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domingo, 23 de septiembre de 2018

Carne salada


-Como quiera que se lo vea, el episodio del restaurant turco resulta un auténtico desastre para la ya deteriorada imagen presidencial. Cualquiera de los escenarios que se considere para explicar esta torpeza agudiza la fragilidad del mandatario

@javiermayorca

El episodio del almuerzo de Maduro y la Primera Combatiente en el afamado restaurant turco Nusr-Et amerita análisis en profundidad. Es hora de ir más allá de las burlas insulsas y los memes que, en su mayoría, tienden a banalizar un hecho de gravedad, por su propia naturaleza y por lo que representa como forma de gobernar en la Venezuela del siglo XXI.
La delicada situación empieza mucho antes del banquete. La directora de Transparencia Venezuela Mercedes de Freitas observa con tino que ya se ha tornado usual la práctica del mandatario de montarse en un avión, solo o acompañado, a veces con comitivas multitudinarias, en viajes sin objetivos ni agenda clara, y que no cuentan con el aval de la Asamblea Nacional. Ya lo chinos saben que los compromisos asumidos al margen del Parlamento serán nulos si se produce un cambio político en el país.
Como las rutas de los vuelos también se manejan en términos de confidencialidad, uno se entera de las paradas que hace el Presidente cuando ocurren estos dislates de las redes sociales.
De repente, aparece la pareja presidencial engullendo toda una paleta de res, servida por un chef con manierismos aprendidos al detalle, en un local donde, a todas luces, ellos tenían un ala completa a su disposición. Los accesos al lugar, ubicado en Besiktas, estaban bloqueados por guardias armados con subametralladoras, con suficiente poder para disuadir cualquier escrache.
Luego de ver una y otra vez las múltiples imágenes de este ágape inolvidable nos percatamos de que falta una importante: la del Presidente metiéndose las manos en los bolsillos para pagar, como hacemos todos los ciudadanos, incluidos algunos mandatarios.
No, Maduro no canceló con el producto de su trabajo esa sentada, que incluía detalles como los habanos con denominación de origen y caja personalizada.
"Hicimos una parada en Estambul, de Beijing a Estambul, de casi 6 horas de vuelo, allí atendí una invitación para visitar el centro histórico y almorzar con algunas autoridades", dijo en una cadena al percatarse del revuelo ocasionado por el clip de Instagram.
Y claro está, ya sabemos que no era un encuentro oficial con “algunas autoridades”, pues ellos eran los únicos ocupantes de las mesas en ese sector del restaurant. ¿Se perdería Salt Bae la oportunidad de retratarse también con Erdogan o alguna figura del poder local?
Solo hubo mesa para dos
Podemos descartar entonces que esa pasada por Nusr-Et hubiese sido cancelada por el ejecutivo turco. Maduro, además, con seguridad conoce la disposición aquella del artículo 149 de la Constitución, que prohíbe expresamente recibir cargos, honores o recompensas de gobiernos extranjeros sin la aprobación previa de la Asamblea Nacional. Sabemos que ni el venezolano ni el turco tienen mucho respeto por las formas legales ni los controles. Pero, si el dinero hubiese salido de las arcas oficiales, al menos un saludito hubiese dado el anfitrión.
Entonces, Maduro no pagó y Erdogan tampoco lo hizo. La lógica estricta indica que debió ser algún particular, de aquí, de allá o de ambos lados.
Las relaciones entre la Venezuela de Maduro y Turquía parecen ir a contracorriente con respecto a las que prevalecen entre el país y el resto del mundo occidental. Ocurren entonces cosas inexplicables: mientras las aerolíneas internacionales salen en desbandada, Turkish Airlines abre una ruta Caracas-Estambul, con parada en La Habana. Luego, nos enteramos de que los turcos estarán dispuestos a recibir el oro venezolano. Y después, los colegas de Armando.info revelan que los productos turcos están nutriendo las cajas Clap.
En este contexto, ¿cómo se puede catalogar esa invitación? ¿Puede un presidente en ejercicio ser objeto de estos “detalles”? Sobre esto se plantean algunas discusiones entre juristas, basadas en la letra del artículo 61 de la Ley contra la Corrupción, que establece penas de hasta cuatro años de prisión y multas para el funcionario público “que por algún acto de sus funciones reciba para él mismo o para otro retribuciones u otra utilidad que no se le deban o cuya promesa acepta”.
No es la primera vez que el entorno presidencial es tocado por generosidades. Recordemos que la defensa de los sobrinos detenidos en Nueva York no fue pagada por el Estado venezolano sino por un acaudalado contratista de Pdvsa y propietario de medios de comunicación.
Entonces, frente a aquel precedente poco esculcado esta comida de mediodía palidece en términos estrictamente financieros. Pero anuncia con claridad una línea de acción en la que los intereses públicos y privados tienden a mezclarse, hasta que llega un momento en que no pueden ser desentrañados.

Breves

*Los constantes apagones están mermando la operatividad de los cuerpos policiales. En Zulia, Vargas y Apure, por ejemplo, funcionarios han reportado la caída de los sistemas de radiocomunicación y se han visto imposibilitados de transmitir las novedades de forma oportuna debido a las fallas en la telefonía celular e internet. El último en quejarse fue el director de la policía judicial, Douglas Rico, quien advirtió que no aceptará la excusa de la falta de electricidad para postergar las actualizaciones diarias a los Sistema de Información Policial (Siipol) e I24/7 de Interpol, que contienen bases de datos sobre personas, vehículos, armas y otros objetos involucrados en investigaciones penales, así como de los individuos solicitados internacionalmente.

La llegada a La Guaira
*Arca de Paz se llama el barco-hospital militar enviado por la República Popular China, que deberá atracar el 22 de septiembre en el puerto marítimo de La Guaira. El martes se llevó a cabo en el auditorio de Bolipuertos Vargas la última reunión de coordinación de las autoridades venezolanas que se mantendrán en contacto con sus pares asiáticos. Aunque el Gobierno no lo ha dicho con claridad, lo que se maneja en medios militares es que esa embarcación fue enviada para llevar a cabo “atención primaria e intervenciones quirúrgicas” a la comunidad china en Venezuela, e igualmente a la población del estado Vargas. Esta es una forma sutil de reconocer la terrible crisis que atraviesa el sector salud en el país. Mientras tanto, desde Estados Unidos indican que la llegada del USNS Comfort a puertos colombianos –para atender al éxodo venezolano- se ha retardado en virtud de los huracanes que actualmente cruzan el Caribe, y que incluso podrían hacer necesario el uso de este hospital flotante en costas estadounidenses.

*El director de la policía judicial, comisario Douglas Rico, prohibió los traslados de detenidos al internado judicial de Tocorón, en el estado Aragua. La inusual medida fue notificada mediante una circular interna el 21 de septiembre, apenas al conocerse una situación que ha permitido la evasión de más de 250 individuos que permanecían bajo custodia en dependencias de la policía del estado Aragua, a partir del mes de marzo. Básicamente, se detectó que desde entonces los jefes policiales aragueños simulaban traslados al referido internado judicial con la finalidad de “descongestionar” los calabozos de la policía estatal. Pero los detenidos no llegaban a Tocorón, o si llegaban no eran incorporados formalmente a la población penal. La averiguación se inició formalmente el 22 de septiembre, con la detención del comisionado Eulises Manuel Farías, actual director de la Policía de Carabobo, y Gabriel Enrique Cubides, supervisor jefe adscrito a la Brigada Especial de la Policía de Aragua. Sin embargo, es poco probable que estos falsos traslados se lograsen sin la complicidad de personal del ministerio para Servicio Penitenciario. Como se sabe, los detenidos no pueden ser sacados de los calabozos de las policías preventivas o de investigación sin que antes el referido despacho notifique sobre la asignación del llamado “cupo” en alguna instalación bajo su administración. Ese documento tiene que ser incorporado al expediente de cada uno de los privados de libertad, y en este caso constituye una importante evidencia para comprobar el delito de facilitación de evasión.

*Otros con problemas para controlar la creciente población reclusa son los militares de la Guardia Nacional. En otras entregas se ha referido que el número de detenidos bajo custodia de este componente ha obligado en el interior del país a habilitar espacios que anteriormente eran destinados a la recreación de los profesionales de armas y sus familiares, como son los llamados casinos, los gimnasios y, en ocasiones, las capillas. En unidades de la Guardia Nacional permanecen detenidos hombres y mujeres, mayores y menores de edad, nacionales y extranjeros. Son tantos que ya se perdió la cuenta. Así que desde la Comandancia General se ordenó hacer un nuevo censo de detenidos en todas las unidades. La data correspondiente ya está siendo procesada en Caracas.

