Publicidad

domingo, 21 de mayo de 2017

Hampa en tiempos de violencia política

Ya las tendencias están claras: durante las manifestaciones el riesgo de ser víctima de robo se incrementa, especialmente en las fases en las que los participantes llegan o salen del lugar de la protesta. Hay que tomar previsiones

@javiermayorca

Venezuela es en la actualidad –por desgracia- un escenario ideal para evaluar la incidencia del conflicto político en la delincuencia.
Según la organización no gubernamental Provea, en el país se está desarrollando una “insurgencia popular” contra el Gobierno. El argumento es que, a diferencia de lo visto durante 2014, las protestas ahora son más frecuentes, tienen mayor duración, poseen mayor extensión geográfica y aglutinan a personas que pertenecen a las diversas clases sociales y oficios. Por último, estas manifestaciones han sido el escenario para distintos tipos de violencia. Al momento de escribir esta nota, la cuenta oficial iba por 48 muertes. Es decir, en mes y medio de protestas ya fue rebasada la marca de 43 homicidios atribuida directamente al conflicto político conocido como La Salida, que se prolongó por tres meses en 2014. El doble de letalidad.
El 36% de los fallecimientos reportado en esta oportunidad es atribuible a la acción de funcionarios policiales, militares o de civiles armados pro gobierno (colectivos). Este porcentaje crecería si se achaca a ese sector los casos de muertes ocasionadas por el impacto de metras, claramente propulsadas desde cartuchos “aliñados”, tal y como sucedió con Miguel Cañizález (Las Mercedes) y Yeison Mora Castillo (Barinas).
Pero al margen de esta situación han sido frecuentes las denuncias de asaltos perpetrados por civiles e incluso funcionarios uniformados en contra de los manifestantes. Una circunstancia insólita si se toma en cuenta que durante las protestas prácticamente toda la vigilancia policial debería concentrarse en preservar la integridad de las personas que manifiestan, así como de sus pertenencias.
Hay ciertas etapas de las manifestaciones en las que los participantes corren mayores riesgos. Son los lapsos de traslado hacia y desde los sitios de concentración, cuando la gente probablemente camina sola por lugares donde no están los funcionarios de seguridad, pues ellos tienen la atención puesta en otras partes. Este riesgo se incrementa en virtud del patrón seguido por el Gobierno en cuanto al cierre de las estaciones del Metro, lo que obliga a los manifestantes a transitar a pie por trayectos más largos.
Por ende, hay más personas con lapsos de exposición más prolongados. Pareciera una situación ideal para los delincuentes.
Los principales escenarios de las manifestaciones en Distrito Capital han sido Chacao y Sucre, en ese orden. Veamos cómo ha sido el comportamiento de los robos en esos municipios. Estas cifras, conocidas extraoficialmente, abarcan las tres semanas previas al inicio de las protestas hasta el 30 de abril.


 En Chacao, principal escenario de las manifestaciones, ocurren circunstancias que han propiciado un aumento de los robos. En el municipio Sucre hubo un comportamiento similar, aunque no en la misma magnitud que en el municipio vecino. Sin embargo, en la última semana de abril hubo una baja sensible en las denuncias de este delito.
En Venezuela los robos rara vez son denunciados. El director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño, indicó además que si estos delitos se producen en un contexto de protestas contra el Gobierno las víctimas estarán menos dispuestas a acudir ante la policía judicial, un cuerpo que es percibido como altamente politizado a propósito de circunstancias como la solicitud de identificar a manifestantes, hecha a través de la cuenta twitter de ese organismo.
Estas cifras, entonces, son un pálido reflejo, pero reflejo al fin, de una situación que en realidad debe ser mucho más grave. Protestar en la actualidad venezolana no solo comporta los riesgos de ser detenido o lesionado por el golpe de una bomba o por perdigones. También está latente la posibilidad de ser asaltado.
Se debe entender que la acción depredadora de los hampones se dirige preferiblemente hacia las personas que vean más vulnerables, en las circunstancias ya descritas. Las mujeres, los jóvenes y los hombres que caminan sin compañía son presas fáciles. Aquí, como en otros aspectos de la vida, aplica el refrán “en la unión está la fuerza”.

Breves

*La convocatoria a una “constituyente comunal”, y el posterior ofrecimiento de una plaza en esta asamblea exclusivamente para una representación militar tomó por sorpresa a la Fuerza Armada Nacional. Los profesionales de armas no se someterían a votación para tal escogencia, pues ya la tienen asegurada, según lo que trascendió de una reunión entre el Jefe del Estado y el generalato, el miércoles 10 de mayo en Fuerte Tiuna. Maduro expresó su deseo de cambiar el modelo organizacional de la institución castrense, pero no profundizó al respecto. La Constitución vigente indica que la FAN tiene cuatro componentes (Ejército, Aviación, Armada y Guardia Nacional). En el nuevo texto fundamental se podría “constitucionalizar” la Milicia, y también disolver la GN o incorporarla al organigrama del Ejército, tal y como en su momento lo planteó el finado general en jefe Alberto Muller Rojas.

Así lo vieron durante la búsqueda
*Continúa el proceso de remoción de los restos del helicóptero Mi17 del Ejército, siniestrado el 30 de diciembre de 2016 en Amazonas. Hasta el momento de la redacción de esta nota faltaba por recuperar al cadáver del sargento primero Jhonatan Inojosa, quien fungía de mecánico de la aeronave y presuntamente debía estar en un pasillo entre la cabina de mando y el compartimiento de pasajeros. Se presume que el suboficial pudo quedar apisonado entre los restos del aparato y el suelo, o que también pudo saltar o ser expulsado durante la caída. Los otros doce pasajeros murieron casi instantáneamente por el impacto con el suelo y el aplastamiento ocasionado por tres toneladas de comestibles que iban en el compartimiento de carga, y que presumiblemente se movieron hacia la nariz cuando el helicóptero perdió potencia y se fue a pique.
  

*En la carta dirigida por un grupo de oficiales subalternos del Ejército al secretario general de la OEA Luis Almagro hay una queja puntual en el sentido de que la institución castrense ahora se ve obligada a mendigar la comida ante los comercios privados en los lugares donde tienen asiento. Esto no es más que una requisición maquillada bajo el término “apoyo” o “colaboración”. Luego de la divulgación de ese documento, en Carabobo, el director de un centro de adiestramiento de combate del Ejército solicitó mediante una carta al dueño de una empresa de productos cárnicos la entrega de diez kilos mensuales de carne para el comedor de oficiales. En el mismo mes de mayo un capitán de la GN también escribió a un comerciante de Yaritagua para “solicitar sus buenos oficios” en el sentido de suministrar a esa compañía de orden interno “mortadela y queso para la confección de los alimentos del personal militar y civil”.

*La imposición de sanciones a ocho magistrados del Tribunal Supremo de Justicia por parte del Departamento del Tesoro estadounidense llegó antes de lo que se pensaba. El dato circulaba en medios políticos venezolanos desde la semana anterior. El congelamiento de sus cuentas y de todos los haberes que puedan tener en el territorio de ese país fue decidido en atención a lo dispuesto en el Acta para la Defensa de los Derechos y de la Sociedad Civil de Venezuela, vigente desde 2014. Con ellos suman quince operadores del régimen de Nicolás Maduro incorporados a la lista OFAC porque supuestamente han propiciado violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Esta no es la misma ley que ha sido aplicada en los casos de Tareck El Aissami y el empresario Samark López, señalado como su testaferro. En el caso del Vicepresidente Ejecutivo y de López operó una ley aprobada durante el mandato de Bill Clinton, para privar de recursos económicos a supuestos jefes de carteles (Kingpin Act). El efecto al final es el mismo. Algo que la gente se pregunta es si los testaferros de los magistrados podrán movilizar su dinero. La respuesta es afirmativa. La sanción compromete las cuentas y activos ubicados en EEUU o en bancos que tengan intereses en ese país. Además, los magistrados quedan en una lista de vigilancia y los bancos, empresas y particulares no podrán contratar ni hacer ninguna transacción con ellos, so pena de ser objeto de la misma sanción. Estos jueces, así como todos los que figuran en la lista OFAC, podrán apelar de las medidas e incluso plantear juicios. Pero las posibilidades de éxito para ellos son muy bajas.

*¿Cómo se pierden los medicamentos importados por el Gobierno? El acta levantada por funcionarios del ministerio para la Salud y de la Secretaría de Salud del estado Falcón podría ser reveladora. El 3 de mayo, la coordinadora del programa de VIH Sida en Falcón Limbania Mosquera tuvo que suscribir un informe en el que se advertía un faltante de 270 tabletas de distintos principios activos para el tratamiento de esta enfermedad, que formaban parte de un cargamento de 6.240 despachadas desde la sede del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (Sefar), ubicado en Las Adjuntas. Irregularidades semejantes a esta han sido detectadas en envíos desde la misma institución hacia los estados Guárico, Distrito Capital y Amazonas. Los traslados se hacen en vehículos identificados y consignados en actas. En el caso de Guárico, además, se estableció que el precinto con el que se asegura la carga no había sido violentado.

