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miércoles, 14 de septiembre de 2016

Más del caso Andorra

*Un tribunal del principado de Andorra emitió una medida que nuevamente pone de relieve las actividades de un grupo de venezolanos ligados a este y al anterior gobierno. El desfalco estimado supera los dos millardos de euros

@javiermayorca

El 5 de mayo, la Sección de Instrucción Especializada I de la Bastilla de Andorra, a cargo de la juez Canolic Mingorance Cairat, solicitó a las autoridades francesas contra el lavado de dinero el congelamiento de todos los activos pertenecientes a siete venezolanos, una mujer de origen español y 24 empresas ligadas a algunos de ellos.
La medida recayó sobre Luis Mariano Rodríguez Cabello, Estibaliz Basoa de Rodríguez, Diego José Salazar Carreño, Rosicela Díaz Gil, Omar Jesús Farías Luces, José Luis Zabala, José Enrique Luongo Rotundo y Nervis Gerardo Villalobos Cárdenas.
Esto se basa en una pesquisa iniciada en 2012 a propósito de una serie de operaciones sospechosas a través de la Banca Privada de Andorra (BPA), la misma entidad investigada por la Red de Aplicación contra Delitos Financieros de Estados Unidos (FinCen) debido a que supuestamente era utilizada por grupos de delincuencia organizada de Rusia, China y Venezuela.
Como se recordará, en 2006 BPA abrió una oficina de representación en la torre A del Centro Ciudad Comercial Tamanaco. Sus agentes tenían un interés especial en captar los fondos manejados a discreción por funcionarios públicos y sus testaferros, en medio de la bonanza petrolera.
Este banco ofrecía una alternativa para eludir el control cambiario mediante la negociación en Panamá de papeles del Estado venezolano, utilizando para ello empresas de fachada o “concha”, según la terminología estadounidense. Las compañías eran registradas por una filial de BPA en el país centroamericano. Posteriormente abrían cuentas bancarias a nombre de ellas, que simplemente servían como conducto de los fondos que terminarían en la central del banco en el principado europeo.
La primera señal de lo que hacía BPA surgió en 2010 a propósito del escándalo por el congelamiento de los fondos del ex jefe antidrogas de la policía judicial comisario Norman Puerta. Durante las audiencias celebradas en Andorra por este caso se reveló que los operadores de la oficina de representación de BPA en Venezuela abrieron la cuenta al ex policía y un grupo de personas con antecedentes por drogas (dos de ellas con pasaporte diplomático) sin siquiera indagar de quiénes se trataba. Puerta, por ejemplo, fue registrado como si fuese un ganadero falconiano.
Un sistema de comisiones a través de BPA
La solicitud del tribunal andorrano emitida en mayo de este año indica de manera expresa que varios de los afectados por la medida de congelamiento de fondos mantenían relaciones, tanto filiales como de negocios, con el entonces ministro de Energía y presidente de Petróleos de Venezuela, Rafael Ramírez. Villalobos fue viceministro de Energía, y Salazar y Farías se movían en el negocio de las pólizas de seguros para la estatal petrolera y otras instituciones gubernamentales. Farías permanece detenido en República Dominicana por las investigaciones sobre la quiebra fraudulenta del banco Peravia.
Según la petición del tribunal andorrano, las personas objeto de confiscación “organizaron un sistema de comisiones en relación a los contratos públicos de la empresa Pdvsa, que comporta que las empresas que accedían a las licitaciones se veían obligadas a contratar con el referido entramado empresarial para poder conseguir las adjudicaciones, cobrando los implicados millones de euros por los asesoramientos”. Más adelante se argumenta que los pagos a las empresas de tales asesores eran “imprescindibles” para acceder a los mercados públicos de la estatal petrolera venezolana y cualquiera de sus filiales.
El monto involucrado en las operaciones sospechosas sería superior a los dos millardos de euros, unos 2,6 millardos de dólares.
El ilícito fue detectado por los franceses, cuando se detectó una transferencia por más de 90.000 euros al empleado de un hotel parisino en retribución a “servicios prestados”. Los fondos surgieron de la cuenta de una empresa panameña Highland Assets Corp, perteneciente a Diego Salazar. Desde allí se hizo un monitoreo, y en noviembre de 2012 se intentó un primer embargo de fondos en Andorra, cuando Salazar supuestamente planeaba adquirir un inmueble en París por 40 millones de euros.
Salazar pudo desbloquear este dinero. Pero las investigaciones han continuado.

Breves

*El Ministerio Público adelanta una averiguación contra Jeanette Anza, la mujer que fue detenida en octubre de 2014 cuando supuestamente llegó al aeropuerto Guarulhos de Sao Paulo (Brasil) con un revólver oculto en un maletín. En ese momento, ella declaró que era una niñera al servicio del ministro para las Comunas Elías Jaua. Anza fue dejada en libertad y regresó a Venezuela. Pero las pesquisas brasileñas no han cesado. En julio, fue llamada a declarar como imputada por un fiscal venezolano, en atención a una solicitud emanada del juzgado 5 Federal de Guarulhos. Es decir, Brasil invocó la cooperación internacional para un caso que considera relevante. Fuentes brasileñas confiaron que la investigación abarca no sólo el intento de introducir el arma, que según ella pertenecía a su jefe, sino también el propósito aparentemente político del viaje del funcionario, según quedó en evidencia por el contenido de documentos incautados junto al revólver.

*Otra investigación internacional en desarrollo se refiere al uso del país como punto de partida de una suerte de “bachaqueo diplomático”, atribuido a funcionarios de Corea del Norte. Los primeros indicios al respecto surgieron en Perú y Brasil, donde se detectó que funcionarios del servicio exterior norcoreano en esos países viajaban periódicamente a Cuba para introducir al regreso habanos hechos en la isla y supuestamente revenderlos en el mercado negro. En Venezuela esto tuvo una variante. Según fuentes ligadas a la investigación, los diplomáticos iban a tiendas del centro de Caracas atendidas por chinos la víspera de cada salida y adquirían grandes cantidades de objetos de tocador como jabones y afeitadoras. El negocio entonces sería por dos vías: la venta en Cuba de tales mercancías y el retorno con los tabacos.

*El 5 de septiembre la dirección de la Policía Nacional Bolivariana emitió una orden de operaciones llamada “Dispositivo de seguridad y resguardo para las concentraciones y prevención contra la toma de las sedes del Consejo Nacional Electoral convocada por la MUD” para el miércoles 7 de septiembre. El documento de 26 páginas fue elaborado por la División de Planes y Ordenes, y refleja hasta qué punto ese cuerpo, señalado como pionero del “nuevo modelo policial”, está inmerso en un profundo proceso de politización para constituirlo en una nueva instancia de defensa del régimen. En el análisis situacional, los redactores dan por sentado que los convocantes “no asumen la responsabilidad de las acciones de los manifestantes y generalmente terminan en forma violenta, con actos de agresión hacia los funcionarios públicos, policiales y militares, así como daños materiales al patrimonio de la ciudad de Caracas”. La misión de los polinacionales para el 7 de septiembre fue el patrullaje, la vigilancia, la seguridad y el orden público hasta que finalizaran las marchas de las organizaciones “que se oponen  e intentan sabotear la gestión presidencial”. Con este planteamiento se justificó incluso la colocación de 30 francotiradores en azoteas de edificios preseleccionados. El mismo miércoles, el Presidente anunció un aumento de 50% en el salario de los agentes de este cuerpo, en un acto donde también fueron mostrados los nuevos uniformes. Llamó la atención el ropaje camuflado, muy parecido a los utilizados por los agentes operativos del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin). No se trata de un hecho meramente cosmético. Revela que ese nuevo modelo policial en realidad no era una política de Estado sino un producto del voluntarismo de los gobernantes de turno.

*El viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal, una dependencia del ministerio de Relaciones Interiores, ordenó a todos los cuerpos policiales del país hacer con carácter de urgencia un censo de todos los detenidos en sus correspondientes retenes. Previamente, el ministerio de la Defensa había emitido una orden similar a los comandos de zona del país. El director de la organización Una Ventana para la Libertad Carlos Nieto ha señalado que en Venezuela albergan alrededor de 25.000 presos en más de 400 instalaciones. Algunas de ellas simples oficinas administrativas. Por lo que resulta casi imposible disponer de información clara sobre las identidades de los presos y los lugares donde se encuentran. Esta situación es caldo de cultivo de todo tipo de corruptelas. En un retén de Guárico, por ejemplo, se detectó en julio que los policías dejaban salir a los delincuentes para que robaran y luego entregaran parte del botín a sus custodios. Luego de la crisis en la Penitenciaría General de Venezuela el problema se agravó. Debido a una orden gubernamental, los detenidos en numerosos retenes fueron trasladados hacia internados judiciales sin que existiera un registro pormenorizado con las identificaciones plenas, así como los lugares de origen y destino.