*El abandono de las tareas de vigilancia en las instalaciones del Metro de Caracas es evidente. La ausencia de autoridades se agudiza durante las primeras horas de la jornada y luego de las 9 pm. Un lector escribió al correo crimenessincastigo@gmail.com para relatar un suceso del cual fue testigo: “La noche de este miércoles 5 de septiembre, se produjo nuevamente un robo masivo dentro de un tren Metrópolis de la Línea. Ocurrió cuando cinco antisociales abordaron en la estación Mamera. Se distribuyeron a lo largo de los dos últimos vagones del tren que tenía como destino Las Adjuntas, pasadas las 10:45 de la noche. Una vez en movimiento sentido a Ruiz Pineda los elementos que tenían entre 18 y 22 años de edad se levantaron y junto a los otros del grupo que abordaron en Mamera procedieron a cometer el robo. Uno de ellos con un arma de fuego exigía mantener en silencio a cada persona que despojaban de sus pertenencias. En Ruiz Pineda los sujetos salieron corriendo. Los usuarios asustados buscaron alguna autoridad o personal de guardia de la empresa que pudiera auxiliar, pero fue infructuoso. Muchos de ellos fueron despojados de alimentos”.

domingo, 9 de septiembre de 2018

Las bandas de la Troncal 9


-El Gobierno ha identificado plenamente a los integrantes de las principales bandas que operan en la principal vía a oriente. Y sin embargo los delincuentes continúan imponiendo su ley

La Troncal 9, también conocida como la vía a oriente, se ha convertido en un trayecto de altísima peligrosidad. Como en otras partes del país, aquí el Estado también ha reconocido en forma tácita su fracaso en una de sus principales misiones, como es la de resguardar la seguridad de los ciudadanos.
Una evidencia de esto es que, en las vías locales, que cruzan esta troncal por los alrededores de El Guapo, las propias autoridades advierten sobre los riesgos que se corren para circular durante las noches y los fines de semana, y en oportunidades han bloqueado los accesos a estas carreteras, con la advertencia de que, si usted intenta pasar, lo hará “a su propio riesgo”.
El incidente con el bus de Rodovías de Venezuela, durante la madrugada del 27 de agosto, es apenas una prueba de lo que allí sucede. El conductor del colectivo, que había partido desde Maturín rumbo a Caracas, fue conminado a detenerse cuando se aproximaba al distribuidor de Los Velásquez por un grupo armado que, según los testimonios, tenía cerca de quince integrantes.
Como el profesional del volante no obedeció, estos sujetos a lo Mad Max dispararon contra los cristales del vehículo, e impactaron mortalmente al hombre que iba en funciones de colector, Oswaldo Rafael Silva.
Este suceso fue reportado en su momento por la prensa independiente. Pero no se puede decir que se trate de un caso aislado. Por el contrario, ha llamado la atención sobre una situación de profunda inseguridad que ha llevado a empresas con intereses en oriente del país a prohibir la circulación de sus empleados y gerentes por esa vía.
Cabe destacar, por ejemplo, que desde el mes de agosto hasta el momento de redactar estas líneas han sido reportados tres secuestros en distintos puntos del trayecto. En el primero, las víctimas eran miembros de una misma familia que iban a Puerto Ordaz en un vehículo compacto. Aparecieron con vida en Rio Chico. En el último caso conocido, la víctima es un hombre, identificado como Humberto Polanco, que viajaba en una camioneta de Puerto Ordaz a Puerto Cabello, el mismo lunes en que fue atacado el autobús. No se sabe de su paradero. En todos los casos, de acuerdo con las informaciones conocidas por testimonios, el factor común es que los plagiarios utilizan la carretera a oriente como escenario para llevar a cabo las capturas.
Las cifras manejadas por el propio Gobierno, y que fueron conocidas de manera extraoficial, indican que entre enero y agosto fueron reportados cartorce secuestros entre los municipios Acevedo y Andrés Bello, que abarcan el trecho entre Caucagua y Cumbo. Otros nueve casos han sido denunciados en el municipio Páez, muchos de ellos, como se refirió, con múltiples víctimas en cada ocasión.
Entre los tres municipios suman 23 casos de secuestro. Para el año pasado a esta fecha eran 24, tomando en cuenta la misma fuente. Esto quiere decir que, a pesar de la propaganda, en realidad la situación se ha mantenido casi inalterada.
En Andrés Bello, además, también se reporta un incremento superior a 6% en cuanto a los robos genéricos. El objetivo de los delincuentes ha sido casi siempre las viviendas de uso por temporadas y todo lo que encuentren adentro.
La Troncal 9, intransitable de noche y madrugada
La Policía de Miranda ha intentado un trabajo de investigación para identificar a los principales actores de esta ola delictiva. De manera extraoficial, se filtraron los organigramas de tres estructuras criminales que operan, precisamente, en los municipios con mayor inseguridad.
Estas bandas, aparentemente, no tienen nombres propios. Los agentes las han bautizado por los lugares de origen. La más numerosa sería la que opera en el eje El Delirio-Cumbo-Las Delicias. Ya en 2017 los pobladores de esos caseríos advertían que no se podía transitar por la vía local sin el permiso de esta organización, gestada por Víctor Manuel Correa, alias Chocho. El grupo ha logrado reponerse de la reciente muerte de tres de sus lugartenientes a manos de la FAES, y continúa imponiendo su yugo.
Otra agrupación es la que domina en El Café, un poblado del municipio Acevedo donde se llevó a cabo la operación Orión a inicios de 2017, recordada por los desmanes cometidos por el Ejército. A pesar de lo sucedido entonces, esa banda continúa en acción, y según reportes se mueve también por Araguita, otro sector del mismo municipio barloventeño.
El líder inicial de la banda, Héctor Jesús Sojo, alias Mapengue, fue eliminado en un enfrentamiento con policías. Otros cuatro integrantes estarían tras las rejas. Pero el grupo continúa en operaciones.
Otra agrupación se formó en el sector Casañas, ubicado en la vía que une a Río Chico con El Guapo. El núcleo central tiene nueve hombres y su jefe es conocido como Palmira. Ocasionalmente, estos sujetos han tenido enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional. Pero los funcionarios no tienen permanencia en la zona, al igual que el resto de las policías.
Un aspecto interesante de estas agrupaciones es que aparentemente se movilizan de un lado a otro de los municipios barloventeños, con la finalidad de aprovechar las áreas más desasistidas por los cuerpos de seguridad. Si en 2017 era el municipio Acevedo, este año son Andrés Bello y Páez.

Breves

*El incidente con los drones se ha convertido en una especie de tema tabú para el Gobierno. El mensaje es que de eso no se habla, y si se hace tiene que ser en los términos que imponen desde el Ejecutivo. La primera señal ocurrió con el desalojo de una residente de Ciudad Tiuna, Limbania Ramírez, porque supuestamente se mofó a través de un chat vecinal de lo sucedido durante el acto aniversario de la Guardia Nacional en el centro de Caracas. Luego, le tocó al humorista Benjamín Rausseo, mejor conocido como el Conde del Guácharo, a quien le suspendieron sus presentaciones aparentemente por haberse burlado del suceso, mediante una parodia en la que colocaba a Maduro bajo un manto protector de cajas Clap, mientras huía de la tarima. La información sobre el tercer afectado llega gracias a dos periodistas noruegos, que encontraron en la población brasileña de Pacaraima a un supervisor de la Policía Nacional, anteriormente destacado en Santa Elena de Uairén. Este también se burló de lo sucedido en un grupo whatsapp de compañeros de cuerpo, y al parecer alguien lo delató. Poco después, tuvo que salir del país.

*Un grupo de abogados/comisarios de la policía judicial en actividad elaboró un anteproyecto de reforma parcial a la Ley del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. En los artículos iniciales, la propuesta intenta reivindicar el carácter “científico” de la actividad de los agentes de esa institución. Igualmente, intenta que el Estado lo reconozca como el “principal” instituto de investigación a los efectos de la determinación de la existencia de delitos y la identificación de los posibles responsables. Pero el centro de esta iniciativa queda plasmado en el artículo 50, referido a las atribuciones de Cicpc. En la ley vigente desde junio de 2012 son solo cuatro, mientras que el planteamiento elaborado por los propios policías tiene nueve. Van desde el manejo de las evidencias y los antecedentes necesarios para la investigación penal hasta la elaboración de pruebas de identificación mediante comparación genética y constituir a este organismo en el “centro de referencia nacional en todos los asuntos relacionados con la criminalística”. También se propone una redefinición de las competencias del Servicio Nacional de Medicina Forense (Senamecf). Por ende, se trata de una iniciativa ambiciosa, que intenta detener el avance logrado por el Ministerio Público en materia de investigación penal y criminalística, e igualmente monopolizar otra vez el manejo de las estadísticas sobre criminalidad. Nada sencillo. Estas cosas no sucedieron de forma espontánea. En buena medida, fueron consecuencia de la pérdida de credibilidad, la corrupción y la politización de los cuadros medios y superiores de la policía judicial, antaño referencia en materia de investigación penal en toda Latinoamérica. Y muchos de estos factores aún permanecen intactos.