*La situación en la Fuerza Armada Nacional parecer agravarse con cada día que pasa. Para el momento en que salga esta nota, estarán en Caracas los oficiales graduados en las promociones que van desde 2006 a 2016, correspondientes a los cuatro componentes castrenses. El Ejecutivo insistirá en venderles la idea de que la Constituyente comunal planteada por el presidente Nicolás Maduro es la continuidad del legado de Chávez, algo que les resulta difícil de tragar. También intentará detectar la presencia de oficiales descontentos. Se debe recordar que en los procesos de formación de las tropas y la oficialidad existe una materia sobre el “pensamiento” de Chávez en materia militar, y en esos cursos mucho se insistió en que la Constitución vigente daba el sustento legal al desarrollo de la FAN. Precisamente, hasta 2016 parte de las campañas a lo interno de los cuarteles para descalificar a la oposición consistían en señalar que si el régimen cambiaba los nuevos gobernantes alterarían la Carta Magna. Más allá de eso, el decaimiento económico del país y los conflictos de calle han agudizado las contradicciones en los cuarteles. En Caracas y Vargas desertan oficiales y tropas pues no quieren arremeter contra la población que manifiesta. En Carabobo sustituyen a un general que también se negó a hacerlo. En Táchira un primer teniente de la GN se acerca a manifestantes y corta su carnet de la patria, a sabiendas de lo que le ocurrirá. Además, hay promociones enteras del Ejército bajo investigación. Eso es lo que se sabe públicamente. A lo interno, cada vez son menos los oficiales dispuestos a defender un gobierno aislado y desconocido por el mundo civilizado.

domingo, 7 de mayo de 2017

La "nueva doctrina" del orden interno

Directrices nunca vistas, impartidas desde el MRI, se unen a las viejas mañas para potenciar las acciones de los cuerpos represivos contra una ciudadanía que sale a las calles cada día de manera más multitudinaria

@javiermayorca

El sábado 29 de abril, jefes policiales y militares de Caracas y Vargas fueron convocados a una reunión en la sede de la Región de Defensa Integral Capital en Fuerte Tiuna, donde el titular de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, les informaría sobre los principios que rigen la “nueva doctrina del empleo de las unidades para el orden interno”.
Aunque no se dispone aún de un documento que explique las características de esa “nueva doctrina”, durante los últimos días se han dado cambios importantes en el accionar de los principales cuerpos de seguridad encargados de aplicarla. Además, se han difundido en esas instituciones una serie de instrucciones que anteriormente no se impartían. Sobre la base de esta información se puede delinear algunos aspectos relativos a la táctica aplicada por el Ejecutivo contra los manifestantes que se mantienen en las calles del país desde la primera semana de abril.
1) La sospecha como justificativo de la acción punitiva: en Venezuela la acción represiva o punitiva se justifica cuando el individuo despliega una conducta típica y antijurídica, es decir, está descrita como delito en una ley penal. Llevar un arma no es delito por sí mismo. Pero sí lo es cuando no se posee una licencia legítimamente expedida. Llevar un frasco de colonia junto a una máscara en un bolso no es delito bajo ninguna circunstancia. Pero han sido reportadas detenciones de jóvenes a los que bajan de transportes públicos y ponen a las órdenes de Cicpc por el solo hecho de poseer estos objetos. El militar o policía sospecha que serán utilizados para manifestar. Tales acciones cuentan con el aval de gobernadores oficialistas como los de Yaracuy, Táchira y Vargas, que han criminalizado la posesión de tales objetos al asociarla con supuestos ánimos de desestabilizar al régimen o cometer actos que califican de “terrorismo”.
2) Reducción de oportunidades: en criminología la oportunidad para el delito ocurre cuando coinciden en los mismos tiempo y espacio las víctimas y los victimarios, en una condición en la que no existe la vigilancia de terceros. En el caso de las manifestaciones, los cuerpos de orden público restringen la oportunidad al impedir la reunión en los espacios que consideren desventajosos. De allí la represión contra civiles inermes en El Paraíso, por el solo hecho de que se congregaban para marchar. En septiembre de 2002, además, se emitió un decreto que impide protestas antigubernamentales en las llamadas “zonas de seguridad”, que son precisamente aquellas donde tienen su asiento los poderes públicos. Igualmente, se han tomado decisiones para restar medios o herramientas a la protesta. Por ejemplo, el 25 de abril fue prohibida la fabricación y uso de fuegos artificiales. La GN también emprendió una operación denominada “Humo negro”, en la que son retirados todos los cauchos de las vías públicas, para impedir así que los usen para las guarimbas. Finalmente, se restringe la circulación por las vías de acceso a Distrito Capital los días de marchas, en lo que se conoce como plan “retardatriz”.
3) Alianza cívico-militar: la Guardia Nacional ha actuado en forma combinada con grupos civiles armados en Caracas, Miranda, Carabobo y Mérida, por citar algunos casos. Los civiles llevan a cabo el “trabajo sucio” de arremeter contra los manifestantes. Los militares actúan mediante dos patrones. En ocasiones generan “pasillos o anillos de seguridad” de los que se sirven los civiles armados para cumplir su cometido. Así sucedió el martes 4 de abril en La Urbina. En otras oportunidades la GN (en complicidad con policías afines) se ausenta por completo en áreas de su competencia y deja el terreno libre para que las bandas operen a gusto. Esto lo vimos en El Paraíso y Montalbán. Esta alianza se fundamenta en un supuesto de corresponsabilidad en materia de defensa del régimen, establecido en la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, uno de los primeros textos invocados para elaborar el controversial Plan Estratégico Zamora.

Una metra letal
Una pregunta que quizá se hagan los lectores tiene que ver con prácticas que en las últimas semanas se han visto por parte de los efectivos de la GN y de la PNB, y que quizá podrían formar parte de un patrón de conducta. Dos de las más frecuentes han sido el uso de las bombas y granadas lacrimógenas como proyectiles para ocasionar doble daño (exposición al contenido químico y traumatismo por golpe de objeto contundente), y la alteración de los cartuchos de escopetas para incorporar elementos letales, como metras o esquirla de vidrio. Ambas son viejas mañas que han sido heredadas y potenciadas. Esto sucede por una razón básica: cuando una metra o bomba ocasiona lesiones graves o la muerte a un manifestante, la mayor probabilidad es que ese crimen quede sin castigo. Establecer una correspondencia entre el objeto que ocasionó la muerte y el arma que lo propulsó es muy complicado. Por este camino van los homicidios de los jóvenes Juan Pernalete (Altamira) y Armando Cañizález (Las Mercedes). Solo un trabajo diligente de la Fiscalía, operando sobre la base de una delación o una confesión, permitiría individualizar responsabilidades.

Breves
La maleza tapó los restos del aparato
La "caja negra"


*El helicóptero del Ejército siglas EJB 0796 no fue secuestrado ni fue derribado. Las primeras investigaciones a los restos hallados el 29 de abril (cuando casi se cumplían cuatro meses desde la desaparición del aparato) indican que la aeronave simplemente se fue a pique luego de sufrir una “falla en vuelo” de la que no pudo recuperarse. Los restos fueron encontrados en el medio de una densa vegetación que impidió su avistamiento con anterioridad. “Todo está agrupado como si hubiese caído sin velocidad horizontal”, afirmó una fuente castrense. Además, no estaban quemados ni había indicios de que haya sufrido algún ataque. Esto apunta hacia la incidencia de una falla en el propio aparato, que difícilmente será admitida puesto que se trata de compras hechas con poca transparencia, sin controles externos. Desde luego, hay una "junta de investigación" designada para determinar con precisión las causas del siniestro. Pero en Venezuela ni siquiera se conocen las resultas de las pesquisas a los siniestros de vuelos civiles. Para el momento de la redacción de esta nota la comisión integrada por funcionarios del Ministerio Público, la policía judicial y la Fuerza Armada había levantado siete cadáveres, entre ellos los que estaban en los puestos del piloto, el copiloto y el ingeniero de vuelo. Las condiciones del clima han retardado el trabajo, en el que también participa un grupo multidisciplinario del Senamecf. Las autopsias serán efectuadas en un puesto especial habilitado por las autoridades en el aeropuerto de Puerto Ayacucho. Debido al interés suscitado por este incidente, se colocan en esta entrega varias fotografías del proceso de remoción así como los restos de la aeronave siniestrada.
Parte de la cola


*El 2 de mayo el nuevo director de la Policía Nacional Bolivariana, general de brigada (GN) Carlos Pérez Ampueda, ordenó la supresión de las direcciones de Inteligencia y Estrategia, Antidrogas, Contra la Economía Criminal, Antiextorsión y Secuestros y Contra la Delincuencia Organizada, pues todos ellos serán adscritos a una fuerza de Acciones Especiales (FAES). Desde 2014, la PNB evaluaba una reestructuración de sus cuadros. Las mencionadas direcciones habían sido creadas en función de las atribuciones establecidas por ley para este cuerpo. Ahora, son eliminadas “a fin de cumplir con los lineamientos del Gobierno Revolucionario, que tiene la meta de frenar y erradicar los índices delictivos que afectan la paz social y la seguridad ciudadana”. Ahora, la línea de Pérez Ampueda será “enfrentar y desmantelar bandas”.
*El mismo 2 de mayo, un grupo de encapuchados emboscó a una comisión de la Policía Nacional que iba en moto por la avenida Miguel Ángel de Bello Monte. A uno de los agentes le falló el vehículo y se le apagó.  Fue rescatado por efectivos de PoliMiranda que estaban en el lugar. La moto Suzuki DR650 quedó en la vía y fue quemada por los iracundos. El oficial que la manejaba era parte del grupo de escoltas del embajador de China en Venezuela Zhao Bentang, quien había solicitado un reforzamiento de su seguridad, porque en los últimos días supuestamente se recibieron amenazas contra el personal diplomático de esa delegación, así como también contra la sede de la embajada, ubicada en la calle Orinoco de Las Mercedes.

