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miércoles, 17 de agosto de 2016

¿Qué pasó en la PGV?

En la penitenciaría de San Juan de los Morros el pramato impuso su voluntad. El secuestro de empleados gubernamentales solo se resolvió con la intervención de funcionarios de Miraflores

@javiermayorca

Luego de pasar seis días en poder de los reos, los empleados del ministerio para Servicio Penitenciario no quieren regresar a la Penitenciaría General de Venezuela.
Los 42 trabajadores y un contratista que llevaba alimentos a esa cárcel fueron secuestrados por los internos a partir de la madrugada del lunes 1 de agosto. Algunos de ellos permanecieron cautivos hasta el sábado 6 de agosto, cuando el líder de los detenidos o pram, conocido como Viruviru o La Guaira, consideró satisfecha su demanda de que repoblaran la penitenciaría.
El lunes 8 de agosto, el ministerio otorgó 21 días de reposo a los trabajadores que fueron víctimas del secuestro. Aunque les prohibió declarar a los medios, algunos de ellos confiaron que no desean regresar a sus labores, especialmente si se toma en cuenta que la nueva administración del penal les había exigido trasladar sus puestos de trabajo desde las áreas externas de la instalación hacia el interior. Esta circunstancia facilitó la captura por parte de los reclusos.
En los primeros días, las víctimas permanecieron en grupos divididos, todos bajo amenaza de muerte. Cuando uno de los líderes del secuestro quería ir de un lado a otro del penal las utilizaba como escudos.
PGV: tierra de prames
Al comienzo los reclusos exigieron la presencia de la ministra Maria Iris Varela. Pero ella nunca fue. El miércoles 3 de agosto, según los testimonios, se presentó el ex ministro del Deporte Antonio el Potro Alvarez. Aunque su cara es familiar en Tocorón, los reos de la PGV lo rechazaron.
El jueves la crisis dio un vuelco. El Gobierno le quitó a Varela la interlocución con los reos y se la entregó a José Vicente Rangel Avalos, ex alcalde de Sucre y viceministro de Asuntos para la Paz. Este cargo lo creó Maduro a la medida de Rangel en junio de 2015, y lo adscribió al Despacho de la Presidencia.
En otras palabras, el secuestro en la PGV se resolvió desde Miraflores.
Rangel, diseñador del controvertido programa de las “zonas de paz”, se trasladó a la cárcel y revisó la situación de los cautivos. Luego se comprometió a iniciar los traslados de reclusos hacia esa penitenciaría.
El pramato, por lo tanto, encontró un mecanismo para quebrarle el espinazo al Ejecutivo. El director de la organización Una Ventana para la Libertad Carlos Nieto indicó que hasta el miércoles pasado (10 de agosto) habían llegado a la instalación de San Juan de Los Morros 2380 detenidos, enviados desde retenes de Distrito Capital, Aragua, Carabobo, Lara y por supuesto de Guárico.
La crisis de la PGV representa un giro en la relación entre los líderes carcelarios y el Estado. Anteriormente los conflictos eran originados por el hacinamiento y otros factores. Básicamente, se resolvían con desalojos. Ahora, exigen que les aseguren su mercado para continuar los cobros de extorsión, conocida como causa en la jerga penitenciaria.
El modelo de acción instaurado en la PGV ahora es imitado por los presos de otras cárceles. En Puente Ayala con la sola amenaza de secuestrar empleados enviaron 1800 detenidos.

Breves

*Cada día son más frecuentes los casos de extorsión en los que participan funcionarios policiales. Antes actuaban en sus tiempos libres y de forma clandestina. Ahora lo hacen abiertamente como parte de sus horas laborales, uniformados y en uso de los bienes del Estado. La Fiscalía informó sobre la detención de 7 agentes de la policía judicial que asaltaron a un comerciante en Mérida y luego lo contactaron para devolverle su vehículo a cambio de un pago. El 6 de agosto, en Caracas, Cicpc procesó la denuncia de un distribuidor de alimentos que fue detenido por supuestos funcionarios de la Policía Nacional en los alrededores del Nuevo Circo. Cuando vieron que estaba totalmente cargado de mercancía le ordenaron que se trasladara hasta la estación de Santa Rosalía, donde fue amenazado con una imputación por “bachaqueo” si no pagaba Bs 100.000. Esta cantidad fue cancelada por el dueño del vehículo, pues de lo contrario el trabajador sería procesado. El 10 de agosto, tres oficiales del mismo cuerpo fueron detenidos cuando supuestamente cobraban Bs 30.000 por la extorsión al dueño de una cauchera de San Agustín. Ya antes el mismo grupo de uniformados se había apropiado de Bs 60.000 del mismo comerciante.


*A propósito de la información anterior, una lectora escribió para relatar el “encuentro” de su pareja con oficiales motorizados de la Policía Nacional el 27 de julio en la tarde: “El se dirigía a Maiquetía con su hijo y la mamá del chico. Lo llevaban para abordar un vuelo a Argentina. Los detuvieron frente a Fuerte Tiuna, donde los hicieron bajarse y los interrogaron. Cuando supieron que iban al aeropuerto los hicieron bajar todo el equipaje y les robaron $1300 que llevaba el muchacho, aduciendo que eso era ilegal. Los instaron a abordar rápidamente el carro e irse”.

*El 4 de agosto la Policía Nacional de Colombia apresó al colombiano nacionalizado venezolano Nicolás Agudelo Bejarano, señalado como el supuesto financista de los alijos de cocaína hallados en mayo en Ureña y en un almacén del estado Vargas, para sumar 3,2 toneladas. Fuentes de la ONA indicaron que Agudelo sería un operador del cartel mexicano Los Zetas para Venezuela, por lo que era conocido como Z-50. El hallazgo de droga fue logrado gracias a trabajos de inteligencia con fuentes humanas. El alcaloide estaba mezclado con trozos de caucho y sustancias odorizantes que impedían la detección por los perros. Su valor en el punto de salida sería superior a los cinco millones de dólares. Por este caso hay nueve personas procesadas en el país. Agudelo es solicitado en extradición.