*El Gobierno está preparando su propia interpretación sobre la conflictividad social en el país. El 5 de septiembre, el viceministerio de Prevención y Seguridad de Relaciones Interiores ofició a todos los directores de policías municipales del país con la finalidad de que remitieran a ese despacho lo antes posible la data completa de las manifestaciones que hayan sido reportadas en cada jurisdicción a partir de 2013. Junto a esas cifras se requirió la información sobre el motivo de la acción callejera, la clasificación tomando en cuenta si era a favor o en contra del gobierno central, los reportes sobre funcionarios y civiles lesionados o muertos, número de detenciones y las denuncias que hayan sido formuladas por abusos en el control de estas manifestaciones. Ya en semanas anteriores, la Guardia Nacional y la Policía Nacional distribuyeron entre sus unidades unos formatos que serán utilizados de ahora en adelante para el monitoreo de las protestas callejeras. Se intenta de esta forma unificar criterios según la particular forma de ver las cosas que existe desde el gobierno central.

*La llamada Declaración de Quito, en la que once gobiernos americanos expresan su interés por “acoger adecuadamente a los ciudadanos venezolanos en situación de movilidad humana” tendrá un efecto inmediato sobre el mercado negro de pasaportes en Venezuela. El punto VI de la referida declaración, suscrita por los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, Perú y Uruguay, indica que estos países tomarán “los documentos de viaje vencidos como documentos de identidad de los ciudadanos venezolanos para fines migratorios”. Esto da a entender que los pasaportes de los emigrantes venezolanos serán tenidos como válidos por las autoridades migratorias de estas naciones aún si han caducado. Este es un golpe directo a las redes que en Venezuela han montado un mercado negro con la emisión de tales documentos. En un trabajo publicado en el Spectator de Gran Bretaña la primera semana de septiembre, titulado Venezuela’s great socialist experiment has brought a country to its knees (El gran experimento socialista venezolano ha puesto al país de rodillas) el periodista Jason Mitchell señala que los pasaportes son otorgados previo pago de sobornos por 1.500 dólares. Al dejar de ser indispensables para ir a otras latitudes, el valor del documento descenderá irremediablemente.


Bloopers del poder

En esta entrega, se hace una sección especial sobre las pifias públicas y notorias que hemos tenido que presenciar en la voz de importantes operadores del sistema de seguridad y justicia del país. Aquí van las primeras tres:

1)    Barrabasada in fraganti. Luego del incidente con los drones en la avenida Bolívar, el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, intentó justificar en una entrevista televisada con Vladimir Villegas el procedimiento aplicado para detener al diputado en ejercicio Juan Requesens. Dijo: “Mira (…) recuerda que en el derecho penal existe un tipo que se llama la flagrancia. Un tipo penal. Y ese tipo penal se asocia a lo realizado por el mencionado diputado”. ¿La flagrancia es un tipo penal? Según el profesor de derecho Fernando Fernández, el fiscal incurrió en un “error inexcusable”. La flagrancia, antes que un tipo penal, es una “circunstancia en la que se puede dar un delito”. La gente suele expresar esta situación cuando dice que a alguien lo detuvieron “con las manos en la masa”. Según Fernández, esa “masa” es lo que en términos técnicos se llama el “cuerpo del delito”. “Pero la flagrancia no es ningún tipo penal”, aclaró.
El "clamor" como delito
2)    ¿Preso por “clamor”? El 2 de septiembre, la prensa se hizo eco de una información publicada por el director de Cicpc, comisario general Douglas Rico, según la cual un detective agregado de ese mismo cuerpo, que trabajaba en el estado Zulia, fue apresado en Maracaibo “tras causarle lesiones a una víctima en la región cefálica”, presuntamente utilizando la cacha de su pistola. La información iba acompañada con la foto de reseña del mentado agente. En la parte inferior, donde se debe especificar el delito, los funcionarios colocaron “clamor público”. El clamor público, continúa explicando Fernández, no es un delito sino “una circunstancia muy débil para calificar un hecho”. Ocurre cuando la gente señala a una persona, a menudo a gritos, por la comisión de un acto al margen de la ley. Según el especialista en derecho penal, el clamor público no justifica una detención, pues “la posibilidad de error es muy alta”.
Es "coctelera"
3)    Patrullas con “cautelera”. En la policía judicial son evidentes las resistencias a participar en los llamados circuitos de patrullaje, como si se tratara de un cuerpo preventivo más. Desde luego, no está entre sus funciones. La investigación criminal es una tarea lo suficientemente gruesa como para añadirle también la de las policías municipales y estatales. Quizá sea por eso que el director de ese organismo, Douglas Rico, no reparó en los términos de una orden emanada en la última semana de agosto, según la cual toda unidad de ese cuerpo que salga a las calles luego de las 6 pm “debe llevar encendida la cautelera”. No es la primera vez que usan este término para reemplazar la tradicional coctelera. El manual de estándares para patrullas del Consejo General de Policía lo describe como “luz de barra o torreta rojo, azul y blanco”, que además tiene dispositivos de perifoneo. La “cautelera” de la que habla esta orden de la dirección de Cicpc es probablemente una traslación –no traducción- directa del portugués.


domingo, 26 de agosto de 2018

El Gobierno lo sabía


-Hay fuertes indicios para concluir que el Ejecutivo sospechaba que algo ocurriría durante el acto celebrado en la avenida Bolívar el 4 de agosto. Y, sin embargo, dejó que continuara el complot

@javiermayorca

Todo indica que el alto gobierno tenía información previa sobre la inminencia de un atentado contra el Presidente durante la celebración del acto con motivo del 81 aniversario de la Guardia Nacional. Aun así, Maduro y su entorno decidieron asumir el riesgo, con la intención de conocer la verdadera profundidad del complot.
Sobre este punto es necesario llevar a cabo una reflexión. Pero antes que la opinión, como siembre, es necesario ponderar los hechos conocidos hasta el momento. De allí surgen los indicios que permiten trazar teorías en torno a un episodio inédito en la historia del país.
Los elementos de convicción más fuertes para asumir la premisa indicada en el primer párrafo son los siguientes:

1)      El cambio del escenario. Como se dijo en la entrega anterior (Fénix en Cenizas) el acto aniversario del componente castrense generalmente se llevaba a cabo en Los Próceres y Fuerte Tiuna. La decisión sobre el cambio de lugar donde se llevaría a cabo la parada militar fue tomada en Miraflores la semana previa al sábado 4 de agosto. El lunes se hizo la notificación correspondiente, de manera que el martes se iniciaron –con mucha discreción- los trabajos para la puesta en escena. ¿Por qué escogieron las tres cuadras de la avenida Bolívar, que van desde Parque Carabobo hasta el cruce con la avenida Sur 5? Una fuente militar indicó que allí prevalecieron las consideraciones de seguridad. El mandatario tenía que estar en un ambiente altamente controlado, para mitigar al máximo las amenazas previstas. El toldo donde colocaron la tarima para Maduro y su alto mando estaba cercado por francotiradores. El grupo principal fue apostado en el tope del edificio sede del Poder Judicial. Allí, según testimonios, colocaron un puesto de observación con largavistas y dos fusileros. Testigos indicaron además que el convoy presidencial estaba compuesto por tres camionetas, que fueron estacionadas en el costado norte de la tarima, y orientadas hacia el oeste. De esta forma, ante cualquier eventualidad –como la que en efecto se presentó- el Presidente huiría del lugar vía Miraflores lo más rápido posible. Finalmente, los militares que participarían en el evento (todos de la Guardia Nacional) fueron mantenidos, en el caso más extremo, a unos veinte metros de distancia con respecto a la pareja presidencial. Se evitaba así un escenario como el que posibilitó el asesinato del presidente egipcio Anwar el Sadat en 1981.
2)      Rapidez en las imputaciones. El 4 de agosto, poco antes de las 9 pm, es decir, a tres horas de los sucesos en el centro de Caracas, Maduro anunciaba que habían sido plenamente identificados tanto los autores materiales e intelectuales de lo que calificó como un “atentado” en su contra. Precisó además que los financistas de esta acción se encontraban en Florida, Estados Unidos. Para ese momento, aún continuaban los trabajos de búsqueda y colección de posibles evidencias en los dos sitios de suceso. Hubo, además, una acción policial en la que detuvieron a dos de los presuntos autores materiales del estallido de uno de los drones, el que cayó en la fachada norte de las residencias Don Rafael. Pero es poco probable que dos elementos encargados de la autoría material del complot estuviesen al tanto de toda la estructura que los respaldaba, hasta llegar a los proveedores de los recursos financieros. Este es, entonces, un nuevo indicio de la “información privilegiada” que poseía el Ejecutivo sobre lo que venía. Se podría pensar, incluso, en la posibilidad de que la propia operación hubiese sido infiltrada en su fase de ejecución. Hay testimonios según los cuales la camioneta Orlando negra tenía cuatro personas y no dos, como indicó el parte posterior difundido por el fiscal designado por la ANC, Tarek William.
3)      No hubo acuartelamiento. El 4 de agosto ocurrió un hecho sin precedentes en cuanto a su audacia, magnitud, alcance e incluso creatividad. Fusionó la característica de simultaneidad, vista por primera vez en los ataques de Al Qaeda contra embajadas estadounidenses en países africanos (Nairobi y Dar es Salaam, 1998), y reproducida luego en Nueva York (2001), Madrid (2004) y Londres (2005), por citar algunos, con la oportunidad que suponía la entrada al mercado civil de las aeronaves no tripuladas y manejadas a control remoto, mejor conocidas como drones. A pesar de esto, el Ministerio de la Defensa no ordenó el inmediato acuartelamiento de las tropas, ni siquiera como mera medida de precaución, tomando en cuenta que todo esto sucedió en un entorno netamente castrense. Esa noche, Maduro habló de “máxima alerta”, pero eso no es acuartelamiento. Esto quiere decir que el Gobierno ya tenía –o creía tener- una idea clara en cuanto a las dimensiones del grupo que ejecutó esta acción. En otras palabras, sabía de antemano que luego de lo ocurrido durante el acto de la avenida Bolívar no habría ningún movimiento adicional, cuarteles adentro.
4)      Información filtrada. La inminencia de un ataque contra el Presidente era conocida por periodistas y opositores radicales asentados en Estados Unidos desde la propia semana. No fue solo Jaime Bayly, a quien le anunciaron durante una reunión: “El sábado vamos a matar a Maduro”. Otros profesionales también fueron contactados en varias oportunidades, y se les advirtió que apenas ejecutadas las acciones se divulgaría un comunicado para explicar el propósito que tenía este grupo. Ese documento de cuatro páginas comenzó a ser entregado luego de las 6 pm del 4 de agosto. Sin embargo, la difusión al público inició dos horas después. Allí se habla, por primera vez, de la llamada Operación Fénix. Por su extensión, es claro que la redacción de esos párrafos se desarrolló durante horas o días de antelación.



Es posible que el Gobierno desconociera algunos detalles en cuanto al tipo de acción que sería ejecutada el 4 de agosto. Pero no cabe duda que se manejaba sobre la firme convicción de que algo sucedería. Igualmente, con el pasar del tiempo luego de esa fecha fue decantando sus señalamientos. Por ejemplo, no ha insistido en que los gobiernos de Estados Unidos y Colombia están implicados en los estallidos. Y hasta el momento de la redacción de esta columna el nombre del supuesto financista del complot, Osman Delgado Tabosky, copropietario de una clínica y de un canal de televisión en Valencia, no aparece en la lista de notificaciones rojas de Interpol.
Como punto final, llama la atención que hasta el presente el “pueblo” no haya salido en masa a defender a su mandatario. Las dos movilizaciones que convocaron desde el oficialismo a tal efecto fueron fracasos. Maduro ni siquiera les habló. Desde entonces, no ha vuelto a participar en actos callejeros. Es un Presidente en confinamiento.

Breves

*Está en marcha una operación policial internacional para impedir el accionar de las redes de trata de personas desde Venezuela. Esta pesquisa comenzó el mes de junio, y es coordinada a través de Interpol. Aunque el deterioro de la situación económica amplía la magnitud de los grupos vulnerables hasta abarcar a casi todo el país, se ha determinado que estas redes están especialmente activas en los estados Bolívar, Sucre y Táchira, además del eje Distrito Capital-Vargas-Miranda. Como parte de esta investigación se pudo identificar y localizar a un grupo de evadidos de una cárcel del estado brasileño de Roraima, que viajó a Ciudad Guayana para intentar la captación de jóvenes que luego serían prostituidas. La Guardia Nacional también ha participado en cursos de instrucción sobre este delito. El viernes, efectivos de este componente aprehendieron a dos hombres en la ciudad vacacional Los Caracas, donde supuestamente habían instalado un campamento para reclutar menores de edad y luego incorporarlos a grupos de prostitución en otros países. El caso fue notificado a la fiscal octava del estado Vargas, Yaniska Ramos.

*El 15 de agosto, la organización no gubernamental Acceso a la Justicia divulgó el testimonio de un ex líder estudiantil, Hasler Iglesias, cuya mamá fue asaltada el 20 de julio en El Cementerio. Luego de este suceso la víctima, en compañía del ex presidente de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (FCU-UCV), intentó consignar la denuncia correspondiente en dos sedes del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas. Y fueron tantas las barreras colocadas por los jefes policiales y el tiempo perdido que al final la mujer desistió. Esta es una prueba más de lo que se ha reiterado en este espacio: la criminalidad en Venezuela no está en baja, como sostienen los voceros del Gobierno. Lo que ha disminuido es el número de denuncias admitidas y procesadas. Y eso es así debido a que cada día el ciudadano/víctima encuentra mayor número de trabas para notificar lo que ha sucedido. Lo vemos en el tratamiento a los delitos de mayor impacto. En el caso de los robos, en Cicpc piden hasta facturas de los bienes que el hampa se llevó. Si hablamos de secuestros, las denuncias tienen que ser formuladas por familiares directos, pues de lo contrario no las reciben, tal y como sucedió en una subdelegación del oeste caraqueño en 2017. En cuanto a los hurtos de partes de vehículos, como por ejemplo pueden ser las baterías, los agentes no consignan las denuncias, sino que elaboran una constancia para que el propietario pueda adquirir el repuesto nuevo. En los casos de extorsiones telefónicas, tampoco se levanta el acta con las formalidades de ley una vez que la víctima se ha presentado ante la oficina policial. Simplemente, toman nota y despachan eso así. Todo esto tiene una finalidad: disminuir de manera artificiosa el número de denuncias recibidas, para que al final los representantes del Ejecutivo intenten hacernos creer que la criminalidad disminuyó.

Las rutas del venezolano
*Era previsible que el incremento de la migración venezolana hacia los países de la región iba a ocasionar reacciones de los distintos gobiernos. Hasta el momento, las posiciones adoptadas con respecto a este proceso que ya involucra a unos 2,3 millones de venezolanos (cifras de ONU) podrían englobarse en tres grandes grupos: 1) contención: estos gobiernos parten del principio que de no se puede permitir el paso indiscriminado de los emigrantes venezolanos, en especial los de las nuevas olas, que son generalmente personas sin recursos ni habilidades especiales, e implantan sistemas de visado o endurecen los criterios para el otorgamiento y la renovación de tales permisos. En este grupo se inscriben Canadá, Estados Unidos y Panamá, por ejemplo; 2) acogida: los gobiernos de estos países ven a los emigrantes venezolanos como personas en situación de vulnerabilidad, que requieren atención inmediata y, posteriormente, pueden ser insertadas en la sociedad debido a que conocen algún oficio, o simplemente porque tienen ese derecho. Aquí están Brasil, Argentina, Colombia y, en menor medida, Chile, Perú y Ecuador; y 3) rechazo abierto: estos gobiernos no están dispuestos a asumir la responsabilidad de recibir a los emigrantes venezolanos, y plantan barreras casi infranqueables. El mejor ejemplo lo ha dado Trinidad y Tobago, cuyo primer ministro Keith Rowley cree que el archipiélago podría convertirse en un “campo de refugiados” venezolanos. De allí que su gobierno haya endurecido la política de deportaciones. Rowley, por cierto, es un aliado de Maduro en la explotación gasífera de la Faja del Orinoco.

