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domingo, 12 de febrero de 2017

El PCAO de la FAN

La Fuerza Armada podrá participar en ejercicios para contrarrestar invasiones imaginarias. Pero a la hora de la verdad su capacidad para responder ante situaciones concretas es ínfima

Javier Ignacio Mayorca
@javiermayorca

Para el momento de la publicación de esta columna habrán transcurrido 40 días desde que desapareció en las selvas de Amazonas el helicóptero Mi17 del Ejército siglas EV0796. El rastro del aparato se perdió mientras volaba con 13 personas a bordo, cinco de ellas civiles a unas 70 millas de Puerto Ayacucho.
La aeronave también llevaba una carga de alimentos (cajas Clap mexicanas y perniles) para una “jornada social” que se llevaría a cabo en La Esmeralda. Desde entonces, el Gobierno ha realizado dos desfiles y un ejercicio cívico-militar, todos con propósitos eminentemente políticos, pero que no pueden esconder la terrible realidad que se vive dentro de los cuarteles.
El ministro de la Defensa general en jefe Vladimir Padrino ha insistido en la necesidad de que la FAN logre lo que llama “plena condición de apresto operacional” o PCAO. Esto implica que las unidades militares gocen de los medios humanos y materiales para el cumplimiento eficaz de las órdenes impartidas, y en términos más generales de la misión que les asigna la Constitución.
Pero una cosa es desfilar y hacer ejercicios sobre la invasión de un imperio imaginario y otra es la capacidad de reaccionar con celeridad ante situaciones reales y concretas. Allí es que se mide el verdadero PCAO. En el caso del helicóptero, la reacción ocurrió dos días después. La primera información oficial fue difundida el 1 de enero, es decir, tres días después de haber perdido contacto con la tripulación. Los militares incluso tuvieron que admitir en lo interno su incapacidad para ubicar los restos del aparato de fabricación rusa, hasta el punto en que el presidente Maduro hizo una convocatoria pública para incorporar a expertos civiles en cuestiones de búsqueda y salvamento. Esto se hizo a regañadientes dos semanas después.
El apresto es casi nulo
La ausencia del “pleno apresto” también se evidenció en diciembre, cuando se declaró un acuartelamiento tipo A en unidades de la FAN para responder ante la eventual extensión a otras partes del país de las revueltas y saqueos que se desarrollaban primordialmente en Bolívar y Apure, así como en otros seis estados, debido a la súbita desincorporación de los billetes de Bs 100.
La orden de regresar a filas ocurrió en medio del primer turno de asueto navideño, y solo fue cumplida por la oficialidad que posee vehículos personales. Pero la mayoría de los militares no pudo acatarla, ni siquiera luego de que los llamaran a sus teléfonos (“plan de localización”), pues ellos tampoco tenían dinero para tomar transportes públicos, y en muchas oportunidades estos autobuses tampoco prestaron servicio, debido precisamente al riesgo que eso implicaba. Según documentos revisados, en esa oportunidad hubo unidades castrenses en las que solo el 40% de la tropa cumplió con el acuartelamiento.
En ambas situaciones, los laboratorios gubernamentales aplicaron tácticas abiertas y encubiertas de desinformación y engaño. Hubo incluso un vocero militar que hizo un desmentido público del acuartelamiento, cuando en todas las unidades de la FAN circulaba el radiograma correspondiente. En el caso del helicóptero ordenaron a los familiares de los tripulantes y pasajeros que evitaran contactos con la prensa independiente, para así reafirmar el vacío de información.
La Fuerza Armada, como ocurre con el resto del país, está sintiendo el deterioro económico, y esto afecta la capacidad para cumplir sus tareas básicas. Hay guardias nacionales que son enviados en comisión de servicio sin prever siquiera la asignación para alimentos, el llamado “rancho”. Por lo que estos militares llegan a su destino a ejercer la mendicidad, o peor aún a vender sus servicios al mejor postor.
Esto resume el verdadero PCAO de la FAN.

Breves

*El 2 de febrero el director de la Policía Nacional Bolivariana, mayor general Franklin García Duque, emitió una orden “de estricto cumplimiento” relativa al porte y el uso del arna orgánica, es decir, la que asigna ese cuerpo a sus funcionarios. Los agentes, indica el documento, deberán contar con un “acta de asignación personalizada” por cada arma que se entregue. Pero estas pistolas (generalmente marca Beretta modelo PX4 calibre 9 mm) deberán ser dejadas en custodia de la institución cuando el agente finalice su jornada laboral. En otras palabras, no podrán llevarlas cuando estén francos de servicio. Los únicos exceptuados de esta medida son los oficiales con el grado de comisionado jefe. La orden de García Duque lleva implícito un reconocimiento sobre la imposibilidad de dotar a cada agente de la PNB con una pistola, pues indica que los parques de armas de cada dependencia deberán ser dotados de forma conveniente para que desde allí se entreguen las Berettas a los agentes cuando salgan a ejercer sus funciones. La decisión del máximo jefe de la PNB fue tomada en parte como una forma de prevenir los numerosos ataques del hampa a los funcionarios, especialmente los de menor jerarquía. Según la Fundación para el Debido Proceso (Fundepro), en 2016 fueron ultimados 414 policías, militares o escoltas. En el rubro de las policías civiles la PNB fue la institución que más víctimas acumuló con 62.

*El jefe del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional, general de brigada Ramón Pimentel, envió una circular a todas sus dependencias para recordar que la comercialización de telefonía es un delito, y que además está prohibido lo que denominó la “resolución privada de casos”. Previamente, se había prohibido la entrada a las unidades del Conas en todo el país al representante de una operadora de telefonía celular, quien al parecer actuaba en combinación con oficiales de esa unidad a los efectos de fomentar este mercado negro. Algunos efectivos del Conas, como en otras policías, también han tratado de mejorar sus ingresos económicos mediante la venta de información. Antes de emitir la referida comunicación, Pimentel se reunión con todos los operadores del Sistema de Información Policial (Siipol) para recordarles que la data de este archivo solo puede ser utilizada con fines de investigación penal.

*El director de la organización Una Ventana para la Libertad, Carlos Nieto Palma, reveló que en Venezuela la población carcelaria ronda ya las 100.000 personas. Hay aproximadamente 55.000 presos en internados judiciales y otros 45.000 en retenes policiales o “centros de detención preventiva”. Esto implica que la población “privada de libertad” según la jerga oficial se ha incrementado en 30% durante 2016. Este dato coincide parcialmente con informes elaborados por el Servicio de Seguridad Penitenciaria de la Guardia Nacional. Según ese despacho, en octubre de 2016 había 53.087 presos distribuidos en 37 centros penitenciarios. Para diciembre, la cifra se había elevado a 53.487 internos. Ahora bien, la GN también tiene centros de detención en sus cuarteles. Allí hay 2.881 personas. Se trata entonces de civiles que permanecen en instalaciones militares. Los grupos más grandes están en sedes de Lara (384) y Anzoátegui (319). A veces ni siquiera están en celdas sino en salones donde anteriormente se celebraban reuniones, ahora convertidos en retenes. Esto desde luego ocasiona incomodidades en el personal militar.

La orden del día
*El 31 de enero el director de Cicpc, comisario general Douglas Rico, envió una circular a todas las dependencias de esa policía para recordar a los funcionarios el deber de “ser cuidadosos con las imágenes, fotografías o datos que colocan en sus respectivos pin, whatsapp, twitter, Facebook, Instagram, tomando en cuenta que muchas de estas imágenes o informaciones son visualizadas por personas que buscan desprestigiar nuestra institución o por delincuentes que de un momento a otro pueden accionar contra el funcionario o su grupo familiar (…)”. Simultáneamente las redes de mensajería conformadas por policías alertaron que el Gobierno haría cumplir la prohibición de transmitir por esa vía los datos sobre procedimientos policiales, y que se harían revisiones sorpresivas a los teléfonos de los agentes para determinar si habían acatado esta directriz. Desde diciembre han sido detenidos tres detectives de la policía judicial por enviar datos sobre sitios de suceso, previa investigación a los aparatos por efectivos de la División contra Delitos Informáticos. No es cacería de brujas, sino de agentes. Una policía que se preciaba de su estrecha relación con los periodistas (hay libros sobre esto) ahora se maneja como si estuviese en una burbuja plástica, en pleno siglo XXI. Hay, desde luego, mucho de ocultamiento de la “corrupción endógena”, que antes se ventilaba públicamente gracias a las redes sociales.

