Publicidad

domingo, 10 de septiembre de 2017

El terrorismo de hoy, y el que vendrá

El Gobierno contó 72 actos terroristas durante los primeros seis meses del año. Una estadística sesgada en la que no se toma en cuenta la creciente tendencia a utilizar la represión como medio para el terrorismo de Estado

@javiermayorca

En pleno fragor de las manifestaciones antigubernamentales, el Ministerio de Relaciones Interiores elaboró una estadística sobre los “actos terroristas” perpetrados en todo el país.
La estadística no se explica con un marco teórico ni con una definición operativa. Uno supone que lo allí plasmado se refiere a la cantidad de expedientes iniciados tomando en cuenta el enunciado de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. El texto, en su artículo 4 lo describe como todo “acto intencionado (,,,) cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, o desestabilizar gravemente o a destruir las estructuras políticas fundamentales”.
Como se ve, entonces, esta ley está orientada esencialmente a proteger al Estado de los ataques de individualidades u organizaciones, ya sea subnacionales o transnacionales, que intenten subvertir el orden.
Entonces, se puede entender mejor el sesgo con el que fueron recopiladas y sistematizadas las cifras sobre los 72 actos calificados como “terroristas” durante la primera mitad del año. En el 54% de tales episodios, el Estado figura como víctima. El escenario de la mayoría de los reportes fue Barinas, con 23.
¿Qué tuvieron de terroristas los saqueos y vandalismos ocurridos en esta comarca durante los días 15 al 28 de mayo? Cuando se pone la lupa sobre los reportes de esas protestas, nos percatamos de que para el Gobierno ser “terrorista” tiene muy poco que ver con la intimidación y mucho con el lugar de donde surja la acción. En dos platos, si se es opositor o simplemente no se está alineado con los designios del régimen, el riesgo de ser tachado de terrorista se incrementa enormemente.
Caso Los Verdes: terrorismo de Estado
Mayo, por cierto, fue clave en la estadística oficial, pues fue el mes en que ocurrió el 65% de los casos. No es coincidencia que este haya sido el mes en que se elevó a amarillo el nivel de alerta de la operación Zamora. Estaba en su apogeo el discurso militar para la construcción de un enemigo interno.
En todas partes del mundo, la calificación de una conducta como terrorista es un acto del poder. Un ciudadano de a pie puede sostener –incluso con razón- que ha sido víctima del terrorismo, pero sus palabras caerán en el vacío hasta que una instancia con capacidad de decisión, principalmente ejecutiva o judicial, así lo certifique. De igual forma, por las calles de un país se podrán pasear elementos de Estado Islámico o Hezbollah, y si el poder reinante no lo ve como una amenaza para su estabilidad no lo calificará de terrorista.
Este es un punto sobre el que hay que reparar durante la nueva fase de conflicto político que vive el país. Si los poderes públicos están secuestrados, como pareciera ocurrir en Venezuela, predominará la tendencia a tachar de terrorista cualquier manifestación de disenso, cualquier intento de lucha por la libertad, y en consecuencia se podrá desatar contra sus promotores toda la furia del Estado. Se podrá desaparecer líderes opositores y arremeter con blindados contra instalaciones residenciales. Esto, que ya forma parte del menú del más puro terrorismo de Estado, permanecerá en la absoluta impunidad, hasta que llegue un nuevo poder a examinar lo ocurrido. Entonces, podrá ser muy tarde.

Breves

*Uno de los problemas que viene reportándose en la Fuerza Armada es el incumplimiento de las distintas órdenes y directrices impartidas desde la superioridad castrense. Por ejemplo, han sido permanentes los recordatorios sobre la necesidad de implantar mecanismos más estrictos para el registro y la supervisión de las armas en cada unidad. El desorden en esta materia se presta para la sustracción de elementos como las municiones y las granadas. En un plano más general, pareciera existir un divorcio entre el Ministerio de la Defensa, comandado por Vladimir Padrino, y las unidades que son regidas a través del Comando Estratégico Operacional. Debido a esto, el 1 de septiembre, el general de división Gilberto Pulido, comandante de la zona operativa de defensa integral Trujillo, solicitó a los jefes de las unidades castrenses bajo su mando “leer y dar estricto cumplimiento” a las directrices emitidas por Padrino en la Guía de Planeamiento 2017, un extenso documento distribuido a principios de año que ha tenido escasa repercusión práctica en los cuarteles.

El hurto de cables, un dolor de cabeza
*La acción de la delincuencia amenaza con colapsar los servicios públicos en la capital del país. Así lo han reconocido en reuniones a puerta cerrada los responsables de Hidrocapital, Corpoelec y Cantv, a los efectos de elaborar un conjunto de propuestas para la campaña electoral del oficialismo. Los hurtos de partes y piezas, así como los asaltos a los vehículos de las diversas instituciones son frecuentes. Esto llega a un nivel tal que amenaza con privar de servicios de telecomunicaciones a municipios como Paz Castillo y Guarenas. Pero no hay ideas nuevas para contrarrestar la situación. La solución hallada fue más de lo mismo: elaborar un mapa de instalaciones estratégicas y “articular” lo referido a su vigilancia con la Fuerza Armada, a través de las zonas de defensa integral.


*El domingo 27 de agosto un grupo armado ingresó a la residencia del magistrado del Tribunal Supremo (designado por la Asamblea Nacional) Alejandro Rebolledo, quien actualmente se encuentra asilado en Estados Unidos. El inmueble, ubicado en Prados del Este, era utilizado por un familiar del abogado para llevar a cabo una reunión de activistas de Voluntad Popular. Los asaltantes, altamente coordinados, se llevaron las prendas y el dinero en efectivo de todos los asistentes. Pero no los teléfonos. Uno de los invitados a este encuentro llegaba del exterior, y también fue despojado de los dólares que llevaba por funcionarios de la Guardia Nacional, emplazados en el aeropuerto de Maiquetía.

*La crisis venezolana ya representa una clara amenaza para la estabilidad social de los países vecinos. En Panamá implantaron el visado a los venezolanos puesto que estaban llegando a ese país a un ritmo de cinco mil personas semanales. El ritmo de paso hacia Colombia es difícil de medir. Por el puente José Antonio Páez salen a diario seis mil personas, y solo regresan unas 700. En las Antillas Holandesas es cada vez más frecuente la intercepción de peñeros atestados de balseros que intentan llegar como sea posible. Esto ha generado un mercado negro de traslados en el que se cobra $500 por cabeza. Allí se calcula que permanecen unos veinte mil venezolanos. Al estado de Roraima se calcula que han entrado una cifra similar con intenciones de quedarse, lo que ha ocasionado un colapso en los servicios de salud pública. El último dato llega a través de una actualización hecha por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) según el cual las autoridades brasileñas están procesando nueve mil solicitudes de asilo de venezolanos. Esta misma fuente indica que a Trinidad y Tobago han llegado unos cuarenta mil venezolanos, 200 de ellos con intenciones de asilarse.


*La gente en la calle se pregunta cómo fue que la Guardia Nacional cambió de forma tan radical, hasta convertirse en el principal garrote represor del Gobierno (cosa que por cierto hicieron de manera muy efectiva). Para entender lo que pasó, hay que poner el ojo en los detalles, en lo que Norman Dixon denominaba los “rituales y las rutinas” que se implantan cuarteles adentro. Al poco tiempo, ya contaremos con elementos suficientes para ver lo que sucede. Han cambiado hasta el saludo. Recientemente, el jefe de la unidad Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional, general de brigada Hernán Hómez, impartió una orden de “estricto cumplimiento” para dar los buenos días, tardes o noches. Entonces, los subalternos deberán decir: “Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela sale por el Esequibo. Buenos días (menciona el grado), el honor es su divisa”. Toda esta perorata solo para saludar. Si se quiere dirigir al superior, la conversación comenzará con: “Chávez vive”, a lo que el superior deberá contestar: “La patria sigue”. Luego sigue el subalterno: “Independencia y patria socialista”. Y finalmente el superior: “Viviremos y venceremos”. Esto, repetido una y otra vez en los confines de los cuarteles termina lavando los cerebros de la tropa. Luego, bastará con que un superior diga que esos que protestan allá afuera solo quieren ir contra “el legado”.

domingo, 27 de agosto de 2017

La FAN contra el mundo

Los ejercicios Soberanía Bolivariana 2017 perfilan la situación de una FAN rechazada por la población, que tendría que defender al régimen contando con la oposición de sus vecinos

