetas.
Pero esto no bastaba. El Gobierno encomendó a la Policía Nacional la detención de los colombianos. En efecto, fueron 92. Pero de acuerdo con los abogados Sergio Aranguren y Ricardo Reyes estos procedimientos ocurrieron en distintas partes del Distrito Capital, no precisamente en Manicomio. La mayoría fue en barrios de Libertador y en Petare.
Una de las detenciones se produjo en una oficina del Saime en Caracas. Fue el caso de Helen Hincapié Brochero, quien migró al país desde Colombia cuando tenía doce años.
“Siempre me movilicé a sacar los papeles, pero nunca se presentó la posibilidad de sacarlos. Me dieron una boleta de citación en el Saime para que me presentara. Me presenté con todos mis papeles. Tenía el pasaporte, pero el sello había vencido. Fue para la época en que Maduro cerró la frontera. Cuando me presento en el Saime evalúan mi caso. Me dicen que como no tenía ni hijo ni esposo me iban a deportar. Me detuvieron y me quitaron todas mis pertenencias. Pasaron ocho días. Una noche me sacan en una patrulla y me llevan para Delincuencia Organizada. Mis familiares preguntaron y les dijeron que eso era rutina, que el lunes regresaría al Saime. El lunes se convirtió en más de dos años. Después empezaron a decirnos que nos hacían pasar por paramilitares”, relató.
Los detenidos eran gente humilde, totalmente ajena a la política. Son zapateros, albañiles, amas de llaves, vendedores de perros calientes. Aranguren y Reyes se involucraron en el caso puesto que uno de los privados de libertad, Albert Yépez Carrillo, hacía labores de mantenimiento en la vivienda del primer litigante y carecía de medios para pagar una defensa.
Los supuestos "paramilitares"
Los supuestos paramilitares nunca fueron presentados ni imputados formalmente ante ningún tribunal. El Gobierno había cumplido con su objetivo, que era desmovilizar a la oposición, ligándola nuevamente con supuestos complots. Y mientras tanto, los colombianos pasaban los días, los meses y los años a merced de sus carceleros. Primero, en la estación de la Policía Nacional en Maripérez. Luego, en la sede del mismo cuerpo en La Yaguara.
En noviembre de 2017, el juzgado 27 de control de Caracas declaró con lugar una solicitud de hábeas corpus para todos los colombianos afectados por este montaje. Habían transcurrido catorce meses desde que fueron privados de libertad. Algunos de los que formaban parte del grupo inicial lograron evadirse sin mucho escándalo. Otros dos murieron por enfermedades y otros fueron liberados mediante medidas humanitarias, pues estaban profundamente afectados por las condiciones de insalubridad de los retenes. Hoy quedan 59.
La orden de liberarlos emitida por el tribunal de control nunca fue ejecutada. Esta es la principal razón por la que se llevó este caso ante la instancia de Naciones Unidas que investiga las detenciones arbitrarias.
El Gobierno percibe que esta iniciativa –y la decisión consecuente- podría profundizar su desprestigio internacional. El 21 de noviembre, el fiscal del Ministerio Público ante el Tribunal Supremo de Justicia Víctor Hugo Arias solicitó la “revisión constitucional” del hábeas corpus decidido un año antes. Ese mismo día, el magistrado de la Sala Constitucional Juan José Mendoza emitió una ponencia según la cual se suspendían los efectos de la sentencia ordenada por el tribunal de control.
Durante los últimos meses de este proceso, el Foro Penal se ha involucrado en la defensa de 35 de los colombianos. El representante de esta organización Alfredo Romero cree que forman parte de una categoría especial de presos políticos, que son mantenidos tras las rejas pues sirven para sustanciar un discurso gubernamental. Para él, son simplemente “rehenes”.
Mientras estas líneas eran escritas, una comisión del Saime visitaba por primera vez a los detenidos en la estación de la Policía Nacional. Extraoficialmente se conoció que comenzaron a elaborar expedientes administrativos con el propósito de deportarlos del país. Una solución rápida para 59 colombianos olvidados.