*Esto lo escriben desde la selva. El hecho referido fue durante la última semana de enero. Un helicóptero, indican los lugareños, aterrizó en la población minera de Parkupí, cercana a Santa Elena de Uairén (Bolívar). Del aparato bajaron “malandros bien armados que obligaron a los mineros indígenas a reasumir el corte (de minerales) y se llevaron 600 grs de oro”. A pesar de las amenazas, un representante de la comunidad acudió a la comandancia del Ejército en Caracas para solicitar mayor presencia de los militares. Pero entre los indígenas no hay consenso al respecto debido a numerosos incidentes en los que los soldados han cometido abusos contra la población predominantemente indígena.

Reconstrucción a paso de morrocoy
*La caída del puente Guanape II tomó por sorpresa a las autoridades de la Gobernación del estado Vargas y del ministerio de Infraestructura. Como no encontraban una explicación distinta a la de la falta de mantenimiento preventivo, intentaron culpar a la oposición y a algún periodista que venía reflejando las denuncias de las comunidades sobre el mal estado de este paso, vital para la comunicación terrestre hacia el este de la región. El gobernador García Carneiro incluso dijo que el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) estaba en el lugar investigando el suceso, como si ellos contaran con especialistas en siniestros de este tipo de estructuras. Lo cierto es que la vialidad en Vargas deja mucho que desear. García Carneiro no lo dijo, pero en Catia la Mar todos saben que mes y medio antes de la caída del puente Guanape II se desplomó otro que pasa sobre la quebrada de Puerto Viejo, en una vía de servicio que lleva desde Catia la Mar hacia Playa Grande. Como el puente no tiene dolientes, su reconstrucción va a “paso de morrocoy”, según el testimonio de uno de los residentes del lugar. En este caso, la caída de la estructura ocurrió cuando una gandola que remolcaba una grúa lápiz intentó pasar por allí. En el lugar, además, no hay ni siquiera una valla que indique quién ejecuta la obra, tal y como lo exige la legislación vigente. La foto que acompaña esta nota fue tomada el 8 de febrero. Juzgue usted…

domingo, 29 de enero de 2017

El nuevo plan de Maduro

Lo único nuevo que ofrece la versión más reciente de Patria Segura es la incorporación abierta de formaciones políticas para la recopilación de inteligencia en materia criminal

Javier Ignacio Mayorca
@javiermayorca

El presidente Nicolás Maduro anunció la reformulación de las operaciones conocidas como Liberación del Pueblo (OLP). Ahora supuestamente tendrán una cara más amigable, y por eso se llamarán Operaciones de Liberación Humanista del Pueblo (OLHP). La primera conocida luego de este anuncio se llevó a cabo en la Cota 905, justo en el mismo lugar donde se realizó la primera OLP en julio de 2015. En aquella oportunidad, las reseñas periodísticas dieron cuenta de por lo menos doce muertos en supuestos enfrentamientos con agentes de la ley. En la del pasado 23 de enero hubo tres fallecidos. Claro está, entre ambos extremos se llevaron a cabo otras tres OLP en la Cota 905.
Las OLP de entonces y las OLHP que comenzamos a ver desde enero de 2017 obedecen al mismo formato: son redadas en espacios geográficos más o menos delimitados que intentan mitigar la criminalidad mediante la ¨neutralización” de determinados individuos o conglomerados que operan en esos sectores, ya sea por la muerte o por la detención de sus integrantes. En la Policía Nacional las llaman ¨operaciones de saturación¨, puesto que las calles de estos barrios se ven inundadas de uniformados, quienes abandonarán el lugar a la vuelta de unas horas o, en casos excepcionales, un par de días.
Decir que las OLP u OLHP se inspiraron en las experiencias de Brasil y Colombia es una expresión de ignorancia, cuando no de un interés deliberado por engañar a la gente. Entre unas y otras hay parecidos. En las comunas del Medellín colombiano y las favelas brasileñas se hicieron operaciones de saturación, con tanta o más violencia que las vistas en Venezuela, pero el propósito no era matar a los líderes de las bandas. De hecho, por lo menos en Brasil, en las últimas versiones los funcionarios de la Policía Militar han anunciado su entrada mediante perifoneos, de manera que los criminales han abandonado el territorio. Y estos sectores han sido ocupados y reinstitucionalizados. Esto quiere decir que los policías permanecen allí, y a la vez son construidas escuelas, comedores, dispensarios, bibliotecas y desde luego estaciones para los cuerpos de seguridad. Todo esto en las partes altas, lo que permite ejercer un mayor control sobre la actividad del barrio. Por lo tanto la finalidad de las operaciones en otras partes del mundo no es la eliminación física de los líderes o miembros de las bandas sino la retoma del territorio por parte del Estado.
Este es el error de concepto de las OLP, con o sin H.
La reformulación de estas operaciones fue decidida ante las numerosas críticas, algunas incluso de sectores afines al Gobierno, que advertían la creciente impopularidad de las OLP en lo que llaman la ¨base de sustentación política¨ del chavismo-madurismo.
Ahora bien, esta decisión se inscribe dentro del llamado relanzamiento del plan Patria Segura. La primera versión de este plan fue en 2013 por iniciativa del entonces ministro de Relaciones Interiores, general Miguel Rodríguez Torres, quien luego incorporó un sistema de patrullajes por circuitos, calcado de la experiencia en algunas ciudades de Colombia.
El gran problema con este sistema, según me comentó el actual director de PoliMiranda Elisio Guzmán, es que resulta inviable en Venezuela debido a la crónica carencia de recursos en las policías. Este déficit se incrementará ahora, puesto que el Gobierno planea aumentar 15% el total de circuitos en el país y cada uno deberá tener un ¨estado mayor¨.
Me pregunto cómo llevar a la práctica esta expansión de los circuitos de patrullaje, cuando actualmente las flotas de patrullas y motocicletas de todos los cuerpos policiales, incluida la PNB, están inservibles en más del 45%, de acuerdo con diagnósticos disponibles. La situación es tan grave que los propios funcionarios motorizados deben pagar de su bolsillo los repuestos y las reparaciones. En la PNB además se ha admitido ya que algunos vehículos sean ¨canibalizados¨, es decir, despojados de las piezas que aún sirven para colocárselas a otros y ponerlos en funcionamiento.
También está el problema del llamado ¨pie de fuerza¨ de los cuerpos de seguridad. En la Gran Caracas solamente son necesarios unos 36.000 policías, pero no se dispone de más de 9.000. A esto hay que restar los agentes que no van a trabajar porque están de reposo, presos, de permiso académico, en comisión de servicio en otros cuerpos, en grupos de apostamiento (vigilancia de detenidos) o son escoltas de algún jerarca. Además, hay otros que no van a sus cuarteles porque no les da la gana, se jubilan y se ponen a trabajar como parceleros o custodios de pequeños comercios, léase  abastos o panaderías.
Estas carencias terminarán por desvirtuar el plan Patria Segura II. Sin embargo, Maduro cree que las podrá afrontar mediante la incorporación de nuevos recursos humanos desde varias procedencias: 1) 10.000 nuevos oficiales de la Policía Nacional; 2) 10.000 tropas de la Fuerza Armada Nacional; 3) el Sebin, y 4) miembros de colectivos y unidades de batalla que actúen como ¨patriotas cooperantes¨ y apoyen en determinadas operaciones.
Patria Segura II: más politización
Sobre el último punto hay que señalar que la participación de colectivos y miembros de formaciones políticas oficialistas ya venía ocurriendo en asuntos de seguridad ciudadana.  Para esto se tomaban en consideración las disposiciones de las leyes orgánicas de Seguridad de la Nación, los Consejos Comunales y las Comunas. Hubo experimentos en sectores como Catuche, Mérida, Juan Pablo II y Ciudad Caribia. En esto se avanzó hasta tal punto que ciertos colectivos de ¨inteligencia popular¨ participan en operativos de control a transeúntes en Catia y Sabana Grande, tal y como quedó en evidencia a finales del año pasado.
Todas estas decisiones acentuarán la politización de la actividad de los cuerpos policiales, algo que es rechazado no sólo por buena parte de los funcionarios de tales instituciones sino también por la población en general. Quede claro entonces que el problema de fondo no será proteger a la ciudadanía sino incrementar el control político a través de cuerpos profundamente ideologizados.
Ahí está el sentido de la segunda versión de Patria Segura.