@javiermayorca

El 14 de agosto, en una alocución el presidente Nicolás Maduro ordenó a la Fuerza Armada la realización de ejercicios militares, en respuesta al comentario del presidente estadounidense Donald Trump, en el sentido de que no descartaba una intervención militar en Venezuela.
El simulacro de respuesta ante una eventual invasión fue bautizado Soberanía Bolivariana 2017, y se ejecutará durante el último fin de semana del mes (sábado 26 y domingo 27). Contrario a lo sucedido en los ejercicios anteriores, éstos se llevarán a cabo en un contexto de amenaza real, que trae a las mentes de los más veteranos las incursiones de unidades del Comando Sur en Grenada (1983) y en Panamá (1989).
En este caso, tal y como sucedió durante los días previos a la captura de Manuel Cara de Piña Noriega, el régimen aparece como impuesto a sangre y fuego sobre la mayoría de la población. La FAN, entonces, se verá desprovista de todo apoyo popular. Las encuestas lo revelan con claridad, pues figura entre las tres instituciones más aborrecidas por la ciudadanía. Es más, según el coronel retirado Antonio Guevara, la ciudadanía opositora (es decir, la gran mayoría del país) ya figura en la lista de “fuerzas enemigas”.
La jerarquía castrense solamente contará con su soldadesca, desmoralizada y peor alimentada para realizar estos ejercicios, y cualquier escenario que se presente con posterioridad.
Una semana después de la orden presidencial, el Comando Estratégico Operacional de la FANB inició la distribución de los instructivos que regirán las actividades de cada unidad. Estos documentos, indican fuentes militares, tienen en sus primeras páginas la descripción de una situación bélica. Para este caso, se plantea que buques de fuerzas enemigas anclaron frente a las costas del país, y han bloqueado todos los accesos marítimos. Mientras tanto, se han producido infiltraciones de avanzada para ubicar blancos específicos, que luego serán destruidos mediante el poder misilístico. Estas incursiones, por cierto, se adelantarían a través de la frontera suroeste. En ciudades como Cúcuta se producirían agrupamientos de tropas, que solo esperan la orden de entrar en territorio nacional, una vez cumplida la misión de ablandamiento.
Según el planteamiento general de la FAN, el propósito de la intervención militar estadounidense no sería la ocupación del territorio nacional sino “derrocar el gobierno venezolano e instalar un régimen títere”.
En este caso, los ejercicios perfilan la plena fusión entre las estructuras militares y las del Ejecutivo, no solo en el gobierno central sino también en las gobernaciones, alcaldías y entes descentralizados, que serían importantes fuentes de “apoyo logístico” en una situación bélica.
El país "rojito" defendería al régimen
Para el momento en que salga esta columna, ya han comenzado las actividades preparatorias para los ejercicios: retoma de embarcaderos, uso de francotiradores, etc. Y el sábado 26 habrá una “marcha administrativa” y una gran concentración, a la que debe acudir hasta el personal de limpieza de los cuarteles. Maduro también quiere ensayar su discurso de victoria.

PS: al momento de incorporar este texto en el blog, el domingo 27 de agosto, la propia Fuerza Armada se ha encargado de difundir numerosos videos que muestran diversos aspectos de los ejercicios, algunos verdaderamente risibles. Desde el bloqueo de embarcaderos mediante la utilización de “escudos humanos” civiles hasta la entrega de lanzacohetes Igla-s a patrullas mixtas de tropas de la GN y oficiales de la PNB. Todo da la impresión de una rudimentaria preparación para la guerra popular, con un uso intensivo de las tropas y los civiles que decidan incorporarse a la defensa ante una eventual intervención. Esto implica además que las fuerzas militares regulares venezolanas serían fácilmente rebasadas. Una señal que confirma esto es el énfasis puesto en los grupos tácticos y de francotiradores, provistos con fusiles Dragunov.
Se insiste, entonces, en la guerra prolongada de “cuarta generación”, que supone un reagrupamiento luego de la derrota inicial.

Breves

*En el ministerio de la Defensa hay preocupación por la incapacidad de la FANB para manejarse en las redes sociales. Ese campo de batalla caótico y desregulado no ha sido lo mejor para los mandos castrenses venezolanos. Cuando twitter, facebook y los sistemas de mensajería directa comenzaron a transmitir información comprometedora, como por ejemplo el involucramiento directo de oficiales y tropas en el traslado de alijos de drogas, el ministro Padrino ordenó total blackout. Aunque realmente no le hicieron mucho caso. Ahora, vienen en retroceso. Esta semana se filtró una nueva directriz: todas las unidades deben crear sus cuentas twitter, y divulgar por lo menos diez mensajes diarios para enaltecer los particulares conceptos de patria, revolución, etc. Igualmente, deberán hacerse eco (retuitear) de todo lo que salga a través de las cuentas del presidente Nicolás Maduro, el ministro Padrino y el almirante Ceballos Ichaso, jefe del Ceofanb. El problema, sin embargo, es que la gente termina fastidiada de tanta propaganda. Una nueva batalla perdida.

Difícil de olvidar a los del Conas en CCCT
*En el interior de la FAN comienzan a señalar la existencia de un permanente “ataque mediático” contra la institución. Una de las entidades que se ha sumado a esta prédica es el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional (Conas). Allí se han percatado de que sus aparentes “logros” no tienen cabida en los medios independientes ni en las redes sociales. Por eso, su comandante, general de división Hernán Hómez, ordenó la notificación inmediata de los logros al Departamento de Relaciones Públicas de la Comandancia General, para que desde allí se haga la divulgación. No será tan fácil sanar las heridas abiertas durante los últimos cuatro meses por la GN, y especialmente por los efectivos del Conas, que de conformar una unidad especializada en delitos tan graves como el secuestro y la extorsión pasó a ser la perseguidora de manifestantes. La gente no olvidará con rapidez a los uniformados de este comando disparando alrededor de CCCT. Tampoco a sus blindados participando en el derribo de puertas y rejas en edificios civiles en Palo Verde y El Paraíso, ni la participación de sus oficiales y tropas en allanamientos sin orden, por citar hechos fácilmente constatables.  

*La fractura interna en la FAN se ve en pequeños detalles como el incremento de las deserciones. Hay unidades en las que el pie de fuerza se ver mermado en más de 30% debido a esta razón. Inicialmente, lo registran como “permanencia arbitraria” fuera del cuartel. Esto se presta para muchas cosas, por ejemplo, que los militares aprovechen su condición para robar o extorsionar cuando supuestamente están en servicio. En la segunda semana de agosto, se ordenó a las unidades de la FAN enviar a la Fiscalía Militar las correspondientes denuncias para iniciar averiguaciones penales contra los que pasen seis días fuera de sus unidades. Con los manifestantes y los desertores, estos fiscales van a tener mucho trabajo.

*Comienza a sentirse un claro repunte en la criminalidad. Lo dicen las percepciones de la ciudadanía, y también las estadísticas. El ministro Reverol intentó aprovechar para su causa la disminución puntual de 50% en los secuestros en el municipio Libertador durante este año, con respecto a 2016 (en Miranda, por cierto, también hubo una baja, aunque no tan pronunciada). En la semana en que el titular del MRI divulgaba esta cuña, el delito se disparó 100%. Es claro que hay una relación entre las manifestaciones que hubo hasta julio en todo Distrito Capital y la disminución de los plagios. Las calles bloqueadas y la gente movilizada hacían más difícil los secuestros, e igualmente los robos de vehículos. Al cambiar esta situación, el delito repunta nuevamente. Ya lo veremos culpando al imperio o a la derecha fascista por esta situación.

*El director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, notificó a todas las unidades sobre la implantación de un nuevo protocolo para la toma de muestras en investigaciones sobre delitos de drogas. Las muestras podrán ser de materias primas, productos en fases de elaboración o ya terminados. Siempre deberán hacerse tres de la misma fuente. La primera, la “original” que será usada para experticias en laboratorios. La segunda, llamada “duplicado”, será usada para exámenes si los fiscales tienen alguna duda con respecto a la original. Y la tercera, llamada “triplicado”, será usada para análisis de constatación de los resultados de la del “duplicado”, o para la contraexperticia que se acuerde a solicitud de la defensa. Esta última estará bajo custodia del Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas. Cada muestra deberá ser representativa del todo. En este caso se entiende por representativo que provenga del 10% del total de la sustancia comprometida, escogido en forma aleatoria. Cada muestra deberá estar debidamente empaquetada y precintada con las firmas de todos los funcionarios actuantes y de los testigos. Una norma similar es aplicada en países como España desde hace mucho tiempo. 

domingo, 13 de agosto de 2017

Después del asalto

*La irrupción de un grupo armado en el fuerte Paramacay de Carabobo tenía un propósito inmediato, que era el apertrechamiento con material de guerra. La pregunta es para qué lo usarán los protagonistas de la operación David. Mientras tanto, en la FAN se inició una temporada de caza