*El Gobierno tiene planteada una toma militar del estado Nueva Esparta, con motivo de la cumbre de países No Alineados, a llevarse a cabo entre los días 13 y 18 de septiembre. El temor es que se reproduzcan manifestaciones contra el jefe del Estado tal y como fueron vistas el sábado 3 de septiembre en el sector Villa Rosa. Efectivos de la GN emplazados en Distrito Capital para el relanzamiento de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela recibieron la orden de recoger sus pertenencias y esperar el traslado a la isla. Lo mismo sucedió en el estado Vargas. Lo de Villa Rosa fue significativo. El Gobierno no lo esperaba. Allí operan células del colectivo Tupamaros. Igualmente se llevó a cabo la reparación de algunas viviendas a través de la misión Barrio Nuevo Tricolor. Aún así el descontento fue incontenible ante la presencia de Maduro.

*Según la Memoria y Cuenta presentada en febrero de este año por el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) no tiene como finalidad primordial la protección de los intereses del Estado sino la preservación de la revolución bolivariana. Esto explica las escenas y afirmaciones que se pueden ver en el video colocado en el margen derecho de este espacio, con motivo de una graduación de comandos antiterroristas de este cuerpo. Huelgan los comentarios…

*Escribe una lectora: “El pasado miércoles 30 de agosto fui víctima de un atraco en la autopista Prados del Este a nivel del CCCT en dirección a La Trinidad, donde se incorporan los que vienen de Chacao. Ocurrió a las 7:15 pm aproximadamente. Allí estaba un vendedor ambulante de papitas fritas a quien no ví por la falta de luz en la autopista. Agarré el celular para hacer una llamada. Al instante él rodeó mi carro pidiendo el teléfono y apuntándome con una pistola que tapaba con las papas que "vendía " (solo podía ver el cañón). Se acercó a mi ventana en donde hizo ver con más claridad la pistola. Bajé  el vidrio y lancé  el celular con el único propósito que se alejara  de mí. Gracias a dios pude arrancar y por el retrovisor ví cómo  se agachó a buscar el teléfono (…) Tal vez poca gente sospecha de estos vendedores ambulantes. Este se aprovechó de su supuesto oficio para que el resto de las personas que estaban en la cola no se dieran cuenta de lo que pasaba”.

miércoles, 31 de agosto de 2016

Sobrinos en apuros

Hay indicios claros para que el gobierno estadounidense vea el caso de los sobrinos de la pareja presidencial como un asunto de seguridad de Estado

@javiermayorca

La investigación, la detención y el enjuiciamiento de los sobrinos de la pareja presidencial, Franqui Francisco Flores de Freitas y Efraín Antonio Campo Flores, no es ni puede ser vista como “un caso más” de pesquisa criminal, tal y como argumentan voceros estadounidenses. Es, efectivamente, un expediente de conspiración para traficar drogas, pero con profundas implicaciones políticas. En Venezuela, así lo analizan en el propio Gobierno desde noviembre de 2015, cuando se reportó el resultado de la operación policial en Puerto Príncipe (Haití). En EEUU todavía no lo admiten así, para guardar ciertas formas. Pero el juicio que se ventila en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York tiene indicios suficientes para que el Departamento de Estado lo considere como un asunto de seguridad nacional. Veamos:
*Enemigos de EEUU: el extenso informe presentado en julio por el fiscal neoyorkino Preet Bharara, en respuesta a declaraciones de la primera dama Cilia Flores, destaca en sus primeros párrafos que durante la investigación encubierta llevada a cabo en Venezuela y Honduras Efraín Campo fue grabado cuando emitió una declaración inquietante: “Estamos en guerra contra Estados Unidos”. Es posible que esta fuese una declaración destemplada, una bravata inconsciente de alguien que intentaba ganarse la confianza de los suplidores de la cocaína. Pero en Estados Unidos esas afirmaciones tienen un alto valor, especialmente luego de la terrible experiencia del 11 de septiembre de 2001.
Los sobrinos, antes de volar a EEUU
A esto se une otro dato. Surge del primer análisis forense a los teléfonos celulares confiscados en Haití a los sobrinos de la pareja presidencial. El informe correspondiente suscrito por el agente especial de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) Kimojha Brooks. Indica que en marzo Campo supuestamente envió correos electrónicos que trataban sobre los requisitos y los documentos para el porte de armas. En septiembre del mismo año, con el mismo teléfono fueron tomadas gráficas de dos subfusiles, uno de ellos con mira láser, así como también de un lanzacohetes. La fiscalía estadounidense envió comunicaciones a las corporaciones Google y Apple para obtener el contenido completo de estos correos. Pero aún no está disponible.
*Asociados al terrorismo: a pesar del avance de los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, Estados Unidos continúa catalogando a este grupo guerrillero como “terrorista”. Mientras era llevado en un jet a Nueva York, Campo declaró al agente especial de la DEA Sandalio González III que esta organización sería la proveedora de los 800 kilos de cocaína, a través de un intermediario apodado el Gocho. En el mismo vuelo, Flores de Freitas indicó que las reuniones con este hombre comenzaron en un restaurant tailandés en Las Mercedes.
*Defendidos por Venezuela: luego de la audiencia llevada a cabo en la corte federal del Distrito Sur de Nueva York en mayo de 2016, está claro que los detenidos concedieron a un poder externo tanto la conducción como el pago de sus respectivas defensas. Es decir, ni Campo ni Flores deciden cómo afrontarán el juicio. Desde entonces, las mociones presentadas ante la referida corte han sido en conjunto, muchas veces reflejando las inquietudes expresadas en Venezuela por voceros oficialistas (la tesis del “secuestro”, la identidad de los agentes encubiertos e informantes, etc). Si alguna duda queda en cuanto a quién cancela los honorarios de los defensores privados, se debe recordar que al principio los abogados de Flores fueron los mismos que representaron al Banco Central de Venezuela una demanda en EEUU contra la web Dolar Today.
Campo y Flores caminan hacia la pena máxima, que en este caso puede ser cadena perpetua. El último recurso que les quedará, cuando ya tengan el agua en las narices, es despedir a sus actuales apoderados judiciales y negociar por cuenta propia con el gobierno estadounidense.

Breves

*El 9 de agosto, miembros del incipiente Consejo Nacional Agroalimentario se reunieron con el nuevo comandante general de la Guardia Nacional, mayor general Antonio Benavides Torres. Fue un largo encuentro en el que se discutieron innumerables aspectos, en virtud del tutelaje militar implantado por el Presidente a toda la industria de alimentos. No obstante, las quejas por problemas de inseguridad fueron recurrentes. El oficial se comprometió de manera firme en tres aspectos: 1) combate a las invasiones de fincas; 2) vigilancia y custodia a la mercancía en tránsito, para prevenir saqueos, y 3)generación de mecanismos de comunicación para una reacción rápida contra el abigeato, las extorsiones y los secuestros. A partir de entonces, los militares incorporados a este programa así como los participantes en la reunión forman parte de un chat en el que se dan a conocer novedades sobre la materia. Por ahí fue notificada la acción de la GN contra un grupo de invasores a una finca en el estado Mérida.

 *Varias propuestas son consideradas por el titular del MRI Néstor Reverol para la reestructuración de la policía judicial. La más antigua fue elaborada por una comisión designada luego de la muerte de tres detenidos en el Departamento de Aprehensión ubicado en El Rosal. Pero la que pareciera tener más respaldo es una reciente que "aplana" la estructura de la policía al eliminar la subdirección y dejar un conjunto de coordinaciones bajo el despacho del director. De hecho, desde que Douglas Rico fue designado director este cuerpo se encuentra sin segundo al mando. Estas funciones están repartidas de hecho entre el máximo representante de la institución y el coordinador de Investigaciones Penales comisario Rubén Lugo.

 *El ministro de la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino ordenó a todos los jefes de unidades militares acantonadas en la zona limítrofe con Colombia acentuar la investigación y el desmantelamiento de las redes que manejan el contrabando de extracción de combustible y mercancías subsidiadas por el Gobierno. El radiograma correspondiente llegó a los puestos y comandos de zona castrense la semana pasada, pero hasta ahora no se han producido mayores resultados. En una entrevista concedida en enero el colombiano Wilkin Alexander Roa, alias Cara de Niña, quien fuera jefe de Los Urabeños en San Antonio y Cúcuta, señaló que los traslados de alimentos y combustible hacia Colombia eran posibles gracias a los pagos semanales que él y sus lugartenientes supuestamente hacían a las autoridades militares y políticas del Táchira.

*El jueves 25 de agosto soldados acantonados en la base de protección fronteriza Cararabo del Meta en Apure dispararon contra una avioneta que hizo varios sobrevuelos sobre la instalación militar a plena luz del día. La aeronave colores gris y blanco no fue plenamente identificada por los militares. Pero al volar por cuarta vez sobre la instalación le hicieron 56 tiros con fusiles AK-103, como parte del denominado Plan de Reacción Inmediata. La nave aparentemente no sufrió daños y se alejó del sitio. Esta zona es conocida por formar parte de las rutas aéreas para el traslado de drogas.