*La Organización de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen presentó los últimos informes sobre monitoreo de cultivos ilícitos de coca correspondientes a Bolivia, Perú y Colombia. En el primer país hubo en 2015 una estabilización de las extensiones de los plantíos que sirven de materia prima a la cocaína. En Perú hubo una baja de 6% equivalente a 2500 hectáreas. En Colombia, en cambio, los cultivos de coca crecieron por segundo año consecutivo. Esta vez fue 40% para totalizar 96.000 hectáreas. Esto es el doble de la extensión cultivada en 2013. La cifra correspondiente al año pasado daba un potencial de producción superior a las 640 toneladas de cocaína. Buena parte de ella pasó o está pasando por Venezuela. Además, uno de los tres departamentos con mayor densidad de sembradíos, Norte de Santander, está en la frontera con los estados Zulia y Táchira. Las autoridades venezolanas niegan permanentemente la existencia de cultivos ilícitos, pero lo cierto es que esta actividad también está ocurriendo en territorio nacional, cada vez más adentro. No sólo en lo referido a la coca, tal y como lo muestra el mapa, sino también amapola de opio y marihuana, que es cultivada tanto en parques nacionales como en viviendas particulares. Esta es una de las consecuencias indeseadas para Venezuela de la paz en Colombia y la desmovilización de las FARC.
*Esta gráfica muestra a un oficial de la Policía de Lara cuando es auxiliado por un explosivista del Sebin. Al funcionario le robaron el arma, y para impedirle cualquier reacción le inmovilizaron las manos con cinta adhesiva mientras sostenía una granada sin seguro. Los expertos en explosivos cortaron la cinta y despojaron al agente de la granada.  El ataque por antisociales a uniformados es cada día más frecuente. Pero éste, a plena luz del día, tiene una especial carga simbólica.

Los grafittis del ELN
*El representante del Colegio de Profesores de Venezuela para el estado Táchira Javier Tarazona denunció que está en desarrollo un plan para promocionar a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en los estados fronterizos del país. A la emisora de radio que se escucha libremente en el territorio tachirense se une ahora la sucesión de pintas o grafittis como el que se aprecia en la gráfica tomada en la fachada del núcleo Ureña de la Universidad Bolivariana de Venezuela, donde se muestra la efigie del líder fundador del grupo subversivo, el sacerdote Camilo Torres. Según Tarazona, esta campaña cuenta con la anuencia de las autoridades regionales, y estaría unida al desplazamiento físico de guerrilleros hacia esas ciudades fronterizas. Esto no es descabellado si se toma en cuenta que desde mayo la Fuerza Armada monitorea los enfrentamientos y escaramuzas entre el Ejército colombiano y frentes de este grupo guerrillero en el departamento Norte de Santander, a pocos kilómetros del límite con Venezuela. Lo de Táchira amerita un análisis especial, pues allí se está produciendo una convergencia de elementos de las guerrillas colombianas, desmovilizadas o en proceso de pacificación, y antiguos paramilitares incorporados a bandas criminales, especializadas en la extorsión. El paro de transportistas en San Antonio, segundo de este año, es una demostración del poder que han adquirido estos grupos.


*A última hora me informan del estupor que ocasionó en filas de la Guardia Nacional la designación del vicealmirante Jhonny Galván García, ex comandante de la base naval de Puerto Cabello, como nuevo jefe de la Guardia del Pueblo. Esta decisión anunciada por el presidente Maduro el 9 de agosto. Fue divulgada en una intervención pública y difundida en cables de la Agencia Bolivariana de Noticias. De ser cierto esto rompería con el principio de unidad de mando pues se trata de un oficial de la Armada que gobierna sobre efectivos de la GNB.  Desde este último componente aseguran que todo se trató de una confusión con un general que tiene el mismo apellido. Pero los medios gubernamentales no han hecho la debida rectificación. Entonces, los oficiales del cuerpo destinado a la preservación del orden interno se preguntan ahora si la Guardia del Pueblo está o no adscrita a esa institución.


domingo, 17 de julio de 2016

Espejismos en Platanal

Sólo la pérdida de la conexión con la realidad o un ánimo deliberado de engañar pueden llevar a un ministro a asegurar que los delitos han disminuido. La realidad en la calle habla otra cosa

@javiermayorca

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, mayor general (Ejército) Gustavo González López, aseguró durante una entrevista transmitida por Venezolana de Televisión que el “índice delictivo” disminuyó 26% durante el primer semestre de 2016, con respecto al mismo lapso del año anterior. Según el funcionario, este comportamiento general de la delincuencia tuvo una excepción en el estado Miranda.
Para poder entender a cabalidad y sentar posición con respecto a lo que ha dicho el titular del despacho de la esquina Platanal hay que hacer varias precisiones.
En primer lugar, el general no se refiere a todos los delitos sino a una lista de nueve que desde hace varios años son tomados como marcadores de la criminalidad, en especial la violenta: el homicidio, las lesiones personales, el secuestro, la extorsión, la violación, el robo genérico y el de vehículos así como el hurto genérico y el de vehículos.
MRI: la propaganda en seguridad
En esta lista, el mayor peso desde el punto de vista estadístico lo tienen los delitos contra la propiedad, es decir, los robos y hurtos genéricos así como los referidos a vehículos. En una oportunidad, el actual director de la Policía Nacional, general Juan Francisco Romero, me comentó que existe un nexo íntimo y causal entre los delitos contra la propiedad y las lesiones y homicidios. Esto ha sido ratificado por los informes de la Comisión Nacional para la Reforma Policial y otros estudios.
Entonces, para que haya una disminución tan significativa como la señalada por el ministro González es necesario que los delitos contra la propiedad hayan registrado un descenso.
Pero esto no ha sucedido, lamentablemente. La percepción generalizada de la ciudadanía es que el hampa está atacando sin piedad, a toda hora y en todas partes. Además, tal y como lo advirtió el director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, nuevas personas se han incorporado al mundo de lo ilegal, empujadas por la brutal inflación que padece el país, la más alta del mundo. Lo que se traduce en un acelerado empobrecimiento.
Ahora no solo roban las casas, los vehículos, los teléfonos…también asaltan a las personas para despojarlas de sus bolsas de comida. Y desde el punto de vista del delincuente, si es posible victimizar a varias personas a la vez, mejor. Esto lo pueden ratificar las más de cien personas despojadas de sus haberes en apenas dos casos de robo mientras iban en autobuses desde o hacia el oriente del país. O los innumerables habitantes de viviendas del este y del oeste de la capital, que son sorprendidas por antisociales mientras duermen o cuando intentan acceder a estos inmuebles. Como estos casos se podrían llenar periódicos enteros.
Aunque lo que se siente y se ve en la calle es una situación de “sálvese quien pueda”, esto no necesariamente se traduce en un incremento en las denuncias formuladas ante la policía judicial. Los robos genéricos, los que afectan a la bolsa de comida o el teléfono celular, rara vez son notificados a CICPC.
Pero eso no es todo. Hay oficinas de este cuerpo que han establecido mecanismos para que las denuncias no sean incorporadas a las estadísticas, esas que probablemente utiliza el titular del MRI cuando jura que la delincuencia disminuyó.
Veamos por ejemplo uno de los delitos de moda, como es el hurto de baterías para vehículos. Antes la gente ni se preocupaba en ir a la policía. Simplemente compraba una nueva batería y listo. Pero ahora el proveedor de estas piezas ubicado en Los Ruices exige un documento emitido por Cicpc, pues de lo contrario los puede sancionar el propio Gobierno bajo sospechas de que fomentan un mercado negro.
Cuando la víctima acude a la policía, allí no le llenan el formato de denuncia tradicional sino una constancia dirigida a la compañía proveedora de baterías, en la que se consigna la información sobre el vehículo y su propietario. De esa forma, la acción delictiva no entra en la estadística, ya no por la omisión de las víctimas sino por una decisión expresa de la autoridad.
Esto también debe saberlo el ministro.
Y si revisamos las estadísticas sobre homicidios, secuestros y robo y hurto de vehículos notaremos importantes incrementos con respecto al año anterior. En homicidios, por lo menos 7%, en secuestros (donde también existe una importante cifra negra) el brinco ha sido de 170% y en robo y hurto de vehículos por lo menos 20%.
Es tiempo que la autoridad comience a expresarse con sinceridad. Es tiempo de superar ese pensamiento según el cual a la ciudadanía es mejor mantenerla al margen de situaciones tan graves como ésta. Si no se admite la existencia de una crisis mucho menos podrá ser superada. En materia de seguridad ciudadana, los espejismos de la propaganda están a la orden del día.