PS: el mismo día en que esta columna fue publicada en Tal Cual y Runrunes nos enteramos de la primera reacción gubernamental ante la perspectiva de una nueva decisión adversa en el plano internacional: enjuiciar de manera express a los colombianos que todavía permanecen detenidos por este caso. Sin pruebas ni expediente, luego de más de 26 meses tras las rejas. Este caso tiene algunas similitudes con el de los famosos paracachitos detenidos en la finca Daktari de El Hatillo en mayo de 2004. Veremos el curso que toman las cosas en los próximos días. Los abogados consultados para este trabajo creen que, aún en estas circunstancias, el Gobierno podría estar preparando el terreno para una deportación masiva de los colombianos detenidos.

Breves

*Las estafas a través de Facebook han cobrado auge en el país durante las últimas semanas. Los primeros alertas llegaron desde Amazonas y Aragua. Una colega relató al correo crimenessincastigo@gmail.com un incidente del cual ella formó parte colateral, puesto que intentaron involucrarla en el proceso de engaño. Comenzó el 16 de noviembre, cuando fue hackeada la cuenta que tiene en esa red social una amiga de la infancia de la periodista. “El delincuente aprovechó la oportunidad de que mi amiga cumplía años el 14 de noviembre (…) y se comunicó con varios de sus contactos a través de la mensajería directa, para informar que su número de celular ahora era 0414-XXXXXXX”. Luego, el pirata informático puso en venta a través del Messenger la cantidad de 1.100 dólares. Ella se comunicó vía whatsapp al número suministrado por la persona que suplantó la cuenta. “Le saludé como de costumbre. Su respuesta fue efusiva y con palabras que no me hicieron sospechar”, recordó. Luego, el timador le insistió en la oferta de la moneda estadounidense. Dos días después, la comunicadora recordó que una familiar tenía interés en adquirir las divisas, y le dio el número del pirata informático que fingía ser su amiga. Pero ese familiar tampoco tenía todo el dinero, y buscó a una tercera persona, que sí reunió el equivalente a la suma ofrecida. En ese proceso, la periodista se enteró de algunos alertas sobre estafas a través de la red social, e intentó llamar al número suministrado por el pirata informático. Desde luego, este nunca atendió. “Después de indagar y verificar pude contactar a mi amiga de verdad, quien no tenía la menor idea de que su cuenta Facebook había sido hackeada, y que alguien estaba estafando en su nombre”, relató. Para ese momento, ya la transferencia en bolívares por los 1.100 dólares se había concretado. El estafador desapareció. El caso fue denunciado ante el Ministerio Público.

*¿Quiénes son los principales violadores de derechos humanos en Venezuela? Una encuesta llevada a cabo durante la última semana de octubre y los primeros días de noviembre en mil hogares de todo el país revela que la mayoría de las opiniones (33,6%) apunta al Ejecutivo, es decir, el Presidente y su tren ministerial. Luego están la Guardia Nacional (21,6%), el Sebin (16,1%) y la Policía Nacional (8,6%). Para llegar a estas cifras fueron entrevistadas mil personas a lo largo de todo el país y de todas las clases sociales. Estos resultados llaman la atención si se toma en cuenta que el trabajo de campo se desarrolló pocos días después de la muerte del concejal Fernando Albán, mientras estaba en custodia de la policía política. Aun así, las actuaciones de los militares durante las protestas de 2017 siguen influyendo en la percepción de los encuestados.

*Tres preguntas a…Carlos Tablante (ex presidente de la Conacuid y ex gobernador del estado Aragua)

-¿Existe una relación entre los casos que se llevan en EEUU contra el ex Tesorero Alejandro Andrade y el empresario Raúl Gorrín, o se trata de investigaciones distintas?