@javiermayorca

Lo ocurrido en el fuerte Paramacay del Ejército durante la madrugada del domingo generó mucha confusión y especulaciones en todo el país. Por momentos, hubo la sensación de que la situación estaba fuera de control, y que se avecinaba una nueva asonada militar.
Nada de eso ocurrió. A pesar de la mediocridad de los mandos castrenses, que llegaron al sitio del suceso unas siete horas después de la irrupción para enviar un mensaje en video, lo cierto es que no hubo golpe ni sublevación. La razón es muy simple: más allá de la propaganda de uno y otro bandos, la naturaleza de la acción llevada a cabo ese día en la gran unidad militar de Carabobo no tenía como primera pretensión el cambio del régimen, sino el apertrechamiento con armas de guerra.
En dos platos, hablamos de un asalto.
Esto indica que el grupo encabezado por al capitán retirado de la Guardia Nacional Juan Carlos Caguaripano Scott comenzó la llamada Operación David buscando los fusiles, las granadas y las municiones que le hacían falta.
Ahora, la Contrainteligencia Militar y el Sebin intentan deducir por dónde irán los próximos tiros. A través del Ceofanb, ordenaron a todas las unidades militares el reforzamiento de la vigilancia perimetral en los cuarteles, e igualmente la activación de escuadras ligeras de reacción inmediata, conformadas por una decena de efectivos de tropa, atentos día y noche para sofocar el descontento en sus propias filas.
Al mediodía del domingo, cuando todavía no se sabía a ciencia cierta dónde podrían estar los doce hombres que escaparon con buena parte del polvorín de la brigada blindada, se ordenó que los comandantes de zonas operativas de defensa integral pasaran revista a las unidades acantonadas en sus territorios. En Vargas, por ejemplo, el general de división Solís Martínez hizo una revisión presencial a las tropas y sostuvo que todos los profesionales de armas deben estar comprometidos con la “revolución bolivariana”.
Suárez Chourio y su video
El lunes continuó la persecución a lo interno de la FAN. Se reportaron detenciones preventivas en la Armada y el Ejército. En este último componente un coronel que laboraba en Apure, Bendahan Coutinho, fue puesto a resguardo cuando encontraron un mensaje en uno de sus celulares que fue considerado como “contrarrevolucionario”. El oficial, graduado en la promoción 1987 (compañero de Diosdado Cabello), ejercía labores de relaciones públicas. Fue la misma táctica aplicada días atrás para buscar argumentos que justificaran la detención del general de división Rolando Esser del Lima. De la misma forma implicaron en instigación a la rebelión a un coronel del Ejército en Trujillo.
El martes a las 5 am una comisión de la Dgcim trasladó sin previo aviso al general en jefe del Ejército Raúl Baduel desde su lugar de reclusión en Ramo Verde a la sede del cuerpo de inteligencia en Boleíta. Previamente se había reforzado con blindados y más tropas la vigilancia a la cárcel. Pero eso como que no bastó. El propio abogado de Baduel, Omar Mora, cree que se trató de una reacción de temor ante la posibilidad de un rescate con las armas robadas del cuartel de Valencia.
La espectacular incursión en la principal unidad blindada del Ejército ha desatado reacciones en todos los frentes. En la FAN se inició la temporada de caza.
PS: luego de entregada la versión de esta columna que publicaron Runrunes y Tal Cual el jueves 10 de agosto fueron detenidos el capitán Caguaripano y el teniente Yefferson García Dos Ramos. Fue un hecho si se quiere fortuito. Pero independientemente de eso hay dos aspectos que llaman la atención. Por una parte, la desesperación del ministro de la Defensa Vladimir Padrino en atribuir la captura a unidades de la Fuerza Armada, cuando fue el producto de un procedimiento de policía preventiva en La California. Además, se filtraron informaciones a ciertos influenciadores de opinión para dar la impresión de que con Caguaripano y García habían caído más integrantes del grupo que llevó a cabo la operación David, y que además fue incautado un importante lote de armas, cuando en realidad solo han localizado algunos fusiles y granadas enterrados en la proximidad de la 41 brigada blindada, envueltos en una lona.
Esta desesperación de los mandos militares, unida a la ausencia de controles legales, podría sentar las bases para que los oficiales sean torturados en Contrainteligencia Militar, tal y como lo han sugerido la mamá y la esposa de Caguaripano en declaraciones públicas. A estas alturas, nadie cree en las seguridades que permanentemente declara el ministro Padrino sobre la sujeción de sus procedimientos a la normativa de Derechos Humanos.

Breves

*En julio la encuestadora Gallup presentó su Indice Mundial de Ley y Orden (Global Law and Order Index). Para este trabajo fueron entrevistadas 136.000 personas en 135 países. Les hicieron cuatro preguntas para medir la confianza en los cuerpos policiales locales, la percepción de seguridad y la victimización por robo y hurto durante el último año. “Los resultados alrededor del mundo fueron desde el tope de 97 para Singapur hasta el bajo de 42 en Venezuela. En 2016, mientras Venezuela descendía en el desorden, solo 12% de sus residentes dijeron sentirse seguros caminando de noche solos en los lugares donde viven, y 14% expresó confianza en sus policías. Ambos porcentajes no solo son los más bajos registrados para Venezuela sino también los más bajos que Gallup ha medido en todo el mundo desde 2005. Al mismo tiempo, 38% de los venezolanos dijo que les habían robado dinero o alguna propiedad durante el último año –un récord.” Esto equivale a más de diez millones de personas víctimas de asalto o hurto en doce meses. De acuerdo con el informe, solo se han visto cinco países en los que la gente reconozca haber sido robada con mayor frecuencia que en Venezuela. Todos quedan en el Africa Subsahariana.

*Lo que espera con el fiscal designado por la ANC Tarek William Saab. Para el momento de la redacción de esta nota, habían transcurrido más de 24 horas desde la muerte de un joven manifestante en Barquisimeto. Se trata de Eduardo Orozco de 19 años de edad. En las primeras de cambio, la Guardia Nacional divulgó una minuta para señalar que había fallecido en el curso de un “enfrentamiento” con efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de ese componente (Conas) en el sector Bellas Artes de Barquisimeto. El domingo, fue ultimado en Valencia Ramón Rivas, dirigente de Avanzada Progresista. En ninguno de estos casos hubo pronunciamiento público de la Fiscalía en cuanto al inicio de las pesquisas y las circunstancias en las que se produjeron estos hechos. En cambio, el despacho de William Saab sí se pronunció con diligencia sobre el escrache del que fue objeto la rectora del Consejo Nacional Electoral Socorro Hernández, mientras hacía compras en una carnicería. El mensaje es claro: esta Fiscalía estará muy atenta para proteger al poder y no a los ciudadanos que expresan su descontento en la calle.

*El ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz maneja una interesante estadística que permite conocer cómo se ha comportado la criminalidad durante la primera mitad del año. En ese lapso fueron denunciados 14.409 robos genéricos. No se incluye el robo de vehículos, sobre el cual se hace una consideración aparte. En el MRI están satisfechos puesto que la cifra representa una disminución de 7% con respecto al mismo lapso de 2016. Esto puede tener múltiples interpretaciones. Todas pasan por incorporar en el análisis el impacto que ha tenido la conflictividad política, que definitivamente ha desacelerado la actividad económica, y por ende ha restado oportunidades para el robo de bienes. Cuando se revisa de manera un poco más detallada, encontramos que durante la primera mitad del año han sido denunciados los robos de 7.187 teléfonos celulares. El número es desde luego un pálido reflejo de la realidad, puesto que casi nadie acude a Cicpc para notificar que lo han despojado de estos aparatos. Aún así, los antisociales han incrementado en 23,4% los robos en este rubro. Una posible explicación es la rebatiña que se produce durante las manifestaciones, en las que policías y delincuentes unen fuerzas para victimizar a las personas que se oponen al Gobierno. También que los delincuentes aprovechan cualquier oportunidad que se les presenta para despojar a los transeúntes de estos codiciados dispositivos, mientras circulan por las vías públicas.

Policía o soldado
*Lo del cambio del uniforme de la Policía Nacional Bolivariana, además de representar un gran negocio, es indicador de un giro en el carácter del trabajo que desempeña la institución. Se debe recordar que el atuendo anterior, de pantalón azul y camisa caqui, fue decidido en función de la imagen que debía transmitir un cuerpo de seguridad preventiva, caracterizado por la proximidad de sus agentes con las comunidades. Había además una intención de diferenciarlo de los demás cuerpos policiales, puesto que los municipales llevarían la camisa verde, y los estatales una azul. Pero todo esto dentro de un concepto más orgánico. El nuevo uniforme, de camuflaje gris y negro, fue decidido según el siguiente criterio: “Estudios internacionales demuestran que el camuflaje tradicional puede ser detectado por el ojo humano en un segundo, mientras que el camuflaje pixelado (usado por la PNB) puede ser detectado en dos segundo y medio, y esto puede marcar la diferencia entre vivir o morir”. Este es el análisis hecho en la propia policía. Estamos entonces ante un cuerpo que pasó de concebir su trabajo en términos de prevención del delito y de los conflictos a otro que se ve a sí mismo como instrumento de combate. Esto es de por sí peligroso, pero mucho más en el ambiente altamente politizado que caracteriza a la PNB desde su nacimiento.