Breves

*La Corte Interamericana de Derechos Humanos sesionará el 9 de febrero en San José de Costa Rica para debatir sobre una posible denegación de justicia por parte del Estado venezolano en el caso del homicidio del estudiante de la Guardia Nacional Johan Alexis Ortiz. Esta muerte se produjo el 15 de febrero de 1998 durante un ejercicio en una cancha del destacamento 19 de ese componente militar en Táchira. Por este caso ha sido imputado Jean Carlos Rafael Malpica, un efectivo de tropa que se suponía debía disparar salvas con un fusil M61 calibre 7.62mm. Malpica se encuentra en libertad. Además, de acuerdo con el papá de la víctima, Edgar Ortiz, él no fue el responsable por este homicidio. Las pruebas de planimetría y experticias balísticas indican que los dos disparos que mataron a Johan Ortiz fueron hechos desde un lugar distinto al que ocupaba el imputado, presumiblemente por un oficial que entonces tenía el grado de capitán y hoy es flamante general de brigada de la GN, gracias a un ascenso otorgado por Maduro en 2013.

*La Policía Nacional adelanta un plan para el ¨rescate de la imagen¨ de ese cuerpo. El documento correspondiente no hace un diagnóstico preciso sobre las condiciones de hecho que motivaron esta iniciativa. Pero es obvio que la evaluación general de la PNB entre la ciudadanía no es positiva. Una de las evidencias más claras al respecto es que se trata del cuerpo armado civil con mayor número de procesados por diversos delitos, en especial homicidios, robos y extorsiones. El plan establece dos frentes de acción: puertas adentro y hacia las comunidades. En el primero se intentará incrementar el ¨sentido de pertenencia¨ y el orgullo de formar parte de las filas de esta policía. Algunas historias relativas a procedimientos exitosos serán exaltadas, al punto que un comité escogerá al ¨héroe del mes¨. Hacia afuera la cuestión es más complicada. El plan reconoce de antemano las dificultades para transmitir una sensación de efectividad. La Dirección de Comunicaciones será reestructurada. Se ordenó un monitoreo constante a las redes sociales, los medios y los periodistas que general opinión en cuestiones de seguridad. El mensaje a transmitir es que ¨los funcionarios que roban y matraquean son lunares en la institución¨.

*El criminólogo y docente Luis Gerardo Gabaldón llevó a cabo una encuesta de victimización para la región centro-norte-costera del país, que incluye a los estados Aragua, Carabobo, Vargas, Miranda y Distrito Capital. Se hicieron entrevistas en hogares para determinar si esa persona había sido afectada por secuestros y extorsiones, lesiones personales, robo y hurto genéricos, corrupción, abuso sexual, estafa, amenaza y el homicidio de algún familiar directo. Por razones metodológicas, las preguntas abarcaron el lapso julio 2014 a julio 2015. Los resultados indican hasta qué punto la criminalidad violenta arremete contra la población. Por ejemplo, se proyectó una cifra de 28.241 secuestros y 32.151 extorsiones solo para los referidos estados, así como 845.406 robos y 12.285 homicidios. Este último dato es muy relevante, pues la región centro-norte-costera suele abarcar el 50% de tales crímenes. Por lo tanto, durante el año objeto de investigación la cifra homicidios para el país debió estar alrededor de 24.570. Esto se acerca mucho a los cálculos hechos por el Observatorio Venezolano de la Violencia. Gabaldón fue miembro de la Comisión Nacional para la Reforma Policial y corredactor del Estatuto para la Función Policial.

*En la medida en que avanza la disolución del Estado venezolano, los medios para el ejercicio legal de la fuerza son reemplazados por agrupaciones de diversa índole. Llámelas comités de vigilancia, frentes bolivarianos o colectivos. En este último caso, es claro que algunos gozan de beneficios clientelares a través de instituciones estatales como Petróleos de Venezuela o el Ministerio para las Comunas, por citar algunos. Pero el flujo de dinero también ha mermado para estos grupos. La crisis finalmente les llegó, y para mantener las lealtades ahora es necesario acudir a otros mecanismos. El primero es la extorsión. Los comerciantes de la avenida Sucre de Catia pueden hablar de esto. También los habitantes de los barrios ubicados a partir del kilómetro 7 de la vía a El Junquito. En octubre del año pasado un colectivo se reunió con los residentes para exigir el pago de 2 mil bolívares mensuales a cambio de garantizar la seguridad. Posteriormente, pasaron casa por casa para reunir los aportes. El dinero era recibido por una mujer acompañada por un sujeto encapuchado. En una oportunidad, colocaron una pancarta con los números telefónicos a los que se podía llamar para comunicar las novedades.  Pero los robos continuaron y el colectivo no dio respuesta, así que la removieron.

*El diputado Guillermo Palacios consignó una serie de documentos ante la subcomisión especial del Parlamento que investiga el caso de Franqui Flores de Freitas y Efraín Campo Flores, los sobrinos de la Primera Dama Cilia Flores condenados en el Distrito Sur de Nueva York por conspiración para traficar drogas a los  Estados Unidos. Según el parlamentario, los documentos se refieren a las contrataciones que supuestamente ha obtenido la compañía Coinspectra, propietaria del jet que llevó a los sobrinos a la cita en Puerto Príncipe (Haití), en septiembre de 2015, cuando fueron detenidos por la policía local y entregados a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés). Palacios indicó que esta constructora ha sido la beneficiaria de numerosos contratos para la reconstrucción de internados judiciales en el país, supuestamente entregados por decisión de la ministra para Servicio Penitenciario Maria Iris Varela. El diputado dijo que el jet fue recuperado luego de un embargo, y que por esta razón fue puesto a nombre de una empresa homónima de la venezolana, inscrita en Norteamérica. Para Palacios no es casual que esa aeronave haya llevado a los sobrinos hasta la isla, en la que ultimarían detalles sobre el traslado de un alijo de 800 kilos de cocaína, pues al parecer existe un nudo de relaciones entre los propietarios de la empresa y el entorno presidencial. “Estos jóvenes no actuaban solos. Gozaban de apoyo para obtener prebendas”, dijo en referencia a Flores y Campo. Los documentos correspondientes fueron entregados al diputado José Luis Pirela, quien preside el grupo parlamentario que investiga este caso.


*Esta semana fue presentado ante un tribunal militar de control en Caracas el general de brigada retirado de la Guardia Nacional Ramón Lozada Saavedra. Le imputaron instigación a la rebelión militar, entre otros delitos. Su detención fue practicada por efectivos de la Dirección de Contrainteligencia Militar poco después del nuevo encarcelamiento del exministro de la Defensa general en jefe Raúl Baduel. Entre ambos oficiales existe una vieja amistad. Lozada es el mismo militar que fue víctima de un extraño secuestro en noviembre de 2013. En aquella oportunidad fue interceptado cuando circulaba en su vehículo particular por Montalbán. El oficial retirado de 57 años de edad apareció ileso en Apure dos semanas después. Sus familiares aseguraron entonces que no pagaron rescate.

lunes, 2 de enero de 2017

Un año de masacres

Si algo distinguió a la violencia de 2016 fue la sucesión de hechos con múltiples víctimas, en algunos casos a manos de funcionarios de cuerpos policiales o militares