Es evidente que todo está vinculado al control de cambio que existe en Venezuela desde 2003. Los negocios ilícitos con el diferencial cambiario generaron una trama corrupta donde la delincuencia organizada financiera, con habilidad y astucia, supo mezclar lo legal con lo ilegal en una trama de corrupción para producir el gran saqueo que ha sufrido Venezuela. Los bonos, las notas estructuradas, el pago de intereses de la deuda externa, son parte de los instrumentos financieros utilizados desde la Oficina Nacional del Tesoro y Pdvsa por el ex tesorero Andrade y su socio Gorrín. Para ello utilizaron la plataforma financiera de la Tesorería Nacional y la vice presidencia de finanzas de Pdvsa.

-Es claro que Andrade llegó a un trato con los fiscales estadounidenses. ¿Cuál es entonces el verdadero objetivo de esta investigación?

Andrade está convicto y confeso de varias actividades criminales como el lavado de dinero y la corrupción, delitos cometidos en Venezuela y en EEUU. De acuerdo a informaciones que fueron recogidas en diferentes trabajos de investigación como en nuestros libros Estado delincuente (2013) y El Gran Saqueo (2015), Andrade llegó a algún tipo de acuerdo con las autoridades de EEUU. Aparentemente no cumplió los términos de lo convenido y a finales de 2017 su status de colaborador cambió al de acusado. Con él caen también todas las conexiones con el alto Gobierno, en especial con los hijos de Cilia Flores que aparecen mencionados en el documento oficial de la acusación. Según el mismo, los Gaviria Flores fueron presentados al banquero Matthias Krull por Raúl Gorrín para tramitar los sobornos correspondientes, con lo que queda en evidencia la trama de corrupción al más alto nivel en el caso de los 1.200 millones de dólares de la operación Money Flight. Además, hay que añadir que en el momento en el que se hicieron parte de las transacciones de la investigación en curso, el tesorero de la República y vice presidente de finanzas de Pdvsa era el sobrino de Cilia Flores, Carlos Erik Malpica Flores.

-¿Cuál es el propósito del fiscal designado por la ANC al anunciar un proceso contra Andrade justo ahora?

Está claro que la corrupción y la impunidad se han adueñado del país. Son tantas las evidencias que el régimen intenta ocultar su complicidad y responsabilidad anunciando investigaciones sobre denuncias ya realizadas por voceros de la oposición, presentadas en la Fiscalía y la Asamblea Nacional. Ante la impunidad de un Estado delincuente, son las instancias internacionales las que están actuando, comprobando el gran robo de los dineros públicos que ha sufrido el país. Ojalá que esta negligencia no afecte el interés que debemos hacer valer los venezolanos, una vez que se inicie la transición democrática, de recuperar parte del patrimonio robado. Por ello es importante la Ley de recuperación de activos vinculados a la corrupción que discute la AN y que hemos estado promoviendo.

Libros

Si un tema se presta para discusiones encarnizadas, ese es el de las armas de fuego y qué hacer con ellas. Cada vez que ocurre una masacre en una escuela estadounidense, cada vez que los jefes de bandas venezolanas, brasileñas o centroamericanas se exhiben sin pudor con sus pistolas y fusiles, los ciudadanos nos sentimos aún más inseguros y pensamos en cuáles han sido las circunstancias que han propiciado este desbalance en el poder de fuego, aun si estamos en el contexto de un Estado que clama por la acumulación de todo el poder, incluido el de las armas. El periodista británico Iain Overton emprendió una prolongada –y presumimos costosa- investigación sobre las armas de fuego, y más allá de eso, sobre el significado que ellas tienen en distintos lugares del mundo, en diversas profesiones y sectores de población. Por las páginas de Gun, baby gun (Londres, 2015) pasan policías, mercenarios, militares, vendedores de feria, coleccionistas y patólogos forenses. El resultado fue una obra en extremo interesante, llena de vivencias personales (el autor fue corresponsal en zonas de conflicto) e inteligentes reflexiones que contribuyen a enriquecer un debate de mucha actualidad. Me quedo con una de ellas: las armas, concluye Overton, “podrían transformar una discusión en una confrontación letal. Hacer que pongas toda tu atención en un hombre que no lo ameritaría, sin siquiera pensarlo dos veces. Pueden salvarte y hundirte. Desde luego el arma nos da libertad, pensé. Libertad para hacer lo que queremos, o para que otra persona haga lo que quiera con nosotros”. El libro se puede adquirir a través de Amazon Kindle.