*Un informe presentado recientemente por un teniente coronel del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional advierte que la “desmovilización de grupos guerrilleros y paramilitares colombianos”, así como la “captación de funcionarios de los órganos de seguridad del Estado” por organizaciones delictivas son los principales factores a ser tomados en cuenta en el futuro inmediato por las unidades especializadas en esta materia. La firma de la paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, aunque deseada traerá algunas consecuencias negativas para Venezuela.

*Al cierre, la expresidenta de la Conacuid (actual ONA), Mildred Camero, respondió al titular del MRI, Néstor Reverol, quien afirmó que en 2005 la DEA tenía una oficina en el piso 7 de la institución entonces conducida por Camero, tan secreta que ni siquiera ella misma tenía permiso para entrar. Según la ex juez, “la oficina tenía por nombre Centro de Información y Coordinación Conjunta, y estaba a cargo del subcomisario de Cicpc Iván Romero”. Fue instalada allí para hacer un monitoreo de aeronaves y embarcaciones. Añadió que un piso más abajo “funcionaba el Centro Nacional de Drogas, Cinadro, dirigido por el maestro técnico de tercera (GN) Douglas González”. Ambos funcionarios, concluyó, “son testigos vivientes de todo lo acontecido en esa época en la Conacuid”.

*El 21 de agosto fue reportado en Caja Seca, estado Zulia, el asesinato del colombiano Oscar Humberto Saavedra Montoya, de 50 años de edad. La nota sobre este caso publicada por El Diario de los Andes indica que la víctima era propietaria de la compañía Asfalto Los Andes. El crimen ocurrió cuando Saavedra se disponía a entrar a su vivienda para almorzar. Un sujeto salió de un callejón adyacente, le disparó y huyó corriendo sin robar la camioneta Highlander del comerciante. En marzo de 2011 el Gobierno deportó a Saavedra a Colombia, donde era requerido por secuestro extorsivo y concierto para delinquir. Había sido detenido en El Hatillo, el 24 de febrero de ese año. Según el Registro Nacional de Contratistas Saavedra era el propietario de la firma Inversiones Coveinca, cuya sede estaba en Los Chorros, pero estaba registrada como proveedora de servicios en la oficina del Ministerio de Comercio en Mérida. Este dato llegó gracias a la acuciosidad de un lector.

*Otra lectora cuenta cómo el hampa hace de las suyas en el sector El Barbecho de Los Teques. Un lugar que anteriormente era tranquilo. Los casos relatados ocurrieron entre los meses junio y julio. Aquí sus palabras: “El sábado 11 de junio a la 8:00 PM, dos sujetos atacaron a mi papá dentro del estacionamiento de nuestra casa. El señaló que cuando estaba guardando el vehículo escuchó el paso de un carro, al abrir la puerta para cerrar el portón lo apuntaron y obligaron a entregar las llaves. Se llevaron el carro, no sin antes indicarle que si quería el carro de vuelta tendría que pagar rescate.
“Mientras el atraco ocurría, yo escuché voces desde mi casa (ubicada en el piso superior al estacionamiento). Al bajar la escalera y preguntarle qué pasaba uno de los asaltantes me apuntó a distancia. Logré correr y refugiarme en casa, también mi mamá bajó luego de escuchar mis gritos (se encontraba en la terraza) y a ella le ordenaron subir o le dispararían.  
“Se llevaron el carro, no hubo disparos, no ingresaron a las viviendas, tampoco llamaron para pedir rescate, pero nos arrebataron la única certeza que nos quedaba: sentirnos seguros en nuestro hogar. Durante los días siguientes al hecho, temblábamos cada vez que repicaba algún teléfono, ahora temblamos cada vez que vamos a llegar a casa o a salir de ella.
“33 días después y cuatro casas más allá de la nuestra se ha repetido el hecho, casi en iguales condiciones. Un vecino que repara vehículos en el estacionamiento de su casa, escuchó un carro pasar mientras revisaba el carro de un cliente, levantó la cabeza y vio dos sujetos que caminaban hacia él, lo apuntaron y se llevaron la unidad (10:00AM).
“Dos días después, otro vecino fue hasta unos comercios cerca de la zona donde vivimos, se bajó a comprar alimentos para su perro, en apenas minutos le abrieron la maleta y se llevaron herramientas y una batería”.


Mudados a la incomodidad
*La foto que acompaña este breve corresponde a una escuela de Ciudad Caribia, el desarrollo de interés social ubicado entre Caracas y La Guaira. En ese inmueble, destinado para uso educativo, querían alojar a parte de los 3100 agentes llamados desde cuatro estados del país para reforzar el contingente policial en Caracas. Otras instalaciones en construcción fueron puestas a la orden de este plan. Al conocer que no tendrían un lugar decente ni siquiera para dormir, los uniformados se negaron a ser trasladados. Lo más triste de la situación es que la propuesta de llevar a policías a residir en una escuela en construcción surgió de un directivo del propio cuerpo de seguridad.

miércoles, 17 de agosto de 2016

¿Qué pasó en la PGV?

En la penitenciaría de San Juan de los Morros el pramato impuso su voluntad. El secuestro de empleados gubernamentales solo se resolvió con la intervención de funcionarios de Miraflores

@javiermayorca

Luego de pasar seis días en poder de los reos, los empleados del ministerio para Servicio Penitenciario no quieren regresar a la Penitenciaría General de Venezuela.
Los 42 trabajadores y un contratista que llevaba alimentos a esa cárcel fueron secuestrados por los internos a partir de la madrugada del lunes 1 de agosto. Algunos de ellos permanecieron cautivos hasta el sábado 6 de agosto, cuando el líder de los detenidos o pram, conocido como Viruviru o La Guaira, consideró satisfecha su demanda de que repoblaran la penitenciaría.
El lunes 8 de agosto, el ministerio otorgó 21 días de reposo a los trabajadores que fueron víctimas del secuestro. Aunque les prohibió declarar a los medios, algunos de ellos confiaron que no desean regresar a sus labores, especialmente si se toma en cuenta que la nueva administración del penal les había exigido trasladar sus puestos de trabajo desde las áreas externas de la instalación hacia el interior. Esta circunstancia facilitó la captura por parte de los reclusos.
En los primeros días, las víctimas permanecieron en grupos divididos, todos bajo amenaza de muerte. Cuando uno de los líderes del secuestro quería ir de un lado a otro del penal las utilizaba como escudos.
PGV: tierra de prames
Al comienzo los reclusos exigieron la presencia de la ministra Maria Iris Varela. Pero ella nunca fue. El miércoles 3 de agosto, según los testimonios, se presentó el ex ministro del Deporte Antonio el Potro Alvarez. Aunque su cara es familiar en Tocorón, los reos de la PGV lo rechazaron.
El jueves la crisis dio un vuelco. El Gobierno le quitó a Varela la interlocución con los reos y se la entregó a José Vicente Rangel Avalos, ex alcalde de Sucre y viceministro de Asuntos para la Paz. Este cargo lo creó Maduro a la medida de Rangel en junio de 2015, y lo adscribió al Despacho de la Presidencia.
En otras palabras, el secuestro en la PGV se resolvió desde Miraflores.
Rangel, diseñador del controvertido programa de las “zonas de paz”, se trasladó a la cárcel y revisó la situación de los cautivos. Luego se comprometió a iniciar los traslados de reclusos hacia esa penitenciaría.
El pramato, por lo tanto, encontró un mecanismo para quebrarle el espinazo al Ejecutivo. El director de la organización Una Ventana para la Libertad Carlos Nieto indicó que hasta el miércoles pasado (10 de agosto) habían llegado a la instalación de San Juan de Los Morros 2380 detenidos, enviados desde retenes de Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Lara y por supuesto de Guárico.
La crisis de la PGV representa un giro en la relación entre los líderes carcelarios y el Estado. Anteriormente los conflictos eran originados por el hacinamiento y otros factores. Básicamente, se resolvían con desalojos. Ahora, exigen que les aseguren su mercado para continuar los cobros de extorsión, conocida como causa en la jerga penitenciaria.
El modelo de acción instaurado en la PGV ahora es imitado por los presos de otras cárceles. En Puente Ayala con la sola amenaza de secuestrar empleados enviaron 1800 detenidos.

Breves

*Cada día son más frecuentes los casos de extorsión en los que participan funcionarios policiales. Antes actuaban en sus tiempos libres y de forma clandestina. Ahora lo hacen abiertamente como parte de sus horas laborales, uniformados y en uso de los bienes del Estado. La Fiscalía informó sobre la detención de 7 agentes de la policía judicial que asaltaron a un comerciante en Mérida y luego lo contactaron para devolverle su vehículo a cambio de un pago. El 6 de agosto, en Caracas, Cicpc procesó la denuncia de un distribuidor de alimentos que fue detenido por supuestos funcionarios de la Policía Nacional en los alrededores del Nuevo Circo. Cuando vieron que estaba totalmente cargado de mercancía le ordenaron que se trasladara hasta la estación de Santa Rosalía, donde fue amenazado con una imputación por “bachaqueo” si no pagaba Bs 100.000. Esta cantidad fue cancelada por el dueño del vehículo, pues de lo contrario el trabajador sería procesado. El 10 de agosto, tres oficiales del mismo cuerpo fueron detenidos cuando supuestamente cobraban Bs 30.000 por la extorsión al dueño de una cauchera de San Agustín. Ya antes el mismo grupo de uniformados se había apropiado de Bs 60.000 del mismo comerciante.