Breves

*Bs 1,5 millones fue la cifra que según la policía judicial fue ofrecida a los autores materiales del asesinato del ex legislador regional de Guárico Ramón Barreto y su pareja Dannis Darelis Díaz. El crimen finalmente se concretó el 25 de junio en la carretera nacional Calabozo-El Sombrero. Las pesquisas indican que las víctimas fueron seguidas por funcionarios activos de la Policía del estado Guárico en una moto Skygo 150 cc negra, y cuando vieron que estaban desprotegidas se adelantaron y les dispararon. Barreto y Díaz quedaron moribundos en la cabina de una Toyota Autana. Por este caso fueron detenidos el director de la alcaldía de Calabozo Omar el Hinnaoui (hermano de la alcaldesa Zobeida el Hinnaoui), señalado por la Fiscalía de ser el autor intelectual o “determinador” del crimen, el Secretario de Seguridad del gobierno municipal Dayron Yépez Villa, el escolta del director general Edduar Peña Pacheco (cuya pistola fue supuestamente el arma homicida) y los funcionarios activos de la policía de Guárico Gabriel Alvarez y Randy Almeida. Es decir, dos oficiales en ejercicio se involucraron en un delito que por definición es propio del crimen organizado, como el sicariato. Sin embargo, el ministerio de Relaciones Interiores ha guardado un discreto silencio al respecto. Por un hecho similar, en el que resultó víctima el mayor general retirado Félix Velásquez, fue intervenida la policía de Chacao. En el caso de Guárico, según la periodista Sebastiana Barráez, el crimen fue ordenado pues Barreto se disponía a denunciar los manejos irregulares que se hacían desde la alcaldía con la distribución de alimentos a través de los comités locales de abastecimiento y producción (Claps).

*El decreto presidencial que da origen a la Gran Misión Abastecimiento Soberano, publicado el 12 de julio, abre nuevos espacios para los colectivos. Anteriormente, cuando fue declarado el estado de excepción y emergencia económica, el Gobierno les otorgaba ciertas funciones a través de los comités locales de abastecimiento y producción (Claps). Ahora, no sólo son las organizaciones coordinadas por el ex diputado y ex alcalde de Caracas Freddy Bernal, sino también las agrupadas en torno al Frente Francisco de Miranda, cuyo coordinador nacional Miguel Carreño también formará parte del Comando Nacional para el Abastecimiento Soberano. En la última publicación de este conglomerado, Colombeia, se afirma en el editorial: “En este momento tan crucial que está viviendo Venezuela, nos compromete (sic) a una tarea doble dar la batalla en el campo que sea (sic): en lo político, lo social, lo cultural y en lo militar”. El Frente Francisco de Miranda, según el mismo documento, nació gracias a las ideas de “dos gigantes revolucionarios como lo son Hugo Chávez y Fidel Castro”.

*Durante el congreso de la Sociedad Americana de Seguridad Industrial (Asis, por sus siglas en inglés), el presidente del capítulo Caracas abogado Augusto Hernández, relató detalles sobre las investigaciones que realizó junto a un equipo de profesionales para contrarrestar las acciones de una red que operaba en una ensambladora de vehículos (cuyo nombre se reservó) ubicada en Carabobo. La empresa estuvo a punto de ordenar el cese de sus operaciones en el país debido al incremento interanual de 30% en las pérdidas financieras que esta organización ocasionaba a la empresa, y que estaba conformada por trabajadores en distintos niveles de la corporación, con aliados en Puerto Cabello y expendios de repuestos de apariencia legítima. Se trataba según Hernández de “mafias organizadas” que en 2009 llegaron a apoderarse de piezas valoradas en casi cuatro millones de dólares.  En algunos casos, los repuestos eran incorporados desde el punto de vista documental al inventario cuando ni siquiera habían llegado a la planta. En otros, eran sacados como si fuesen defectuosos y colocados en el mercado local. Tras año y medio de trabajo, en 2011, las pérdidas por merma de repuestos fueron valoradas en solamente 35.000 dólares. Hernández aclaró que el sindicato de la ensambladora eventualmente entendió que no podía proteger a delincuentes que amenazan sus puestos de trabajo. En este lapso, sin embargo, uno de los gerentes de la compañía tuvo que ser transferido debido a las amenazas que recibía del hampa organizada. Situaciones similares padecen empresas del mismo ramo en el país.