@javiermayorca

En Venezuela no existe una definición legal de masacre. Sin embargo, cuando uno revisa lo sucedido en 2016 se percata de que fueron reiterativas las muertes de personas en conglomerados en diversas partes del país.
El Manual de clasificación de delitos (1995) del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) define a las masacres como homicidios masivos, es decir, las muertes de cuatro o más personas ocasionadas por las acciones ilegales de terceros. Esto no quiere decir que todas las víctimas tienen que estar reunidas en un mismo sitio de suceso. Pero al menos deben existir proximidades temporal y geográfica entre los fallecidos. Según esta categorización, existen las masacres clásicas, las familiares y los llamados asesinatos en sucesión, en los que una persona o grupo van matando en una o más locaciones.
Venezuela recorre desde hace tiempo por un proceso de colectivización de la criminalidad violenta. Primero fueron los asaltos masivos, en transportes colectivos como buses o vagones del Metro, en salas de cine o viviendas (incluso varios apartamentos de una misma edificación), y los robos de varios vehículos en un mismo estacionamiento. Luego vinieron los secuestros llamados carrousel, una marca registrada en 2005 por la banda Los Invisibles que posteriormente se extendió a otras organizaciones criminales hasta el día de hoy. Y desde luego tarde o temprano llegarían los homicidios de grupos enteros.
Antes las masacres eran esporádicas y ocasionaban escándalo público. Por ejemplo, la de El Amparo en el estado Apure, en la que catorce personas murieron debido a la acción de funcionarios adscritos al extinto Comando Específico José Antonio Páez (octubre de 1988), ameritó una condena al Estado venezolano por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y se convirtió en un caso de estudio.
Aunque la definición de masacre ya referida no lo indica de manera explícita, se supone que en todo hecho de esta naturaleza las víctimas están en condición de minusvalía con respecto a sus victimarios. No están armadas o fueron reducidas antes de que fuesen ultimadas. De no ser así, entraríamos en casos de muertes por legítima defensa. Como vemos, una de las condiciones necesarias para determinar la existencia de una masacre es la ilegalidad de la acción de los victimarios.
Tumeremo: el escándalo rompió el silencio
En 2016 contamos tres grandes masacres: la de Tumeremo (Bolívar), la de Cariaco (Sucre) y la de Barlovento (Miranda). Estos tres sucesos totalizaron 31 muertes, aunque todavía se dice que el número de víctimas en los casos de Bolívar y Miranda podría ser mayor.
En los dos últimos casos, los perpetradores eran funcionarios activos de componentes militares incorporados por decisión explícita del Ejecutivo a los planes de seguridad. En el caso de Barlovento, la matanza se desarrolló en el marco de una operación Liberación del Pueblo. Este es un aspecto que eventualmente podría llamar la atención de los organismos internacionales de protección de los derechos fundamentales.
En los tres casos, además, intervinieron las bandas criminales como una justificación o una causa eficiente de las matanzas. Ya en este mismo espacio habíamos advertido que estas estructuras delictivas se habían instalado como parte del panorama de seguridad ciudadana, esencialmente por las decisiones erráticas y a menudo contradictorias tomadas por el Ejecutivo a partir de 2013, con el inicio del programa de las “zonas de paz”.
Pero también alertamos que en muchas oportunidades las acciones y mensajes atribuidos a estas bandas serían tomados como pretexto para emprender tácticas de “mano dura”, que a la postre han convertido a los cuerpos de seguridad en importantes factores de la violencia criminal en todo el país.
El Observatorio Venezolano de la Violencia señaló que durante 2016 ocurrieron en promedio 22 masacres mensuales en todo el país. Pero la institución dirigida por el sociólogo Roberto Briceño León elaboró este cálculo sobre la base de las muertes de 3 o más personas reportadas a las distintas universidades que participan en la evaluación periódica de los homicidios. Si se toma como referencia la definición del FBI y se cruza con datos del Ministerio de Relaciones Interiores conocidos extraoficialmente el promedio mensual de masacres en el país fue siete. El último caso conocido ocurrió entre la noche del 31 de diciembre y la madrugada del 1 de enero, cuando un supuesto “cambio de gobierno” en el seno de una banda criminal que opera en el sector Pueblo Nuevo de Ocumare del Tuy dejó seis muertos. Sobre este caso, por cierto, no se ha producido ningún anuncio de la Fiscalía.
Un aspecto interesante es que las instituciones del Estado parecieran tener hacia las masacres la misma actitud omisiva y negligente que muestran con respecto a las muertes individuales. Evidencia de esto es que dos de los tres casos más sonados de 2016 (Tumeremo y Barlovento) fueron investigados una vez que los deudos hicieron pronunciamientos que sensibilizaron a la opinión pública. Aun así, en el caso de Bolívar se debe recordar que hasta último momento el Gobernador de la entidad intentó desvirtuar las denuncias, colocando la carga de la prueba sobre los individuos y no sobre los cuerpos del Estado que debían iniciar las pesquisas. Esto abrió un lapso que fue aprovechado por los perpetradores para ocultar evidencias y abandonar el sitio del suceso.

Breves

*El ciberespacio será uno de los ámbitos de conflicto entre los periodistas independientes y el actual régimen venezolano. Hay en el Gobierno la convicción de que se deben ejercer mayores controles sobre lo que se divulga a través de internet, así como también incrementar los riesgos legales derivados de la divulgación de informaciones incorrectas o falsas. Y es que, ante la censura que prevalece en los medios convencionales, el público ha migrado en masa hacia los medios web. Esto incluye también a los oficialistas. Para incrementar las presiones no será necesaria la elaboración de nuevas leyes sino una aplicación de las disposiciones sobre terrorismo existentes en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo. Ya el director general de Conatel Andrés Eloy Méndez así como otros voceros del régimen han adelantado los escenarios. También se ha ensayado con la inducción al error mediante la divulgación de informaciones falsas a través de redes de mensajería, con la finalidad de que sean avaladas y difundidas por algún medio, para luego aplicar sanciones ejemplarizantes. Mucho de esto se ha intentado en el ámbito de los sucesos. El último consistió en la “filtración” de una foto que supuestamente era de un grupo de comerciantes chinos que, según el chisme, fueron víctimas fatales de las hordas que saquearon Ciudad Bolívar. La gráfica en realidad fue tomada durante una protesta contra la inseguridad en Brasil.

*Las extorsiones cometidas por agentes de cuerpos de seguridad llegaron en diciembre a niveles insospechados. Hubo denuncias de todo tipo: desde comerciantes que fueron emboscados por agentes de la Policía Nacional cuando se disponían a cerrar la venta de algún bien ofrecido a través de páginas web hasta funcionarios que se presentaron en consultorios para exigir cuantiosos pagos a cambio de no instruir expedientes por mal praxis médica. Esto sucede en medio de un proceso de supuesta refundación de la institución pionera del “nuevo modelo policial”. Un proceso que hasta ahora no ha rendido los frutos previstos y que aparentemente se hundirá en el mar de la burocracia, tal y como sucedió con la “revolución policial” que alguna vez fue asignada por Maduro al entonces diputado Freddy Bernal.

*El 16 de diciembre, el International Crisis Group publicó un reporte en el que advierte, como han hecho otras entidades, sobre la delicada situación política y de orden público que atravesará Venezuela en 2017. Un extracto: “Al negar el poder a la Asamblea Nacional electa y cancelar o suspender elecciones, el Gobierno se arriesga a provocar más violencia política, aunque ese no es el único resultado posible. A pesar de sus debilidades, podría, bajo ciertas circunstancias, consolidarse como una dictadura militar de facto, por medio de elecciones fraudulentas o la total abolición de estas. Para salvar su democracia, Venezuela necesita negociar los términos de la transición con mediación externa, ya que ninguna institución doméstica cuenta con el respeto de ambas partes. Una abrupta transferencia de poder, incluso si fuera posible, podría provocar una grave inestabilidad y violencia.”

*Uno de los delitos que mayor repunte tuvo en el país fue el secuestro. Para el momento de escribir esta entrega todavía los cuerpos de seguridad no tenían una cifra consolidada sobre los casos reportados en todo el país. Pero definitivamente Aragua fue una de las regiones donde las bandas arremetieron con más fuerza, demostrando además un creciente nivel de organización. En noviembre, por ejemplo, un estudiante de 20 años de edad fue plagiado en San Mateo, y una vez cancelado el rescate fue liberado en Plaza Venezuela. Esto sugiere incluso que las organizaciones de la capital pudieron entablar acuerdos o alianzas con elementos que operan en el centro del país. Cuando faltaban diez días para finalizar 2016 los secuestros en Aragua se habían incrementado en 71% con respecto a todo el período anterior.