*A propósito de la información anterior, una lectora escribió para relatar el “encuentro” de su pareja con oficiales motorizados de la Policía Nacional el 27 de julio en la tarde: “El se dirigía a Maiquetía con su hijo y la mamá del chico. Lo llevaban para abordar un vuelo a Argentina. Los detuvieron frente a Fuerte Tiuna, donde los hicieron bajarse y los interrogaron. Cuando supieron que iban al aeropuerto los hicieron bajar todo el equipaje y les robaron $1300 que llevaba el muchacho, aduciendo que eso era ilegal. Los instaron a abordar rápidamente el carro e irse”.

*El 4 de agosto la Policía Nacional de Colombia apresó al colombiano nacionalizado venezolano Nicolás Agudelo Bejarano, señalado como el supuesto financista de los alijos de cocaína hallados en mayo en Ureña y en un almacén del estado Vargas, para sumar 3,2 toneladas. Fuentes de la ONA indicaron que Agudelo sería un operador del cartel mexicano Los Zetas para Venezuela, por lo que era conocido como Z-50. El hallazgo de droga fue logrado gracias a trabajos de inteligencia con fuentes humanas. El alcaloide estaba mezclado con trozos de caucho y sustancias odorizantes que impedían la detección por los perros. Su valor en el punto de salida sería superior a los cinco millones de dólares. Por este caso hay nueve personas procesadas en el país. Agudelo es solicitado en extradición.

*La Organización de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen presentó los últimos informes sobre monitoreo de cultivos ilícitos de coca correspondientes a Bolivia, Perú y Colombia. En el primer país hubo en 2015 una estabilización de las extensiones de los plantíos que sirven de materia prima a la cocaína. En Perú hubo una baja de 6% equivalente a 2500 hectáreas. En Colombia, en cambio, los cultivos de coca crecieron por segundo año consecutivo. Esta vez fue 40% para totalizar 96.000 hectáreas. Esto es el doble de la extensión cultivada en 2013. La cifra correspondiente al año pasado daba un potencial de producción superior a las 640 toneladas de cocaína. Buena parte de ella pasó o está pasando por Venezuela. Además, uno de los tres departamentos con mayor densidad de sembradíos, Norte de Santander, está en la frontera con los estados Zulia y Táchira. Las autoridades venezolanas niegan permanentemente la existencia de cultivos ilícitos, pero lo cierto es que esta actividad también está ocurriendo en territorio nacional, cada vez más adentro. No sólo en lo referido a la coca, tal y como lo muestra el mapa, sino también amapola de opio y marihuana, que es cultivada tanto en parques nacionales como en viviendas particulares. Esta es una de las consecuencias indeseadas para Venezuela de la paz en Colombia y la desmovilización de las FARC.
*Esta gráfica muestra a un oficial de la Policía de Lara cuando es auxiliado por un explosivista del Sebin. Al funcionario le robaron el arma, y para impedirle cualquier reacción le inmovilizaron las manos con cinta adhesiva mientras sostenía una granada sin seguro. Los expertos en explosivos cortaron la cinta y despojaron al agente de la granada.  El ataque por antisociales a uniformados es cada día más frecuente. Pero éste, a plena luz del día, tiene una especial carga simbólica.

Los grafittis del ELN
*El representante del Colegio de Profesores de Venezuela para el estado Táchira Javier Tarazona denunció que está en desarrollo un plan para promocionar a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los estados fronterizos del país. A la emisora de radio que se escucha libremente en el territorio tachirense se une ahora la sucesión de pintas o grafittis como el que se aprecia en la gráfica tomada en la fachada del núcleo Ureña de la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde se muestra la efigie del líder fundador del grupo subversivo, el sacerdote Camilo Torres. Según Tarazona, esta campaña cuenta con la anuencia de las autoridades regionales, y estaría unida al desplazamiento físico de guerrilleros hacia esas ciudades fronterizas. Esto no es descabellado si se toma en cuenta que desde mayo la Fuerza Armada monitorea los enfrentamientos y escaramuzas entre el Ejército colombiano y frentes de este grupo guerrillero en el departamento Norte de Santander, a pocos kilómetros del límite con Venezuela. Lo de Táchira amerita un análisis especial, pues allí se está produciendo una convergencia de elementos de las guerrillas colombianas, desmovilizadas o en proceso de pacificación, y antiguos paramilitares incorporados a bandas criminales, especializadas en la extorsión. El paro de transportistas en San Antonio, segundo de este año, es una demostración del poder que han adquirido estos grupos.


*A última hora me informan del estupor que ocasionó en filas de la Guardia Nacional la designación del vicealmirante Jhonny Galván García, ex comandante de la base naval de Puerto Cabello, como nuevo jefe de la Guardia del Pueblo. Esta decisión anunciada por el presidente Maduro el 9 de agosto. Fue divulgada en una intervención pública y difundida en cables de la Agencia Bolivariana de Noticias. De ser cierto esto rompería con el principio de unidad de mando pues se trata de un oficial de la Armada que gobierna sobre efectivos de la GNB.  Desde este último componente aseguran que todo se trató de una confusión con un general que tiene el mismo apellido. Pero los medios gubernamentales no han hecho la debida rectificación. Entonces, los oficiales del cuerpo destinado a la preservación del orden interno se preguntan ahora si la Guardia del Pueblo está o no adscrita a esa institución.


domingo, 17 de julio de 2016

Espejismos en Platanal

Sólo la pérdida de la conexión con la realidad o un ánimo deliberado de engañar pueden llevar a un ministro a asegurar que los delitos han disminuido. La realidad en la calle habla otra cosa

@javiermayorca

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general (Ejército) Gustavo González López, aseguró durante una entrevista transmitida por Venezolana de Televisión que el “índice delictivo” disminuyó 26% durante el primer semestre de 2016, con respecto al mismo lapso del año anterior. Según el funcionario, este comportamiento general de la delincuencia tuvo una excepción en el estado Miranda.
Para poder entender a cabalidad y sentar posición con respecto a lo que ha dicho el titular del despacho de la esquina Platanal hay que hacer varias precisiones.
En primer lugar, el general no se refiere a todos los delitos sino a una lista de nueve que desde hace varios años son tomados como marcadores de la criminalidad, en especial la violenta: el homicidio, las lesiones personales, el secuestro, la extorsión, la violación, el robo genérico y el de vehículos así como el hurto genérico y el de vehículos.
MRI: la propaganda en seguridad
En esta lista, el mayor peso desde el punto de vista estadístico lo tienen los delitos contra la propiedad, es decir, los robos y hurtos genéricos así como los referidos a vehículos. En una oportunidad, el actual director de la Policía Nacional, general Juan Francisco Romero, me comentó que existe un nexo íntimo y causal entre los delitos contra la propiedad y las lesiones y homicidios. Esto ha sido ratificado por los informes de la Comisión Nacional para la Reforma Policial y otros estudios.
Entonces, para que haya una disminución tan significativa como la señalada por el ministro González es necesario que los delitos contra la propiedad hayan registrado un descenso.
Pero esto no ha sucedido, lamentablemente. La percepción generalizada de la ciudadanía es que el hampa está atacando sin piedad, a toda hora y en todas partes. Además, tal y como lo advirtió el director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, nuevas personas se han incorporado al mundo de lo ilegal, empujadas por la brutal inflación que padece el país, la más alta del mundo. Lo que se traduce en un acelerado empobrecimiento.
Ahora no solo roban las casas, los vehículos, los teléfonos…también asaltan a las personas para despojarlas de sus bolsas de comida. Y desde el punto de vista del delincuente, si es posible victimizar a varias personas a la vez, mejor. Esto lo pueden ratificar las más de cien personas despojadas de sus haberes en apenas dos casos de robo mientras iban en autobuses desde o hacia el oriente del país. O los innumerables habitantes de viviendas del este y del oeste de la capital, que son sorprendidas por antisociales mientras duermen o cuando intentan acceder a estos inmuebles. Como estos casos se podrían llenar periódicos enteros.
Aunque lo que se siente y se ve en la calle es una situación de “sálvese quien pueda”, esto no necesariamente se traduce en un incremento en las denuncias formuladas ante la policía judicial. Los robos genéricos, los que afectan a la bolsa de comida o el teléfono celular, rara vez son notificados a CICPC.
Pero eso no es todo. Hay oficinas de este cuerpo que han establecido mecanismos para que las denuncias no sean incorporadas a las estadísticas, esas que probablemente utiliza el titular del MRI cuando jura que la delincuencia disminuyó.
Veamos por ejemplo uno de los delitos de moda, como es el hurto de baterías para vehículos. Antes la gente ni se preocupaba en ir a la policía. Simplemente compraba una nueva batería y listo. Pero ahora el proveedor de estas piezas ubicado en Los Ruices exige un documento emitido por Cicpc, pues de lo contrario los puede sancionar el propio Gobierno bajo sospechas de que fomentan un mercado negro.
Cuando la víctima acude a la policía, allí no le llenan el formato de denuncia tradicional sino una constancia dirigida a la compañía proveedora de baterías, en la que se consigna la información sobre el vehículo y su propietario. De esa forma, la acción delictiva no entra en la estadística, ya no por la omisión de las víctimas sino por una decisión expresa de la autoridad.
Esto también debe saberlo el ministro.
Y si revisamos las estadísticas sobre homicidios, secuestros y robo y hurto de vehículos notaremos importantes incrementos con respecto al año anterior. En homicidios, por lo menos 7%, en secuestros (donde también existe una importante cifra negra) el brinco ha sido de 170% y en robo y hurto de vehículos por lo menos 20%.
Es tiempo que la autoridad comience a expresarse con sinceridad. Es tiempo de superar ese pensamiento según el cual a la ciudadanía es mejor mantenerla al margen de situaciones tan graves como ésta. Si no se admite la existencia de una crisis mucho menos podrá ser superada. En materia de seguridad ciudadana, los espejismos de la propaganda están a la orden del día.