*Escribe el abogado David Terán para alertar sobre el verdadero sentido de la aplicación del fuero militar a los civiles que han sido detenidos una vez activada la Operación Zamora en el estado Carabobo: “El alto gobierno dio la orden de encarcelar a todos los disidentes, instruyendo a la PNB y la GNB. Para tal fin han detenido a más de 1.500 manifestantes. Sin embargo, la actuación policial deficiente y arbitraria hace inviable los casos, y el Ministerio Público no puede pedir privación de libertad ilegítimamente. La Fiscalía ha manifestado públicamente que las detenciones son ilegítimas, arbitrarias y violatorias de la Constitución (…) Ante esto, el Gobierno activó a los tribunales militares. Quieren usar la justicia militar ejemplarizante, donde el juez sigue órdenes y no la Constitución. En conclusión, ya no confían en la Fiscal Luisa Ortega”.

*La conflictividad política aparentemente tuvo escaso impacto en la industria del secuestro durante el mes de abril. Así puede concluirse al analizar las cifras de casos procesados en Distrito Capital y Miranda. En Libertador fueron secuestradas diez personas el mes pasado y en Miranda otras 17. Chacao, que ha sido el principal escenario de las protestas, tuvo la mayor cifra de secuestros (3). También hubo denuncias en el municipio Sucre, Rio Chico y los Valles del Tuy. Un video hecho por una cámara de vigilancia en Lomas del Tamanaco sugiere además que policías, militares o integrantes de colectivos pudieran estar incurriendo nuevamente en este delito. Las imágenes muestran a una camioneta pick-up doble cabina (similar a las de uso oficial) que intercepta a un vehículo sedán, el 27 de abril en la noche. Del primero se bajaron cuatro hombres, algunos con chalecos antibalas, para tratar de someter a los ocupantes del otro auto. Pero una rápida reacción de manejo defensivo se los impidió. El video, sin embargo, es revelador.

*Un muro de impunidad impide el avance de las pesquisas sobre los homicidios del criminólogo Jesús Sulbarán, encargado de Política Integral de la gobernación de Mérida, de 41 años de edad, y del obrero de 52 años Luis Alberto Márquez. Ambas muertes fueron reportadas el 24 de abril como consecuencia de un tiroteo en el que también fueron heridos el estudiante de la ULA Daniel Infante, la instructora de Defensa Progresiva Yuleska Hernández, Daniel Escalona y Luis Hernández, en el cruce entre el viaducto Campo Elías con la avenida Las Américas de Mérida. Hasta ahora, ha sido el ataque más letal llevado a cabo durante el recrudecimiento de las manifestaciones de calle que comenzaron en abril. En este caso, las víctimas participaban en una actividad proselitista del oficialismo. Inicialmente, se creía que los disparos fueron hechos desde las alturas del conjunto residencial El Viaducto. Pero los allanamientos efectuados por la policía judicial no arrojaron resultados. En el área del tiroteo, además, fueron encontradas evidencias tales como proyectiles y conchas que sugieren que los atacantes estaban alrededor o entre los propios participantes de la marcha. Hubo por lo menos tres tiradores, que usaron pistolas calibres 9 mm, 380 y .38. Con esta última mataron a Luis Márquez. Los investigadores, además, hicieron levantamientos planimétricos en compañía de dos de las víctimas y analizaron diversos videos tomados por transeúntes al momento del tiroteo. Uno de ellos supuestamente permitió identificar a un hombre conocido como Ruso, captado mientras disparaba en un extremo del viaducto hacia el lugar donde se encontraba Sulbarán. La lista de sospechosos abarca tanto a elementos de agrupaciones opositoras, como el llamado Movimiento 13, hasta militantes armados del propio Psuv, como el caso de un hombre de apellido Uzcátegui a quien le decomisaron una pistola Jericho calibre 9 mm para someterla a experticia de comparación balística. Esto explica por qué luego de las primeras horas, cuando el gobernador Alexis Ramírez culpó en forma apresurada a “terroristas” opositores, lo que ha seguido es un profundo silencio.

domingo, 23 de abril de 2017

Maduro sin Fuerza Armada

Los últimos anuncios presidenciales, unidos a otros datos no tan conocidos, ponen de manifiesto la realidad de un Gobierno que ya no cuenta con la institución militar

@javiermayorca

El lunes 17 de abril, el presidente Nicolás Maduro anunció en un acto con integrantes de la Milicia Nacional Bolivariana que entregaría medio millón de fusiles con la finalidad de que los soldados de ese componente puedan “defender su barrio, su estado, las costas, los ríos, la selva y las ciudades”, de lo que describió como “las agresiones imperialistas”.
La realidad está allí: a dos días de la marcha opositora del miércoles 19 de abril, el jefe del Estado se vio obligado a poner la vista en las filas de unas turbas con nulo entrenamiento, sin convicción ni disciplina, armadas con fusiles FN descontinuados para que salgan a las calles a defender a su gobierno.
Es el mismo Presidente que una semana atrás tuvo que salir de emergencia del estado Bolívar, cubierto por el paraguas de la Guardia de Honor para protegerse de una lluvia de huevos, tomates e insultos.
La figura de un mandatario disminuido y con claros visos autoritarios también es desaprobada por la mayoría de las fuerzas militares regulares. Por eso Maduro se ve obligado a exigir la lealtad de los milicianos, definidos precisamente como “pueblo en armas”.
En el Ejecutivo hay la sospecha de que, a la hora de las chiquitas, las tropas profesionales y la oficialidad le darán la espalda a Maduro. Ya lo sugirió el general retirado Clíver Alcalá en una entrevista para el rotativo español ABC.
Es posible que amanezca el jueves y Maduro siga en el poder. Sin embargo, ese día el mandatario deberá afrontar la realidad de una institución militar menguada y poco ganada para sus propósitos.
Esta no es una situación nueva. Pero no es del conocimiento general. El primer indicio al respecto surgió en febrero, cuando el ministro Padrino distribuyó entre el generalato la Guía de Planeamiento del año 2017. En el lineamiento 12, el titular de Defensa instruyó a los jefes de unidades para que cumplan con las cuotas de selección de personal, diseñen políticas “para incentivar la permanencia en la FANB y la MB, atacar la deserción, las bajas y hacer énfasis en el empleo adecuado del personal militar”. En el punto siguiente, Padrino prevé que con los recursos disponibles no podrán llenar las plazas, y ordenó que algunas de ellas sean reasignadas a efectivos de tropa profesional.
Posteriormente han surgido nuevas pistas del deslave en la FAN. El 11 de abril, la Región Estratégicas de Defensa Integral de Los Llanos ordenó a todas las unidades bajo su mando la ejecución del plan Guaicaipuro 2016, cuyo objetivo es “capacitar, adiestrar y preparar” a integrantes de todos los componentes en la preservación del orden público. La lógica detrás de esto es que el pie de fuerza de la Guardia Nacional sería insuficiente para atender una situación de protesta generalizada, y por ende habría que incrementarlo mediante la incorporación de soldados de la Policía Militar del Ejército, así como sus equivalentes en la Armada y la Aviación.
Y todavía esto no es suficiente. Las deserciones y “permanencias arbitrarias fuera del cuartel” por parte de los efectivos de tropa son cada vez más frecuentes. Ya ni siquiera salen a buscarlos. Simplemente se hace una notificación administrativa y otra judicial. Hay unidades en Vargas, por ejemplo, que ven mermadas sus filas hasta en 40% como consecuencia de esta situación.
Para evitar sorpresas, el lunes 17 de abril enviaron a grupos de orden público de la GN la notificación sobre la restricción de los permisos “y mantener el máximo personal disponible”. Esta fuerza eventualmente tendría que incorporarse en apoyo “a labores de inteligencia”.
Los tenientes del Ejército se pronuncian
Lo que hay en la FAN no es suficiente para el Gobierno. Y cada vez con más frecuencia va contra los propósitos de la “revolución”. Hay que poner atención en los expedientes que está instruyendo la Dirección de Contrainteligencia Militar. Desde marzo están siendo ventilados ante los juzgados militares de Caracas dos grandes casos que involucran a oficiales activos del Ejército, la fuerza clave en el soporte al actual proceso político. Ya no son generales o coroneles, como se decía en los días del llamado Golpe Azul. Ahora son oficiales subalternos. El último caso involucra a más de veinte. Básicamente tenientes y primeros tenientes. Les imputan rebelión militar y traición a la Patria. Es el mismo expediente en el que aparece investigado el general de brigada retirado Angel Vivas. Tres de los señalados habrían desertado, e incluso se investiga si salieron a Colombia. Los demás permanecen recluidos en la cárcel de Ramo Verde.