*Por lo menos diez secuestros han ocurrido durante el último mes en los distintos municipios de Barlovento. En esta extensa área del estado Miranda han sido identificadas doce grandes bandas. Algunas empezaron como piratas de carretera y, como en Guárico, han ido organizándose para extorsionar y plagiar a conductores y residentes de la zona. Hay informaciones de por lo menos dos casos de julio en los que fueron victimizadas dos familias completas. Aunque el ex ministro de Relaciones Interiores Miguel Rodríguez Torres asegura que ya no está vigente el programa de las “zonas de paz”, en esos confines el hampa continúa adueñada de vastos territorios, alineados a lo largo de la Troncal 9 y las vías locales. Estos problemas parecieran importar poco a las distintas instancias de gobierno, hasta que se reportan casos en los que resultan cautivos militares activos y sus acompañantes. Así ocurrió durante la madrugada del 13 de julio, cuando quedaron en poder del hampa el segundo comandante del batallón Cajigal del Ejército, mayor Argenis Torres Soto, junto al primer teniente Argenis Pérez Martínez y una menor de edad, quienes viajaban de madrugada entre Puerto la Cruz y Caracas en una Ford Explorer 2011. No son los primeros profesionales de armas que han sido victimizados en esa carretera. Por fortuna, al día siguiente fueron liberados. Pero el peligro en la troncal 9 continúa.

*Alfonso Trilleras es un abogado colombiano, Coordinador de la Oficina para la Recuperación de Activos Ilícitos para América Latina y el Caribe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Tuvimos la oportunidad de conversar durante una visita que hizo a Venezuela, con motivo del congreso sobre lavado de dinero organizado por www.antilavadodedinero.com, publicación dirigida por el ex juez y consultor Alejandro Rebolledo.
Trilleras: primero, la voluntad política

-¿Cuáles son las principales tipologías aplicadas en la actualidad para lavar dinero?
-Van acordes con cada país. La que más se presenta tiene como delito determinante la corrupción y el testaferrato. Las organizaciones criminales suelen utilizar empresas de fachada.
-¿Hacia dónde buscan sacar el dinero en la actualidad?
-Quieren migrar hacia estados fallidos, donde las legislaciones son permisivas en el aspecto de no compartir información ni colaborar en las investigaciones.
-¿En el Caribe?
-Están en la lista Ocde. Lo que recomienda ONU es que se adopte la figura de la extinción de dominio para cercar y estrechar espacios que la delincuencia organizada tiene para el traslado de capitales ilícitos.
-¿Qué obstáculos han identificado a la hora de iniciar la recuperación de activos en el extranjero?
-Hay barreras que ONU en alianza con Banco Mundial ha detectado: institucioinales, legales y operativas. En las primeras está la falta de voluntad política de los estados para adoptar medidas eficaces.
-¿Las campañas por el estilo de los Panamá Papers contribuyen de alguna forma a superar estas barreras?
-Es importante la divulgación, así como las alianzas entre los sectores público y privado para debatir estos temas y adoptar recomendaciones. Pero lo básico es la sensibilización y la concientización social sobre el enorme daño para la paz y las oportunidades de los ciudadanos. En el caso de la corrupción, incluso, se desestabilizan los sistemas democráticos.
-¿Por qué este tema preocupa a algunas sociedades y a otras no tanto?
-Cada país tiene sus problemáticas. Hay delitos suficientemente graves y tipologías que se desarrollan y socavan los sistemas democráticos. En algunos es la corrupción, en otros el narcotráfico y el terrorismo.
-¿Manejan algún cálculo sobre los montos sustraídos vía corrupción?
-La recuperación de activos es algo relativamente novedoso. Son leyes recientes que se están adoptando en los países. Necesitamos que maduren esas leyes, y en tres o cinco años haremos los estudios de rigor para tener información confiable.
-¿Cuánto puede tardar la recuperación de activos procedentes de la corrupción?
-En Colombia el primer caso se sacó en un año. Pero es un proceso muy complejo. Primero, adoptar la ley que de autonomía a la figura jurídica, con garantías y procedimientos ágiles de cooperación internacional. Antes p
odrían tardar hasta cinco o seis años.

lunes, 20 de junio de 2016

Cinco claves para entender el problema de las drogas en Venezuela

¿Cómo se inserta Venezuela en el mercado internacional de las drogas ilegales? Para comprender la situación se requiere superar los viejos esquemas de análisis