*El Ejecutivo y el Ministerio Público avanzan en la consolidación de un proyecto para ejercer un mayor control sobre la información relativa a la criminalidad del país. La iniciativa es denominada Sistema de Consulta de Datos. Hay aspectos loables, como por ejemplo abrir las posibilidades de un intercambio de datos más fluido entre los componentes civiles y militares que participan en tareas de policía, con la Fiscalía como eje pivotante de la información. De otra parte, las filtraciones de información serán tratadas como delitos de “traición a la patria”. Los analistas y operadores del sistema deberán firmar una caución en la que se comprometen a guardar la confidencialidad sobre los datos manejados aún después de haber cesado en esas funciones

viernes, 4 de noviembre de 2016

Prisiones que son guaridas

La salida de presos para delinquir y luego refugiarse en las cárceles o retenes donde debían permanecer es una nueva manifestación de las redes organizadas que involucran a funcionarios de cuerpos de seguridad

@javiermayorca

El 30 de septiembre, una comisión de la Policía de Aragua ultimó en Palo Negro a cinco sujetos que supuestamente intentaban asaltar la vivienda de la familia del ex grandeliga Kelvim Escobar. La banda estaba conformada por tres efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana y dos policías de esa misma región. En otro país, esto ya ameritaría un análisis sobre la creciente degradación de los cuerpos de seguridad. Pero en Venezuela ya se hizo normal ver a los funcionarios en “modo delictivo”.
Lo que sí sorprendió a más de uno es que cuatro de los cinco fallecidos estaban formalmente detenidos en el retén de Alayón, por estar involucrados en diversos delitos contra la propiedad.
Los guardias y policías no habían sido declarados como evadidos o fugados por las autoridades. Simplemente, salían a delinquir y luego regresaban a sus celdas a repartirse el botín.
Uno podría pensar que este fue un caso aislado de lo que llaman “desviación policial”, no de los efectivos que debían estar presos sino de quienes tenían la tarea de vigilarlos. Pero en realidad esto se ha convertido en una nueva manifestación de las redes delictivas que operan en y desde los recintos carcelarios del país.
Desde hace mucho tiempo se comentaba con insistencia que algunos presos privilegiados salían de noche a cometer delitos en las calles, y regresaban al amanecer antes de que los formaran en los patios de sus respectivos internados para el llamado “pase de número”. El primer gran escándalo ocurrió durante el segundo gobierno de Rafael Caldera, cuando se detectó que Walter del Nogal salía del retén El Junquito los fines de semana, y se dejaba ver en francachelas y discotecas de Las Mercedes. Una de esas mañanas los vapores pudieron más que él, y no regresó.
Este caso quedaría como un minúsculo antecedente al compararlo con lo que ha trascendido solamente en 2016, de manera oficial y oficiosa. El marzo, el retén El Marite del estado Zulia fue centro de un escándalo al constatarse que los detenidos robaban carros y luego los ocultaban en esa instalación, mientras negociaban el pago de un rescate.
En julio, un asaltante no esperaba que su víctima más reciente lo siguiera hasta el sitio donde solía ocultarse: un retén de la policía en Valle de la Pascua, donde estaba formalmente detenido. En este caso, como en los demás, el hampón repartía parte de sus botines entre los funcionarios que se supone debían custodiarlo.
Más recientemente, hemos tenido información sobre el ocultamiento de víctimas de secuestro en instalaciones de internados judiciales ubicados en el oriente del país. Desde allí, además, emanan las llamadas para negociar con los familiares del cautivo.
Las armas de la cárcel "pacificada"
Las informaciones que han trascendido luego de la “pacificación” de la Penitenciaría General de Venezuela en San Juan de los Morros van en esta misma línea. Según la Fiscalía, uno de los líderes o prames de esa instalación, Franklin Hernández, ni siquiera estaba formalmente preso. El hombre supuestamente utilizaba la instalación como un refugio, del que podía entrar y salir según su conveniencia.
Al finalizar el traslado de los presos que aún quedaban allí, el sábado 29 de octubre, alias La Guaira y otros tres reclusos fueron imputados por homicidio, tráfico de armas y drogas, intimidación pública y asociación para delinquir. Entre las armas decomisadas había dos lanzacohetes antitanque. A la luz de todo esto, aún queda pendiente la investigación sobre las complicidades que este sujeto necesariamente debía tener en Servicio Penitenciario y la GN, que le permitieron llegar a tales descaros.
No las llame cárceles, llámelas guaridas.

Breves

*La policía judicial adelanta una averiguación sobre una supuesta red de tráfico de armas que opera en los estados centrales del país. La pesquisa comenzó el 30 de septiembre, cuando una comisión de ese cuerpo que participaba en un punto de control en el peaje de Guacara detuvo a tres personas que iban hacia Maracay por la autopista Regional del Centro. Al hacer el registro del automóvil que tripulaban encontraron un bolso con 400 cartuchos calibre 7.62 mm, la mitad de los cuales podía ser usado por fusiles AK103 y el resto por los viejos FAL. Al continuar las pesquisas fue detenido en la capital aragueña un agente de la policía judicial, que supuestamente iba a recibir estas municiones.

*El déficit de talentos no solo afecta a agencias de inteligencia de prestigio como el MI6 inglés o la CIA estadounidense. En Venezuela, la Dirección de Contrainteligencia Militar divulgó en octubre una convocatoria para reclutar nuevos agentes con grado de técnico superior universitario que quieran participar en la “defensa integral de la patria”. Los interesados deben descargar y llenar una planilla y anexar 18 recaudos. Llama la atención que ya no se pregunte por el credo religioso de los aspirantes, pero sí por la filiación política. Desde luego, en la actual circunstancia todo lo que no sea “revolucionario” quedará excluido del cuerpo de inteligencia con sede en Boleita, sin derecho a pataleo.

*Con la agudización de la crisis política, a partir del 24 de octubre fueron activadas todas las redes de inteligencia en la Fuerza Armada Nacional. En la Guardia Nacional, los jefes de algunas unidades instruyeron por escrito a sus subalternos para que informen vía chats sobre cualquier novedad en curso. Esto a pesar de la instrucción impartida a inicios de este año por el titular de Defensa Vladimir Padrino, en el sentido de que la utilización de tales herramientas estaba prohibida, debido a que la información transmitida en estas redes siempre termina en los teléfonos de personas que no están con el régimen.


*La ausencia de policías preventivos en las calles de las principales ciudades del país se ha agudizado durante los últimos meses. Varios factores se han unido para ocasionar esta situación. No sólo se han incrementado las renuncias por razones socioeconómicas. También ocurre que los agentes carecen de recursos para movilizarse, y deben permanecer en sus estaciones. Hay policías en Distrito Capital que sólo disponen de un tercio de la flota de motos y camionetas, con respecto a lo que tenían en 2013. En la Policía Nacional ya es práctica común que los agentes rasos paguen con sus propios recursos las reparaciones y el mantenimiento de las motos que les asignaron. Ahora, en esa misma institución advierten que durante los meses de noviembre y diciembre saldrían de vacaciones grandes contingentes de oficiales, debido al cumplimiento de sus ciclos anuales. Esto obligará al gobierno central a acudir nuevamente a la Guardia Nacional y a restar policías de servicios y zonas que considera menos prioritarios, para enviarlos al municipio Libertador. Los residentes de Chacao, Baruta, Sucre y El Hatillo padecerán las consecuencias.

miércoles, 12 de octubre de 2016

Torturas en la FAN

Hay evidencias de que unidades militares han traspasado todos los límites en la defensa de la “revolución”

@javiermayorca

En el expediente sobre el fraude por más de 25 millardos de dólares a través de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi) fue consignada una declaración manuscrita que relata los pormenores sobre la detención de uno de los implicados, José Daniel Stekman Lugo, la noche del 15 de agosto de 2013.
Stekman había visitado el día anterior a su primo, el teniente coronel del Ejército Francisco Mariano Navas, quien ya estaba preso en los calabozos de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta. Navas fue hasta julio de 2013 el vicepresidente de Importaciones del órgano que aplicaba la política para el control de la moneda extranjera en el país.
Stekman no sospechaba que podían apresarlo, toda vez que estuvo en la boca del lobo y no tuvo problemas. Estaba en un edificio de Los Naranjos cuando recibió la llamada de un ex empleado de Cadivi de apellido Giacalone que lo vería para entregarle un informe de gestión de Navas.
Stekman salió a la calle para recibir el documento cuando un hombre que iba en una camioneta Hylux blanca y que llevaba chaleco antibalas se bajó y lo apuntó con una pistola. El sujeto le preguntó su nombre.
“Yo alzo mis brazos con un teléfono en mano y el otro en un bolsillo. Digo mi nombre completo y me montan forzadamente en la Hylux doble cabina, y veo inmediatamente a Giacalone esposado y con vendas en los ojos”, recordó.
Antes de que lo esposaran y le vendaran los ojos a él también, Stekman vio que en la camioneta iban en conductor y otras tres personas, además de Giacalone.
“¿Esto es un secuestro?”, preguntó.
“Depende”, le contestó uno de los captores.
“¿Me van a matar?”, inquirió nuevamente.
“Colabora y nada te va a pasar”, fue la respuesta.
Stekman fue llevado a una quinta de dos plantas,con fachada y portón blancos, ubicada en una urbanización cerca del Cigarral. Allí, según su relato, fue amenazado de nuevo: “Colabora o estás muerto”.
A continuación lo colocaron en una silla y le llovieron golpes y preguntas al mismo tiempo: que dónde están los dólares, las casas y los carros. Como no daba una respuesta satisfactoria, lo esposaron a la baranda de una escalera, de manera que debía permanecer en cuclillas, sin poder sentarse o estar plenamente erguido. Lo amordazaron con un trapo amarillo.
Así pasó Stekman su primera noche en cautiverio, hasta que las piernas no podían sostenerlo más.
A la mañana siguiente, el detenido comenzó a llorar y uno de sus captores lo golpeó con la cacha de un arma.
“Les supliqué hasta que me mataran, y solo me dijeron: Si colaboras, vives”, recordó.
Cuando ya tenía un día en cautiverio, Stekman fue sacado de la vivienda y llevado nuevamente al lugar donde fue capturado. Después, los supuestos funcionarios recibieron una orden telefónica y lo llevaron finalmente a Contrainteligencia Militar, donde permanecería el fin de semana, en medio de intensos interrogatorios.
El "mensaje" a Nieto Quintero
En su declaración, recordó que una de las patadas que le propinaron le partió una prótesis dental. En las semanas siguientes tuvo problemas para comer.
En la actualidad, Stekman permanece recluido en el retén Fénix del estado Lara mientras lo procesan por una supuesta complicidad en legitimación de capitales. La evidencia clave es un bolso repleto de dinero que encontraron durante un allanamiento. Antes de presentarlo en tribunales, lo obligaron a firmar una declaración cuyo contenido él desconoce.
Un procedimiento similar al visto en este caso fue aplicado con el capitán disidente de la Guardia Nacional Juan Carlos Nieto Quintero, en abril de 2014. Las lesiones a este oficial retirado fueron documentadas en un examen forense. La captura de Nieto fue presenciada por su propia esposa.
Con los oficiales de la GN procesados por el llamado golpe Fénix, en 2015, la receta fue distinta: confinamiento en celdas estrechas e iluminadas excesivamente para que el detenido no pudiera dormir, aderezado con interrogatorios cada 2 horas, hasta que se quiebra la entereza psicológica.