PS: luego de la publicación de las primeras versiones de esta columna, en Tal Cual y Runrunes, trascendió el ataque a tiros contra la residencia presidencial La Viñeta, que involucra a tres oficiales subalternos de la Armada. Sobre este caso hay dos hipótesis. La primera, filtrada de manera oficiosa, es que estos militares se emborracharon y no encontraron mejor forma de canalizar sus frustraciones que emprendiéndola a tiros contra la referida instalación. La otra es que esto se trata de un aviso al Ejecutivo. Como quiera que sea, ambas versiones dicen mucho sobre el deterioro de la imagen presidencial en el seno de la FANB.

Breves

*Luego de la “madre de las marchas”, el 19 de abril, las protestas continuaron en distintas partes del país. En la avenida Perimetral de San Antonio de los Altos hubo un tiroteo en el que mataron al sargento segundo de la Guardia Nacional Bolivariana Neomar San Clemente Barrios e hirieron al jefe de Estado Mayor de la Área de Defensa Integral 444 de Miranda, coronel (GN) Juan Carlos Arias. Del cadáver de San Clemente fue extraído un proyectil. La comparación balística mediante programas informáticos efectuada por la policía judicial determinó que había salido de un arma que aparecía decomisada por agentes de la Policía del Municipio Sucre durante un procedimiento llevado a cabo el 9 de marzo de 2016. Es una pistola Steyr calibre 9 mm serial 022629. El registro correspondiente como arma incriminada fue hecho por Cicpc el 31 de marzo de ese mismo año. El 7 de junio, la pistola fue remitida con constancia escrita a la Zona de Defensa Integral Miranda, donde se supone que la FAN debía custodiarla y tenerla a las órdenes del Ministerio Público, pues se trata de un arma señalada en un expediente penal. Ahora, la pistola está de nuevo en la calle, y sus primeras víctimas son precisamente los militares.

Los blindados del Conas
*El director del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional general de brigada Ramón Pimentel Avilán prohibió a los efectivos de esa unidad el uso de vehículos VN4 para el traslado de los efectivos de esa unidad militar a los sitios donde deban participar en operaciones para el restablecimiento del orden interno. Los integrantes del Conas han tenido que desviar sus esfuerzos de la lucha antisecuestros para hacer “inteligencia” sobre las manifestaciones, y remitir informes sobre quiénes son sus líderes y las personas que los apoyan. Los VN4, tal y como se ve en la foto, son blindados para uso táctico, y en el caso del Conas no están configurados para afrontar manifestaciones, por lo que el riesgo de perderlos es muy elevado.

*El Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz adelanta la adquisición de 22 aeronaves no tripuladas o drones con la supuesta finalidad de complementar los trabajos de vigilancia en seguridad ciudadana para el Distrito Capital. La planificación correspondiente indica que estos aparatos solo serán usados en el municipio Liberador, a razón de uno por cada parroquia. Cada dron deberá tener en tierra un personal especializado en su manejo, así como también en la lectura de las imágenes que arrojen las cámaras y, desde luego, en el mantenimiento. Los municipios mirandinos de la capital (Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo) quedaron excluidos de esta planificación.

*Ante el incremento de la conflictividad política, el jefe del Estado activó en Miraflores un Puesto de Comando Presidencial. Allí convergen delegados o representantes de la Fuerza Armada Nacional, el MRI, el Sebin y demás cuerpos de seguridad oficialistas, incluida la dirección de Tránsito de la Policía Nacional. La coordinación de este dispositivo es responsabilidad del titular de Defensa y del Ceofanb Vladimir Padrino. La idea es lograr mayor fluidez y rapidez en la transmisión y cumplimiento de las órdenes.

*La desmovilización de las FARC y la ocupación de los espacios que antes dominaba este grupo por elementos del ELN y nuevas bandas criminales (algunas compuestas por guerrilleros que se negaron a entregar sus armas) sería uno de los factores que incide en el alza de los homicidios en el estado Apure. En los primeros tres meses del año estos crímenes han repuntado 70% con respecto al mismo período de 2016. También se han incrementado las muertes por “resistencia a la autoridad” en 14%.  Esto hace que Apure sea, en términos de incremento porcentual, el estado más violento de Venezuela en la actualidad. Un representante de los ganaderos de la zona indicó que a los antiguos miembros de las FARC les pagaron una especie de liquidación. Ahora, al no tener el paraguas de la guerrilla colombiana, supuestamente han formado nuevos grupos o se han aliado a los elenos. Además, Apure sigue siendo el punto de despegue preferido para los vuelos clandestinos que salen hacia los países de Centroamérica y el Caribe, cargados con drogas. Los municipios más violentos han sido San Fernando, Achaguas, Biruaca y Páez.


*La Policía Nacional Bolivariana continúa en franco deterioro. El cuerpo civil armado más importante del país da todos los días pruebas de la incorporación de sus agentes al delito. Antes eran oficiales rasos, y los expertos atribuían sus “desviaciones” a la escasa formación y problemas de supervisión derivados del incremento explosivo en el pie de fuerza de la institución. Ahora se ve a funcionarios del nivel más alto de la jerarquía de ese cuerpo implicados en casos que indican a todas luces la existencia de poderosas redes criminales. Los últimos ejemplos son claros: en Apure una comisión del Ejército apresó el 6 de abril a diez oficiales de la PNB, 2 de Poliaragua, un empleado de MinSalud y 2 civiles por estar incursos en el supuesto tráfico de 298 panelas de marihuana. Entre los implicados figura una supervisora agregada y dos oficiales jefes. El lunes 17 de abril la GN apresó en Lara a cinco agentes que supuestamente exigían Bs 1 millón a un comerciante para no implicarlo en un expediente penal. Entre los detenidos está un supervisor agregado de 44 años de edad. La reestructuración de este cuerpo, anunciada por el presidente Maduro, hasta ahora no es más que un canto a la bandera. 

domingo, 9 de abril de 2017

Niños feroces

Cada día más menores de edad se incorporan a la vida crimnal, pero el Ejecutivo solo habla de paramilitares. El caso de Sabana Grande es un anuncio de lo que vendrá si no se toman medidas urgentes

@javiermayorca

Los homicidios de dos sargentos del Ejército a manos de un grupo de menores de edad en el bulevar de Sabana Grande, la madrugada del sábado 25 de marzo, no pueden ser vistos como hechos aislados a casuales. Por el contrario, fueron la consecuencia de procesos en los que niños y adolescentes de ambos sexos han ido involucrándose cada vez con mayor intensidad en el círculo de la violencia.
Uno de los aspectos más llamativos de este caso es que hasta el momento no se ha podido comprobar la existencia de ninguna relación previa entre los militares y los jóvenes que los mataron a cuchilladas y punzadas. En los anales policiales queda catalogado como el producto de una “oportunidad”, es decir, la convergencia de víctimas y victimarios en un mismo lugar sin que hubiese una autoridad que impidiese el resultado trágico, precipitado por la oposición al robo. En esto, el crimen contra los sargentos se parece mucho al homicidio del teniente coronel Eliécer Otayza, en el sector La Palomera de El Hatillo durante el mes de abril de 2014. En ambos casos, las muertes fueron producto de acciones colectivas y muy cruentas.
La muerte de Otayza debió encender las alarmas de la sociedad, pero fue desvirtuada por el propio oficialismo, con el argumento de que había sido el resultado de un sicariato ejecutado por supuestos paramilitares. De este modo, se perdió una oportunidad para lograr las debidas rectificaciones. Ahora, tenemos otro crimen parecido.
Entre el caso de Otayza y el de los sargentos la violencia infantil y juvenil ha ido desarrollándose en el país.
Las estadísticas del ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, conocidas extraoficialmente, indican que en 2015 fueron identificados 38 menores de edad como supuestos perpetradores de homicidios. En 2016 esta cifra se elevó a 72. Un incremento de 89%. En el grupo de los niños, es decir, seres que no tienen más de doce años de edad, fueron identificados seis supuestos homicidas.


En la mayoría de los expedientes se comprobó una relación previa entre los homicidas y las personas fallecidas. Generalmente formaban parte de su entorno familiar. En agosto de 2016, por ejemplo, un niño de siete años de edad mató con un disparo a Gladys López, de nueve años. Esto sucedió en Barinas. Aunque parezca insólito, este caso fue catalogado por la policía judicial como un “ajuste de cuentas”. Uno ve esto y entiende las profundas sospechas que hay sobre la seriedad con la que los investigadores determinan los móviles de cada crimen.
Los varones suelen ser los que primero se incorporan al delito. Pero cada vez hay más personas del sexo opuesto. En 2015 fueron identificadas dos, mientras que en 2016 la cifra se triplicó. Para ellas, la edad de inicio en la violencia homicida parece ser los quince años. No por casualidad es la misma que tiene una de las detenidas por el caso de los sargentos.
La participación de los menores de edad en la violencia es aún más evidente cuando se analizan las cifras sobre lesiones personales.