*Llegan documentos sobre el impacto que ha tenido la acción de grupos delictivos sobre las operaciones de los campos petroleros en Trujillo. Los delitos más frecuentes en los municipios Andrés Bello, Sucre y La Ceiba del referido estado son la extorsión, el robo de vehículos y los robos y hurtos de “materiales estratégicos” utilizados por Petróleos de Venezuela en sus operaciones. Las acciones de los cuerpos policiales y de la Guardia Nacional son espasmódicas, y por ende tienen escaso efecto. Ahora, indica un informe, el hampa se ha adueñado de los espacios aledaños a los campos, y “el personal siente temor de realizar denuncias formales ante los organismos de seguridad del Estado sobre las amenazas recibidas de parte de personas armadas”. Uno de los incidentes reportados ocurrió el 22 de mayo en El Tigre, un poblado del municipio Andrés Bello, donde 40 sujetos provistos de armas largas detuvieron un transporte de personal que iba a la planta Motatán II, inspeccionaron el vehículo y luego le permitieron el paso. Esto indica que, además de las bandas criminales, es probable que en Trujillo operen elementos de grupos irregulares.

*El 1 de agosto una avioneta Piper Séneca se estrelló cuando intentaba despegar de la pista de Rubelsanto en Guatemala. Dos hombres resultaron lesionados. El accidente fue grabado por completo por personas que vigilaban el movimiento de la aeronave. Las autoridades aeronáuticas guatemaltecas indicaron que el plan de vuelo daba como destino Ciudad de Guatemala. Pero los investigadores del caso creen que iba a Venezuela, toda vez que le habían colocado una calcomanía con las siglas falsas YV-1539. El aparato se estrelló por sobrepeso. Nunca pudo ganar más de diez metros de altura, debido a la cantidad de combustible que había cargado en tanques adicionales. Una vez apaciguada la conflictividad política, resurgen los datos sobre la reactivación de los vuelos ilícitos en Apure y el sur del lago de Maracaibo.

domingo, 30 de julio de 2017

FANB y constituyente

*La convocatoria a una ANC por el presidente Maduro tomó por sorpresa a la Fuerza Armada, y representa una amenaza al concepto de institucionalidad que los militares intentaron construir durante la era chavista

@javiermayorca

La convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente fue un hecho sobrevenido y sin planificación alguna. Cuando el presidente Nicolás Maduro hizo el anuncio, durante una intervención pública el 1 de mayo, la información correspondiente solo estuvo circulando en el Ejecutivo durante el fin de semana previo. Julio Borges la pescó.
Es probable que cuando Maduro hizo su invocación durante el acto en la avenida Bolívar ya algunos militares estuviesen enterados de lo que venía. Pero la institución castrense como un todo fue tomada por sorpresa. No había documentos ni propuestas que sustentaran y justificaran la elaboración de una nueva Carta Magna. Cero discusiones en los estados mayores.
Y Maduro fue elaborando sobre la marcha. Una semana después, en vista de que los militares no terminaban de tragarse el disparate, el Comandante en Jefe planteó la necesidad de una “constituyente militar”, y ofreció que la asamblea guardaría unas plazas para los profesionales de armas, sin que tengan que someterse a votación.
El GD Rolando Esser, detenido
La constituyente planteó para la Fuerza Armada toda una alteración de su rutina. En los calendarios trazados a finales de 2016 no había ejercicios para una Operación República. Mucho menos había presupuesto para eso. Todo tuvo que hacerse de manera improvisada, contra la voluntad de buena parte de la oficialidad, incluidos los generales que hasta junio comandaron el Ejército y la Aviación.
En la base de la pirámide militar, los oficiales de las promociones egresadas más recientemente de las academias de cada fuerza tampoco salían de su asombro. En la tercera semana de mayo, convocaron a los que tenían hasta 10 años de servicio (tenientes, primeros tenientes y capitanes) para que acudieran a Caracas a escuchar unas charlas con las que intentarían convencerlos de que la constituyente de Maduro es en realidad una continuación del “legado” de Comandante Supremo y Eterno. Sí, el mismo que se cansó de decir que la Constitución del 99 era “la mejor del mundo”.
En este lapso, los militares también han hecho sus aportes a la población penitenciaria. No importa si están abiertamente contra el régimen, como el coronel retirado de la Guardia Nacional Hidalgo Valero, o si apenas hay una sospecha sustentada sobre mensajitos ambiguos de whatsapp, como ocurre con el general de división de la Aviación Rolando Esser de Lima, vicepresidente de Corpovex.
“Están aplicando la rastropesca”, advirtió en mayo un operador de inteligencia. Es el método peculiar de las purgas, durante las cuales se llevan por delante a algunos pecadores y a muchos justos. Desde luego, en estos procesos terminan pagando también los oficiales que se hacen llamar “institucionales”. No hay neutralidad posible.
La constituyente de Maduro también cuestiona la institucionalidad militar, aún en los términos tan particulares que trató de imponer Chávez. En los tiempos del teniente coronel, la oficialidad sentía mayoritariamente que tenía a uno de los suyos en la Presidencia. Y por eso le aguantaron sus deslices y lloraron su muerte. Con el heredero sucesor ese nexo se perdió.
Por eso Maduro se quedó sin Fuerza Armada. Por eso los tenientes y sargentos graban mensajes y los cuelgan en Youtube, anunciando lo que tarde o temprano se manifestará.

Breves

*El gobierno estadounidense, por medio del Departamento del Tesoro, impuso sanciones contra trece funcionarios, exfuncionarios o dirigentes del oficialismo. Es el tercer grupo de oficialistas sancionados. Hay que resaltar varios aspectos. Por una parte, llama la atención algunos que no figuran en la lista. Dos nombres fundamentales son los del general en jefe Vladimir Padrino y el diputado Diosdado Cabello. Sobre Padrino existe la convicción de que se trata de un militar “irrecuperable” para la causa democrática. Sus propios familiares han enviado mensajes grabados en ese sentido. Sin embargo, por ahora, el gobierno estadounidense se abstuvo de congelar sus fondos. Ahora bien, las medidas anunciadas el 26 de julio no fueron retaliaciones por nexos directos con el tráfico de drogas sino por participar en violaciones a los Derechos Humanos (Lista Obama). Por eso llama la atención la inclusión de cuatro personas: Rocco Albisini (presidente del Cencoex), Alejandro Flemming Cabrera (expresidente de Cencoex), Simón Zerpa (vicepresidente de Finanzas de Pdvsa) y Carlos Malpica Flores (ex vicepresidente de Finanzas de Pdvsa). Ellos no se han visto involucrados directamente en la ejecución de la represión. Hay además otros aspectos que no han sido convenientemente analizados aún. Fueron sancionados los jefes máximos de dos poderes públicos, como son Tibisay Lucena (Electoral) y Tarek William Saab (Moral), que se unen en la lista del Tesoro al presidente del TSJ Mickael Moreno, sancionado en mayo, y el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami. Entonces, están prácticamente todos los representantes de los poderes públicos, salvo el Legislativo. Esto implica que, para EEUU y probablemente para la mayoría de la comunidad internacional, Venezuela entra de hecho en la categoría de Estado forajido o canalla. Es decir, donde no hay respeto a las leyes, ni en el plano interno ni en el internacional. Donde los derechos humanos son meras entelequias. Una situación que traerá consecuencias en muy corto plazo.

*Agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar detuvieron al teniente coronel de la Guardia Nacional Francisco Gregorio Colina, quien fuera hasta mediados de julio el jefe de armamento del Comando de Zona del componente en el estado Apure (número 35). Igual medida recayó sobre los sargentos Carlos Tinedo y Wilmer García, que cumplían funciones de vigilantes del parque de armas de la misma unidad. La investigación se inició al tenerse información sobre supuestos faltantes de armas. Al comandante de imputarán sustracción de efectos de la Fuerza Armada y abuso de autoridad entre otros delitos. Al momento de escribirse esta nota, el oficial y los suboficiales eran trasladados por una comisión hacia un juzgado castrense en el estado Guárico.

Hung herido 16 veces
*Estupor en medios militares ocasionó el asesinato del teniente coronel del Ejército José Manuel Hung Chang, un oficial que había desertado de la Fuerza Armada, luego de que le negaran la baja que había solicitado. Hung, de 53 años de edad, fue ultimado el martes 11 de julio a las 6 am por sujetos que le propinaron 16 cuchillladas en las cercanías del condominio Don Mares, en el sector Betania de Panamá. El oficial vivía con humildad en Venezuela, y ante el deterioro de la situación social y política vendió lo que tenía y en 2015 se fue al país centroamericano junto a su mujer e hijos. Cuando desertó de la Fuerza Armada, desempeñaba una posición administrativa en el Ministerio de la Defensa. Hasta ahora, el caso permanece impune en ese país. No se descarta que haya sido víctima de un homicidio por encargo.

*La FANB elaboró un censo de las llamadas “fuerzas de choque”, activadas para la defensa del proceso constituyente. Estos grupos están ligados a distintos despachos gubernamentales. El registro correspondiente con nombres, apellidos, cédulas de identidad y organismo donde trabajan es llevado por las distintas zonas militares, las cuales a su vez envían la información actualizada al Comando Estratégico Operacional. Algunos de estos grupos están integrados por milicianos que se redondean el salario ofreciendo servicios de seguridad a empresas estatales.