Breves

*La División contra Robos de la policía judicial inició una averiguación sobre el asalto sufrido por dos coordinadores del Comité Local de Abastecimiento y Producción (Clap) en Manicomio, el lunes a las 8 pm. Las víctimas fueron interceptadas por un vehículo Malibú, del que descendieron dos hombres armados quienes se apoderaron de Bs 2,64 millones, producto de la venta de bolsas cargadas con productos de consumo masivo. La actividad alrededor de los Clap guarda un creciente atractivo para los antisociales. En Acarigua fue reportado un robo similar en agosto, cuando los miembros de un comité local contaban el dinero en una casa. Por otra parte, los camiones donde son llevadas las bolsas para la venta deben ser escoltados por motorizados de la Guardia Nacional, pues de lo contrario son saqueados, tal y como ha sucedido en Zulia y Apure.

*El plan nacional antisecuestro anunciado por el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, pareciera que todavía no surte el efecto deseado. El septiembre, cuando comenzó esta iniciativa, fueron reportados más de 34 plagios en todo el país. Aragua, Carabobo, Guárico y los municipios de Barlovento fueron los lugares donde reportaron la mayoría de los casos. Es probable que algunas bandas de Distrito Capital hayan migrado hacia estas zonas, en virtud de la iniciativa gubernamental. La situación es especialmente crítica en Barlovento, donde las arremetidas de las bandas comunes, como la que asaltó el autobús del equipo de fútbol Trujillanos, se mezclan con las de grupos más organizados, cuyos líderes y lugartenientes están plenamente identificados.

*El 29 de septiembre, el coronel Boris Orlando López, director general de la estatal Cemento Andino SA, solicitó la ayuda del comandante de la zona operativa de defensa integral del estado Trujillo, general de división Randall Rivas, a los efectos de investigar la ola de extorsiones contra los trabajadores de esta empresa, quienes además residen en los alrededores de la instalación. Según el funcionario, no solo hay llamadas amenazantes contra los empleados por supuestos líderes de bandas criminales, sino que esto ya ha pasado al cobro efectivo de las “vacunas”. En consecuencia, muchos de los afectados han optado por renunciar y marcharse de la localidad.

*En septiembre el país rebasó la barrera de los 16.000 homicidios dolosos. Esta cifra no incluye las muertes en retenes o internados judiciales. Tampoco a las muertes como consecuencia de supuestos enfrentamientos con policías ni un importante porcentaje de decesos en casos de tránsito. El ministerio de Relaciones Interiores maneja este dato. Técnicos de esa dependencia proyectan una cifra mínima de 24.000 homicidios y un tope de 26.000, toda vez que durante el último trimestre del año la violencia interpersonal se incrementa. Según cálculos independientes, la tasa de homicidios en Venezuela para 2015 fue de 90 por cada 100.000 habitantes, lo que hace del país uno de los más violentos del mundo, junto con El Salvador.


El otro bachaqueo
*La foto que acompaña este breve es una reproducción de la calcomanía utilizada por bandas criminales de Lara para indicar los vehículos que han pagado extorsión o “vacuna”. En este caso, el grupo referido es liderado por alias Bachaco. El 29 de septiembre, efectivos del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional detuvieron a siete integrantes de la banda cuando supuestamente intentaban cobrar medio millón de bolívares para devolver una motocicleta robada en Humocaro Bajo. El yugo de estos delincuentes ha llegado a extremos en que los transportistas de alimentos deben pagar una cuota periódica para garantizarles su seguridad. Una práctica similar es aplicada por otros grupos criminales contra el sector de transporte público y de carga en Zulia y Mérida.

miércoles, 28 de septiembre de 2016

¿Quién controla al Sebin?

El Sebin es un cuerpo que opera sin restricciones, no para proteger al Estado sino para garantizar la continuidad de la “revolución”


@javiermayorca

El Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) es un cuerpo creado en junio de 2010, en reemplazo de la Dirección General de los Servicios de Inteligencia y Prevención (Disip), cuya supresión fue ordenada un año antes por el entonces presidente Hugo Chávez. De esta manera, el comandante cumplió uno de sus anhelos más antiguos. Ya en 1998, cuando estaba en su primera campaña, había expresado la intención de eliminar a la policía política.
Hasta 2013 el Sebin estuvo adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores. Pero un decreto emitido en abril de ese año por el actual presidente Nicolás Maduro lo transformó en un “ente desconcentrado” adscrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Esto implica que desde el punto de vista administrativo los fondos para su manejo son enviados desde el despacho que actualmente detenta Aristóbulo Istúriz, incluido desde luego todo lo relativo a los llamados “gastos de seguridad y defensa”. Pero Istúriz tiene escasa incidencia sobre las acciones cotidianas de los funcionarios.
En el actual esquema, además, el Presidente se reserva la potestad de nombrar al director del Sebin. Y tal parece que el mandatario no confía en nadie más que el mayor general Gustavo González López para conducir a su policía política. Esto quedó en evidencia cuando el oficial del Ejército fue designado para el MRI sin que fuese nombrado su reemplazo en la dirección del cuerpo de seguridad. En esos 16 meses que corrieron entre marzo de 2015 y agosto de 2016 las tareas más gruesas del Sebin quedaron en manos de un comisario que hizo carrera como patrullero e investigador, Carlos Calderón.
El Sebin se maneja sin controles internos, en medio de un peligroso voluntarismo. Un detalle en el que pocos han reparado se refiere a la eliminación de la Inspectoría del cuerpo. En anteriores organigramas, la oficina encargada de velar por el cumplimiento de la reglamentación era prácticamente adjunta a la dirección. La estructura de la institución “refundada” no tiene esa instancia. Tampoco tiene subdirección, aunque adentro digan que Calderón es de facto el segundo a bordo.
Consulté al respecto con dos fuentes ligadas a ese cuerpo. Una de ellas me indicó que parte de las funciones de vigilancia puertas adentro es ejercida por agentes de una oficina ubicada en el piso 4 del Helicoide. Trabajan de manera estrecha con la sección llamada Talento Humano, que sí figura en la estructura general.
Pero el Sebin tampoco está sometido a controles externos. Es curioso, pero muchos de los agentes de este organismo se ven a sí mismos como si fuesen policías. Participan ocasionalmente en patrullajes y han sido convocados para las grandes redadas conocidas como Operaciones para la Liberación del Pueblo (OLP). Además, en oportunidades son comisionados como auxiliares del Ministerio Público, para investigar ciertos casos. Y sin embargo, la institución no se somete a ninguno de los medios de vigilancia establecidos a propósito del “nuevo modelo policial”. No tiene oficina de control de actuaciones policiales ni comité ciudadano que la supervise. Ni siquiera la Fiscalía reacciona al ver que desde ese organismo emiten citaciones a periodistas y activistas políticos, y se hacen detenciones en flagrancia con evidencias de dudoso origen, como en los casos de Puglia, Jatar y Melo. Ya Liliana Ortega (Cofavic) ha advertido sobre la posibilidad de que los agentes de este cuerpo incluso practiquen desapariciones forzadas.
A pesar de todo esto, el Sebin no figura en el radar de la Asamblea Nacional. Un cuerpo armado al servicio de la Presidencia que declara abiertamente promover la “irreversibilidad del proceso de cambios impulsado por la revolución bolivariana” (Memoria y Cuenta 2015) quizá sea suficiente razón para iniciar un ejercicio contralor.