Breves

*Bs 1,5 millones fue la cifra que según la policía judicial fue ofrecida a los autores materiales del asesinato del ex legislador regional de Guárico Ramón Barreto y su pareja Dannis Darelis Díaz. El crimen finalmente se concretó el 25 de junio en la carretera nacional Calabozo-El Sombrero. Las pesquisas indican que las víctimas fueron seguidas por funcionarios activos de la Policía del estado Guárico en una moto Skygo 150 cc negra, y cuando vieron que estaban desprotegidas se adelantaron y les dispararon. Barreto y Díaz quedaron moribundos en la cabina de una Toyota Autana. Por este caso fueron detenidos el director de la alcaldía de Calabozo Omar el Hinnaoui (hermano de la alcaldesa Zobeida el Hinnaoui), señalado por la Fiscalía de ser el autor intelectual o “determinador” del crimen, el Secretario de Seguridad del gobierno municipal Dayron Yépez Villa, el escolta del director general Edduar Peña Pacheco (cuya pistola fue supuestamente el arma homicida) y los funcionarios activos de la policía de Guárico Gabriel Alvarez y Randy Almeida. Es decir, dos oficiales en ejercicio se involucraron en un delito que por definición es propio del crimen organizado, como el sicariato. Sin embargo, el ministerio de Relaciones Interiores ha guardado un discreto silencio al respecto. Por un hecho similar, en el que resultó víctima el mayor general retirado Félix Velásquez, fue intervenida la policía de Chacao. En el caso de Guárico, según la periodista Sebastiana Barráez, el crimen fue ordenado pues Barreto se disponía a denunciar los manejos irregulares que se hacían desde la alcaldía con la distribución de alimentos a través de los comités locales de abastecimiento y producción (Claps).

*El decreto presidencial que da origen a la Gran Misión Abastecimiento Soberano, publicado el 12 de julio, abre nuevos espacios para los colectivos. Anteriormente, cuando fue declarado el estado de excepción y emergencia económica, el Gobierno les otorgaba ciertas funciones a través de los comités locales de abastecimiento y producción (Claps). Ahora, no sólo son las organizaciones coordinadas por el ex diputado y ex alcalde de Caracas Freddy Bernal, sino también las agrupadas en torno al Frente Francisco de Miranda, cuyo coordinador nacional Miguel Carreño también formará parte del Comando Nacional para el Abastecimiento Soberano. En la última publicación de este conglomerado, Colombeia, se afirma en el editorial: “En este momento tan crucial que está viviendo Venezuela, nos compromete (sic) a una tarea doble dar la batalla en el campo que sea (sic): en lo político, lo social, lo cultural y en lo militar”. El Frente Francisco de Miranda, según el mismo documento, nació gracias a las ideas de “dos gigantes revolucionarios como lo son Hugo Chávez y Fidel Castro”.

*Durante el congreso de la Sociedad Americana de Seguridad Industrial (Asis, por sus siglas en inglés), el presidente del capítulo Caracas abogado Augusto Hernández, relató detalles sobre las investigaciones que realizó junto a un equipo de profesionales para contrarrestar las acciones de una red que operaba en una ensambladora de vehículos (cuyo nombre se reservó) ubicada en Carabobo. La empresa estuvo a punto de ordenar el cese de sus operaciones en el país debido al incremento interanual de 30% en las pérdidas financieras que esta organización ocasionaba a la empresa, y que estaba conformada por trabajadores en distintos niveles de la corporación, con aliados en Puerto Cabello y expendios de repuestos de apariencia legítima. Se trataba según Hernández de “mafias organizadas” que en 2009 llegaron a apoderarse de piezas valoradas en casi cuatro millones de dólares.  En algunos casos, los repuestos eran incorporados desde el punto de vista documental al inventario cuando ni siquiera habían llegado a la planta. En otros, eran sacados como si fuesen defectuosos y colocados en el mercado local. Tras año y medio de trabajo, en 2011, las pérdidas por merma de repuestos fueron valoradas en solamente 35.000 dólares. Hernández aclaró que el sindicato de la ensambladora eventualmente entendió que no podía proteger a delincuentes que amenazan sus puestos de trabajo. En este lapso, sin embargo, uno de los gerentes de la compañía tuvo que ser transferido debido a las amenazas que recibía del hampa organizada. Situaciones similares padecen empresas del mismo ramo en el país.

*Por lo menos diez secuestros han ocurrido durante el último mes en los distintos municipios de Barlovento. En esta extensa área del estado Miranda han sido identificadas doce grandes bandas. Algunas empezaron como piratas de carretera y, como en Guárico, han ido organizándose para extorsionar y plagiar a conductores y residentes de la zona. Hay informaciones de por lo menos dos casos de julio en los que fueron victimizadas dos familias completas. Aunque el ex ministro de Relaciones Interiores Miguel Rodríguez Torres asegura que ya no está vigente el programa de las “zonas de paz”, en esos confines el hampa continúa adueñada de vastos territorios, alineados a lo largo de la Troncal 9 y las vías locales. Estos problemas parecieran importar poco a las distintas instancias de gobierno, hasta que se reportan casos en los que resultan cautivos militares activos y sus acompañantes. Así ocurrió durante la madrugada del 13 de julio, cuando quedaron en poder del hampa el segundo comandante del batallón Cajigal del Ejército, mayor Argenis Torres Soto, junto al primer teniente Argenis Pérez Martínez y una menor de edad, quienes viajaban de madrugada entre Puerto la Cruz y Caracas en una Ford Explorer 2011. No son los primeros profesionales de armas que han sido victimizados en esa carretera. Por fortuna, al día siguiente fueron liberados. Pero el peligro en la troncal 9 continúa.

*Alfonso Trilleras es un abogado colombiano, Coordinador de la Oficina para la Recuperación de Activos Ilícitos para América Latina y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Tuvimos la oportunidad de conversar durante una visita que hizo a Venezuela, con motivo del congreso sobre lavado de dinero organizado por www.antilavadodedinero.com, publicación dirigida por el ex juez y consultor Alejandro Rebolledo.
Trilleras: primero, la voluntad política

-¿Cuáles son las principales tipologías aplicadas en la actualidad para lavar dinero?
-Van acordes con cada país. La que más se presenta tiene como delito determinante la corrupción y el testaferrato. Las organizaciones criminales suelen utilizar empresas de fachada.
-¿Hacia dónde buscan sacar el dinero en la actualidad?
-Quieren migrar hacia estados fallidos, donde las legislaciones son permisivas en el aspecto de no compartir información ni colaborar en las investigaciones.
-¿En el Caribe?
-Están en la lista Ocde. Lo que recomienda ONU es que se adopte la figura de la extinción de dominio para cercar y estrechar espacios que la delincuencia organizada tiene para el traslado de capitales ilícitos.
-¿Qué obstáculos han identificado a la hora de iniciar la recuperación de activos en el extranjero?
-Hay barreras que ONU en alianza con Banco Mundial ha detectado: institucioinales, legales y operativas. En las primeras está la falta de voluntad política de los estados para adoptar medidas eficaces.
-¿Las campañas por el estilo de los Panamá Papers contribuyen de alguna forma a superar estas barreras?
-Es importante la divulgación, así como las alianzas entre los sectores público y privado para debatir estos temas y adoptar recomendaciones. Pero lo básico es la sensibilización y la concientización social sobre el enorme daño para la paz y las oportunidades de los ciudadanos. En el caso de la corrupción, incluso, se desestabilizan los sistemas democráticos.
-¿Por qué este tema preocupa a algunas sociedades y a otras no tanto?
-Cada país tiene sus problemáticas. Hay delitos suficientemente graves y tipologías que se desarrollan y socavan los sistemas democráticos. En algunos es la corrupción, en otros el narcotráfico y el terrorismo.
-¿Manejan algún cálculo sobre los montos sustraídos vía corrupción?
-La recuperación de activos es algo relativamente novedoso. Son leyes recientes que se están adoptando en los países. Necesitamos que maduren esas leyes, y en tres o cinco años haremos los estudios de rigor para tener información confiable.
-¿Cuánto puede tardar la recuperación de activos procedentes de la corrupción?
-En Colombia el primer caso se sacó en un año. Pero es un proceso muy complejo. Primero, adoptar la ley que de autonomía a la figura jurídica, con garantías y procedimientos ágiles de cooperación internacional. Antes p
odrían tardar hasta cinco o seis años.