*Para el momento de la redacción de esta columna, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) ha detenido a tres de los 33 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, designados por el actual Parlamento y juramentados en un acto público celebrado en la plaza Sadel, el 21 de julio. La policía política, que responde a los designios de los radicales del oficialismo, se juega la carta dura y entorpece el proceso de negociaciones adelantado a través del exjefe de gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero. Los abogados son sometidos a juicio ante tribunales militares, que están diseñados para impartir penas ejemplarizantes en las filas castrenses, y no para seguir las formalidades del debido proceso y el derecho a la defensa. A esto se le llama “justicia de comando”, pues además los procesos judiciales son iniciados por mandatos de la superioridad, empezando por el Comandante en Jefe. De manera que el propio Maduro con su orden de detener a los nuevos magistrados ha terminado por cerrar las puertas a cualquier entendimiento con la oposición en vísperas de la elección para la Asamblea Nacional Constituyente.

*560 saqueos registró el Ejecutivo durante los primeros seis meses del año. Esta es una cifra parcial, pues no incluye casi ningún apoderamiento de mercancía en camiones. Según fuentes gubernamentales, esos son vistos como simples robos. Los meses de mayo y junio abarcaron el 85% de los casos reportados. Un lector desprevenido podría inferir la existencia de una correlación casi directa y causal entre las protestas contra el régimen y las arremetidas contra los comercios. Pero un análisis de la casuística permite concluir que es necesario incorporar otros factores, como por ejemplo la ausencia de policías o militares, o como se ha visto en numerosos casos la participación activa de funcionarios de cuerpos de seguridad en tales actos. Así sucedió en Valencia y Cumaná. Por cierto, la arremetida de las turbas contra el parque industrial de Carabobo hizo que este estado lleve la delantera en cuanto al número de casos, con 210.

domingo, 16 de julio de 2017

¿Se desinfla la cúpula militar?

El ascenso de 140 oficiales al generalato venezolano, aunque parezca una cifra exagerada, representa realmente una sensible disminución con respecto a los años anteriores. Quizá en el Gobierno se dieron cuenta de que, como reza el refrán, hay mucho cacique para tan poco indio

@javiermayorca

En medio del desbarajuste ocasionado por las protestas generalizadas en el país, el presidente Nicolás Maduro ascendió a 140 oficiales a los distintos grados del generalato y sus equivalentes en la Armada.
Estos ascensos permiten extraer un conjunto de conclusiones, aunque no definitivas, sobre el curso de las cosas en el seno de la institución militar. Se trata de un tema que debe ser abordado y discutido por la sociedad en pleno, desde una perspectiva informada y con sentido profundamente civilista.
En primer lugar, la cifra incluye el caso de Gustavo González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en respuesta a la citación que le hizo el Ministerio Público en calidad de imputado, por estar incurso en violaciones a los Derechos Humanos durante las acciones de represión contra quienes han participado en manifestaciones a partir de abril.
Maduro, y nadie más, envía un claro mensaje, tanto a lo interno de la Fuerza Armada como al país en general, sobre su disposición de jugar “cuadro cerrado” con aquellos militares que le son leales, incluso, violentando los límites que solían imponerles las leyes del país. Chávez también actuó así en 2010, cuando promovió al mismo grado al actual gobernador de Trujillo, Henry Rangel, con el ánimo de despejar cualquier duda de su respaldo a un oficial que era señalado desde el Departamento del Tesoro de EEUU como pieza fundamental en el esquema de “drogas por armas” de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Pero hay otros aspectos relevantes en este proceso.
La cifra de 140 ascendidos a los grados de generales y almirantes pareciera desproporcionada para unas fuerzas militares que nunca han participado en una guerra regular. Ahora bien, todo depende del punto de comparación. Durante la segunda administración de Rafael Caldera (1994-1999), lo usual era que aproximadamente 40 oficiales entraran en la élite del generalato o llegaran a la cúspide de la pirámide, representada entonces por el grado de general de división o vicealmirante. Si se toma en cuenta este promedio, los ascensos otorgados por Maduro este año fueron exorbitantes.
Pero las cifras de ascensos de los últimos años parecieran indicar otra cosa. Veamos.


 Los primeros cuatro años de la serie corresponden a los ascensos al generalato decididos por Hugo Chávez entre 2009 y 2012. En ese lapso, el promedio anual de oficiales promovidos al grado superior fue 141. Durante la era Maduro la media ha sido 193. Es decir, el actual Presidente ha engrosado el generalato en promedio mucho mayor que el período en que Chávez fue más generoso con los profesionales de armas.

Maduro definitivamente devaluó los grados más importantes de la FANB. Cuando comenzó la era democrática, las fuerzas armadas venezolanas solo tenían un general en jefe, Eleazar López Contreras. Un grado concedido de forma honorífica a un oficial que fue presidente del país y contribuyó a la transición hacia la democracia. La antigua legislación militar establecía que este grado solo podía ser conferido por el Jefe del Estado, previa aprobación mediante mayoría calificada del Poder Legislativo, a aquellos profesionales de armas que hayan tenido “hechos de armas distinguidos” en tiempo de guerra, y en tiempo de paz en “recompensa a méritos excepcionales y especiales servicios a la Patria”.
En los últimos 18 años han otorgado el máximo grado de la FAN a oficiales investigados por tráfico de drogas y corrupción, e igualmente como simple retribución a la lealtad política. Chávez y Maduro ascendían a esta posición a los militares que designaban para el Ministerio de la Defensa.
De allí hacia abajo, la más absoluta discrecionalidad en medio de una ausencia total de controles externos. Ahora, los generales y almirantes son caciques sin indios que comandar. En el caso de Maduro, esto puede guardar relación con un interés de ganarse favores en la cúpula castrense, por caer bien en un medio del que poco o nada entiende.
Ahora bien, este año podría marcar una ruptura con la tendencia que traían los ascensos. En 2017 la cifra de oficiales favorecidos con los grados más altos de la FAN ha sido la menor de toda la década. Con respecto a 2016, este año fueron ascendidos a la cúspide militar 25% menos oficiales.
El exceso de generales ha fomentado la militarización de la administración pública, en ámbitos como la gestión económica, la salud y la educación. El último nombramiento que va en esta línea fue el del general de división (GNB) José Pinto Gutiérrez para la rectoría de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, donde se forman los policías civiles de prevención e investigación.
Es posible que el presupuesto militar ya no dé para mantener tantos soles. También es posible que tantos soles acumulados tampoco hayan servido para darle luces al Gobierno.  

Breves

*1090 personas permanecen detenidas en locales de la Policía Nacional Bolivariana en Distrito Capital. Son 19 instalaciones, muchas de las cuales no reúnen las condiciones mínimas para esta finalidad. El cuerpo pionero del “nuevo modelo policial” aloja a sus presos en oficinas administrativas, habitaciones transformadas en celdas y todo tipo de espacio que pueda servir para mantener a detenidos. En fin, lo mismo que se hacía antes, cuando ese “nuevo modelo” no existía. Al 9% de la población bajo custodia de la PNB en Distrito Capital le imputan “alteración al orden público” y otros delitos, es decir, se trata de personas aprehendidas por protestar contra el Gobierno. 26 de ellos tienen menos de 20 años de edad. Están en las sedes de Boleíta, Coche, San Agustín, Antímano y El Valle, mezclados con presos por delitos comunes. Varios de ellos están en el proceso de tramitación de la fianza, pero han tenido dificultades para encontrar los fiadores que en cada caso son exigidos. Este factor viene a unirse a las dificultades que ya se afrontaba en las distintas sedes de la PNB para albergar a los presos, debido al retardo procesal y a la dilación del ministerio para Servicio Penitenciario para asignar los llamados “cupos” en los internados judiciales. Por ejemplo, 463 detenidos se encuentran en lo que llaman “fase de investigación”, mientras que 386 están a la espera de audiencia preliminar y otros 38 ya cumplen condena en estos lugares.

Lamas también vendía perros
*El 24 de junio fue extraditado desde Colombia a EEUU el piloto y militar retirado venezolano Yazenki Antonio Lamas Rondón. Este hombre de 37 años de edad fue capturado en Bogotá el 9 de junio de 2016, en atención a una notificación roja cursada desde EEUU a través de Interpol. Es señalado de participar en el transporte con aviones de 1600 kilos de cocaína. Aunque había pasado a retiro en 2008, mantenía intactos sus nexos con oficiales activos de la Fuerza Armada, especialmente de la Aviación. La solicitud de extradición que cursó en la Corte Suprema de Colombia revela que los indicios de la participación de Lamas en el traslado de drogas fueron recabados entre abril de 2014 y noviembre de 2015, es decir, durante 19 meses. Pero se cree que sus actividades se remontan a mucho tiempo antes: “(…) Como parte del concierto para delinquir Lamas Rondón sobornó a autoridades militares venezolanas para evadir la interdicción de las aeronaves que entraban en el espacio aéreo venezolano desde Belice, Honduras, México, y otros países”. El oficial retirado gustaba utilizar aeronaves de matrícula estadounidense, en especial un King Air que una década atrás había pertenecido una agencia gubernamental norteamericana. Su último viaje a Colombia supuestamente tuvo dos propósitos: trazar alianzas con el clan Usuga (antes Los Urabeños) y presenciar una exposición de perros, por los que tenía tanta afición que había inscrito una empresa para venderlos en el exterior. La revista Semana informó que el gobierno venezolano habría intentado disuadir al presidente Santos de dar la luz verde a la extradición de Lamas, durante una reunión en La Habana entre representantes de ambas administraciones. Lamas será enjuiciado en la Corte del Distrito de Columbia, en Washington.