Breves

*El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI) inició una pesquisa sobre el hackeo de un blog y de la página facebook de la periodista venezolana radicada en Nueva York Maibort Petit. Las pesquisas fueron iniciadas al recibirse una denuncia sobre la repentina “desaparición” de los archivos del primero de los espacios web, y de la divulgación a través del segundo de ellos de mensajes que no fueron elaborados por ella. En Estados Unidos, este es un delito federal. Una vez recibida la queja (complaint) se llevó a cabo el rastreo forense de los protocolos de internet (IP) que permiten establecer la ubicación física del pirata informático. A través de su blog y otras redes sociales, Petit ha hecho la cobertura sobre el proceso por conspiración para traficar drogas contra los sobrinos de la pareja presidencial Efraín Campo Flores y Franqui Flores de Freitas, quienes permanecen detenidos en una cárcel neoyorkina desde noviembre del año pasado.

*El miércoles 21 de septiembre fueron hallados en La Palmira, estado Táchira, los cadáveres de Jefferson Acevedo y de José Parranque, de 22 años y 27 años de edad, respectivamente. Ambos acribillados y con tiros de gracia en sus caras. Los asesinos colocaron sobre cada cuerpo dos panfletos con el mismo texto: “Lo pelamos por ladrón vicioso cuatrero (sic). No se preocupen, tenemos 15 más en lista”. No ha sido la primera vez. El 7 de septiembre fueron encontrados en Guatire los restos de dos supuestos antisociales, cuyas cabezas fueron metidas en sus estómagos. Al lado de ellos otro cartel: “De los violadores nos encargamos nosotros. Continúa la película de terror #2”. Un caso similar fue reportado en San Mateo, Aragua, la primera semana de julio. Esto sugiere la conformación de lo que se conocía en Colombia como “brigadas de limpieza”, propias de países donde el Estado es incapaz de proteger a sus ciudadanos La saña en estos casos hace pensar también en la posibilidad de ajustes de cuentas entre bandas, con participación de ex presidiarios.

*El “hurto hormiga” está desangrando las finanzas de las empresas, privadas y públicas. Inicialmente, conocían así a las sustracciones de pequeñas cantidades de insumos utilizados por las propias compañías para la fabricación de sus productos. Ahora también le dicen así a los casos en los que un cliente se lleva sin pagar pequeñas cantidades de productos, generalmente alimentos. El 21 de septiembre Cicpc inició una pesquisa contra seis trabajadores de una fábrica de suelas para zapatos y botas, que desde febrero supuestamente se llevaban este producto oculto en sus vestimentas. El día anterior fueron detenidos empleados de Hidrocapital que se llevaban insumos y herramientas de la estatal en Maripérez. En Guarenas, un laboratorio farmacéutico perdió dos toneladas de azúcar para fabricar pastillas de la misma manera. Los problemas para procesar a estos sujetos son múltiples. Tienen que ser detenidos in fraganti, pues de lo contrario se amparan en la inamovilidad laboral. Además, las bandas cuentan con la participación activa de sindicalistas, que amenazan con iniciar conflictos laborales si son detenidos.

*Al menos cinco frentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se han fracturado debido a desacuerdos con respecto al proceso de paz. Entre ellos el número 1, también conocido como Armando Ríos. Forma parte del Bloque Oriental y opera en la frontera con el estado Apure. De hecho, sus integrantes también están en Venezuela. La división de esta unidad de batalla, conformada por aproximadamente 200 hombres en armas, fue reconocida por la cúpula del grupo guerrillero. En un comunicado se señala que tal disidencia ocurre por la “influencia de intereses económicos opuestos a la terminación del conflicto”. Son, esencialmente, dos negocios: el cuidado a los cultivos de coca, por el que se cobra un impuesto llamado “gramaje”, y la ruta para el traslado a Venezuela de la cocaína ya elaborada.

La entrada a Villa Heróica, Guatire
*La tesis de que la esposa, dos cuñadas y otros dos allegados al comisario general jubilado de Cicpc Heberto Alfonso fueron ultimados en el curso de un robo, así sin más, es muy difícil de tragar. Para empezar, no se puede hablar de resistencia al asalto, toda vez que los ocupantes de la vivienda del exfuncionario en la urbanización Villa Heroica de Guatire fueron sometidos a placer por los antisociales, gracias a que supuestamente estos contaban con la complicidad del hijo de una empleada doméstica, quien también ayudó a trasponer la vigilancia de la entrada al sector. Por otra parte, los hampones pudieron apoderarse de las armas que tenía el comisario guardadas en el inmueble. Entonces, si el objetivo de la incursión era solamente robar estos bienes no se explica la insistencia en comunicarse con Alfonso para exigirle que se presentara en la casa, la tarde del martes 27 de septiembre. Hasta el momento de redactar esta nota se había reportado la detención de dos personas: Darwin José Rodríguez Mesías, de 26 años de edad y Elkin Alvarez Medina, de 56 años. La importancia del caso se refleja en el hecho de que las diligencias en el sitio del suceso fueron supervisadas por el director de Cicpc, comisario general Douglas Rico.

Atún verde
*En el expediente sobre el desfalco a través de la Comisión para Administración de Divisas (Cadivi) está consignado un informe sobre las operaciones de importación de bienes de toda naturaleza por parte de la Caja de Ahorros del Ejército. Las mercancías eran traídas al país desde 2010 por una compañía llamada Inversora Caejer. Aunque estaba registrada como firma del Gobierno a los efectos del órgano de asignación de divisas, su RIF es el de una empresa más perteneciente a particulares. Hoy en día, como se puede apreciar en esta foto, son comercializadores de atún enlatado

miércoles, 14 de septiembre de 2016

Más del caso Andorra

*Un tribunal del principado de Andorra emitió una medida que nuevamente pone de relieve las actividades de un grupo de venezolanos ligados a este y al anterior gobierno. El desfalco estimado supera los dos millardos de euros

@javiermayorca

El 5 de mayo, la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra, a cargo de la juez Canolic Mingorance Cairat, solicitó a las autoridades francesas contra el lavado de dinero el congelamiento de todos los activos pertenecientes a siete venezolanos, una mujer de origen español y 24 empresas ligadas a algunos de ellos.
La medida recayó sobre Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Diego José Salazar Carreño, Rosicela Díaz Gil, Omar Jesús Farías Luces, José Luis Zabala, José Enrique Luongo Rotundo y Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas.
Esto se basa en una pesquisa iniciada en 2012 a propósito de una serie de operaciones sospechosas a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), la misma entidad investigada por la Red de Aplicación contra Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen) debido a que supuestamente era utilizada por grupos de delincuencia organizada de Rusia, China y Venezuela.
Como se recordará, en 2006 BPA abrió una oficina de representación en la torre A del Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Sus agentes tenían un interés especial en captar los fondos manejados a discreción por funcionarios públicos y sus testaferros, en medio de la bonanza petrolera.
Este banco ofrecía una alternativa para eludir el control cambiario mediante la negociación en Panamá de papeles del Estado venezolano, utilizando para ello empresas de fachada o “concha”, según la terminología estadounidense. Las compañías eran registradas por una filial de BPA en el país centroamericano. Posteriormente abrían cuentas bancarias a nombre de ellas, que simplemente servían como conducto de los fondos que terminarían en la central del banco en el principado europeo.
La primera señal de lo que hacía BPA surgió en 2010 a propósito del escándalo por el congelamiento de los fondos del ex jefe antidrogas de la policía judicial comisario Norman Puerta. Durante las audiencias celebradas en Andorra por este caso se reveló que los operadores de la oficina de representación de BPA en Venezuela abrieron la cuenta al ex policía y un grupo de personas con antecedentes por drogas (dos de ellas con pasaporte diplomático) sin siquiera indagar de quiénes se trataba. Puerta, por ejemplo, fue registrado como si fuese un ganadero falconiano.
Un sistema de comisiones a través de BPA
La solicitud del tribunal andorrano emitida en mayo de este año indica de manera expresa que varios de los afectados por la medida de congelamiento de fondos mantenían relaciones, tanto filiales como de negocios, con el entonces ministro de Energía y presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez. Villalobos fue viceministro de Energía, y Salazar y Farías se movían en el negocio de las pólizas de seguros para la estatal petrolera y otras instituciones gubernamentales. Farías permanece detenido en República Dominicana por las investigaciones sobre la quiebra fraudulenta del banco Peravia.
Según la petición del tribunal andorrano, las personas objeto de confiscación “organizaron un sistema de comisiones en relación a los contratos públicos de la empresa Pdvsa, que comporta que las empresas que accedían a las licitaciones se veían obligadas a contratar con el referido entramado empresarial para poder conseguir las adjudicaciones, cobrando los implicados millones de euros por los asesoramientos”. Más adelante se argumenta que los pagos a las empresas de tales asesores eran “imprescindibles” para acceder a los mercados públicos de la estatal petrolera venezolana y cualquiera de sus filiales.
El monto involucrado en las operaciones sospechosas sería superior a los dos millardos de euros, unos 2,6 millardos de dólares.
El ilícito fue detectado por los franceses, cuando se detectó una transferencia por más de 90.000 euros al empleado de un hotel parisino en retribución a “servicios prestados”. Los fondos surgieron de la cuenta de una empresa panameña Highland Assets Corp, perteneciente a Diego Salazar. Desde allí se hizo un monitoreo, y en noviembre de 2012 se intentó un primer embargo de fondos en Andorra, cuando Salazar supuestamente planeaba adquirir un inmueble en París por 40 millones de euros.
Salazar pudo desbloquear este dinero. Pero las investigaciones han continuado.