lunes, 20 de junio de 2016

Cinco claves para entender el problema de las drogas en Venezuela

¿Cómo se inserta Venezuela en el mercado internacional de las drogas ilegales? Para comprender la situación se requiere superar los viejos esquemas de análisis

@javiermayorca

Muchas cosas han sucedido en el mercado internacional de las drogas ilegales. Durante la última década, los supuestos que sirvieron de basamento a la llamada “guerra contra las drogas” han sido cuestionados, incluso desde Estados Unidos, el mismo país que durante la segunda postguerra del siglo pasado tomó la iniciativa del prohibicionismo, guiado por las consignas de Harry Anslinger.
Hay nuevos actores, nuevas tácticas para abordar el problema, pero también nuevas mercancías que, aún siendo psicotrópicas, se salen de las clasificaciones generales que maneja la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (Jife). Según el director de la oficina de Naciones Unidas para el Delito y las Drogas Yuri Fedotov, todos los años las drogas ilícitas mueven aproximadamente 350 millardos de dólares. Esto se dice fácil, pero las preguntas que hoy nos hacemos (al igual que hace quince años) sobre los cauces que tiene semejante cantidad en el sistema financiero internacional siguen sin respuesta.
¿Cómo se inserta Venezuela en este mercado? Esto es algo sobre lo que poco o nada se discute. Sin ánimo de agotar el tema, aquí se enuncian cinco claves que pueden contribuir al entendimiento del problema.
La primera clave: no podemos hablar exclusivamente de un “país puente”. Esta categoría, por decirlo de alguna manera, se quedó corta. Ciertamente, si cruzamos las pocas cifras disponibles podemos concluir que por Venezuela pasa alrededor del 27% de la producción mundial de la cocaína. Hay países como Panamá, Brasil y sobre todo Ecuador que podrían tener cifras similares. Esto depende esencialmente de dos variables: el tamaño de la producción en un lapso dado y la intensidad de uso de la ruta. Ambas variables cambian permanentemente. Hablamos de una industria transnacional que se adapta con rapidez a los mecanismos de persecución implantados por los estados. Los efectos “cucaracha” (Bruce Bagley) están a la orden del día. De manera que difícilmente se puede asegurar que un país “siempre” es el punto de paso preferido por los transportistas de drogas. Pero no cabe duda que Venezuela ofrece importantes incentivos a los principales actores de esta actividad ilegal, por distintos factores. Sobre esto, los generales jefes de turno en la ONA siempre han destacado lo obvio (que hay productores, consumidores y que Venezuela está en el medio, como una especie de “víctima”). Pero el principal atractivo para los “narcos” no es el geográfico ni la proximidad con Colombia sino la posibilidad de que los cargamentos lleguen a destino sin problemas. Para eso hace falta un ingrediente fundamental, que es la corrupción.
La segunda clave es una tendencia a la integración vertical y horizontal de toda la industria de la cocaína en el país. Esto ya lo observó la Jife en 2014. Por lo tanto, la consigna de que Venezuela es “territorio libre de cultivos ilícitos” entra en el mismo saco de propaganda vacía donde también está el juramento televisado del ministro González López en el sentido de que había bajado la criminalidad. Por el contrario, cada vez son más frecuentes los hallazgos de cocales, más extensos, generalmente en el municipio Jesús Semprún del Zulia pero también en Táchira. Desde luego, en medio de la opacidad con la que se manejan estos asuntos escapan detalles importantes, como por ejemplo la altura de los arbustos halllados así como su grado de concentración de alcaloide, que es el ingrediente activo sustraído para la elaboración de la cocaína.
Además, alrededor de los plantíos se encuentran complejos muy bien construidos, con logística para la permanencia de amplios contingentes que, cosa curiosa, hasta el momento no han sido detenidos. Se esfuman. Pero siempre queda la evidencia de una actividad productora de droga cada vez más intensa. Hace unos veinte años, en la frontera con Zulia, Táchira e incluso Amazonas, ocasionalmente se encontraban improvisadas "piscinas" destinadas a la elaboración de pasta base, y más nada. Ahora, lo encontrado indica una capacidad de abarcar todo el proceso, hasta incluir la entrega al transportista aéreo, en pistas cercanas.
Todo esto supone además que las cadenas de mando de la industria han migrado al país, o por lo menos tienen presencia frecuente y periódica. Esta es una historia larga y con muchos capítulos por escribirse, pero allí están los nombres de Wilber Varela (Jabón), Maximiliano Bonilla (Valenciano) y Daniel Barrera (El Loco) para testimoniarlo. Otros, los de las FARC, siguen en el campo.
La tercera clave tiene que ver con el proceso de incorporación de bandas criminales al negocio. El surgimiento de las llamadas megabandas estaría en buena medida asociado a la captura de trozos de este mercado en el país. Es el Picure en Guárico, los Meleán en Zulia y Coqui en la Cota 905, por citar algunos. En todos estos casos, las drogas constituyen una actividad que, a juzgar por los informes conocidos extraoficialmente, llegó para sumarse a un portafolio de delitos ya existente, donde destacan el robo de vehículos, la extorsión y el secuestro. Por lo tanto no sería apropiado hablar de megabandas dedicadas exclusivamente al tráfico de drogas, pero sí alimentadas por él.
La cuarta clave se refiere a la entrada de los militares venezolanos como actores fundamentales en esta industria. Siempre hubo profesionales de armas involucrados en el tráfico de drogas. Activos y retirados. Eran episodios ocasionales y muy escandalosos. Pero durante estos últimos quince años hubo cambios radicales en este aspecto. Hasta 2010 los trabajos de interdicción en drogas eran asignados a la Guardia Nacional y a la policía judicial. Con una reforma que se hizo en la legislación sobre la materia ese año, unida a decisiones tomadas por el Ejecutivo, se amplió la competencia en la materia a toda la FANB, y por lo tanto se potenció enormemente el riesgo de corrupción en todos los componentes. Esto quiere decir que cada militar en su ámbito de acción podría aprovechar su poder para determinar qué cargamento pasaba y cuál no. No es casual que Makled declarase que en su nómina tenía a oficiales de todos los cuerpos militares.
Esto permeó hasta lo más bajo de las filas castrenses. En 2016 han sido reportados por lo menos siete casos que involucran a oficiales medios y subalternos así como a oficiales técnicos y tropas profesionales en este delito. Hay demasiado dinero en juego y los controles son virtualmente nulos.
Alijo hallado en poder de un suboficial
La quinta clave consiste en entender que sobre este problema las investigaciones son muy escasas en el país. Por ejemplo, no existe un estudio amplio y actualizado que permita señalar si existe verdaderamente una relación causal entre las drogas ilegales y el delito violento. Hay testimonios y opiniones, algunas muy respetables, que lo aseguran. Pero eso no es suficiente. Sin embargo, esta fue una de las nociones invocadas para la aplicación del Dispositivo Bicentenario de Seguridad y los “madrugonazos al hampa”, es decir, tácticas de mano dura contra el delito. Hay una parte importante de la población dispuesta a comprar estas consignas, pues se encuentra desesperada ante el auge de la criminalidad. Pero esto no representa necesariamente que las acciones emprendidas den soluciones sustentables.
No sabemos tampoco cuál es la magnitud real del mercado de las drogas en el país. ¿Son 250.000 usuarios ocasionales y 140.000 usuarios frecuentes, como lo concluyó una encuesta en 2006? ¿Cuántos de ellos salen a delinquir o de alguna manera incitan al delito? ¿Qué tan extendido es el uso de varias sustancias a la vez o en cortos períodos, llamado policonsumo? Si no sabemos esto difícilmente llegaremos a conocer cuánto dinero mueve esta actividad en Venezuela. Tampoco podremos tomar decisiones en torno a eventuales regulaciones a los mercados, como las aplicadas en Uruguay y últimamente en Chile.

Breves

*Venezuela entró en el Nivel III de conflictividad social. La escala elaborada por el general de división retirado (GN) Rafael Damiani Bustillos indica que con el pasar de los días el descontento deja de expresarse a través de las acciones del tipo “disturbio civil”, en las que la gente ocasionalmente quema cauchos, bloquea carreteras e incluso puede utilizar armas de fuego, para pasar a manifestaciones más violentas y prolongadas, denominadas por el oficial retirado como “motín urbano o rural”. El esquema Damiani indica que se trata de situaciones de “conmoción interior”, ocasionadas por el “levantamiento de turbas populares sin control”.  Pueden durar hasta un mes continuo. Se presentan ataques a las propiedades públicas y privadas, linchamientos, desabastecimiento e interrupción de los servicios. Lo de Cumaná fue apenas un aviso.