@javiermayorca

Muchas cosas han sucedido en el mercado internacional de las drogas ilegales. Durante la última década, los supuestos que sirvieron de basamento a la llamada “guerra contra las drogas” han sido cuestionados, incluso desde Estados Unidos, el mismo país que durante la segunda postguerra del siglo pasado tomó la iniciativa del prohibicionismo, guiado por las consignas de Harry Anslinger.
Hay nuevos actores, nuevas tácticas para abordar el problema, pero también nuevas mercancías que, aún siendo psicotrópicas, se salen de las clasificaciones generales que maneja la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (Jife). Según el director de la oficina de Naciones Unidas para el Delito y las Drogas Yuri Fedotov, todos los años las drogas ilícitas mueven aproximadamente 350 millardos de dólares. Esto se dice fácil, pero las preguntas que hoy nos hacemos (al igual que hace quince años) sobre los cauces que tiene semejante cantidad en el sistema financiero internacional siguen sin respuesta.
¿Cómo se inserta Venezuela en este mercado? Esto es algo sobre lo que poco o nada se discute. Sin ánimo de agotar el tema, aquí se enuncian cinco claves que pueden contribuir al entendimiento del problema.
La primera clave: no podemos hablar exclusivamente de un “país puente”. Esta categoría, por decirlo de alguna manera, se quedó corta. Ciertamente, si cruzamos las pocas cifras disponibles podemos concluir que por Venezuela pasa alrededor del 27% de la producción mundial de la cocaína. Hay países como Panamá, Brasil y sobre todo Ecuador que podrían tener cifras similares. Esto depende esencialmente de dos variables: el tamaño de la producción en un lapso dado y la intensidad de uso de la ruta. Ambas variables cambian permanentemente. Hablamos de una industria transnacional que se adapta con rapidez a los mecanismos de persecución implantados por los estados. Los efectos “cucaracha” (Bruce Bagley) están a la orden del día. De manera que difícilmente se puede asegurar que un país “siempre” es el punto de paso preferido por los transportistas de drogas. Pero no cabe duda que Venezuela ofrece importantes incentivos a los principales actores de esta actividad ilegal, por distintos factores. Sobre esto, los generales jefes de turno en la ONA siempre han destacado lo obvio (que hay productores, consumidores y que Venezuela está en el medio, como una especie de “víctima”). Pero el principal atractivo para los “narcos” no es el geográfico ni la proximidad con Colombia sino la posibilidad de que los cargamentos lleguen a destino sin problemas. Para eso hace falta un ingrediente fundamental, que es la corrupción.
La segunda clave es una tendencia a la integración vertical y horizontal de toda la industria de la cocaína en el país. Esto ya lo observó la Jife en 2014. Por lo tanto, la consigna de que Venezuela es “territorio libre de cultivos ilícitos” entra en el mismo saco de propaganda vacía donde también está el juramento televisado del ministro González López en el sentido de que había bajado la criminalidad. Por el contrario, cada vez son más frecuentes los hallazgos de cocales, más extensos, generalmente en el municipio Jesús Semprún del Zulia pero también en Táchira. Desde luego, en medio de la opacidad con la que se manejan estos asuntos escapan detalles importantes, como por ejemplo la altura de los arbustos halllados así como su grado de concentración de alcaloide, que es el ingrediente activo sustraído para la elaboración de la cocaína.
Además, alrededor de los plantíos se encuentran complejos muy bien construidos, con logística para la permanencia de amplios contingentes que, cosa curiosa, hasta el momento no han sido detenidos. Se esfuman. Pero siempre queda la evidencia de una actividad productora de droga cada vez más intensa. Hace unos veinte años, en la frontera con Zulia, Táchira e incluso Amazonas, ocasionalmente se encontraban improvisadas "piscinas" destinadas a la elaboración de pasta base, y más nada. Ahora, lo encontrado indica una capacidad de abarcar todo el proceso, hasta incluir la entrega al transportista aéreo, en pistas cercanas.
Todo esto supone además que las cadenas de mando de la industria han migrado al país, o por lo menos tienen presencia frecuente y periódica. Esta es una historia larga y con muchos capítulos por escribirse, pero allí están los nombres de Wilber Varela (Jabón), Maximiliano Bonilla (Valenciano) y Daniel Barrera (El Loco) para testimoniarlo. Otros, los de las FARC, siguen en el campo.
La tercera clave tiene que ver con el proceso de incorporación de bandas criminales al negocio. El surgimiento de las llamadas megabandas estaría en buena medida asociado a la captura de trozos de este mercado en el país. Es el Picure en Guárico, los Meleán en Zulia y Coqui en la Cota 905, por citar algunos. En todos estos casos, las drogas constituyen una actividad que, a juzgar por los informes conocidos extraoficialmente, llegó para sumarse a un portafolio de delitos ya existente, donde destacan el robo de vehículos, la extorsión y el secuestro. Por lo tanto no sería apropiado hablar de megabandas dedicadas exclusivamente al tráfico de drogas, pero sí alimentadas por él.
La cuarta clave se refiere a la entrada de los militares venezolanos como actores fundamentales en esta industria. Siempre hubo profesionales de armas involucrados en el tráfico de drogas. Activos y retirados. Eran episodios ocasionales y muy escandalosos. Pero durante estos últimos quince años hubo cambios radicales en este aspecto. Hasta 2010 los trabajos de interdicción en drogas eran asignados a la Guardia Nacional y a la policía judicial. Con una reforma que se hizo en la legislación sobre la materia ese año, unida a decisiones tomadas por el Ejecutivo, se amplió la competencia en la materia a toda la FANB, y por lo tanto se potenció enormemente el riesgo de corrupción en todos los componentes. Esto quiere decir que cada militar en su ámbito de acción podría aprovechar su poder para determinar qué cargamento pasaba y cuál no. No es casual que Makled declarase que en su nómina tenía a oficiales de todos los cuerpos militares.
Esto permeó hasta lo más bajo de las filas castrenses. En 2016 han sido reportados por lo menos siete casos que involucran a oficiales medios y subalternos así como a oficiales técnicos y tropas profesionales en este delito. Hay demasiado dinero en juego y los controles son virtualmente nulos.
Alijo hallado en poder de un suboficial
La quinta clave consiste en entender que sobre este problema las investigaciones son muy escasas en el país. Por ejemplo, no existe un estudio amplio y actualizado que permita señalar si existe verdaderamente una relación causal entre las drogas ilegales y el delito violento. Hay testimonios y opiniones, algunas muy respetables, que lo aseguran. Pero eso no es suficiente. Sin embargo, esta fue una de las nociones invocadas para la aplicación del Dispositivo Bicentenario de Seguridad y los “madrugonazos al hampa”, es decir, tácticas de mano dura contra el delito. Hay una parte importante de la población dispuesta a comprar estas consignas, pues se encuentra desesperada ante el auge de la criminalidad. Pero esto no representa necesariamente que las acciones emprendidas den soluciones sustentables.
No sabemos tampoco cuál es la magnitud real del mercado de las drogas en el país. ¿Son 250.000 usuarios ocasionales y 140.000 usuarios frecuentes, como lo concluyó una encuesta en 2006? ¿Cuántos de ellos salen a delinquir o de alguna manera incitan al delito? ¿Qué tan extendido es el uso de varias sustancias a la vez o en cortos períodos, llamado policonsumo? Si no sabemos esto difícilmente llegaremos a conocer cuánto dinero mueve esta actividad en Venezuela. Tampoco podremos tomar decisiones en torno a eventuales regulaciones a los mercados, como las aplicadas en Uruguay y últimamente en Chile.

Breves

*Venezuela entró en el Nivel III de conflictividad social. La escala elaborada por el general de división retirado (GN) Rafael Damiani Bustillos indica que con el pasar de los días el descontento deja de expresarse a través de las acciones del tipo “disturbio civil”, en las que la gente ocasionalmente quema cauchos, bloquea carreteras e incluso puede utilizar armas de fuego, para pasar a manifestaciones más violentas y prolongadas, denominadas por el oficial retirado como “motín urbano o rural”. El esquema Damiani indica que se trata de situaciones de “conmoción interior”, ocasionadas por el “levantamiento de turbas populares sin control”.  Pueden durar hasta un mes continuo. Se presentan ataques a las propiedades públicas y privadas, linchamientos, desabastecimiento e interrupción de los servicios. Lo de Cumaná fue apenas un aviso.

*En medio de esta situación, el Gobierno ha ordenado a los militares para que asuman directamente la venta de los alimentos de primera necesidad, junto a los representantes de los comités locales de abastecimiento y producción (Claps). En Trujillo, por ejemplo, efectivos de unidades especializadas como el Grupo Antiextorsión y Secuestros de la GN fueron vistos sacando bolsas de los camiones para distribuirlas entre la población. Esto desde luego no mitiga el desabastecimiento. En cada jornada fueron repartidos solamente 47 combos. Pero sí se coloca a los militares una vez más en una posición incómoda, pues los pone en el bando de los generadores del descontento popular. Además, los distrae de una de sus funciones. Según el criminólogo Fermín Mármol, el secuestro se ha incrementado en lo que va de año 170% con respecto a los primeros meses de 2015.