*En 2016 el Gobierno no publicó cifras definitivas sobre los decomisos de drogas. Ya en los años anteriores habían omitido la divulgación detallada de tales cifras en la web de la Oficina Nacional Antidrogas y en los informes de Memoria y Cuenta del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Ahora fueron un paso más allá, y no entregaron las estadísticas oficiales a los enlaces policiales y representantes de organismos multilaterales que adelantaban algunos convenios de cooperación en materia de prevención e interdicción contra las drogas ilegales. La falta de transparencia llevada a este plano impide la continuidad de tales iniciativas, pues no hay manera de medir si tienen éxito o si fueron cumplidas las metas fijadas con antelación. Pero la cosa va más allá. El riesgo, indicó un enlace policial, es que desde los despachos del propio Ejecutivo estén traficando con los alijos que se supone han sido decomisados. El enfrentamiento con el Ministerio Público deja a sus anchas a los cuerpos policiales dependientes del Ejecutivo.

*Un informe elaborado por el American Enterprise Institute, llamado Capos y corrupción (Kingpins and corruption) advierte el efecto que están teniendo sobre la delincuencia organizada transnacional los procesos simultáneos de desmovilización de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el involucramiento directo en el tráfico de drogas y el lavado de dinero de altos funcionarios del gobierno venezolano. Ambos aspectos están interconectados. Por una parte, hay elementos de la extinta guerrilla colombiana que han decidido incorporarse al Ejército de Liberación Nacional (ELN) o formar sus propios grupos, en especial en territorios que anteriormente eran ocupados por el Bloque Oriental, fronterizos con Venezuela. Los líderes más prominentes de la disidencia guerrillera serían Miguel Santanilla Botache, alias Gentil Duarte, quien llegó a participar en las conversaciones de La Habana, y Géner García Molina, alias John 40, “uno de los líderes de las FARC que estuvo más involucrado en forma directa en el tráfico de drogas a través de Venezuela”. En cuanto al caso venezolano, el grupo de análisis advierte que “ninguna fuerza interna está en capacidad de confrontar esta criminalidad generalizada, lo que hace indispensables medidas internacionales de supervisión y aplicación de la ley”.

*Una de las localidades venezolanas que quizá esté recibiendo un importante impacto derivado de la ocupación de los espacios anteriormente dominados por las FARC sea el municipio Atures del estado Amazonas. Allí contaban 105 homicidios entre el 1 de enero y la semana pasada. Un poblador de la zona indicó que la violencia se desata los fines de semana, especialmente los días viernes y sábados, cuando las bandas conformadas por venezolanos y colombianos ajustan cuentas. El contrabando de cajas Clap se ha convertido en el gran negocio del lugar, y por ende en el principal motivo de las disputas. Aunque para el Gobierno las muertes se producen mayoritariamente en el curso de robos, la realidad percibida por los lugareños pareciera ser otra. De seguir a este ritmo, la tasa de homicidios al finalizar el año será superior a los 200 por cada 100.000 habitantes, más alta que la de Caracas.


El jet se desintegró
*Al momento de escribirse esta columna han pasado doce días desde que se estrelló a unas 30 millas de Margarita el jet Gulfstream siglas YV2896 adscrito al Sata y que era usado por personeros del Ejecutivo. A pesar de la propaganda, lo cierto es que otra vez quedó en evidencia la ausencia de operatividad del Servicio Aeronáutico de Rescate (SAR). Hasta ahora solo han sido recuperados dos cadáveres, y algunos trozos del avión que quedaron flotando la tarde del 4 de julio. Días después ubicaron la llamada “caja negra”, pero no la han recuperado. Los restos humanos, por cierto, fueron recuperados por pescadores que llegaron rápidamente a las aguas donde flotaban, y los entregaron a los militares que llegaron posteriormente. Faltan todavía siete cuerpos por encontrar. El siniestro fue presenciado por pilotos de una línea comercial, quienes indicaron las coordenadas donde debían estar las partes. Todo en medio de la mayor improvisación por parte de las autoridades, que militarizaron una actividad eminentemente civil. Esto hace recordar el prolongado retardo en el hallazgo de los restos del helicóptero 0796 del Ejército que cayó en Amazonas a finales del año pasado.

domingo, 2 de julio de 2017

Los calabozos del Sebin

Las celdas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) son el escenario de tratos crueles, torturas y corrupción. Para estar recluido allí, no hace falta tener una orden de captura, y te pueden dejar allí aún si los tribunales dicen que debes estar en la calle

@javiermayorca

La organización Una Ventana para la Libertad presentó la semana pasada un informe con el resultado de una investigación sobre la situación de derechos humanos en los calabozos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sedes del Helicoide y Plaza Venezuela (La Tumba).
Celda del Sebin Helicoide
Fue el producto de un trabajo en equipo que se prolongó durante casi tres meses, y en el cual tuve la oportunidad de participar por invitación del director de la organización, Carlos Nieto Palma.
Una de las primeras conclusiones es que los retenes de Plaza Venezuela, y sobre todo el de Helicoide fueron construidos en medio de la más absoluta improvisación, y se manejan con un peligroso sentido de discrecionalidad. Si a usted lo detiene la policía política, la decisión de ser recluido en la estructura de Roca Tarpeya o en el edificio de Plaza Venezuela (que iba a ser una sede del Metro) corresponderá exclusivamente al actual director de ese cuerpo, mayor general (Ejército) Gustavo González López.
Pero no todos los que están en estas celdas fueron detenidos como consecuencia de órdenes emitidas por algún juzgado de control. Tampoco fueron detectados in fraganti cuando cometían algún delito. Por las celdas del Sebin han pasado extranjeros y venezolanos sin que eso conste en algún oficio judicial. A veces, simplemente, por haber dicho o divulgado a través de las redes sociales algo que molestó a algún jerarca oficialista.
De igual forma, en las celdas de la policía política pueden estar personas cuyas libertades han sido decretadas por los tribunales, y los funcionarios de la institución simplemente se niegan a acatarlas. Durante la investigación se constató que al menos 16 personas estaban en esta situación. Cuando este informe fue presentado, comenzaba en las celdas de Helicoide una huelga de hambre por parte de 14 agentes de la Policía de Chacao, recluidos allí a pesar de que los tribunales han ordenado liberarlos desde finales de 2016.
El informe recoge testimonios sobre torturas físicas en el Sebin Helicoide. Se pudieron identificar hasta seis patrones. El modo más frecuente es la llamada “crucifixión” con esposas en una reja u objeto fijo, que puede ser combinada con golpes. También la tortura blanca que implica permanecer en “aislamiento celular” en una celda de 6 metros cuadrados en Plaza Venezuela, sin luz solar y con un foco de luz artificial permanentemente encendido. Donde la única pista que tienen los presos sobre el transcurrir de las horas es el ronroneo de los trenes del Metro que pasan cerca de allí, y que cesa a las 11 pm.
En retenes del Sebin todo cuesta
En el Sebin Helicoide hay 321 metros cuadrados de espacio disponible para los detenidos, y según el informe a principios de junio estaban 340 internos. La matemática es simple: menos de un metro cuadrado por preso. El hacinamiento supera el 300%. Han estado mayores de edad mezclados con menores; criminales violentos junto a detenidos por razones de conciencia; procesados y condenados en la misma instalación. Pero además hay un tratamiento diferenciado de forma sistemática, que privilegia a algunos reclusos debido a la prominencia de sus casos o gracias a su capacidad económica.
Por ende, es un sistema de corrupción. En el Sebin no se consigue nada, pero se puede comprar de todo. Por supuesto, si tienes los medios para pagar. Incluso, desde tres horas hasta una noche de placer en un baño conocido como el conyugal.
En los calabozos del Sebin, los prames tienen chapa.