Sobre este particular consulté a la especialista en derecho de protección penal de menores y adolescentes Magaly Vásquez.
“Lo que me dicen jueces y fiscales es que los menores cada día están involucrados en delitos má satroces”, alertó.
Vásquez sospecha de los discursos exculpatorios que depositan en la sociedad toda la carga de responsabilidad por la delincuencia infantil y juvenil. Según la experta, las personas con menos de dieciocho años de edad son perfectamente concientes de que Venezuela les da un tratamiento especial cuando cometen un delito, sobre todo si poseen edades inferiores a los catorce años.
“Se sienten inmunes frente al sistema (…) De no adoptarse medidas para reforzar la protección familiar, los casos como el de Sabana Grande irán incrementándose”, sostuvo.
Estos niños y adolescentes actúan generalmente en grupos. Antes, tenían el liderazgo de un mayor de edad, probablemente alguien que creció con ellos. Pero ahora, según Vásquez, se trata de conglomerados de los que surge un líder en forma natural, ya sea porque es el más astuto o el más violento.
Y saben que cuando infrinjan las normas el Estado pronto los perdonará.

Breves

*Efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar adelantan una nueva investigación por supuesta traición a la patria, instigación a la rebelión y otros delitos contra la seguridad y el orden de la Nación y de la Fuerza Armada Nacional. Hasta ahora han sido detenidos el capitán del Ejército Angelo Heredia, quien comandaba una compañía de ese componente castrense en Coloncito, estado Táchira; el coronel retirado de la misma fuerza Ricardo Somascal Longo, quien reside en Turmero, estado Aragua, y el civil Eduardo Vetencourt, ligado al partido socialcristiano Copei. El expediente de unos 150 folios se inicia con un informe de inteligencia cuyas fuentes se desconocen (presuntos “patriotas cooperantes”) pero que presuntamente señala la formación de un movimiento conspirativo contra el presidente Nicolás Maduro en el que participarían más de cincuenta personas, entre ellas numerosos militares activos. Se cita como evidencia una supuesta reunión preparatoria en una vivienda de Los Palos Grandes, llevada a cabo en febrero de este año. Esto hace suponer que ocurrirán nuevas capturas en las próximas horas, presumiblemente de dirigentes de la tolda verde, que como se sabe atraviesa desde hace varios meses un proceso de fractura por la relación de varios de sus militantes con el oficialismo. Los detenidos fueron presentados ante el Tribunal Primero de Control Militar en Caracas, a cargo de la mayor Claudia Pérez, y actualmente permanecen en el Centro para Procesados Militares de Los Teques.

*En la Guardia Nacional hay preocupación por el comportamiento de un coronel de apellidos Lugo Armas, quien fue transferido del destacamento de la Guardia del Pueblo Norte para que velara por la seguridad en el centro de Caracas, donde tienen su asiento los poderes públicos. A él se le atribuye haber permitido, o por lo menos no haber impedido, el paso de integrantes de colectivos armados al interior del Parlamento, para que interrumpieran una sesión del 26 de octubre de 2016 en la que se iba a discutir la ruptura del orden constitucional. Posteriormente, Lugo ha sido grabado en comportamientos alejados de la investidura de un oficial de esa graduación, especialmente cuando se trata de mujeres y periodistas. Esas conductas, desde luego, han permeado en los oficiales y tropas bajo su mando. Desde la propia Guardia Nacional envían la información contenida en su hoja de vida. Allí destacan tres arrestos simples, el más prolongado duró cinco días y fue impuesto por el general de división Gerardo Briceño García (ex comandante general de la GN), debido a la supuesta violación de disposiciones reglamentarias. Las otras sanciones fueron por el incumplimiento de prescripciones reglamentarias y por falsear la verdad en asuntos de servicio. En 2005, además, lo vincularon con una averiguación penal por secuestro. Cabe destacar que esta pesquisa fue cerrada. En casos de otros oficiales, estas hubiesen sido razones suficientes para impedir que ascendiera en la jerarquía militar. Lugo, sin embargo, es depositario de la confianza de sus superiores.

El gas rojo "marca" a los manifestantes
*Un ex comandante general de la GN envía información sobre el gas rojo, utilizado para disolver manifestaciones en la avenida Libertador y en Chacao el sábado 8 de abril. El componente principal de tales granadas es el bromuro de bencilo, un polvillo de efecto urticante al entrar en contacto con las mucosas y la piel. Tiene, además, otro efecto: tiñe de rojo la ropa y la piel de las personas que se exponen a él, y esto las hace “perseguibles” aunque ya no participen en las protestas. De hecho, las partículas se adhieren a la piel y la ropa hasta por cinco días. Este agente químico fue utilizado ocasionalmente para dispersar manifestaciones en Chacao durante los meses de febrero, marzo y abril de 2014. No figura en los manuales que tradicionalmente se estudiaban en la Guardia Nacional para aprender las tácticas de control del orden público, por lo que se presume que forman parte de una nueva “doctrina”.

*Luego de que la fiscal general Luisa Ortega afirmara que en Venezuela se había roto el hilo constitucional, el Partido Socialista Unido de Venezuela y la Fuerza Armada activaron sus unidades de inteligencia y seguimiento de la información. Debido a la censura y la autocensura, los medios más revisados y analizados no son actualmente la prensa ni la televisión, sino las redes sociales. Hay un monitoreo detallado a lo que dicen o dejan de decir el gobernador de Miranda Henrique Capriles, el presidente del Parlamento Julio Borges y medios electrónicos como La Patilla y Runrunes. Todas las informaciones son copiadas y luego valoradas en términos de positivas, negativas y neutras. La Policía Nacional Bolivariana también tiene un grupo asignado para esta misma tarea. Aunque se enfoca primordialmente en asuntos institucionales y de seguridad ciudadana, también revisa la actualidad política desde una perspectiva netamente oficialista.

*La práctica de los linchamientos se ha extendido a todo el país. El Gobierno y la Fiscalía lo saben, pero poco pueden hacer al respecto. Durante 2016 fueron reportadas 90 muertes mediante la acción de grupos o colectividades, contra supuestos delincuentes. El estado donde más reportes hubo fue Monagas, con 21. Allí el ritmo de homicidios bajo esta modalidad se ha incrementado. En los primeros dos meses y medio de 2017 se han verificado 11 muertes por linchamiento. En Zulia van 17. Otro indicador más del desmoronamiento de la institucionalidad y su reemplazo por formas privadas del ejercicio de la violencia.


*Escribe una lectora para relatar algo que le sucedió a su familia durante la madrugada del 25 de febrero: “Pasamos madre susto cuando mi hija, su novio, mi sobrino y un amigo compartían en la puerta de mi casa (avenida Los Chorros de Sebucán). Bajaron por la cuadra tres tipos armados. Mi hija y mi sobrino corrieron adentro. El novio y el amigo no. Me levanté asustada al oir los gritos de mi hija. Salimos todos, pero ya se los habían llevado. Movimos cielo y tierra. La Policía de Sucre, que está a una cuadra, no contestó nunca. Gracias a Dios, aparecieron en La Castellana. Estaban a pie. Contaron que fueron guardias nacionales los que los detuvieron, les pegaron y los robaron. Les quitaron los celulares y una botella de ron. Eran seis en un jeep, con una mujer. Les dijeron: “Cuento cinco o les disparo”, y los soltaron. A uno de ellos le dieron con la cacha de un fusil en las costillas. Ahora no sabemos quiénes nos cuidan”.

domingo, 26 de marzo de 2017

La matanza humanista

Las operaciones de Liberación del Pueblo, las de antes y las de ahora, tienen un factor en común: una letalidad que incide sobre las cifras generales de desempeño de los cuerpos de seguridad

@javiermayorca

Este artículo se gestó hace dos semanas, cuando unos agentes enmascarados de Contrainteligencia Militar y de la Policía Nacional Bolivariana terminaban de peinar la calle 17 de El Valle y sus alrededores, en el curso de una operación de Liberación Humanista del Pueblo (Olhp).
La pregunta inicial era si la acción de los cuerpos de seguridad era más o menos letal desde que comenzaron estas operaciones. La respuesta parecía obvia. En el caso de El Valle, por ejemplo, se exhibió como un logro que hayan ultimado a nueve supuestos delincuentes. Pero si analizamos la historia reciente encontraremos despliegues policiales que arrojaron múltiples muertes sin que tuvieran en su frente la marca OLP.
Estas operaciones fueron vistas por primera vez en julio de 2015, cuando se llevó a cabo una acción combinada y envolvente en la Cota 905. Desde entonces se llamaron simplemente OLP, hasta que el presidente Maduro anunció, el 17 de enero de este año, que a partir de ese momento tendrían un carácter “humanista”.
Lo primero que habría que determinar es si los agentes policiales eran más o menos letales en su accionar antes de que comenzaran estas redadas. Para llegar a una respuesta se tuvo acceso de manera extraoficial a una interesante data, cuyos resultados quedan resumidos en el siguiente gráfico:


 Aquí se muestran las cifras correspondientes a los enfrentamientos entre policías y supuestos delincuentes (línea azul), los muertos que arrojaron estos casos (línea naranja) y los porcentajes de casos con muertes en cada mes de 2015 (línea gris). En un recuadro aparece destacado el inicio de las OLP. Asi se puede visualizar el antes y el después.
Antes de las OLP ya existía una tendencia leve pero sostenida al aumento de las muertes por “resistencia a la autoridad”. Pero con el inicio de estas operaciones las cifras netas de muertes se elevaron. A partir de octubre de 2015 las acciones se hicieron más selectivas. De hecho, en diciembre de 2015 la proporción llegó a ser casi de un muerto por cada expediente de resistencia a la autoridad.
En 2016 esta tendencia en cuanto a la letalidad de la acción policial se mantuvo, a juzgar por los datos divulgados por el Observatorio Venezolano de la Violencia en su último informe annual (5.281 fallecidos en casos de “resistencia a la autoridad”)..
En febrero el ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz distribuyó un instructivo para el diseño y planificación de las Olhp. El documento indica que estas acciones deben contar con la aprobación previa del vicepresidente Tareck El Aissami y del titular del MRI, Néstor Reverol. Se debe delinear un proceso en cinco fases. La primera, denominada “preparación”, comporta un arqueo de las fuerzas con las que se contará para ejecutar la redada, los medios de que dispondrán y una identificación clara de las bandas que operan en el sector a ser impactado. Esto implica colocar allí tanto los nombres de las organizaciones, su ámbito de acción y principales delitos, así como las identidades de sus líderes y lugartenientes.
Las fases de la OLHP
Las fases II y III se llaman “ejecución” y “búsqueda”. Los participantes reúnen los recursos que ya habían inventariado y constituyen bloques por cada una de las fuerzas que actuarán en sectores delimitados mediante un mapeo satelital. En esta etapa se reúnen las órdenes de captura correspondientes a cada uno de los objetivos. En el documento que se entrega a Reverol y El Aissami debe haber una tabla con el resumen de estos documentos expedidos por los correspondientes juzgados.
La fase IV comienza el día posterior a la redada. Los cuerpos de seguridad preventivos son asignados para patrullar en los respectivos cuadrantes. Esta actividad debe ser permanente, en especial en las áreas consideradas “críticas”.
La fase V es la que incorpora el aspecto “humanista” de la operación. Aquí el Gobierno se plantea cuestiones como el rescate de la convivencia y de la infraestructura de la zona donde se llevó a cabo la redada, la distribución de alimentos, etc..
El problema para llegar a este punto es que los pobladores quedan con una impresión negativa de la acción del Estado y rechazan cualquier continuación. Así ocurrió en El Valle, donde la Olhp no ha llegado a feliz término. Por lo tanto, su ejecución aún queda restringida a lo que era el formato anterior: los policías que “limpian” la zona, matan y luego se van.

Breves

*Llegó una carta escrita por el capitán de la Guardia Nacional Jesús María Alarcón, ex jefe de la segunda compañía del destacamento 212 de Barquisimeto, quien fue detenido en noviembre de 2015 por una supuesta conspiración llamada Golpe Fénix. El oficial permanece recluido en la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques. El texto es largo, pero de extremada importancia. Aquí un extracto: “(…) por mantener siempre una conducta intachable en mi profesión he caído donde aquellos creyeron que me destruirían (…). Soy un oficial de la honorable Guardia Nacional de Venezuela en el grado de capitán, que por tener un pensamiento fiel, justo y ante todo respetuoso a la Constitución y a las leyes estoy privado de mi libertad (…). Soy un fiel amante a la democracia y a mi país, ya que para eso fui formado y entrenado en la mejor de las escuelas militares, la Efofac, recibiendo toda la inversión que la Nación hizo en mí para que una vez cumplidas todas mis metas físicas y académicas pudiera tener en mis manos el sable que genera mando y comando sobre las honorables tropas, que fielmente he sabido comandar. Juré solemnemente ante el país y mi bandera defender la Constitución, las leyes de la República y la integridad de los espacios venezolanos, hasta perder la vida si fuese necesario, vida que en muchas oportunidades arriesgué. Todo lo que he narrado suena muy bonito y poético, pero la realidad es que al graduarme y ejercer todos mis conocimientos teóricos en la práctica me dí cuenta de que no todo era como me lo habían dibujado, no era nada parecido a aquellas largas conversaciones nocturnas que tuve en mi formación de cadete (…) Veía constantemente cómo se incorporaba la militancia política dentro de la Fuerza Armada. Eso realmente comenzaba a preocuparme ya que no fui criado para ser político (…) Sin embargo observaba cómo la teoría marxista se involucraba cada día más en los oficiales superiores, especialmente en los grados de generales, que a decir verdad no tenían ni idea de lo que estaban hablando. Observaba cómo adulaban a un Presidente de la República que constantemente citaba a Fidel Castro como el Padre del socialismo, mismo personaje que en los años sesenta quiso invadir Venezuela. Realmente estábamos por mal camino. Posterior al fallecimiento del presidente Chávez, sentí una gran decepción al ver las órdenes de los oficiales generales de colocar imágenes del fallecido Presidente en todos los comandos de la Guardia Nacional. Aún mayor fue la decepción cuando observaba oficiales cubanos opinando sobre las operaciones militares venezolanas. La exaltación del presidente Chávez era tan grande que ni siquiera a Dios nuestro creador y creador del universo se le ha dado en las filas de la Fuerza Armada un ápice de lo que al mencionado Presidente se le está dando. Y así fue como nos obligaron a tenerlo en los cuarteles. Pero lamentablemente nadie podía opinar de ese descontento porque automáticamente sería preso (…) He sido crítico de las opiniones del sistema de Gobierno, opiniones que constitucionalmente son amparadas, ya que la Ley Fundamental de la República permite que los militares deliberemos sobre las circunstancias políticas del país. Pero eso realmente no importa. Como ya sabemos la aplicación de la norma es para todos aquellos que estamos en contra de sus ideales comunistas o ventajistas, ya que estoy convencido de que lo que pasa en el país va más allá de un ideal político, está atado al oportunismo y a las consecuencias de la corrupción desmedida en todo este tiempo (…) Me he llenado de orgullo de conocer a grupos de personas, incluyendo jóvenes y adultos, que estamos presos por las mismas circunstancias dictatoriales. Para ellos mis saludos y respeto. A todos los presos políticos, especialmente a los integrantes de los grupos conocidos como el plan Jericó (Aviación), Golpe Azul (Aviación), Golpe Fénix (Guardia Nacional) y francotiradores (Ejército), valientes hombres que están presos solo por pensar constitucionalmente y ajustados a una realidad (…) Solo nosotros sabemos lo podrido del sistema de justicia al que nos enfrentamos, solo los familiares de cualquier preso, cualquiera que sea su delito, conoce verdaderamente que la dama ciega no tiene los ojos completamente vendados (…) Para conocer de injusticias solo basta estar preso. Aquí es donde nos damos cuenta de la cantidad de violaciones a los derechos humanos (…) No quiero protagonismo. Solo busco que se conozca la realidad (…) Presidente: le exhorto a que se vea en un espejo y se siente a pensar acompañado de la soledad a darse cuenta de que ha fracasado, que el modelo socialista que plantearon no dio resultados positivos. Lo invito a entender que hay muchos venezolanos pasando hambre. Quizá usted no lo sienta tanto por los lujos y beneficios de sus temporales cargos, que repito es lo que los ata al poder. Sea humano y sepa que lo hizo mal. Dese la oportunidad de renunciar (…) Si se hace llamar democrático llame a elecciones generales. ¿Cuál es el miedo de contarse en votos? (…) Ya a usted y su modelo chavista no lo quiere nadie, al punto que usted mismo comenta en cadena nacional que espera una puñalada de su misma gente. No es justo que un país tan rico en minerales, en petróleo, en alimentos, tan rico en su gente esté muriendo por falta de medicamentos y de alimentos (…) No me arrepentiré jamás de mis acciones y pensamientos. Mis hijas en su momento entenderán que su papá estuvo preso solo por opinar en cambiar y lograr la libertad para Venezuela (…)”.

*Durante un evento del Observatorio del Delito Organizado en San Cristóbal, el periodista Gustavo Azócar afirmó que guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se incorporaron a la distribución de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Esta afirmación está sustentada en noticias divulgadas a través de las redes sociales en esa localidad, que citan los testimonios de vecinos, cuyos nombres desde luego no son referidos por razones de seguridad. “Esa información es cierta”, señaló el diputado por ese estado Javier Tarazona, quien ya ha denunciado la penetración de los guerrilleros en otras instancias del quehacer en la región. El parlamentario dijo haber conocido los testimonios de primera mano.