Si desea comunicarse con el autor de este blog puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com. También puede enviar un mensaje a través del formulario que se encuentra en el margen derecho del blog, donde además podrá registrarse para recibir oportunamente cada actualización. Crímenes sin Castigo también tiene una cuenta Instagram, con este mismo nombre, que puede seguir para conocer informaciones sobre seguridad y prevención del delito.

domingo, 18 de noviembre de 2018

La FAN desnuda



-El ataque al convoy de la Guardia Nacional en Amazonas, y los eventos posteriores, pusieron en evidencia el deterioro de la Fuerza Armada Nacional

@javiermayorca

El ataque al convoy militar en el sector Picatonal del estado Amazonas, y la posterior reacción de la jerarquía castrense, pusieron en evidencia las deficiencias que aquejan a la Fuerza Armada Nacional, y que le impiden cumplir a cabalidad sus tareas primordiales.
El enfrentamiento con una columna del Ejército de Liberación Nacional (ELN), dejó un saldo de tres sargentos de la Guardia Nacional muertos y otros once efectivos heridos, de acuerdo con los partes que fueron conocidos extraoficialmente, en la medida en que avanzaban las horas del domingo 4 de noviembre.
La primera deficiencia es producto de conductas que son arrastradas desde mucho antes que Hugo Chávez asumiera la Presidencia. Estamos ante una Fuerza Armada incapaz de hacer una comunicación efectiva sobre los hechos que realmente interesan a la sociedad. Uno se asoma a los órganos divulgativos del estamento castrense, desde el twitter hasta una pomposa televisora, y se percata de que solo son vehículos para una propaganda en la que nadie cree.
Militares documentaron la matanza
Esto contrasta con el silencio oficial durante las horas clave que corrieron durante la mañana de ese domingo hasta la tarde. El vocero por excelencia de la Fuerza Armada, que es el ministro de la Defensa, estaba más pendiente de adelantar las navidades. Los civiles nos dimos cuenta de esa situación, pero primero lo hicieron los militares. Evidencia clara de esto es que, en medio de la crisis originada en el ambulatorio de Puerto Ayacucho ante la llegada de los cuerpos ensangrentados, la información sobre lo ocurrido comenzó a fluir, con minutas y fotos incluidas, a través de canales irregulares y extraoficiales, con una proximidad a los hechos que solo era posible si se viste un uniforme.
Un lector crítico podría pensar que estas líneas las escribe un periodista deseoso de lograr noticias. Y es verdad. Pero esto no exime a la FAN de cumplir con los parámetros mínimos en la divulgación de los hechos relevantes, en la segunda década del siglo XXI, cuando las guerras incluso son transmitidas en directo.
Es que ni siquiera lo hacen para cumplir con los protocolos internos. Luego del asalto a la 41 brigada blindada en Valencia, en agosto de 2017, uno de los aspectos revisados con mayor detenimiento fue la tardanza en la aplicación de los llamados “planes de reacción”, que implican la ejecución de una serie de medidas luego de que se ha verificado un hecho de tal naturaleza. Luego, corrieron radiogramas por todas las unidades, revelando lo inocultable.
Quince meses después de este asalto, nos damos cuenta de que la lección no fue aprendida. Los correctivos no fueron aplicados. La orden de reforzar la vigilancia perimetral e interna a las otras instalaciones castrenses de Amazonas fue transmitida por la jerarquía militar casi al mediodía, es decir, más de cinco horas después del ataque de los elenos. La cosa no fue peor, básicamente, porque los guerrilleros se contentaron con la emboscada.
Uno conversa sobre este tema con militares retirados y las respuestas son generalmente miradas gachas y gestos de negación. Como dando la cosa por perdida. Creen que esta Fuerza Armada tiene pocas posibilidades de mejoría en lo inmediato. La conducta errática del titular de Defensa en los días posteriores al enfrentamiento armado pareciera confirmar esta impresión: de hablar casi en tono comprensivo de unos “muchachos con prendas militares” pasó 48 horas después a una alocución histriónica donde aseguraba a gritos que irían contra todos los irregulares que ya sentaron plaza en el país. Aun así, fue incapaz de singularizar al grupo que protagonizó la matanza, cosa que ya sabíamos gracias al comunicado oficial de la cancillería colombiana.
En este contexto, nos enteramos del contenido de la última Guía de planeamiento distribuida en los componentes castrenses a través del Comando Estratégico Operacional (Ceofanb). Lo que uno ve a allí también desnuda a la Fuerza Armada: una pirámide que en su base pasa hambre y enfermedades, como la hepatitis que diezma a los estudiantes de la GN, y que en su tope ordena a todas sus capas constituir empresas, de cualquier naturaleza, puesto que para los de arriba la guerra que vale es la económica, y no la que se manifiesta con la presencia activa de grupos irregulares en buena parte del país.
Mientras las cosas sigan como van, veremos muchas más cartas como la del capitán de corbeta Miguel Angel León, obstinado por el “cáncer” que ve cuarteles adentro.
   