*El 13 de agosto, el director de la policía judicial, comisario Douglas Rico, notificó a todas las oficinas regionales y subdelegaciones de ese cuerpo sobre el resultado de un cruce de la data sobre los funcionarios de cada despacho manejada respectivamente por la Coordinación Nacional de Recursos Humanos y la enviada por las distintas oficinas. Se detectó una disparidad de 424 efectivos, que mayoritariamente tienen el grado de detective. Sin embargo, el listado incluye a personal de todos los niveles. Hay por ejemplo cuatro supuestos funcionarios que han llegado a comisarios y comisarios jefe, en Barinas, Lara, Portuguesa y Caracas. Es posible que algunos de ellos hubiesen fallecido recientemente, y que tales defunciones no hubiesen sido incorporadas a las bases de datos de las nóminas respectivas. Una circular interna indica que fueron suspendidos los sueldos y pagos de cesta tickets a todos ellos, hasta que el jefe de cada unidad envíe un informe que aclare la situación de cada uno.

domingo, 12 de agosto de 2018

Fénix en cenizas

-¿Qué pasó realmente el sábado en el centro de Caracas? ¿Cuáles serán las consecuencias de estas acciones? Venezuela pareciera entrar en una nueva escalada de violencia política

@javiermayorca

¿Qué pasó la tarde del sábado 4 de agosto en los alrededores de la avenida Bolívar? Cuando han transcurrido cinco días de ese incidente es posible colocar algunos hechos sobre la mesa, y con base en ellos trazar tres teorías o posibles explicaciones. Algunas de ellas, como se verá, no son del todo excluyentes, y la asignación de un mayor valor que las demás depende de factores como la intuición, la afinidad política o el simple deseo de que Venezuela tenga un futuro en un sentido específico.
Las informaciones sobre los hechos fueron logradas mediante entrevistas con fuentes vivas y el análisis de diversas fuentes documentales. El problema con las fuentes de primer tipo es que temen salir a la luz debido a la posibilidad de represalias. Igualmente, siempre es posible que una fuente viva cometa errores de percepción, en especial en una situación tan comprometida como la que se vio esa jornada.

La puesta en escena

El acto con motivo del 81 aniversario de la Guardia Nacional nunca se había realizado en la avenida Bolívar. Lo tradicional y castrense era usar Los Próceres. Fue precisamente allí donde se llevaron a cabo los ensayos correspondientes, en los días previos de la misma semana, con tropas enviadas desde Miranda, Vargas y el propio Distrito Capital. Este cambio hizo que el comandante de la agrupación, general de brigada Edwaurd Castellano Jáuregui (jefe de la Zona 11 de Zulia), describiese el acto como una “inédita parada militar”.
No obstante, durante toda la semana se hicieron preparativos en las aceras de la avenida Bolívar. La colocación de las estructuras sobre las que serían puestos luego los toldos y tarimas comenzó el martes, según testimonios de vecinos. Pero los obreros no decían para qué era tanta parafernalia.
Según Castellano, en el acto estuvieron 18 mil efectivos del componente militar. Pero un conteo de los que estaban firmes en la parada reveló que en realidad eran 2.500. La notificación sobre el lugar donde se llevaría a cabo el acto fue difundida en las unidades castrenses con 48 horas de anticipación.
Algunos guardias comenzaron a llegar al lugar de la celebración a las 9 am, según testimonios. Pero el grueso llegó en autobuses a la 1 pm. Estos colectivos se estacionaron en el sótano del edificio de los tribunales. La comitiva presidencial arribó un poco antes de las 5 pm.
Debido a las características del lugar, los francotiradores de la Casa Militar se apostaron en la parte superior de la fachada este del edificio de los tribunales, otro arriba de la tarima presidencial, e igualmente en tres edificios de los alrededores. Maduro utilizó tres camionetas, que durante el acto permanecieron estacionadas atrás de la tarima, en la avenida Este 6.
En las horas previas al acto, se encomendó a la Policía Nacional la remoción de los vagos que tradicionalmente merodean por la zona. A esta labor la denominan “profilaxia”.
Previo a la celebración, la Casa Militar advirtió a los vecinos del sector que la movilidad estaría restringida, especialmente en los flancos ubicados atrás de la tarima presidencial, y que no podrían permanecer sobre los techos de algunas edificaciones.
La prensa oficial estaba en la isla central de la avenida, justo donde finalizaba la agrupación de parada. Desde allí tenía vista directa a lo que sucedía en la tarima donde se encontraba Maduro, configurada en forma de túnel, cerrado por ambos costados, así como en las partes superior y trasera.

Los drones

A partir del minuto 13 del acto, la televisora oficial comenzó a emitir tomas aéreas, hechas mediante aeronaves no tripuladas, conocidas como drones. Esto coincidió con el traslado en vehículos blindados del comandante de la agrupación de parada.
La dirección de la transmisión alternaba las tomas del dron con la hechas por una cámara estática ubicada en un plano superior, y otras en tierra.
El dron de uso oficial también era negro. Su cámara asemejaba un domo en la parte inferior, tal y como se pudo apreciar durante un par de segundos antes de que saliera a sobrevolar la parada.
Aunque es posible que este aparato estuviese dando vueltas alrededor de los participantes, su utilización con fines de transmisión cesó prácticamente a partir del minuto 40.
Los testigos coinciden en señalar que el dron que estalló (marca DJI serie 600, según el ministro de Relaciones Interiores) estuvo dando vueltas alrededor de la parada, e incluso en la parte trasera de la tarima, por un lapso que va entre cinco y ocho minutos. Uno precisó que el dispositivo había despegado desde la parte interior del túnel que pasa debajo de la sede tribunalicia, y que comunica a las avenidas Bolívar y San Martín. Para ese momento, no se permitía la circulación de vehículos por ese corredor. Otro testigo observó que el inicio del vuelo coincidió con el anuncio de Maduro en el sentido de que su alocución estaba por finalizar.

Las explosiones

La primera explosión ocurrió aproximadamente a las 5:50 pm, de acuerdo con testigos. La aeronave de control remoto estaba en la pista sur de la avenida, a la altura de Parque Carabobo, y fue acercándose en leve descenso, hasta que detonó a 80 metros de la tarima, sobre la tercera asta bandera que estaba en la pista norte, en línea diagonal con respecto al busto de Ernesto Ché Guevara.




“Fue como un destello de luz. Se vio plateado, y de hecho casi no lo pude ver”, explicó una vecina del sector.
Con el estruendo, los residentes se asomaron y pudieron apreciar cómo caían alrededor de la tarima algunos restos del dron.
“Era como papelillo, quedó totalmente destruido”, afirmó el habitante de un edificio ubicado al norte de la avenida Bolívar.
De inmediato, comenzó a salir una humareda desde la acera de la pista sur, donde estaban toldos para oficiales y constituyentistas invitados. El origen del humo no fue precisado por los testigos. Pero sí indicaron que la explosión del dron más el humo bastaron para que se iniciara la estampida.
Antes de las explosiones comenzó a llover. Uno de los camarógrafos de una cadena internacional, Carlos Saavedra, dio por terminada la pauta y caminó a su residencia con la finalidad de cambiarse de ropa. Cuando circulaba a pie entre las esquinas Cristo y Viento, en la avenida Este 12, se percató de que dos sujetos hacían los preparativos para volar otro dron. En ese momento, se escuchó el estruendo ocasionado por el primer aparato. El camarógrafo creyó que estaban culminando la celebración con fuegos artificiales.
"Era como un arbolito de navidad"
Los sujetos que estaban entre Cristo y Viento eran jóvenes. Saavedra pensó que podría tratarse de funcionarios del Gobierno, y optó por grabar el vuelo de ese dron. Cuando el aparato cobró altura entre los edificios, los individuos abordaron una camioneta Chevrolet Orlando negra, donde estaban otras dos personas. El dron, casi de inmediato, comenzó a bajar, pegado a la fachada norte del edificio Don Eduardo. Cuando estaba a la altura del piso 4, perdió por completo la estabilidad y se desplomó sobre el techo del apartamento del piso 1. Aunque parecía desactivado, aún permanecía con las luces rojas y verdes encendidas. Una vecina que lo vio recordó que era “como un arbolito de navidad, pero redondo”.
Poco después de estrellarse, el segundo dron detonó. La explosión abrió un boquete a la pared del apartamento 22 del referido edificio. Saavedra había cesado la grabación, puesto que había perdido de vista a la aeronave, y se retiraba del lugar. Todavía hoy se pregunta cuál hubiese sido el desenlace si en vez de caer en ese techo el aparato se hubiese estrellado en la calle y él se hubiese acercado a hacerle algunas tomas.