*La expresidenta de la Comisión Nacional contra el Uso Ilícito de Drogas (Conacuid) Mildred Camero afirmó durante su intervención en un taller sobre drogas e institucionalidad en Venezuela que la reventa de productos de primera necesidad y combustible, tradicionalmente conocida como bachaqueo, estaba siendo utilizada para legitimar capitales. Esto explicaría el fenómeno observado en varios puntos de la frontera con Colombia, en los que campesinos y obreros supuestamente participaban en operaciones estructuradas para sacar grandes cantidades de efectivo de agencias bancarias, que luego llevaban al territorio colombiano, donde las reunían de nuevo para cancelar actividades desconocidas. Oficiales de prevención al lavado de dinero pensaron inicialmente que los billetes eran sometidos a procesos químicos para luego cambiarles la denominación. Algo de esto se vio en la zona limítrofe del Zulia. Pero no explicaba en su totalidad el traslado de sumas tan elevadas. Otra pieza de este rompecabezas la aportó el supuesto líder de la banda criminal Los Rastrojos en Cúcuta, alias Cara de Niña, quien reveló en una entrevista con la cadena Caracol que el paso de alimentos y combustible hacia Colombia no podía ocurrir si los contrabandistas no cancelaban altas sumas semanales a los jefes militares y políticos de la región. Todo esto se hace en efectivo.


*Las giras que un supuesto chamán ha emprendido por todo el país para promocionar sus sesiones de “medicina ancestral” basadas en el consumo de yopo causaron estupor en sectores que tradicionalmente han trabajado el tema de las drogas en el país. La ex subdirectora de la policía judicial, comisaria Odalys Caldera, y el expresidente de la Conacuid Bayardo Ramírez Monagas observaron que la fabricación y suministro del referido alucinógeno están permitidos por la legislación vigente, siempre y cuando estén restringido a los territorios indígenas, y que en ningún caso puede formar parte de una actividad comercial, como lo sugieren las convocatorias divulgadas a través de las redes sociales, aunque pueda contar con la autorización del Ministerio para Pueblos Indígenas. Según Ramírez, con el yopo se estableció una excepción en respeto a la cultura de los primeros pobladores del territorio, que no abarca la posibilidad de un uso “recreacional, de fiesta con ánimo lucrativo, empresarial”.

La Riviera: futuro incierto
*Las investigaciones internacionales contra el grupo Waked, por un supuesto lavado de dinero procedente del tráfico de drogas, han tenido un efecto inmediato en las actividades de la famosa cadena de tiendas La Riviera, que tiene locales en las zonas duty free en casi todos los aeropuertos americanos. En Panamá, por ejemplo, están operando solamente con ventas en efectivo, es decir, no admiten tarjetas de crédito ni de débito. En Colombia, los empleados de esta cadena no saben la razón por la que han cerrado algunos locales en el aeropuerto El Dorado. El jueves, cuadrillas de obreros continuaban el desmontaje de la mueblería. En mayo, luego de la captura de Nidal Waked, el Departamento del Tesoro incorporó a todas sus empresas en la lista Clinton, y ordenó el bloqueo de sus cuentas.


*La inseguridad es un estado que se construye con una suma de detalles. El siguiente relato de un lector aporta datos para entender por qué Venezuela es uno de los países más violentos y también inseguros en el mundo. Su nombre fue omitido. Esto ocurrió el 10 de junio a las 10 pm aproximadamente, cuando la persona conducía un Ford Fiesta recién adquirido luego de canjear su anterior Toyota Land Cruiser, pues lo consideraba muy llamativo y riesgoso para manejarlo en Caracas. Iba junto a su novia y otra pareja desde El Valle hacia la avenida Solano. “A la altura de la entrada del Bicentenario, justo antes del semáforo, se encontraban cuatro vehículos estacionados esperando el cambio de luz. Yo no me había detenido totalmente cuando de pronto sentí que iba a ser abordado por un grupo de no menos de tres hombres que presumo salieron de la zona boscosa paralela a la vía (…). Ante esta situación vi la oportunidad de huir (…) Empezaron a disparar de manera indiscriminada. Tomé por la fuente de Plaza Venezuela a toda velocidad cuando el esposo de mi amiga que iba en el asiento trasero con ella indicó que había sido impactado en la espalda (…) Esta persona tuvo la noción de decirme que su seguro trabajaba con la clínica Cemo (…) Cuando entré al distribuidor de Santa Mónica empecé a sentir que el caucho trasero izquierdo estaba perdiendo aire. Aceleré para evitar quedarme varado en plena vía con mi amigo herido (…) En la entrada de la clínica se encontraba una patrulla de la Policía Nacional, por lo que apagué las luces y les hice señas para evitar ser confundido con delincuentes (…) Los funcionarios dentro de la patrulla vieron el carro tiroteado, con un caucho espichado y un herido bajándose y ni se tomaron la molestia de adoptar medidas de seguridad para ellos, menos preguntar u ofrecer ayuda para bajar al herido”. Mientras los médicos atendían al lesionado, el conductor salió de la clínica para hablar con los agentes. “La mayor sorpresa que se habían ido (…) como si eso que llaman servicio al ciudadano jamás se los hubiesen nombrado en sus aulas”.

domingo, 22 de mayo de 2016

Llamadas que dan miedo

Las extorsiones por teléfono están en auge. En la gran mayoría de los casos, las llamadas son hechas por presos ociosos y con tecnología disponible, que amenazan en nombre de los delincuentes de moda