Breves

*Siete de los nueve detenidos en Amazonas, señalados de formar parte del grupo del Ejército de Liberación Nacional (ELN) liderado por Luis Ortega Bernal, alias Garganta, fueron recluidos en el Centro Nacional para Procesados Militares de Ramo Verde, en Los Teques. Como suele ocurrir en estas circunstancias, una parte de este grupo fue enviado de inmediato a celdas de aislamiento, ubicadas en la planta baja, no se sabe por cuánto tiempo. Estos nuevos integrantes de la población penal podrán ser un verdadero dolor de cabeza, puesto que la mayoría de los reclusos son efectivos de la Fuerza Armada, para quienes los elenos son enemigos naturales. Más aún si llegan allí con el antecedente de haber propiciado la muerte de tres sargentos en funciones. Habrá que estar pendientes de esta situación.

*Desde el mes de octubre, una ola de secuestros sacude al estado Anzoátegui. Esto ha tenido incluso un impacto en las cifras manejadas por el Gobierno. Los despachos policiales admiten que el número de casos denunciados se ha elevado en 150% con respecto a 2017. Pero esto es apenas un pálido reflejo de lo que ocurre en las calles, donde la mayoría de los plagios no es informada a los cuerpos de seguridad. En octubre, por ejemplo, cinco sujetos armados y en motocicletas interceptaron a un hombre cuando salía de una marina en Lecherías. Simulaban un procedimiento policial. Le dijeron que conducía una camioneta robada, y que tendría que ir con ellos a una comisaría para comprobar la legalidad del vehículo. Pero no fueron a ninguna instalación gubernamental sino a una casa particular. Allí le informaron que sabían que él tenía una cuenta en la banca estadounidense, y que no lo dejarían en libertad hasta que transfiriera a otra cuenta en el exterior la cantidad de diez mil dólares. La víctima argumentó que no tenía a disposición los medios para cumplir con tales demandas. Luego le dieron un teléfono y le indicaron que instruyera a su esposa para hacer la transferencia. Poco después, el hombre fue liberado. Ya no se encuentra en el país.