*En medio de esta situación, el Gobierno ha ordenado a los militares para que asuman directamente la venta de los alimentos de primera necesidad, junto a los representantes de los comités locales de abastecimiento y producción (Claps). En Trujillo, por ejemplo, efectivos de unidades especializadas como el Grupo Antiextorsión y Secuestros de la GN fueron vistos sacando bolsas de los camiones para distribuirlas entre la población. Esto desde luego no mitiga el desabastecimiento. En cada jornada fueron repartidos solamente 47 combos. Pero sí se coloca a los militares una vez más en una posición incómoda, pues los pone en el bando de los generadores del descontento popular. Además, los distrae de una de sus funciones. Según el criminólogo Fermín Mármol, el secuestro se ha incrementado en lo que va de año 170% con respecto a los primeros meses de 2015.

*La expresidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid) Mildred Camero afirmó durante su intervención en un taller sobre drogas e institucionalidad en Venezuela que la reventa de productos de primera necesidad y combustible, tradicionalmente conocida como bachaqueo, estaba siendo utilizada para legitimar capitales. Esto explicaría el fenómeno observado en varios puntos de la frontera con Colombia, en los que campesinos y obreros supuestamente participaban en operaciones estructuradas para sacar grandes cantidades de efectivo de agencias bancarias, que luego llevaban al territorio colombiano, donde las reunían de nuevo para cancelar actividades desconocidas. Oficiales de prevención al lavado de dinero pensaron inicialmente que los billetes eran sometidos a procesos químicos para luego cambiarles la denominación. Algo de esto se vio en la zona limítrofe del Zulia. Pero no explicaba en su totalidad el traslado de sumas tan elevadas. Otra pieza de este rompecabezas la aportó el supuesto líder de la banda criminal Los Rastrojos en Cúcuta, alias Cara de Niña, quien reveló en una entrevista con la cadena Caracol que el paso de alimentos y combustible hacia Colombia no podía ocurrir si los contrabandistas no cancelaban altas sumas semanales a los jefes militares y políticos de la región. Todo esto se hace en efectivo.


*Las giras que un supuesto chamán ha emprendido por todo el país para promocionar sus sesiones de “medicina ancestral” basadas en el consumo de yopo causaron estupor en sectores que tradicionalmente han trabajado el tema de las drogas en el país. La ex subdirectora de la policía judicial, comisaria Odalys Caldera, y el expresidente de la Conacuid Bayardo Ramírez Monagas observaron que la fabricación y suministro del referido alucinógeno están permitidos por la legislación vigente, siempre y cuando estén restringido a los territorios indígenas, y que en ningún caso puede formar parte de una actividad comercial, como lo sugieren las convocatorias divulgadas a través de las redes sociales, aunque pueda contar con la autorización del Ministerio para Pueblos Indígenas. Según Ramírez, con el yopo se estableció una excepción en respeto a la cultura de los primeros pobladores del territorio, que no abarca la posibilidad de un uso “recreacional, de fiesta con ánimo lucrativo, empresarial”.

La Riviera: futuro incierto
*Las investigaciones internacionales contra el grupo Waked, por un supuesto lavado de dinero procedente del tráfico de drogas, han tenido un efecto inmediato en las actividades de la famosa cadena de tiendas La Riviera, que tiene locales en las zonas duty free en casi todos los aeropuertos americanos. En Panamá, por ejemplo, están operando solamente con ventas en efectivo, es decir, no admiten tarjetas de crédito ni de débito. En Colombia, los empleados de esta cadena no saben la razón por la que han cerrado algunos locales en el aeropuerto El Dorado. El jueves, cuadrillas de obreros continuaban el desmontaje de la mueblería. En mayo, luego de la captura de Nidal Waked, el Departamento del Tesoro incorporó a todas sus empresas en la lista Clinton, y ordenó el bloqueo de sus cuentas.


*La inseguridad es un estado que se construye con una suma de detalles. El siguiente relato de un lector aporta datos para entender por qué Venezuela es uno de los países más violentos y también inseguros en el mundo. Su nombre fue omitido. Esto ocurrió el 10 de junio a las 10 pm aproximadamente, cuando la persona conducía un Ford Fiesta recién adquirido luego de canjear su anterior Toyota Land Cruiser, pues lo consideraba muy llamativo y riesgoso para manejarlo en Caracas. Iba junto a su novia y otra pareja desde El Valle hacia la avenida Solano. “A la altura de la entrada del Bicentenario, justo antes del semáforo, se encontraban cuatro vehículos estacionados esperando el cambio de luz. Yo no me había detenido totalmente cuando de pronto sentí que iba a ser abordado por un grupo de no menos de tres hombres que presumo salieron de la zona boscosa paralela a la vía (…). Ante esta situación vi la oportunidad de huir (…) Empezaron a disparar de manera indiscriminada. Tomé por la fuente de Plaza Venezuela a toda velocidad cuando el esposo de mi amiga que iba en el asiento trasero con ella indicó que había sido impactado en la espalda (…) Esta persona tuvo la noción de decirme que su seguro trabajaba con la clínica Cemo (…) Cuando entré al distribuidor de Santa Mónica empecé a sentir que el caucho trasero izquierdo estaba perdiendo aire. Aceleré para evitar quedarme varado en plena vía con mi amigo herido (…) En la entrada de la clínica se encontraba una patrulla de la Policía Nacional, por lo que apagué las luces y les hice señas para evitar ser confundido con delincuentes (…) Los funcionarios dentro de la patrulla vieron el carro tiroteado, con un caucho espichado y un herido bajándose y ni se tomaron la molestia de adoptar medidas de seguridad para ellos, menos preguntar u ofrecer ayuda para bajar al herido”. Mientras los médicos atendían al lesionado, el conductor salió de la clínica para hablar con los agentes. “La mayor sorpresa que se habían ido (…) como si eso que llaman servicio al ciudadano jamás se los hubiesen nombrado en sus aulas”.

domingo, 22 de mayo de 2016

Llamadas que dan miedo

Las extorsiones por teléfono están en auge. En la gran mayoría de los casos, las llamadas son hechas por presos ociosos y con tecnología disponible, que amenazan en nombre de los delincuentes de moda

@javiermayorca

Esta semana me contactó un antiguo compañero de trabajo. Estaba preocupado pues un familiar muy cercano acababa de recibir una llamada en la que un sujeto que se identificaba como el comandante Martín Figueredo le decía que ciertas personas habían pagado cuatro millones de bolívares para matarlo; que a tal efecto él y su grupo lo vigilaban desde hace tres semanas y que por lo tanto conocían toda su rutina. Pero que durante ese tiempo entendieron que se trababa de “una persona de bien”, y que iban a darle una oportunidad para mantenerse con vida, siempre y cuando pagara un millón de bolívares.
El sujeto que llamaba aseguraba ser un operador de la banda comandada por José Tovar Colina, el mismísimo Picure muerto en El Sombrero durante un enfrentamiento con comandos de la Guardia Nacional, el martes 3 de mayo.
La víctima de esta extorsión se dejó llevar por los nervios y no pensó en pequeños detalles tales como que el líder de la banda que supuestamente iba a matarla había fallecido hace más de quince días. Le dijeron que la habían visto en su trabajo, y que en ese momento estaban vigilándola desde una camioneta. Como el local donde trabajaba el receptor de la llamada estaba en una urbanización del municipio Baruta, cualquier camioneta que pasara frente al inmueble podría ser el de los supuestos espías.
El primer consejo al ex compañero de labores fue que su familiar intentase mantener la calma, y que en lo posible dejara un rastro documental de las próximas comunicaciones por teléfono. En la actualidad existen aplicaciones gratuitas que se pueden instalar en estos aparatos para grabar las llamadas. Son muy útiles.
También le sugerí que hiciera algunas preguntas de control, para determinar si los extorsionadores efectivamente conocían la intimidad de la víctima, o si por el contrario se trataba de presos en algún internado o retén cercano que estaban “trabajando” sobre la base de datos colectados a través de las redes sociales. Lo que era lo más probable.
La conversación terminó con el consejo habitual: denunciar, en especial ante la policía judicial o la Guardia Nacional. Lo que a la víctima le inspire más confianza.
Una hora después, el antiguo compañero de labores llamó nuevamente para ponerme al tanto de lo que sucedía. Su familiar había pagado una alta suma, creyendo que con eso compraría un poco de tranquilidad.
Apenas se dieron cuenta de que habían ganado, los hampones renovaron sus amenazas.
La extorsión telefónica es el delito de moda. En una semana los cuerpos especializados de Cicpc y la GN han recibido denuncias en las que los supuestos hampones pertenecen a los más variados grupos. En Guarenas, por ejemplo, los comerciantes comenzaron a recibir llamadas en nombre de la banda Juvenal, que como la de Tovar Colina opera en Guárico y Aragua, no en Miranda. Pero eso no importa. Sólo interesa que el nombre suene, que sea popular. En Caracas comenzaron a extorsionar en nombre del líder del colectivo La Piedrita, Valentín Santana.
Los centros desde los que emana la extorsión telefónica varían con el tiempo. En 2013 un informe de la Guardia Nacional indicaba que penales como los de San Felipe (Yaracuy) y Santa Ana (Táchira) eran importantes puntos de origen de la extorsión en el occidente del país. En otra oportunidad, el exdirector de Cicpc comisario Miguel Dao me comentó que el internado judicial de Tocorón (Aragua) también era lugar de operación para los profesionales de la amenaza.
Anteriormente, los extorsionadores exigían que los pagos se hicieran en efectivo. Lo cual implicaba que contaban con grupos de apoyo en el exterior de las cárceles para colectar el dinero y llevárselos. También podían pedir la compra de tarjetas telefónicas hasta determinados montos, y luego solicitar que les mandaran los códigos correspondientes para hacerlas efectivas en sus aparatos, y así continuar con el ciclo extorsivo.
Extorsión telefónica, casi siempre tras las rejas