@javiermayorca

Esta semana me contactó un antiguo compañero de trabajo. Estaba preocupado pues un familiar muy cercano acababa de recibir una llamada en la que un sujeto que se identificaba como el comandante Martín Figueredo le decía que ciertas personas habían pagado cuatro millones de bolívares para matarlo; que a tal efecto él y su grupo lo vigilaban desde hace tres semanas y que por lo tanto conocían toda su rutina. Pero que durante ese tiempo entendieron que se trababa de “una persona de bien”, y que iban a darle una oportunidad para mantenerse con vida, siempre y cuando pagara un millón de bolívares.
El sujeto que llamaba aseguraba ser un operador de la banda comandada por José Tovar Colina, el mismísimo Picure muerto en El Sombrero durante un enfrentamiento con comandos de la Guardia Nacional, el martes 3 de mayo.
La víctima de esta extorsión se dejó llevar por los nervios y no pensó en pequeños detalles tales como que el líder de la banda que supuestamente iba a matarla había fallecido hace más de quince días. Le dijeron que la habían visto en su trabajo, y que en ese momento estaban vigilándola desde una camioneta. Como el local donde trabajaba el receptor de la llamada estaba en una urbanización del municipio Baruta, cualquier camioneta que pasara frente al inmueble podría ser el de los supuestos espías.
El primer consejo al ex compañero de labores fue que su familiar intentase mantener la calma, y que en lo posible dejara un rastro documental de las próximas comunicaciones por teléfono. En la actualidad existen aplicaciones gratuitas que se pueden instalar en estos aparatos para grabar las llamadas. Son muy útiles.
También le sugerí que hiciera algunas preguntas de control, para determinar si los extorsionadores efectivamente conocían la intimidad de la víctima, o si por el contrario se trataba de presos en algún internado o retén cercano que estaban “trabajando” sobre la base de datos colectados a través de las redes sociales. Lo que era lo más probable.
La conversación terminó con el consejo habitual: denunciar, en especial ante la policía judicial o la Guardia Nacional. Lo que a la víctima le inspire más confianza.
Una hora después, el antiguo compañero de labores llamó nuevamente para ponerme al tanto de lo que sucedía. Su familiar había pagado una alta suma, creyendo que con eso compraría un poco de tranquilidad.
Apenas se dieron cuenta de que habían ganado, los hampones renovaron sus amenazas.
La extorsión telefónica es el delito de moda. En una semana los cuerpos especializados de Cicpc y la GN han recibido denuncias en las que los supuestos hampones pertenecen a los más variados grupos. En Guarenas, por ejemplo, los comerciantes comenzaron a recibir llamadas en nombre de la banda Juvenal, que como la de Tovar Colina opera en Guárico y Aragua, no en Miranda. Pero eso no importa. Sólo interesa que el nombre suene, que sea popular. En Caracas comenzaron a extorsionar en nombre del líder del colectivo La Piedrita, Valentín Santana.
Los centros desde los que emana la extorsión telefónica varían con el tiempo. En 2013 un informe de la Guardia Nacional indicaba que penales como los de San Felipe (Yaracuy) y Santa Ana (Táchira) eran importantes puntos de origen de la extorsión en el occidente del país. En otra oportunidad, el exdirector de Cicpc comisario Miguel Dao me comentó que el internado judicial de Tocorón (Aragua) también era lugar de operación para los profesionales de la amenaza.
Anteriormente, los extorsionadores exigían que los pagos se hicieran en efectivo. Lo cual implicaba que contaban con grupos de apoyo en el exterior de las cárceles para colectar el dinero y llevárselos. También podían pedir la compra de tarjetas telefónicas hasta determinados montos, y luego solicitar que les mandaran los códigos correspondientes para hacerlas efectivas en sus aparatos, y así continuar con el ciclo extorsivo.
Extorsión telefónica, casi siempre tras las rejas

Pero últimamente han cambiado. Ahora los amenazadores de oficio piden que les hagan transferencias bancarias a las cuentas de terceras personas. Esto parece absurdo. Nada más rastreable que los fondos enviados por medios electrónicos. Al respecto un ex jefe de Antiextorsión y Secuestros de Cicpc me comentó que generalmente las cuentas que reciben los fondos son abiertas con identidades falsas o incluso pueden pertenecer a personas a las que han coercionado para que no denuncien la recepción de estos fondos. Algo así como “cómplices obligados”.
Los extorsionadores, además, parten de la base de que las víctimas no acudirán a los cuerpos policiales,  y que si lo hacen éstos desecharán la denuncia pues resulta muy complicado y peligroso llegar hasta un aparato celular oculto en un pabellón en el interior de una prisión. Sólo mediante una requisa general y sorpresiva es posible incautar estos aparatos.
Aunque la gran mayoría de los extorsionadores no cumple con sus amenazas, hay una ínfima fracción que sí está en capacidad de hacerlo. En oriente, por ejemplo, la GN detectó que una megabanda tiene una red de extorsión telefónica. Las llamadas supuestamente son hechas desde el penal de Puente Ayala, pero la estructura para cumplir las amenazas está en las calles de los estados Sucre y Anzoátegui.
Recientemente la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una ley para regular las comunicaciones y el uso de internet desde los centros de detención. Según el abogado Luis Izquiel, quien asesoró a los proyectistas, esta norma plantea la utilización de tecnologías que “tumban” las señales de telefonía celular, a través de las cuales corren precisamente estas extorsiones.
Para la ministra de Servicio Penitenciario Maria Iris Varela esta ley no es necesaria, toda vez que en diciembre de 2015 entró en vigencia el Código Orgánico Penitenciario que regula, entre otras cosas, las comunicaciones desde y hacia los penales.
Lo cierto es que cinco meses después de la entrada en vigencia del referido código no se han aplicado medidas y la extorsión telefónica ha cobrado auge. Ya lo tenía en el interior del país. Ahora llegó a Caracas. Quizá esto era lo que hacía falta para que las instancias decisorias se interesen en el asunto.

Breves

*La División contra la Delincuencia Organizada de la policía judicial plantea iniciar una línea de investigación en torno a los propietarios de las 540 aeronaves que fueron expropiadas por el Gobierno a propósito de la operación Cielo Soberano, llevada a cabo a finales de 2015. Los funcionarios intentarán determinar qué uso le dieron a estos aparatos, y específicamente determinarán si transportaron algún tipo de droga ilegal. Las aeronaves fueron declaradas en abandono cuando sus dueños no aportaron la documentación requerida por el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac), y actualmente se deterioran en distintos aeropuertos del país. El Gobierno analizó una propuesta de utilizar estos vehículos como activos de una nueva empresa estatal, destinada a la formación de pilotos y mecánicos especializados. Pero no se ha tomado ninguna decisión al respecto. El temor en medios aeronáuticos es que esta iniciativa de CICPC sea aprovechada por agentes inescrupulosos para presionar indebidamente a los dueños de los aparatos.

*La Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) maneja un proyecto para constituirse en única formadora y proveedora de funcionarios para los cuerpos de policía preventiva, tanto municipales como regionales (ya lo hace con PoliNacional). Informaciones recibidas en policías del Distrito Metropolitano indican que estos cuerpos deberán elevar al instituto educativo dependiente del MRI sus peticiones para la formación de nuevos oficiales, y que la Unes decidirá si puede cumplir con estas exigencias. De igual forma, se plantea que por cada agente egresado de la Unes los cuerpos municipales y regionales deberán pagar sumas superiores al medio millón de bolívares. Los cursos de formación durarán dos años. En la actualidad, los cuerpos de seguridad tienen serios problemas para preservar a los oficiales más novatos en sus filas. La baja remuneración, el elevado riesgo inherente al trabajo y la posibilidad de migrar a empresas privadas de seguridad para obtener mejores ingresos se unen para configurar un auténtico deslave de talentos. El déficit de uniformados en el Area Metropolitana supera el 60%. Si a eso se suma que cada agente nuevo costará más de medio millón de bolívares a las alcaldías o gobernaciones, el plan resultaría inviable desde el punto de vista financiero. Las academias de policía que actualmente operan en el país quedarían para los planes de “formación contínua” de los uniformados que ya están en sus filas.