*En marzo hemos comenzado a ver lo que aparentemente son “filtraciones” de estadísticas oficiales sobre criminalidad. Las tablas van con el sello del Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz. El general Reverol de vez en cuanto las ha mostrado, y también los directores de Seguridad de algunos estados y jefes de zonas militares. De repente, pareciera que hubo una apertura de las cifras sobre seguridad ciudadana, como no existía desde 2005, cuando el Ejecutivo clausuró la oficina de prensa de la policía judicial.. Pero esto hay que tomarlo con cuidado. No se trata de súbitos arrestos de transparencia. En primer término, no se toma en cuenta toda la criminalidad, ni siquiera la que puede entrar en la categoría de violenta. Un delito que fue eliminado de la lista oficial es la extorsión, que cunde por doquier, especialmente en los estados centrales del país. Además, la delincuencia es medida ahora  mediante un peculiar sistema de puntos, según el cual lo más importante es la sumatoria de todos los casos. Por lo tanto, este método tiende naturalmente a colocar en los primeros lugares a las regiones del país donde los ciudadanos denuncian los delitos con más frecuencia. Es decir, Miranda y el municipio Libertador. Pero el sistema de medición internacional no es así, sino que toma en cuenta la proporción de casos por conglomerados de población (generalmente 100.000 personas) en un municipio, estado o país. Cuando se calculan las tasas, el panorama cambia. En el caso de los homicidios, además, no se pueden desagregar las muertes por “resistencia a la autoridad”. Ciertamente, Miranda figura con la tasa de homicidios más elevada del país, 254, pero Aragua surge como el segundo estado más violento, con 241; Libertador queda con 197 y Bolívar con 191, con tendencia a subir.

Evidencia del ataque
*En cuanto al estado Aragua, la situación de criminalidad tiende a agravarse. Hay claros visos del fortalecimiento de la principal banda de esa región, el llamado Tren de Aragua, cuyas operaciones han sido reportadas incluso en el estado Zulia. La máxima jerarquía de esta organización está en el centro penitenciario conocido como Tocorón. En 2016, como se pudo ver, Aragua fue uno de los estados más violentos del país, lo que también trajo como consecuencia un alta cifra de policías ultimados. Esta tendencia se mantiene en 2017. El último caso conocido ocurrió el lunes 20 de marzo a las 6 am, cuando individuos armados con fusiles AK103 acribillaron al oficial agregado de Inteligencia de la policía regional David Aguirre. En ese momento el funcionario se disponía a llevar a su hijo a la escuela en Maracay. El menor recibió tres tiros de fusil, y al momento de la redacción de esta nota aún estaba con vida. En los días previos, un panfleto atribuido a la megabanda aragueña corrió por el sector San Vicente, con amenazas claras tanto para los uniformados como para sus familiares. La orden impartida por los criminales fue abandonar el sector. En el cuerpo de seguridad temen una crisis similar a la planteada meses atrás, cuando varias familias de agentes debieron salir de ese mismo lugar y se refugiaron en la comandancia general mientras ubicaban una vivienda.

*La policía judicial inció una averiguación en torno a la autenticidad de las documentaciones del ex alcalde de la municipalidad colombiana de Sardinata (Norte de Santander) José Luis Durán Herrera, y quien fue el Tesorero durante esa misma gestión (2004-2007) Rubén Elías Mrad Uribe, quien fue apresado por los agentes de Cicpc en el sector La Romera de San Cristóbal, en febrero de este año. Durán y Mrad figuran como solicitados mediante una notificación roja de Interpol, pues fueron condenados a nueve años de prisión en 2011 por peculado, contrato sin cumplimiento de requisitos y “falsedad ideológica”. La justicia colombiana concluyó que Durán y Mrad se confabularon mientras estaban en la administración municipal para apropiarse de más de 33 millones de pesos durante la adquisición de materiales para la construcción y mantenimiento de baños. Luego de la detención de Mrad, los agentes indagaron en la oficina del Saime y determinaron que ambos solicitados obtuvieron sus cédulas de identidad en forma totalmente legal en marzo de 2007, cuando finalizaba la gestión en la alcaldía colombiana. Este caso hace recordar el del traficante de drogas del cartel del Norte del Valle Farid Feris Domínguez, alias el Médico, capturado en La Lagunita y deportado a Colombia en 2006. En una entrevista con El Nuevo Herald, Feris dijo que su cédula y pasaporte venezolanos fueron emitidos a través de los mecanismos convencionales, previo pago al director de la oficina nacional de identificación para la época. Al parecer, estas redes aún operan al interior del Saime.


*La corrupción se ha convertido en un problema que impacta negativamente a la institucionalidad y la economía venezolanas. Un país con abundantes recursos naturales y una extraordinaria ubicación geográfica ve mermadas las inversiones de dinero fresco extranjero porque simplemente la corrupción se hizo sistémica. Esto transforma a Venezuela en un lugar de altísimo riesgo, según los estándares internacionales.. No existe contrato de obras de magnitud que no incorpore a sus costos cantidades solapadas para el pago de sobornos o coimas. Así lo confirman los expedientes Banca Privada de Andorra I y II, Roberto Rincón y, últimamente, Odebrecht. Sobre el caso de la corporación brasileña aún queda mucho por escribir. Se sabe, sin embargo, que Venezuela fue el segundo territorio en magnitud de pagos ilegales, con más de 98 millones de dólares. Por otra parte, las transnacionales que aún operan aquí son presionadas para que violenten sus normas internas sobre debido cumplimiento (compliance) y paguen comisiones a funcionarios gubernamentales, pues de lo contrario no les cancelarán lo que se les adeuda, ni siquiera con bonos-basura. Y así como hay lo grande, también lo pequeño: se le exige al constructor o suplidor de materiales que “contribuya” con las movilizaciones partidistas o que simplemente reparta las ganancias por sobreprecios con el jefe del despacho oficial que lo contrata. En una situación como esta es vital para los grupos de delito organizado contar con una justicia tarifada, que garantice la impunidad. Por eso no extraña la afirmación hecha en el último informe del Departamento de Estado, a principios de mes, sobre la imposibilidad de procesar en Venezuela a narcos de importancia debido a la “corrupción política”. 

domingo, 12 de marzo de 2017

En el corazón de la zona de paz

Los habitantes de Cumbo son sobrevivientes de tres años de asedio de las bandas que crecieron allí a la sombra de un programa del MRI. Ahora, el Gobierno ejecuta la operación Orión para erigirse en salvador del daño que ocasionó

@javiermayorca

Para llegar a Cumbo se puede tomar dos vías. La primera es la Troncal 9. A 15 minutos de eludir huecos desde Caucagua hacia oriente encontrará a mano izquierda un cruce que solo conocen los lugareños. No hay letrero ni luces. El asfalto se lo traga la selva.
La otra posibilidad es ir hasta San José de Rio Chico por la autopista. Desde allí hay una carretera que también conecta con esa población, tras un recorrido de unos 10 minutos. Nunca lo hicimos.
“Es demasiado peligroso. Las bandas ponen alcabalas allí”, advirtió Miguel, un ingeniero que trata de rescatar lo poco que queda de Cumbo, haciendo trabajos de “promotor social”.
Gracias a su advertencia, un traslado que no debía durar más de un cuarto de hora se prolongó por tres cuartos de hora por razones de seguridad.
Uno no se adentra en una zona de paz sin guía.
Al aproximarse al pueblo se pueden ver algunas de las viviendas abandonadas debido al asedio de las bandas.
La siguiente advertencia de Miguel también se cumplió: a la izquierda del camino, agazapados, estaban cinco sargentos de la Guardia Nacional, enviados a propósito de la operación Orión, la misma que en noviembre de 2016 ocasionó la muerte de doce personas en el sector El Café.
Uno de los uniformados se colocó adelante del carro, e impidió el paso. El otro, del lado del piloto. Los AK103 listos para disparar. Preguntó hacia dónde íbamos, y al escuchar la respuesta repreguntó dónde quedaba ese lugar, para pescar cualquier mentira.
Una vez adentro, la desolación. La sensación de abandono se acrecentó debido a que el pueblo tenía más de quince horas sin energía eléctrica.
En Cumbo es poco lo que queda en pie. Incluso la iglesia cerró en diciembre. Solo abre los fines de semana, cuando los lugareños traen en sus vehículos particulares al párroco de San José. El cura que laboraba allí pidió transferencia.
En Cumbo, hasta la iglesia cerró
De las instituciones públicas solo se mantienen la Casa del Pueblo y la unidad educativa Coto Paúl, ambas a cargo de la Gobernación. El ambulatorio es un cascarón vacío. Los pacientes deben ir a San José de Río Chico para recibir atención médica.
De la iniciativa privada solo queda una chocolatera, cuyo producto por cierto es muy bueno. Este local podría confundirse con cualquier casa del poblado. No tiene avisos ni publicidad, aunque todos allí saben dónde queda. También hay una venta ambulante de lotería. El resto de los comerciantes huyó de la criminalidad: el panadero, el del cyber, el de la lunchería…
Esa es la consecuencia de tres años en el corazón de una “zona de paz”.
El jefe local de PoliMiranda, comisionado Alberto Rojas, dijo que desde 2014 hasta ahora los descuartizamientos y decapitaciones se han vuelto frecuentes.
“Hay lugares aquí en los que para meternos necesitamos apoyo de otros cuerpos. No se puede ir solo”, confesó Rojas.
En ese confín de Barlovento parecieran no haberse enterado de la declaración del ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general Néstor Reverol, en el sentido de que las zonas de paz ya no existían.
El municipio Andrés Bello, donde está Cumbo, tuvo en 2016 la tasa de homicidios más alta de Miranda, 298 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con datos aportados por el director de la policía estatal, comisario general Elisio Guzmán. Esta cifra incluye las muertes ocasionadas por supuestos enfrentamientos con policías o militares. El municipio que le sigue, Acevedo, tuvo 208 muertes por cada 100.000 habitantes, y colinda con esta población.
Los guardias apostados en una entrada del pueblo tienen poco conocimiento del lugar, pues llegaron de oriente y rara vez hacen patrullaje. Las bandas generalmente operan en el lado opuesto del sector, donde está la vía que conecta directamente con San José.
Los uniformados, sin embargo, permiten cierto respiro a una población que ha mermado 10% debido a las muertes violentas o a las migraciones forzadas, según datos aportados por un representante de la Casa del Pueblo que pidió la reserva de su nombre.
“Aquí, a las 6 pm, no podíamos salir de las casas”, recordó.
El dominio de las bandas sobre este lugar era tal que a finales de 2015 el personal de la unidad educativa tuvo que permanecer en esa instalación una semana, indicó el director de Educación de Miranda Juan Maragall.
La sospecha es que, apenas ordenen la reubicación de los militares desde Caracas, las bandas saldrán de nuevo a ajustar las cuentas pendientes.