Las detenciones y el comunicado

Los primeros detenidos iban precisamente en la camioneta Orlando. Los agentes de Contrainteligencia Militar, alertados por la detonación que hubo en la avenida Bolívar, recorrían los alrededores y llegaron atraídos por la nueva explosión. Allí vieron a Saavedra aún aturdido. Vieron que tenía el brazalete que le dan a los reporteros gráficos y periodistas cuando van a un acto oficial. Se lo llevaron puesto que era un potencial testigo. Sin embargo, las primeras minutas dieron al camarógrafo por detenido.
A tres cuadras de allí, en la avenida Lecuna, los tripulantes de la camioneta negra fueron aprehendidos. Inmovilizaron sus muñecas con flejes plásticos. Posteriormente, a la 1:30 am del domingo, otras tres personas fueron apresadas en Barinas, cuando iban en carretera hacia Colombia. En total serían siete, aunque a este grupo posteriormente se uniría el diputado Juan Requesens.
Una hora después del incidente en la avenida Bolívar, varios periodistas radicados en Estados Unidos dieron a conocer el contenido de un comunicado donde se anunciaba sobre el inicio de una operación contra el gobierno de Maduro, llamada Fénix. Allí dice que la llevarían a cabo un grupo de militares, tanto activos como retirados. El texto, sin embargo, no hace ninguna referencia explícita al mecanismo mediante el cual se quería ejecutar esta acción.

Tres teorías

Como se afirmó al principio, una ponderación de todos estos hechos permite trazar tres teorías o posibles explicaciones de lo ocurrido el sábado, durante el acto de aniversario de la Guardia Nacional.
1) Una jugada de propaganda. El sistema de intolerancia que se ha instaurado en el país abre la posibilidad de que la violencia sea incorporada por los distintos actores como una forma de comunicación en la acción política. La violencia tiende a escalar, en la medida en que se cierran las compuertas del diálogo democrático. Y tarde o temprano entran en escena los explosivos. La historia está llena de episodios en los que una de las facciones en pugna ha acudido a ellos para hacerle llegar mensajes a la contraparte y al colectivo. También para imponer su voluntad. La voladura del hotel Rey David en 1946 y el asesinato del almirante Luis Carrero Blanco en 1971 son apenas algunos ejemplos. En ambos casos, el objetivo primordial era generar un impacto propagandístico. En el caso del 4 de agosto, hay elementos para pensar que este pudo ser el propósito principal de la acción. La colocación de explosivos en un dron para utilizarlo luego como granada teledirigida es un plan audaz y nunca antes visto en el país. Mucho menos durante un acto militar, donde se supone que prevalece la seguridad. Con lo ocurrido, el grupo que llevó a cabo la operación tuvo por lo menos un notorio debut, que hizo correr en desbandada a las tropas de la Guardia Nacional.
La teoría del atentado simultáneo
2)Un atentado que fracasó. La ejecución de una acción concertada, en la que participaban de forma casi simultánea por lo menos dos grupos, con utilización de un explosivo rompedor, versátil y de alta potencia como el C4, trasladado en drones hasta los lugares donde se suponía que iban a ser detonados, comporta un alto grado de sofisticación. También un importante costo. Un dron del tipo usado el sábado 4 de agosto cuesta en Amazon entre 4.100 y 4.900 dólares, más unos 550 dólares por el control remoto. De manera que entre los dos aparatos con sus respectivos mandos pudieron gastar unos once mil dólares, sin contar con las erogaciones por el explosivo y la logística que implica el traslado de los equipos y la alimentación de las personas involucradas en el plan. Es, simplemente, demasiado dinero para enviar solo un mensaje. Entonces, habría que entrar en el análisis de un intento de magnicidio. Algo en lo que Venezuela no tiene tradición, a pesar de lo que han jurado Chávez y su heredero. En realidad, el último intento de magnicidio en el país fue en junio de 1960. El objetivo era el entonces mandatario Rómulo Betancourt. Y casi lo logran. Lo demás han sido comadreos que no han llegado al grado de la ejecución. Si la idea era eliminar físicamente a Maduro, cabría preguntarse por qué los perpetradores no acercaron el primer dron hasta una distancia donde la onda explosiva tuviese tal efecto. O dicho de otra forma: ¿por qué el primer estallido fue tan lejos de la tarima donde se encontraba el Presidente? Esto, desde luego, tendrán que explicarlo los ejecutores, si algún día logran aportar su testimonio. Lo ocurrido con el segundo dron, además, sugiere cierta impericia y ausencia de coordinación entre los dos equipos.
3)Un autoatentado. Este era quizá el peor momento en la gestión presidencial. Maduro recién salía del congreso del partido de Gobierno (uno que hasta hace poco intentó reemplazar), y las fisuras en el oficialismo fueron evidentes. Hasta el 4 de agosto la caída podía continuar sin contención alguna. La parálisis nacional es cada vez más profunda, y cada iniciativa gubernamental pareciera ocasionar más rechazo que la anterior. La última, el censo a los vehículos y el registro para obtener el Carnet de la Patria, tenía en pie de lucha a los conductores de transporte público. La hiperinflación asoma para récord de un millón por ciento, y el nuevo cono monetario parece que morirá antes de nacer. Una explosión en cadena nacional, a una altura y distancia prudentes con respecto al mandatario, dejaría algunos lesionados leves, pero especialmente colocaría a Maduro en el rol de víctima. Algunos como Izarra, que desde afuera exigían el reemplazo inmediato del Presidente, ahora quieren congraciarse con él. Al momento de redactar estas líneas, el diputado opositor Juan Requesens ya estaba preso sin fórmula de antejuicio y se anunciaba que pedirían la extradición del también diputado Julio Borges, que no viene al país desde el fracaso de las negociaciones en República Dominicana. De manera que no solo se aprovecha el incidente para cerrar filas, sino también para reorganizar el ataque a lo que resta de oposición política.

Estas tres opciones no son excluyentes unas de otras. Pudo tratarse de un atentado fallido, que luego está siendo capitalizado por las fuerzas del Gobierno. Este parece ser el escenario más plausible. Pudo ser también un gesto propagandístico, al cual han contrarrestado con propaganda y acciones de mayor magnitud.
Si lo del sábado fue ejecutado por una estructura ajena al Gobierno, entonces ya Venezuela entró en una nueva fase de escalada en la violencia. Imposible pensar que tanta tecnología y recursos sean entregados en una sola apuesta.

Breves

No había metralla, solo partes depedidas
*Hubo testigos de excepción durante el incidente del 4 de agosto en la avenida Bolívar: agregados militares y miembros del cuerpo diplomático. Algunos de ellos con conocimiento directo sobre manejo de explosivos y actividades terroristas. Estos funcionarios han enviado informes a sus respectivos países, y es por eso que cuerpos como la Unión Europea aún no están totalmente convencidos de la tesis del atentado contra Maduro. Un elemento fundamental es que los drones no estaban cargados con metralla. Una cosa es que las partes y piezas de estos aparatos hubiesen salido despedidas como consecuencia de la explosión, y otra distinta es que la sustancia explosiva hubiese sido complementada con trozos de metal que sirvieran como proyectiles para ocasionar un mayor daño a los presentes. “Si el dron que estalló en la avenida Bolívar hubiese tenido metralla, hubiese ocurrido una matanza”, afirmó una fuente diplomática. La nave que estalló sobre el edificio Don Eduardo tampoco tenía estos aditivos. Las marcas que dejó la explosión en la pared fueron probablemente ocasionadas, por una parte, por la onda explosiva (boquete), y por la otra por el golpe a gran velocidad de elementos que tienen igual forma, probablemente las partes del aparato donde van las aspas (ver foto). La rolinera que mostró Maduro en una de sus cadenas pudo salir despedida de una de las piezas que permiten los giros a la cámara instalada en el dron.