Breves

*El 14 de junio, una comisión de Investigaciones Estratégicas del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) allanó sin orden una oficina de La Urbina y se llevó detenido a Antonio Pimentel Rondón. El hombre de 31 años de edad era señalado por un supuesto delito informático, que no era otra cosa que haber tuiteado cosas que preocuparon a un poderoso diputado oficialista. Pimentel permaneció durante una semana en el Helicoide. Los agentes incluso se llevaron su vehículo del edificio donde se llevó a cabo el procedimiento. El jueves 22 de junio, fue liberado en la avenida Baralt sin que lo hubiesen presentado en tribunales o notificado a algún fiscal del Ministerio Público. No sabía Pimentel que lo estaban “pichando”. Un par de minutos después, una comisión del Conas (GN) lo detuvo en la propia vía. Al revisar su vehículo descubrieron escudos, cascos y bombas lacrimógenas que no le pertenecían. Lo llevaron a la sede de la unidad militar en Prados del Este y luego lo presentaron ante un juzgado militar, acusado de rebelión, porte ilícito de armas y equipos de uso privativo de la FANB. Actualmente, permanece detenido en el Centro para Procesados Militares de Ramo Verde.

*En menos de un mes, las autoridades estadounidenses, españolas y de otros países europeos en operación combinada han confiscado más de 3,6 toneladas de cocaína que iban en dos embarcaciones de bandera venezolana. En ambos casos, las naves zarparon desde muelles del estado Falcón y supuestamente fueron en navegación de cabotaje por las costas del país hasta llegar al Atlántico y tomar rumbo noreste. La primera embarcación fue interceptada en aguas de Martinica, y la última a unas 800 millas de Gran Canaria. Según la Guardia Civil española, ambos decomisos están ligados a una misma organización que tiene ramificaciones en el estado Anzoátegui. En la investigación sobre este caso en Venezuela participó el almirante Remigio Ceballo Ichazo, actual jefe del Comando Estratégico Operacional de la FANB, quien antes de salir del comando de zona militar en Falcón notificó al titular de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, que la última de las embarcaciones cargadas con droga, llamada Alí Primera, fue inspeccionada en muelle por comisiones de la Guardia Nacional y de la Armada, las cuales supuestamente no encontraron nada irregular. De allí deducen que el alijo de 1,2 toneladas de alcaloide fue embarcado siguiendo el procedimiento de la “nodriza”, es decir, en pequeñas porciones llevadas desde tierra firme por botes de menor calado.

*Las últimas designaciones del presidente Maduro para reestructurar el Alto Mando Militar y todos los comandos de regiones de la Fuerza Armada permiten sacar varias conclusiones. En primer lugar, es cierto que el general en jefe Vladimir Padrino perdió poder, pues ya no aglutina el liderazgo en lo administrativo y en lo operativo de la institución castrense. Pero sigue siendo el oficial de más alto grado y el más antiguo. Por lo tanto, es de esperarse que continuará siendo el vocero político de la FAN. El almirante Remigio Ceballos, nuevo jefe del Ceofanb, pertenece a la promoción de la Escuela Naval egresada en 1985, donde ocupó el séptimo puesto. En este sentido, se puede decir que fue mejor estudiante que Padrino, quien llegó en el 18. Pero, tal y como veremos más adelante, aquí no se discute sobre parámetros de excelencia sino de lealtad. En los cambios anunciados, los comandantes de cada componente adquieren nuevo relieve, pues son oficiales más antiguos que los jefes recién designados de las regiones militares. Otra vez, sus mayores virtudes parecen ser la filiación política y no la excelencia. El mayor general Suárez Chourio, por ejemplo, ocupó el puesto 30 de su promoción de la Academia Militar. El almirante Eglis Herrera el 69. El mayor general Sergio Rivero, si se quiere, fue el más destacado al ocupar el sexto lugar cuando se licenció. Otro elemento a tomar en cuenta es que los oficiales que ocuparán las regiones operativas egresaron de sus respectivas escuelas militares en 1987. Son, por lo tanto, contemporáneos con el capitán Diosdado Cabello. Entre los del Ejército, el mayor general Carlos Martínez Stapulionis (jefe de la región andina) fue el estudiante más destacado, y llegó en el lugar 49. El de la Redi Capital, mayor general Alexis Rodríguez, ocupó el puesto 87; el de la Redi Guayana Jesús Mantilla Olivero el 113, y el de la Redi Occidental Elías Moreno el 173. Con estos datos uno se puede figurar el efecto que tiene la política en una institución que debería guiarse por la excelencia.

Pérez tuvo mucho tiempo para huir
*El 28 de junio, unidades de la Fuerza Armada en todo el país fueron instruidas para adoptar medidas “para contrarrestar contundentemente posibles intervenciones de vectores aéreos hostiles”. Tarde se dieron cuenta de esta posibilidad, luego de los ataques desde un helicóptero contra el Ministerio de Relaciones Interiores y el Tribunal Supremo de Justicia, protagonizados por el inspector de la policía judicial Oscar Pérez. Desde sectores de oposición se intentó descalificar o sembrar dudas en torno a lo sucedido, sugiriendo que se trataba de una maniobra para distraer a la colectividad con respecto a otro suceso muy grave, como fue la invasión de espacios del Parlamento por colectivos y efectivos de la Guardia Nacional encabezados por el coronel Bladimir Lugo (ya mencionado en esta columna en abril). La acción del inspector Pérez debe ser interpretada como un mensaje sobre lo que ocurrirá si el Ejecutivo insiste en la iniciativa constituyente, como parece que hará. Hay que pensar solamente en lo que dejaron de hacer funcionarios de la base aérea, Cicpc, Guardia Nacional, Aviación y Sebin para que el comando pudiera sobrevolar el centro de Caracas casi con total impunidad y luego llegar hasta Osma. Incluso, una vez abandonada la aeronave, el funcionario contó con tiempo suficiente para ocultarse. Los partes indican que la notificación sobre el paradero del Cicpc 2 fue transmitida por Protección Civil Vargas a la Guardia Nacional el jueves al final de la tarde, y fue solo el viernes a las 3:30 pm cuando se confirmó la recuperación. Por ende, Pérez tuvo por lo menos veinte horas para salir del lugar y ocultarse. Hasta este momento, las comisiones del Sebin y de la Guardia Nacional enviadas para localizarlo no han tenido éxito. Esta actitud omisiva y complaciente hace recordar la que tuvo la Fuerza Armada en 1993, cuando el teniente del Ejército Raúl Alvarez Bracamonte salió de Fuerte Tiuna manejando una pick up cargada de armamento. Alvarez gozaba de toda una estructura de apoyo, tanto civil como militar, para lograr su cometido y ocultarse durante semanas, hasta que lo detuvieron en un apartamento cercano a Puerto Azul.

*El Gobierno comenzó a aplicar en sus informes internos el sistema de medición de la criminalidad por tasas, en combinación con el método de puntos que diseñó hace tres años. Pero el sistema de tasas es el que permite hacer comparaciones valederas no sólo entre las regiones del país sino también entre países. La tasa es una proporción de casos por conglomerado de población, que generalmente es de 100.000 habitantes. Uno de los últimos reportes coloca las cosas en su verdadero lugar. Las jurisdicciones con las tasas más altas de criminalidad general este año son Distrito Capital (490 delitos por cada 100.000 habitantes), Vargas (480) y Miranda (408). Cuando se coloca la lupa sobre las cifras de homicidios, las tasas más elevadas son las de Amazonas (50), Aragua (45), Miranda (44), Bolívar (37) y Distrito Capital (30). Estos números no toman en cuenta las muertes ocasionadas por supuestos enfrentamientos con funcionarios policiales o militares, que fueron los que realmente dispararon las cifras de violencia en Venezuela durante la segunda mitad de 2016 y todo 2016. Por cierto, al revisar detenidamente los criterios de formación de la estadística nos damos cuenta además que para el Gobierno el Distrito Capital equivale al municipio Libertador. Con esta maniobra, la criminalidad de Petare es colocada en el capítulo del estado Miranda, y no como en la urbe capitalina, como se hizo durante mucho tiempo. 

domingo, 18 de junio de 2017

Pesadilla en las calles de Caracas

Los peores temores del Gobierno se están concretando: la conflictividad se adueña del Distrito Capital con protestas “endógenas”. El Ministerio de la Defensa lo sabe y lo advierte

@javiermayorca

El empeño del Gobierno por impedir la entrada de manifestantes a Libertador ha precipitado la evolución del conflicto político. Ahora, las protestas surgen de manera “endógena” en el territorio del municipio donde tienen sede todos los poderes públicos del país.
El Ejecutivo hizo esfuerzos importantes para mantener la tranquilidad en Caracas. Allí no falta la gasolina, como sí ocurre en Táchira y Zulia. Cuando no había arroz en los anaqueles de los principales automercados, se podía conseguir fácilmente en el bulevar de Catia, con los bachaqueros organizados por lo colectivos. La electricidad casi no se iba en comparación con el resto del país, y en las 32 parroquias hay una avalancha de policías y militares para que la gente no alce la voz. Todo para mantener una aparente “normalidad”.
La "normalidad" se rompió en Caracas