*Con la entrada del nuevo director, general de división (Ejército) Manuel Christopher Figuera, comenzaron algunos intentos de corregir irregularidades en el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). Hay un nuevo jefe en Investigaciones Estratégicas, que según fuentes internas es un comisario de carrera en la institución. Allí el trabajo apenas comienza. En las regiones se ordenó suspender las “operaciones negras”, en las que utilizaban personas y vehículos sin ningún tipo de identificación, frecuentemente con el propósito de robar, secuestrar y extorsionar. De igual forma, como ocurre cuando hay cambios de mando en este tipo de organizaciones, está planteada la suspensión y renovación de las credenciales ad honorem. Por cierto, durante los últimos días también se han detectado irregularidades con tales carnets en Cicpc y la Policía Nacional, donde incluso detuvieron a seis personas tras el hallazgo de un mercado de chapas de la Fuerza de Acciones Especiales (FAES). Usaban computadoras e impresoras de alta gama y entregaban los documentos a cambio de pagos en dólares.

*Una lectora escribió al correo crimenessincastigo@gmail.com para relatar un hecho que cada día se hace más frecuente. Sus palabras lo describen con precisión: “Paré mi carro en un estacionamiento privado, y resulta que cuando salgo me percato de que no tengo el caucho de repuesto. El estacionamiento no se quiere hacer responsable”. El aparcadero queda en la esquina Perico de la avenida Universidad, en Caracas. Ante la indiferencia por los reclamos al hurto del caucho de su Chery Arauca, la víctima optó por formular la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público. El hurto de partes y piezas de los vehículos de todo tipo en locales públicos y privados obliga a tomar algunas precauciones, como por ejemplo la constatación previa y posterior de la existencia del caucho de repuesto y las herramientas para su recambio en la maletera del vehículo, es decir, antes y después de estacionarlo. Estas empresas, además, argumentan que solo disponen de seguros de responsabilidad civil y que, por ende, no pueden hacerse responsables por este tipo de pérdidas. En última instancia, los ciudadanos salimos con la peor parte: si estacionamos el vehículo en la calle, lo más probable es que se lo lleve el hampa o lo deje inservible. Si confiamos en un estacionamiento privado, la molestia será doble.

Tres preguntas a…William Jiménez (ex coordinador de Investigaciones Estratégicas de la Inspectoría del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses, Senamecf)

-Explique las irregularidades más frecuentes que encontró durante su gestión en el Senamecf

Entre las irregularidades más relevantes detectadas durante mi gestión destacan las siguientes: en una supervisión realizada en la sede del Senamecf en el estado Zulia se observó que durante la gestión del Dr F.R. se efectuaron unas 1000 inhumaciones (sepulturas) de cuerpos sin la identificación de registro para el órgano forense. Las identidades de estos cadáveres fueron utilizadas para la compra de vehículos, bienes raíces, aeronaves, yates, entre otros. Este Dr es hermano de una expresidenta del circuito judicial del estado Zulia, Ismelda Rincón, y del expresidente del Tribunal Supremo de Justicia Iván Rincón. El informe fue presentado  por el Inspector General del Senamecf al despacho del ministro (Néstor) Reverol (…) se acordó solo la destitución del citado funcionario, y fue sustituido por el Dr Vivas Landino.
Otra irregularidad observada fue en el cementerio de Chirica, estado Bolívar, donde localizaron diecisiete cuerpos humanos, en diferentes estados, algunos con perforaciones en cráneos, de lo cual se presume que han sido ajusticiados por órganos de seguridad del Estado (…) Se encontraban apilados en una estructura tipo habitación, que suelen llamar La Morguesita, y que conforme a la Ley de Cementerios es obligación de cada municipio proveer de un espacio para las autopsias de cadáveres en avanzado estado de descomposición. Pero en el caso que nos ocupa muchos de los cuerpos localizados eran casi esqueletos. Esto todavía no ha sido publicado en Venezuela.

-¿Su salida de Venezuela tiene que ver con su gestión en este cargo?