Segundo sitio de suceso enrarecido
*Lo ocurrido el sábado representa un reto enorme para el cuerpo de investigación policial venezolano, es decir, la policía judicial. Lo primero es superar la alteración ocasionada en los dos sitios de suceso (avenida Bolívar y avenida Este 12, entre las esquinas Cristo y Viento). En la avenida Bolívar, un primer factor de enrarecimiento del área de pesquisa fue la estampida de efectivos de la Guardia Nacional. En la huida del lugar, los militares pudieron llevarse o patear y pisotear hasta inutilizar evidencia fundamental para la identificación plena de los responsables de este hecho. También la acción posterior de los equipos de primeros auxilios, lo cual es usual en este tipo de incidentes. Lo peor, sin embargo, se pudo apreciar en el segundo sitio de suceso, cuando efectivos de por lo menos cinco cuerpos armados (Guardia Nacional, Policía Nacional, Sebin, Contrainteligencia Militar y Cicpc) se encaramaron sobre el techo del primer piso y caminaron sin restricciones por un área que debió ser delimitada cuidadosamente para el análisis de los expertos criminalísticos. Esto pudo ocasionar la remoción de elementos clave, así como la inclusión de otros por vía de “transferencia”. Allí, de acuerdo con minutas, estuvo también el director de Cicpc, comisario Douglas Rico, pero no se consignó el nombre de ningún representante del Ministerio Público. Esto no es nuevo. Recordemos por ejemplo lo sucedido cuando mataron a Danilo Anderson con una carga de C4 colocada en la parte inferior de su camioneta, en noviembre de 2004. Hasta el entonces Vicepresidente Ejecutivo del momento, José Vicente Rangel, se acercó para echar un vistazo a los restos del vehículo.

En el baño de los agentes
*¿Dónde grabaron los videos en los que aparece el diputado Juan Requesens? Desde Perú, Villca Fernández aporta información clave al respeto. Este activista opositor estuvo recluido en El Helicoide dos años y medio, y conoce al detalle los procedimientos que aplican en la policía política. Según Fernández, los dos videos en los que aparece el parlamentario fueron hechos en instalaciones de Investigaciones Estratégicas. En uno de ellos, Requesens viste franela azul. Hay un fondo blanco, y según Fernández pudo ser grabado en la propia oficina del comisario Carlos Calderón (jefe de esa dirección del Sebin) o en una celda de aislamiento. El otro video, en el que se muestra al diputado con pantalón corto y aparentemente defecado, fue hecho en un baño con paredes de mosaico que utilizan los funcionarios de esa misma dependencia. “Yo estuve allí cuando llegué (enero 2016). Entonces me tuvieron aislado en una oficina, y usaba ese mismo baño”, recordó. Según Fernández, el video no fue dado a conocer por “agentes indignados”, como se ha especulado, sino por los propios funcionarios, como parte de una campaña para destruir a Requesens y a su entorno desde el punto de vista psicológico. En este punto, el activista político coincide con el coronel retirado del Ejército y experto en la materia Antonio Guevara.

*Una consecuencia inesperada del incidente en la avenida Bolívar es que Maduro finalmente tomó la decisión de activar un cuerpo especial de investigaciones contra el terrorismo. La existencia de este proyecto fue revelada en este mismo espacio hace dos entregas, cuando era inminente el anuncio. Entonces, algo hizo desistir al mandatario. Ahora se inicia su ejecutoria. Sobre este asunto se debe tener mucho cuidado. Al no haber contrapesos institucionales de ningún tipo ni obligación cierta de informar sobre las ejecutorias de este cuerpo, la nueva policía antiterrorista podrá ser el vehículo para numerosas violaciones al debido proceso, y en general a los derechos fundamentales. Desde luego, el Gobierno siempre asegurará que los agentes de la referida entidad siempre actuarán apegados a las normas. Pero difícilmente lo harán, más aún ante la presión del propio Ejecutivo para que desmantelen las mil y una conspiraciones contra Maduro, reales o imaginarias.

*La ola de extorsiones telefónicas ha continuado desde que publicáramos la anterior entrega. Gracias a nuevos testimonios, queda claro que los extorsionadores están utilizando diversos métodos. Uno de ellos es acudir a las Páginas Amarillas para llamar a las viviendas de urbanizaciones y áreas de oficinas donde suponen que los residentes o trabajadores poseen un mayor poder adquisitivo. Llaman preguntando por el titular de la línea, y dicen que son representantes del programa Mi Casa Bien Equipada. Luego, ofrecen el otorgamiento de aparatos de línea blanca a precios irrisorios, siempre y cuando la persona otorgue los datos sobre sus cuentas bancarias, referencias comerciales y personales, número de teléfonos suyos y de sus allegados, etc. Es decir, todo lo necesario para que tenga credibilidad una posterior llamada con fines de amenaza.

domingo, 29 de julio de 2018

0800-Extorsión

-Las extorsiones telefónicas se multiplican en el país. Amenazan en nombre de La Piedrita, Tupamaros o cualquier megabanda de moda. En la Guardia Nacional dicen que son solo presos. Pero expertos advierten que pueden contar con apoyo en las calles

@javiermayorca

La llamada tomó por sorpresa al empresario. Al otro lado de la línea, un hombre que se identificó como Valentín Santana, líder del colectivo Tupamaro, le revelaba que personas allegadas a él habían ofrecido tres millardos de bolívares para atentar contra su vida o la de algún integrante de su núcleo familiar.
Hasta la semana pasada, Santiago (nombre cambiado) se mantuvo al margen de los temas políticos del país. Estos asuntos simplemente no le interesaban. Su energía se iba en el manejo de un local en el oeste de Caracas. Si hubiese estado al tanto de las noticias, probablemente habría captado de inmediato la mentira de sus interlocutores: Santana nada tiene que ver con los Tupamaros. Por el contrario, en algunas oportunidades su grupo llegó al enfrentamiento armado con los de la estrella rojinegra, por el dominio de sectores del 23 de Enero.
“Mis hombres quieren agarrar esos tres millardos que nos están pagando para partirte la cara a plomo”, le decía el hombre. El “contrato”, añadió, no lo había ejecutado porque, luego de más de un mes de vigilancia a su familia y sus negocios, se dio cuenta de que Santiago es una “persona seria”.
El interlocutor seguía con su libreto durante más de quince minutos. A veces, daba la impresión de que lo recitaba. Antes, en este tipo de llamadas exigían pagos mediante transferencias a cuentas de particulares. Incluso, cuando el bolívar tenía cierto valor, pedían que el dinero fuese entregado en efectivo en un lugar predeterminado.
Extorsionan en nombre de causas "justas"
Pero el que llamó a Santiago decía ser integrante de un colectivo armado: “Somos los grupos de exterminio, que eliminamos y desaparecemos al hampa común”. Este mentado Valentín aseguraba ejercer “dominio” sobre el 90% del territorio caraqueño.
Así que, para guardar las formas, ahora los pagos no podían ser para engrosar las finanzas de algún particular. Entonces, exigen el apoyo monetario para una obra supuestamente benéfica. En este caso, para un hospital en el que intentan atender el caso de una niña desahuciada.
Primero, pidieron un millardo de bolívares. Pero Santiago, empresario al fin, supo negociar, a pesar de la premura con la que era exigida la transferencia por el supuesto mandamás del colectivo. En el último contacto, la cifra había bajado a 50 millones de bolívares.
Venezuela pareciera estar inmersa en una nueva ola de extorsión telefónica. Para la redacción de estas líneas, se pudo conocer directamente de cuatro casos. En todos, los discursos tenían factores en común. En primer lugar, los extorsionadores decían ser integrantes de un poderoso grupo armado. A veces, un colectivo, y en otras oportunidades alguna megabanda como el Tren de Aragua. Luego, en las extorsiones telefónicas siguen exigiendo pagos en bolívares, mediante transferencia bancaria. El extorsionador, además, quiere ver la plata cuanto antes. Pero se cuida de afirmar que es una vacuna. Lo nuevo en esto es que la denominan “colaboración”, para una causa aparentemente justa.
A cambio, decía el líder del colectivo en su conversación con Santiago “yo colaboro contigo, resguardándote la seguridad”.
Las víctimas rara vez acuden a los cuerpos policiales para denunciar este tipo de extorsiones. Cuando lo hacen, las autoridades toman nota aparte de las denuncias, y generalmente no las incorporan a las estadísticas oficiales. Con esta práctica, evitan que las cifras de criminalidad se disparen.
Según el Ministerio Público, durante la primera mitad de 2018 la Unidad contra la Extorsión y el Secuestro ha iniciado 605 expedientes. De ellos, 501 han sido por extorsiones.
En Relaciones Interiores manejan otras estadísticas. Las cifras, conocidas extraoficialmente, indican que Cicpc inició 244 averiguaciones por extorsión. Lo interesante de esto es que, a pesar de los esfuerzos por mantenerlas lo más bajas posibles, el incremento de las denuncias por extorsiones durante el semestre ha sido de 41%.
Cuando las victimas acuden al Comando Nacional contra la Extorsión y el Secuestro de la Guardia Nacional, los militares les dicen que deben despreocuparse, que actualmente la mayoría de estas llamadas atribuidas a colectivos o bandas armadas en realidad son hechas por reos ociosos de los penales de Puente Ayala (Anzoátegui) y El Dorado (Bolívar).
Pero el ex jefe de la División Antiextorsión y Secuestros de la policía judicial, comisario jubilado Sergio González, cree que estos delincuentes ahora trabajan en grupos.
“Las llamadas para extorsionar se hacen desde las cárceles. Pero hay gente en las calles que los ayudan”, indicó.
Estos sujetos que están en libertad a menudo contribuyen a darle un barniz de credibilidad a las amenazas. Por ejemplo, explicó González, desde el penal pueden llamar para advertir que el grupo de vigilancia de la banda está frente a la vivienda personal de la víctima, en una camioneta blanca. Y, efectivamente, luego se constata que el vehículo estaba en el lugar indicado.
Lo importante, según el ex funcionario policial, es “no caer en el chantaje”. Aseguró que rara vez estos hampones llegan a concretar sus amenazas.
“A estos individuos hay que pararles el trote, desde el comienzo”, sentenció.