Pero últimamente han cambiado. Ahora los amenazadores de oficio piden que les hagan transferencias bancarias a las cuentas de terceras personas. Esto parece absurdo. Nada más rastreable que los fondos enviados por medios electrónicos. Al respecto un ex jefe de Antiextorsión y Secuestros de Cicpc me comentó que generalmente las cuentas que reciben los fondos son abiertas con identidades falsas o incluso pueden pertenecer a personas a las que han coercionado para que no denuncien la recepción de estos fondos. Algo así como “cómplices obligados”.
Los extorsionadores, además, parten de la base de que las víctimas no acudirán a los cuerpos policiales,  y que si lo hacen éstos desecharán la denuncia pues resulta muy complicado y peligroso llegar hasta un aparato celular oculto en un pabellón en el interior de una prisión. Sólo mediante una requisa general y sorpresiva es posible incautar estos aparatos.
Aunque la gran mayoría de los extorsionadores no cumple con sus amenazas, hay una ínfima fracción que sí está en capacidad de hacerlo. En oriente, por ejemplo, la GN detectó que una megabanda tiene una red de extorsión telefónica. Las llamadas supuestamente son hechas desde el penal de Puente Ayala, pero la estructura para cumplir las amenazas está en las calles de los estados Sucre y Anzoátegui.
Recientemente la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una ley para regular las comunicaciones y el uso de internet desde los centros de detención. Según el abogado Luis Izquiel, quien asesoró a los proyectistas, esta norma plantea la utilización de tecnologías que “tumban” las señales de telefonía celular, a través de las cuales corren precisamente estas extorsiones.
Para la ministra de Servicio Penitenciario Maria Iris Varela esta ley no es necesaria, toda vez que en diciembre de 2015 entró en vigencia el Código Orgánico Penitenciario que regula, entre otras cosas, las comunicaciones desde y hacia los penales.
Lo cierto es que cinco meses después de la entrada en vigencia del referido código no se han aplicado medidas y la extorsión telefónica ha cobrado auge. Ya lo tenía en el interior del país. Ahora llegó a Caracas. Quizá esto era lo que hacía falta para que las instancias decisorias se interesen en el asunto.

Breves

*La División contra la Delincuencia Organizada de la policía judicial plantea iniciar una línea de investigación en torno a los propietarios de las 540 aeronaves que fueron expropiadas por el Gobierno a propósito de la operación Cielo Soberano, llevada a cabo a finales de 2015. Los funcionarios intentarán determinar qué uso le dieron a estos aparatos, y específicamente determinarán si transportaron algún tipo de droga ilegal. Las aeronaves fueron declaradas en abandono cuando sus dueños no aportaron la documentación requerida por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), y actualmente se deterioran en distintos aeropuertos del país. El Gobierno analizó una propuesta de utilizar estos vehículos como activos de una nueva empresa estatal, destinada a la formación de pilotos y mecánicos especializados. Pero no se ha tomado ninguna decisión al respecto. El temor en medios aeronáuticos es que esta iniciativa de CICPC sea aprovechada por agentes inescrupulosos para presionar indebidamente a los dueños de los aparatos.

*La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) maneja un proyecto para constituirse en única formadora y proveedora de funcionarios para los cuerpos de policía preventiva, tanto municipales como regionales (ya lo hace con PoliNacional). Informaciones recibidas en policías del Distrito Metropolitano indican que estos cuerpos deberán elevar al instituto educativo dependiente del MRI sus peticiones para la formación de nuevos oficiales, y que la Unes decidirá si puede cumplir con estas exigencias. De igual forma, se plantea que por cada agente egresado de la Unes los cuerpos municipales y regionales deberán pagar sumas superiores al medio millón de bolívares. Los cursos de formación durarán dos años. En la actualidad, los cuerpos de seguridad tienen serios problemas para preservar a los oficiales más novatos en sus filas. La baja remuneración, el elevado riesgo inherente al trabajo y la posibilidad de migrar a empresas privadas de seguridad para obtener mejores ingresos se unen para configurar un auténtico deslave de talentos. El déficit de uniformados en el Area Metropolitana supera el 60%. Si a eso se suma que cada agente nuevo costará más de medio millón de bolívares a las alcaldías o gobernaciones, el plan resultaría inviable desde el punto de vista financiero. Las academias de policía que actualmente operan en el país quedarían para los planes de “formación contínua” de los uniformados que ya están en sus filas.

Formación "dragón" (foto fav-club.com)
*El lunes 16 de mayo aproximadamente a las 8 pm tres cazas F16 venezolanos de la formación conocida como “dragón” atacaron una aeronave presumiblemente de uso civil, aún sin identificar. Fuentes de la Aviación indicaron que la operación se llevó a cabo sobre costas venezolanas a 10 millas al norte de Puerto Gutiérrez, estado Falcón. El incidente fue confirmado el jueves por el titular de Defensa, general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino, cuando afirmó que había sido “inutilizada” una aeronave en vuelo sospechoso frente a las referidas costas. Hasta ahora no se han encontrado los restos del aparato. Tampoco se ha establecido su identificación o la de sus tripulantes. Lo extraño es que luego del derribamiento de la nave no se aplicó ningún protocolo de búsqueda y salvamento de sus tripulantes. El Servicio Aeronáutico de Rescate (SAR) no fue notificado. Se desconoce si este fue el mismo incidente aludido por el presidente Nicolás Maduro el martes, cuando se refirió a un supuesto “avión espía” estadounidense.


*Los resultados de la “segunda fase” de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) han sido magros, por lo menos en lo que respecta a la disminución de la criminalidad en el Distrito Capital. Tal parece que las bandas de la Cota 905, el Cementerio y El Valle-Coche estaban en su mayoría advertidas con suficiente antelación de la movilización militar y policial que comenzó el martes 17 de mayo, y se desplazaron hacia la periferia de la urbe. Durante las 72 horas que duró el despliegue fueron reportados tres secuestros. En uno de ellos, por ejemplo, los captores se movilizaron con la víctima entre la carretera vieja a La Guaira y la Panamericana. En otro caso, los plagiarios capturaron en Catia La Mar a un agente de la Policía del municipio Vargas, para ese momento franco de servicio, y lo llevaron a la capital por la autopista, poco antes de que comenzara el despliegue de los militares en esta vía. Cuando les avisaron que la OLP comenzaba optaron por abandonar al funcionario en el sector Marlboro de la carretera vieja a La Guaira. Allí la gente se negó a prestarle auxilio, pues no sabían si era una víctima o un antisocial. Tuvo que caminar hasta una estación policial, desde la que pidieron un vehículo para trasladarlo y hacer la denuncia correspondiente. Cuando se dio por finalizada la operación, el viernes 20, el hampa siguió sus ataques con la misma frecuencia.  


Chamanes preparando yopo
*Héctor González se define a sí mismo como “chamán”. Según su propio testimonio desarrolla un proyecto de “medicinas ancestrales” en las comunidades indígenas de Amazonas. Dijo contar con la “colaboración y aprobación del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas”. González encabeza las ceremonias en las que grupos de personas previamente estudiadas acuden a playas de Chichiriviche (Falcón) para consumir el alucinógeno yopo con intenciones curativas. A propósito de la última entrega de este blog, González escribió una carta de 10 páginas en la que ensalza el atributo “sanador” de esta droga. En su criterio la sustancia es “una herramienta de poder para internarnos en lo más profundo de nuestra psique de manera visual (…) bajo un estado modificado de conciencia, es decir un estado de meditación”. Anunció que para el mes de mayo está previsto el inicio de una “gira nacional” acompañado por otro chamán de origen piaroa. El acto también será en la referida playa falconiana. Divulga sus iniciativas a través de diversas páginas y cuentas en redes sociales. La foto que acompaña esta nota fue enviada por el propio remitente.