La primera campanada la dieron en El Valle, en una noche de horror que dejó ocho muertos. En la parroquia-puerta de Fuerte Tiuna, el control se perdió tan rápido que la gente atribuyó los saqueos y vandalismos a la acción de grupos delictivos organizados. Pero después vinieron protestas a plena luz del día y en jornadas consecutivas por falta de alimentos.
Luego El Paraíso, La Vega y Antímano. En unos lugares cacerolean al Gobierno, y en otros le piden comida. Y el Ejecutivo, en una lógica suicida, te dice que si expresas tu descontento no te llegará la comida. Muere de hambre, callado.
Algún comentarista dominical todavía dice que esas son situaciones artificiosas. Que el desbarajuste en Candelaria no existe, que lo de Caracas es mentira.
En Fuerte Tiuna saben lo que sucede. Lo miden. Tratan de llevar el pulso al descontento desbordado.
Desde allí mandan las cifras a Miraflores: 77 manifestaciones en promedio diario en todo el país durante marzo y abril. Desde luego, esto ha sucedido en una escalada, de manera que, tal y como lo ha observado Provea, las protestas se tornaron cada vez más extendidas, más frecuentes e involucran a más personas, de distintos oficios y clases sociales.
Durante los dos primeros meses de conflicto político, los militares han contado más de 3.850 manifestaciones, en su gran mayoría pacíficas. En este sentido, lo ocurrido en Distrito Capital no es un reflejo fiel del carácter predominante de la acción política, puesto que en la Gran Caracas los enfrentamientos han sido los más violentos y letales, con 22 muertos y miles de heridos, la mayoría de ellos no registrados en los partes oficiales. De los fallecidos, por cierto, ninguno pertenece a los cuerpos de seguridad.
Lo que está sucediendo en el municipio Libertador, así como también en otras zonas donde se creía que el conflicto no iba a “prender”, como el estado Vargas, fue advertido por encuestas como las de More Consulting, que en solo una semana detectaron un incremento de 4% en la disposición de la ciudadanía en cuando a participar activamente en las protestas.
En la medida en que se aproxime la Constituyente muchas más personas se lanzarán a las calles. Cada quien con sus razones. En los primeros días de junio las protestas se incrementaron 14% en la capital del país y 22% en la región andina. Las zonas central y occidental también reportan sustanciales aumentos en la conflictividad.
Al Gobierno solo le queda la represión.
Un aspecto interesante es que las estadísticas manejadas por el despacho castrense son 115% superiores a las recabadas en abril y mayo por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, que nutre sus informes con lo reportado por los medios convencionales, las redes sociales y algunas fuentes humanas. Esto significa que la censura sí está teniendo un efecto negativo en cuanto al conocimiento general de la situación por parte del resto de la sociedad, pero en nada mitiga el deseo de salir a las calles.

Breves

*El Ministerio de la Defensa ha observado con preocupación el incumplimiento por parte de grandes unidades militares de los protocolos establecidos para el resguardo y la manipulación del llamado “material de guerra y de orden público”, consignado en sus correspondientes polvorines. En 2016 el Comando Estratégico Operacional de la FANB instruyó a los comandos de zona militar sobre este particular. Pero hasta la fecha aparentemente las órdenes del general en jefe Vladimir Padrino no han sido cumplidas a cabalidad. Por esta razón, se emitió una directriz para la conformación de equipos de inspectores, con el concurso de funcionarios de la Dirección de Armas y Explosivos (Daex) y de los servicios técnicos de armamento de los distintos componentes castrenses. Ya no solo es el temor de que los depósitos de armas puedan ser saqueados sino también que sean drenados por la acción de las redes de corrupción que, por ejemplo, hicieron desaparecer 86 granadas de un depósito del Ejército a finales de 2016.

*El mayor general retirado Alexis Ascensión López Ramírez, que recientemente renunció a la secretaría del Consejo de Defensa de la Nación por estar en desacuerdo con la convocatoria a una Constituyente, forma parte de la promoción egresada en 1984 de la Academia Militar de Venezuela, llamada general Juan Gómez Mireles. López Ramírez ocupó el puesto 12 entre 109 alféreces. El mayor exponente de esa camada de oficiales es el general en jefe Vladimir Padrino López, ministro de la Defensa y jefe del Comando Estratégico Operacional, que se graduó en el puesto 18. Otros oficiales de importancia han sido el general Manuel Pérez Urdaneta, ex director de la Policía Nacional Bolivariana, el mayor retirado Francisco Ameliach Orta, actual gobernador de Carabobo y posible candidato a la Constituyente, y el ex director de la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim) Aref Richani. López Ramírez fue jefe de la Casa Militar durante el último período de Hugo Chávez y comandante del Ejército en 2013, nombrado por Maduro. Al pasar a retiro lo enviaron al Codena. A pesar de haber ocupado todos estos cargos, López presumía de institucional. Otros oficiales lo tachaban de oportunista al no haber plantado cara oportunamente ante el deterioro de la FANB.

*El sector occidental del estado Zulia, en especial los municipios Machiques de Perijá y Catatumbo, se ha convertido desde finales de 2016 en el principal punto de aterrizaje y despegue de vuelos ilícitos, indican fuentes militares. Las aeronaves van y vienen a distintos países centroamericanos, en especial Honduras, que continúa ofreciendo condiciones apropiadas para el bombardeo de alijos de drogas. Hay algunas trazas de vuelo que ocasionalmente pasan por cielos de Falcón y llegan hasta el centro del país, presumiblemente el estado Guárico. Lo interesante es que de repente el estado Apure, que hasta 2016 sirvió como caleta de drogas y portaviones de aeronaves sospechosas, ahora no tiene mayor relevancia. Esta mudanza hacia el norte de la actividad de transporte de drogas podría estar asociada a la reactivación de uno de los antiguos bastiones de las FARC, como es el eje Tibu-Rio de Oro. Los guerrilleros ahora desmovilizados se habrían juntado con elementos del Ejército de Liberación Nacional, bajo el mando de alias Pablito, para ocupar esos predios.

*Con la intervención a la policía del estado Miranda, ya no queda ningún cuerpo estatal de seguridad preventiva en poder de gobernadores de oposición. La misma decisión fue aplicada en Lara durante la última semana de mayo. En esa región se reportaba una merma de 15% en los índices generales de delitos. Solo las lesiones personales mostraban algún repunte. En Amazonas, la policía regional fue intervenida en enero de este año. Allí los delitos se han incrementado levemente con respecto a 2016, en especial los homicidios (+13%), las lesiones (+66%) y las violaciones (+30%). Todo indica que el tutelaje militar al que se quiere someter a los cuerpos de seguridad regionales en poder de opositores van en contra de los intereses de los propios pobladores de cada localidad. A esto se une el interés manifestado por el titular del MRI, mayor general (GN) Néstor Reverol en el sentido de eliminar la competencia concurrente que tienen los alcaldes en materia de seguridad ciudadana, durante un eventual desarrollo de la Asamblea Nacional Constituyente. Esto llevaría al país a una fase previa a la que existía en 1989, cuando se inició el proceso de descentralización que le dio a los gobernantes municipales la potestad de manejar cuerpos policiales.

*El comandante general de la Guardia Nacional, mayor general Antonio Benavides Torres, ordenó esta semana que los efectivos de esa institución que cumplan funciones de estafetas, es decir, mensajeros, tendrán que circular por las calles del país vestidos de civil. Benavides está consciente del deterioro de la imagen de la institución militar en general y de la GN en particular, y teme que la población pueda emprender represalias contra los funcionarios que lleven o traigan mensajes entre las unidades del componente castrense. Con el incremento de la conflictividad política, otras unidades de la FANB han tomado medidas similares, que regulaban el uso del uniforme cuando los oficiales y tropas estaban francos de servicio, es decir, cuando recién finalizaban sus labores o iban a recibir sus guardias. Ahora, incluso, se impide el uso del uniforme en ciertas funciones inherentes al trabajo militar.


La droga sale del oriente venezolano
*El 12 de junio, el Ministerio Público informó sobre la detención en el estado Anzoátegui del colombiano Aison Manuel Blanco Berrio por supuestos vínculos con el alijo de 1,2 toneladas de cocaína decomisado en una embarcación de bandera venezolana, a 800 millas de Gran Canaria, el 4 de junio. Con el hallazgo del alijo en el pesquero Petra fueron detenidos seis venezolanos. El nexo entre los transportistas de la droga y Blanco Berrío supuestamente se estableció luego de analizar los trámites relativos a la embarcación, que anteriormente tenía otro nombre. Lo que llama la atención es que Blanco había sido detenido junto a otra persona en mayo de 2016, en virtud de una investigación llevada a cabo por la policía judicial en Anzoátegui, sobre el uso de “materiales estratégicos” de la Misión Bario Nuevo Barrio Tricolor en la construcción de dos galpones privados en Barcelona. Se desconoce cómo hizo Blanco para salir bien librado de una pesquisa por el primer delito. Pero esto sugiere la existencia de nexos entre uno de los supuestos orquestadores de este alijo y el programa gubernamental. Según las autoridades españolas, además, estos 1200 kilos de alcaloide fueron manejados por la misma organización que envió 2,4 toneladas de droga en otra embarcación, incautada en costas de Martinica y llevada a España en mayo.