Breves

Las máscaras solo protegen el nombre
*Profundo impacto en la opinión pública ocasionó el uso de “máscaras tácticas” por parte de los agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar y de la Policía Nacional que participaron en la Operación de Liberación Humanista del Pueblo llevada a cabo el viernes en la calle 17 de El Valle y alrededores. Fue tal la impresión que la mayoría de los comentarios se centró en el aspecto cadavérico de los implementos, y no en el hecho de que durante la acción policial/militar hubo 9 muertos y más de 50 detenciones. También pasó desapercibido que el objetivo de esta redada masiva o “saturación” era la captura o “neutralización” de Carlos Luis Revette, alias Coqui. Este fue el propósito de la primera OLP, en julio de 2015 en la Cota 905, y de otras cuatro movilizaciones posteriores. En todas, los cuerpos policiales han fracasado, aunque luego exhiban partes de muertes y detenciones. En cuanto a las máscaras se han pronunciado tanto la organización de derechos humanos Provea como el diputado Ricardo Sánchez. La primera para cuestionar su utilización y el parlamentario para defenderla. Sánchez aseguró en una declaración distribuida por redes de mensajería el sábado 11 de marzo que este uso obedece a “estándares internacionales”. En realidad, el estándar internacional de las acciones policiales y de las militares en funciones de seguridad ciudadana apunta hacia la dirección contraria. Sánchez debería saber esto, pues ha participado activamente en las comisiones que intentan una reforma de la Policía Nacional. Las “máscaras tácticas”, tal y como fueron apreciadas en las fotos, no proporcionan protección balística. Los modelos exhibidos (skull tactical mask) son utilizados primordialmente en prácticas de Paintball. Los fabrican en China y los venden por e-bay con precios que van desde los 9 dólares hasta los 20 dólares, dependiendo de si llevan bufanda u otros aditivos.  Por lo tanto, solo sirven en estas operaciones policiales para encubrir o impedir la correcta identificación de los funcionarios. Por otra parte, podrían ser consideradas como ilegales, desde luego, por tribunales independientes que analicen los enmascaramientos a la luz del artículo 66 de la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, que establece un principio fundamental de identificación permanente de los funcionarios, que solo tiene excepción en operaciones encubiertas y de inteligencia policial. Y las OLHP son todo lo contrario. Son redadas masivas. La participación de “policías sin rostro” o militares en la misma condición (supuestos integrantes de la unidad Delta de la DGCIM) es en realidad una forma más de ocultar las identidades de los participantes y dificultar por ende cualquier investigación posterior sobre violación a derechos fundamentales. En 2009 hubo en Inglaterra un fuerte debate ante el caso de un agente policial que se negó a identificarse plenamente durante un procedimiento. Ante esto el criterio del jefe de la Policía Metropolitana de Londres fue claro: “Los policías (…) deben llevar sus placas en todo momento”. Ese es el estándar internacional.

Arduo trabajo falta en la PGV
*Luego de un prolongado silencio, el Ministerio Público precisó que han encontrado catorce osamentas enterradas en fosas en la caballeriza de la antigua Penitenciaría General de Venezuela, en San Juan de los Morros. Cinco de los cadáveres carecían de cabeza, es decir, estaban decapitados. Los rumores divulgados a través de redes sociales y sistemas de mensajería hablaban de cientos de personas presuntamente ultimadas y enterradas allí. Pero el trabajo forense hasta el momento indica una cifra mucho menor, aunque no por eso carente de gravedad. La versión inicial aportada por la ministra de Servicio Penitenciario Maria Iris Varela indica que las osamentas fueron encontradas cuando removían la antigua instalación. Como se sabe, la PGV fue desalojada en octubre de 2016, luego de una cadena de hechos en la que incluso se determinó que el pram de los internos, Franklin Hernández, había adquirido un lote de 86 granadas vendido por militares del Ejército. Uno de tales explosivos fue lanzado contra individuos que supuestamente querían desafiar la autoridad de alias Masacre. Las experticias determinarán si los cadáveres hallados en los escombros de la antigua prisión fueron de este hecho u otros. Este trabajo no es sencillo. Involucra a muchas personas, y por lo tanto es difícil de ocultar. Al momento de escribir esta nota, la Fiscalía recaba datos sobre personas desaparecidas en Guárico, así como registros dentales, radiografías o informes sobre otras características que permitan la correcta identificación de los restos. Esta historia seguramente tendrá continuación.

*El ministerio de la Defensa intenta poner orden en la utilización de las unidades élite o fuerzas especiales de la FAN. Un radiograma distribuido en una zona operativa de defensa integral de la región andina establece que tales grupos no podrán ser incorporados a ninguna actividad si no se cuenta con la aprobación directa del Comando Estratégico Operacional de la FAN, en la actualidad bajo el mando del general en jefe Vladimir Padrino, o en su defecto del jefe de Estado Mayor de esa misma instancia. El documento indica que se trata de unidades de carácter “estratégico militar”, que sólo pueden aparecer para “neutralizar objetivos sensibles y neurálgicos, que atenten contra la seguridad y la soberanía de la nación”. Por lo tanto, el empleo de las fuerzas especiales para participar en desfiles, festines o paradas no podrá hacerse sin contar con la aprobación expresa del Ceofanb. De esta forma se evitará mostrar a posibles fuerzas enemigas cuáles son las verdaderas capacidades de los grupos élite de la institución militar.

*Interpol emitió una orden de búsqueda y captura internacional contra un colombiano nacionalizado venezolano, que supuestamente huyó de Curazao cuando se determinó su participación en el traslado al aeropuerto internacional de esa isla de 429 kilos de cocaína, que serían embarcados en la bodega de un jet de matrícula estadounidense. El alijo fue detectado el 22 de octubre por las autoridades curazoleñas, cuando circulaba en el vehículo de carga por la plataforma del Jet Center. El hombre de 53 años de edad también habría participado en la adquisición del vehículo. Se cree que huyó por vía marítima hasta las costas de Falcón.

*La Fuerza Armada Nacional adelanta una operación para la vigilancia del proceso de renovación de los partidos políticos. Luego de recibir una solicitud del Poder Electoral, el Ceofanb ordenó la utilización de unidades de la GN y de otros componentes para evitar posibles saboteos a este proceso, que se desarrollará por diez fines de semana consecutivos, entre los meses de febrero y abril. En concreto, de acuerdo con fuentes militares, se trata de “prestar apoyo de seguridad, vigilancia y custodia al CNE” y a las personas que deseen manifestar su adhesión a alguna tolda política. También el “orden, custodia, traslado y resguardo del material e instrumentos electorales”. En esta ocasión, las jornadas de renovación comienzarán a las 8 am y finalizarán a las 4 pm, sin prórroga posible. Una vez terminada la actividad “se procederá a la desinstalación de la máquina de registro y su repliegue hasta el comando de la unidad militar responsable de cada punto de registro, donde permanecerá en custodia (…) hasta la semana siguiente”.

*La división contra Delitos Financieros de la policía judicial continúa una investigación relativa a un supuesto desfalco contra la empresa Oceánica de Seguros. La pesquisa, iniciada hace más de cinco meses, ha permitido la detención de tres personas (una de ellas mujer) y la identificación de otras doce, que supuestamente pertenecen a una red con ramificaciones en Nueva Esparta, Anzoátegui, Amazonas, Monagas, Carabobo, Aragua y Distrito Capital. La última detención se produjo el lunes 6 de marzo en el distribuidor Montesano de la autopista a La Guaira. Los sujetos captan a sus víctimas a través de mensajes de phishing que conducen a un portal web falso de un banco, o también a través de invitaciones por redes sociales. En ambas modalidades, la intención es apoderarse de la información sobre las cuentas bancarias de la víctima. Posteriormente, contratan a personas para que compren en locales pequeños productos tales como teléfonos celulares o tabletas, que luego pueden revender en portales web. Los pagos por estos aparatos son hechos mediante transferencias contra las cuentas de las víctimas. Según la pesquisa, las transacciones se concretan entre las 4 pm y las 6 pm, y los pagos no van directamente a las cuentas de los comercios sino a las de los propietarios, con lo que también existiría una posible evasión fiscal. El procedimiento en Montesano fue contra un mensajero motorizado que regresaba de una tienda en La Guaira con varios aparatos celulares recién adquiridos.