El engaño del premio

Una de las tácticas que están utilizando los extorsionadores para obtener información sobre sus eventuales víctimas es simular llamadas desde la coordinación de algún programa gubernamental, como pueden ser Mi Casa Bien Equipada o la Misión Vivienda.
Los sujetos dicen que el interlocutor se ha ganado un premio, como por ejemplo un crédito con enormes facilidades, o el acceso a una vivienda. En la conversación, solicitan al supuesto beneficiario que le diga cuántas personas viven con él, así como sus números telefónicos para poder constatar la información.
Luego, los usuarios de tales números son extorsionados.
“A mí me llamaron, y de inmediato les dije que hablaban con un comisario general de Cicpc. Ahí mismo colgaron”, recordó González.

Breves

*El ascenso de Pedro Sánchez al cargo de Primer Ministro en España tendrá un impacto inmediato y debilitador sobre la coalición internacional que intenta propiciar un cambio de gobierno en Venezuela, mediante medidas compulsivas como las sanciones impuestas por EEUU y países como Canadá y Suiza.  Ya el nuevo canciller Josep Borrell declaró el 16 de julio que cesaría el apoyo a la “línea dura”, que caracterizó la posición española durante la gestión de Mariano Rajoy. La postura del anterior gobierno era tan pugnaz hacia Maduro que, según indican fuentes diplomáticas, fue el país que solicitó sanciones contra el mayor número de funcionarios y representantes del oficialismo venezolano. La última lista de sancionados por la Unión Europea incluyó once nombres. Este fue el resultado de una consulta de varios meses en la que todas las naciones que integran ese cuerpo dieron sus respectivas opiniones, basados en los informes de sus servicios exteriores. La petición inicial indicaba que el número debía estar alrededor de los diez. El país que menos “sancionables” dio fue Austria, con cuatro. España, en cambio, dio cincuenta.

Más censura en policías
*El 19 de julio, el director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, prohibió a los jefes de todos los despachos de ese órgano la difusión a través de las redes sociales de las informaciones sobre los casos resueltos. La decisión sobre las noticias a ser divulgadas será emitida por el propio funcionario o en su defecto por el subdirector, una vez que las minutas correspondientes hayan sido procesadas a través de la Sala Situacional. Con esta orden, el referido cuerpo da un nuevo paso en cuanto a la instauración de la censura.

*La semana pasada, voceros gubernamentales declararon que durante el primer semestre de 2018 hubo 6561 homicidios. Esta es una verdad a medias. En primer lugar, no se tomó en cuenta los homicidios en centros de reclusión, ya sean retenes o internados judiciales. En esas instalaciones hubo 144 muertes, que no están reflejadas en la cifra filtrada a los medios. Tampoco se tomó en cuenta los casos por supuestas “resistencias a la autoridad”. En ese renglón, de acuerdo con cifras conocidas extraoficialmente, han ocurrido 2983 muertes. Estos casos deben ser investigados como homicidios, en los que eventualmente el fiscal podrá determinar que hubo circunstancias que ameriten una exención de responsabilidad penal para los funcionarios policiales o militares, en virtud de haberse comprobado la existencia de las condiciones para la defensa propia o de terceros. El gran total sería de 9597 homicidios para el primer semestre de 2018, y no 6581.

Este juicio se las trae
*El juicio que se adelanta en la corte del Distrito Sur de Florida contra por lo menos cuatro venezolanos, conocidos mediante el término genérico de bolichicos, es el producto de una investigación de más de dos años, llevada a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La pesquisa, conocida con el nombre código Money Flight (Vuelo de Dinero), llega directamente –y una vez más- al entorno presidencial. Esta vez no se trata de tráfico de drogas, pero sí de legitimación de capitales procedentes de la corrupción en Petróleos de Venezuela. Buena parte de lo que hoy se ventila en los tribunales de Estados Unidos sobre este expediente fue advertido en su momento por el ex gobernador de Aragua y ex presidente de la Conacuid Carlos Tablante. “Este caso se acerca a la gestión de Maduro, como ninguno otro”, afirmó durante una conversación telefónica. Hasta ahora, están encausados (aunque libres) los venezolanos Francisco Convit Guruceaga, José Vicente Amparan Cróquer (caracterizado por EEUU como un “lavador de dinero profesional”), Carmelo Urdaneta Aquí (ex asesor legal del Ministerio de Minas) y Abraham Edgardo Ortega (ex director de Finanzas de Petróleos de Venezuela), así como el colombiano Gustavo Adolfo Hernández Frieri, el portugués Hugo André Ramalho Gois, el banquero alemán Matthias Krull y el uruguayo Marcelo Gutiérrez Acosta. De los últimos cuatro, están detenidos Hernández Frieri y Krull. Las aprehensiones permitieron conocer los detalles del caso, que de otra forma permanecería en secreto. Según el Departamento de Justicia estadounidense, todos estos individuos y otros cuyos nombres no han sido divulgados formaban parte de una estructura que aprovechaba el diferencial cambiario existente en el país para simular préstamos a la estatal petrolera en bolívares, que luego esta corporación pagaría en dólares a la tasa más baja. Este es el tercer expediente que se ventila durante los últimos dos años en EEUU sobre corrupción y sobornos en Petróleos de Venezuela. Los otros dos involucran a Roberto Rincón y Abraham Shiera (Houston) y el ex Tesorero Alejandro Andrade (Virginia). Pero previamente hubo escándalos internacionales que permitían avizorar lo que vendría, como fueron el desfalco al fondo de pensiones y el expediente del maletín repleto de dólares de la empresa petrolera, que llevaba a Argentina el empresario Guido Antonini. Tablante señaló que todas estas prácticas de corrupción se hicieron habituales durante la gestión de Rafael Ramírez, primero en declarar abiertamente que la estatal petrolera obedecía a los dictados de un partido político (“Pdvsa es roja-rojita”). Ahora, el exministro ha devenido en crítico al gobierno de Maduro. Sobre este último caso con seguridad se darán a conocer nuevos detalles en el tribunal de Florida, puesto que vendrán acciones civiles y penales que permitirán conocer con detalle los bienes que poseían Convit Guruceaga y sus asociados.

*Continúa el deslave en las filas militares. El 19 de julio, el comandante general del Ejército, mayor general Jesús Suárez Chourio, ordenó dar de baja a 277 efectivos de tropa. La mayoría de los expulsados son sargentos primeros o segundos, que no tendrían más de cinco años de recorrido en la carrera de armas. Pero también hay sargentos mayores de tercera, que podrían tener ocho o más años en las filas castrenses. Esta decisión fue tomada en virtud de que los referidos militares se ausentaron en forma injustificada de los cuarteles. Entonces, son deserciones que no son tramitadas como tales ante los juzgados militares, que actualmente están muy ocupados con el procesamiento de las disidencias políticas. Si todos los desertores fuesen enjuiciados, la justicia castrense colapsaría. En la Guardia Nacional ocurre una situación similar. De allí la insistencia de la jerarquía castrense en exaltar los beneficios de la carrera militar. En un acto celebrado en Maracay, el jefe del Ceofanb, almirante en jefe Remigio Ceballos destacó que durante la era del chavismo-madurismo los integrantes de la FAN han recibido beneficios como nunca antes, en términos de viviendas, vehículos y créditos para los oficiales jóvenes. Los hechos, sin embargo, parecieran indicar que cuarteles adentro no están muy convencidos.