Breves

*El Ministerio Público adelanta una averiguación contra Jeanette Anza, la mujer que fue detenida en octubre de 2014 cuando supuestamente llegó al aeropuerto Guarulhos de Sao Paulo (Brasil) con un revólver oculto en un maletín. En ese momento, ella declaró que era una niñera al servicio del ministro para las Comunas Elías Jaua. Anza fue dejada en libertad y regresó a Venezuela. Pero las pesquisas brasileñas no han cesado. En julio, fue llamada a declarar como imputada por un fiscal venezolano, en atención a una solicitud emanada del juzgado 5 Federal de Guarulhos. Es decir, Brasil invocó la cooperación internacional para un caso que considera relevante. Fuentes brasileñas confiaron que la investigación abarca no sólo el intento de introducir el arma, que según ella pertenecía a su jefe, sino también el propósito aparentemente político del viaje del funcionario, según quedó en evidencia por el contenido de documentos incautados junto al revólver.

*Otra investigación internacional en desarrollo se refiere al uso del país como punto de partida de una suerte de “bachaqueo diplomático”, atribuido a funcionarios de Corea del Norte. Los primeros indicios al respecto surgieron en Perú y Brasil, donde se detectó que funcionarios del servicio exterior norcoreano en esos países viajaban periódicamente a Cuba para introducir al regreso habanos hechos en la isla y supuestamente revenderlos en el mercado negro. En Venezuela esto tuvo una variante. Según fuentes ligadas a la investigación, los diplomáticos iban a tiendas del centro de Caracas atendidas por chinos la víspera de cada salida y adquirían grandes cantidades de objetos de tocador como jabones y afeitadoras. El negocio entonces sería por dos vías: la venta en Cuba de tales mercancías y el retorno con los tabacos.

*El 5 de septiembre la dirección de la Policía Nacional Bolivariana emitió una orden de operaciones llamada “Dispositivo de seguridad y resguardo para las concentraciones y prevención contra la toma de las sedes del Consejo Nacional Electoral convocada por la MUD” para el miércoles 7 de septiembre. El documento de 26 páginas fue elaborado por la División de Planes y Ordenes, y refleja hasta qué punto ese cuerpo, señalado como pionero del “nuevo modelo policial”, está inmerso en un profundo proceso de politización para constituirlo en una nueva instancia de defensa del régimen. En el análisis situacional, los redactores dan por sentado que los convocantes “no asumen la responsabilidad de las acciones de los manifestantes y generalmente terminan en forma violenta, con actos de agresión hacia los funcionarios públicos, policiales y militares, así como daños materiales al patrimonio de la ciudad de Caracas”. La misión de los polinacionales para el 7 de septiembre fue el patrullaje, la vigilancia, la seguridad y el orden público hasta que finalizaran las marchas de las organizaciones “que se oponen  e intentan sabotear la gestión presidencial”. Con este planteamiento se justificó incluso la colocación de 30 francotiradores en azoteas de edificios preseleccionados. El mismo miércoles, el Presidente anunció un aumento de 50% en el salario de los agentes de este cuerpo, en un acto donde también fueron mostrados los nuevos uniformes. Llamó la atención el ropaje camuflado, muy parecido a los utilizados por los agentes operativos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). No se trata de un hecho meramente cosmético. Revela que ese nuevo modelo policial en realidad no era una política de Estado sino un producto del voluntarismo de los gobernantes de turno.

*El viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal, una dependencia del ministerio de Relaciones Interiores, ordenó a todos los cuerpos policiales del país hacer con carácter de urgencia un censo de todos los detenidos en sus correspondientes retenes. Previamente, el ministerio de la Defensa había emitido una orden similar a los comandos de zona del país. El director de la organización Una Ventana para la Libertad Carlos Nieto ha señalado que en Venezuela albergan alrededor de 25.000 presos en más de 400 instalaciones. Algunas de ellas simples oficinas administrativas. Por lo que resulta casi imposible disponer de información clara sobre las identidades de los presos y los lugares donde se encuentran. Esta situación es caldo de cultivo de todo tipo de corruptelas. En un retén de Guárico, por ejemplo, se detectó en julio que los policías dejaban salir a los delincuentes para que robaran y luego entregaran parte del botín a sus custodios. Luego de la crisis en la Penitenciaría General de Venezuela el problema se agravó. Debido a una orden gubernamental, los detenidos en numerosos retenes fueron trasladados hacia internados judiciales sin que existiera un registro pormenorizado con las identificaciones plenas, así como los lugares de origen y destino.

*El Gobierno tiene planteada una toma militar del estado Nueva Esparta, con motivo de la cumbre de países No Alineados, a llevarse a cabo entre los días 13 y 18 de septiembre. El temor es que se reproduzcan manifestaciones contra el jefe del Estado tal y como fueron vistas el sábado 3 de septiembre en el sector Villa Rosa. Efectivos de la GN emplazados en Distrito Capital para el relanzamiento de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela recibieron la orden de recoger sus pertenencias y esperar el traslado a la isla. Lo mismo sucedió en el estado Vargas. Lo de Villa Rosa fue significativo. El Gobierno no lo esperaba. Allí operan células del colectivo Tupamaros. Igualmente se llevó a cabo la reparación de algunas viviendas a través de la misión Barrio Nuevo Tricolor. Aún así el descontento fue incontenible ante la presencia de Maduro.

*Según la Memoria y Cuenta presentada en febrero de este año por el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) no tiene como finalidad primordial la protección de los intereses del Estado sino la preservación de la revolución bolivariana. Esto explica las escenas y afirmaciones que se pueden ver en el video colocado en el margen derecho de este espacio, con motivo de una graduación de comandos antiterroristas de este cuerpo. Huelgan los comentarios…

*Escribe una lectora: “El pasado miércoles 30 de agosto fui víctima de un atraco en la autopista Prados del Este a nivel del CCCT en dirección a La Trinidad, donde se incorporan los que vienen de Chacao. Ocurrió a las 7:15 pm aproximadamente. Allí estaba un vendedor ambulante de papitas fritas a quien no ví por la falta de luz en la autopista. Agarré el celular para hacer una llamada. Al instante él rodeó mi carro pidiendo el teléfono y apuntándome con una pistola que tapaba con las papas que "vendía " (solo podía ver el cañón). Se acercó a mi ventana en donde hizo ver con más claridad la pistola. Bajé  el vidrio y lancé  el celular con el único propósito que se alejara  de mí. Gracias a dios pude arrancar y por el retrovisor ví cómo  se agachó a buscar el teléfono (…) Tal vez poca gente sospecha de estos vendedores ambulantes. Este se aprovechó de su supuesto oficio para que el resto de las personas que estaban en la cola no se dieran cuenta de lo que pasaba”.