El 15 de enero de 2018, en compañía del coronel Domingo García Pérez, director del Senamecf para el momento, estuve de guardia en la morgue ubicada en Colinas de Bello Monte. En horas de la tarde recibí el cuerpo del ex policía Oscar Alberto Pérez. En días siguientes mi jefa me extiende una comunicación para efectuar un informe detallado de ese caso, dado lo delicado del registro de cada una de las novedades asentadas en el citado instrumento, y en virtud de haberlo suscrito, y cuyo contenido comprometía a altos funcionarios del Estado, algunos que me conocían y sabían que una vez que el ministro Reverol tuviera conocimiento, esto podría traerme consecuencias, incluso en contra de mi integridad física. Mi salida de Venezuela se materializó el 14 de mayo. Aproximadamente a las 10:45 am atravesé el puente Simón Bolívar escoltado por un oficial superior de la FAN, y otros adscritos a la Dgcim, algunos activos y parte de la resistencia (…) En Colombia fue recibido por el jefe de Control Migratorio del lugar, y funcionarios de la Policía Nacional. Me solicitaron que les hablara con la verdad en relación con lo sucedido con el ajusticiamiento extrajudicial del ex policía Oscar Pérez. Luego proseguí hasta la frontera en Rumichaca, donde proseguí mi ruta pasando por Ecuador hasta Lima, donde fui recibido por el doctor Patricio Rubio, jefe de la Oficina de Refugiados adscrita a la Cancillería.

-En el caso del concejal Fernando Albán, Ud ha desmentido la versión oficial de muerte por “caída de altura”. Pero el fiscal designado por la ANC asegura que la autopsia fue grabada. ¿Ud se retracta?

Ninguna autopsia puede ser grabada. Ni siquiera la de un caso tan emblemático como lo fue el de Oscar Pérez. Nada de grabación. Lo único que puede hacerse es fijar con fotos antes de cualquier autopsia. Y es algo normal. Lo hacen en cualquier parte del mundo. En cuanto al Fiscal General, fíjese que ni siquiera ha opinado sobre mí. No ha refutado mi versión de los hechos. Tanto es así que a pesar de que el Ministerio Público sustenta su tesis del suicidio y hace ver que el Dr Arnoldo Pérez practicó la autopsia. En su aparición pública de fecha 10 de octubre de 2018 no pudo ocultar la presencia de la Dra Yaunacelis Cruz, diciendo que ella estuvo presente. Y esta médico si fue quien la practicó, pero siguiendo las instrucciones del ministro Reverol decidió cambiar la versión real del examen y demás observaciones hechas al cadáver, para dejar en su contenido otra cosa distinta a lo que observó en esa autopsia, procediendo a dictarle la versión simulada al doctor Pérez.

Libros

Tradicionalmente, los libros sobre el tema de las drogas enfocan su atención en los actos de los carteles o grupos de traficantes y sus líderes, los antihéroes de la historia. También hay un número importante de obras que refiere la historia de las drogas prohibidas y el impacto geopolítico que han tenido los conflictos asociados al control de sus respectivos comercios, desde las guerras del opio en China hasta la guerra general contra las drogas decretada en mal momento por el entonces presidente estadounidense Richard Nixon. Hacía falta, sin embargo, la perspectiva de un periodista especializado en economía. El producto ha sido Narconomics. Cómo administrar un cártel de drogas (Barcelona, 2016).  Un título retador para una obra brillante, en la que Tom Wainwright aplica los principios básicos de la ciencia económica para encontrar algún tipo de racionalidad en las acciones emprendidas por los distintos estados para reprimir una industria que genera, según cálculos de Naciones Unidas, más de trescientos millardos de dólares en ganancias todos los años. La obra surge en un momento en que las tendencias liberalizantes han logrado la legalización o, en todo caso, la despenalización del consumo de la marihuana en Uruguay y en varios estados de la unión americana. Tales experiencias apenas están siendo documentadas. Por ende, sus efectos aún no son conocidos a cabalidad. Sin embargo, las páginas de Wainwright pueden ser tomadas como punto de partida en un debate que aún está por darse.