Formación "dragón" (foto fav-club.com)
*El lunes 16 de mayo aproximadamente a las 8 pm tres cazas F16 venezolanos de la formación conocida como “dragón” atacaron una aeronave presumiblemente de uso civil, aún sin identificar. Fuentes de la Aviación indicaron que la operación se llevó a cabo sobre costas venezolanas a 10 millas al norte de Puerto Gutiérrez, estado Falcón. El incidente fue confirmado el jueves por el titular de Defensa, general en jefe (Ejército) Vladimir Padrino, cuando afirmó que había sido “inutilizada” una aeronave en vuelo sospechoso frente a las referidas costas. Hasta ahora no se han encontrado los restos del aparato. Tampoco se ha establecido su identificación o la de sus tripulantes. Lo extraño es que luego del derribamiento de la nave no se aplicó ningún protocolo de búsqueda y salvamento de sus tripulantes. El Servicio Aeronáutico de Rescate (SAR) no fue notificado. Se desconoce si este fue el mismo incidente aludido por el presidente Nicolás Maduro el martes, cuando se refirió a un supuesto “avión espía” estadounidense.


*Los resultados de la “segunda fase” de la Operación para la Liberación del Pueblo (OLP) han sido magros, por lo menos en lo que respecta a la disminución de la criminalidad en el Distrito Capital. Tal parece que las bandas de la Cota 905, el Cementerio y El Valle-Coche estaban en su mayoría advertidas con suficiente antelación de la movilización militar y policial que comenzó el martes 17 de mayo, y se desplazaron hacia la periferia de la urbe. Durante las 72 horas que duró el despliegue fueron reportados tres secuestros. En uno de ellos, por ejemplo, los captores se movilizaron con la víctima entre la carretera vieja a La Guaira y la Panamericana. En otro caso, los plagiarios capturaron en Catia La Mar a un agente de la Policía del municipio Vargas, para ese momento franco de servicio, y lo llevaron a la capital por la autopista, poco antes de que comenzara el despliegue de los militares en esta vía. Cuando les avisaron que la OLP comenzaba optaron por abandonar al funcionario en el sector Marlboro de la carretera vieja a La Guaira. Allí la gente se negó a prestarle auxilio, pues no sabían si era una víctima o un antisocial. Tuvo que caminar hasta una estación policial, desde la que pidieron un vehículo para trasladarlo y hacer la denuncia correspondiente. Cuando se dio por finalizada la operación, el viernes 20, el hampa siguió sus ataques con la misma frecuencia.  


Chamanes preparando yopo
*Héctor González se define a sí mismo como “chamán”. Según su propio testimonio desarrolla un proyecto de “medicinas ancestrales” en las comunidades indígenas de Amazonas. Dijo contar con la “colaboración y aprobación del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas”. González encabeza las ceremonias en las que grupos de personas previamente estudiadas acuden a playas de Chichiriviche (Falcón) para consumir el alucinógeno yopo con intenciones curativas. A propósito de la última entrega de este blog, González escribió una carta de 10 páginas en la que ensalza el atributo “sanador” de esta droga. En su criterio la sustancia es “una herramienta de poder para internarnos en lo más profundo de nuestra psique de manera visual (…) bajo un estado modificado de conciencia, es decir un estado de meditación”. Anunció que para el mes de mayo está previsto el inicio de una “gira nacional” acompañado por otro chamán de origen piaroa. El acto también será en la referida playa falconiana. Divulga sus iniciativas a través de diversas páginas y cuentas en redes sociales. La foto que acompaña esta nota fue enviada por el propio remitente.

domingo, 8 de mayo de 2016

Un cofre de cenizas

Hay fuertes indicios de que José Tovar Colina, alias Picure, recibió un trato de enemigo de guerra, a lo bin Laden. En ambos casos, la desaparición de los cadáveres pretende impedir el surgimiento de nuevos tótems y mantener en secreto sus redes de relaciones peligrosas

@javiermayorca

El viernes pasado (6 de mayo) se disiparon las dudas sobre el propósito que tendría el traslado compulsivo del cadáver de José Tovar Colina, alias Picure, hacia el cementerio de El Junquito. Los restos humanos de quien hasta esa semana fue “el más buscado” por las autoridades del país fueron entregados a sus familiares vueltos cenizas, en un pequeño cofre.
Este procedimiento fue a todas luces irregular. El artículo 28 de la Ley para la Regulación y el Control de la Prestación de Servicios Funerarios y Cementerios, vigente desde el 18 de febrero de 2014 recoge un viejo principio que ya era aplicado en el país, según el cual no se podrá cremar ningún cadáver “sometido a un proceso de investigación penal o científica”. La razón es que si surge alguna duda sobre la causa o las circunstancias en las que se produjo la muerte del líder de la banda conocida como Tren del Llano habría que volver a revisar sus restos, previa autorización de exhumación emitida por un juez. Hablamos desde luego de muertes violentas, no de aquellas que según la documentación disponible se hayan producido por razones de origen natural, tales como enfermedades o complicaciones por vejez.
Esto lo sabe bien la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, quien ha promovido y ejecutado a través de un grupo especial de su despacho la exhumación de los cadáveres de guerrilleros y activistas políticos de izquierda fallecidos en refriegas con policías y militares, a pesar de que ya eran casos con sentencia definitivamente firme.
La investigación del Ministerio Público sobre las supuestas “desapariciones, torturas y muertes entre 1958 y 1998” pudo hacerse debido a que las autoridades durante ese lapso no cremaron los correspondientes cadáveres.
El único caso reciente de una muerte violenta en la que se autorizó la transformación de los restos humanos en cenizas fue el de los hermanos Faddoul Diab, asesinados luego de 40 días en cautiverio. Un episodio escandaloso. ¿Qué pasaría si el día de mañana surge alguna nueva evidencia o incluso un adelanto tecnológico que posibilite aclarar alguna duda sobre las circunstancias o la causa real de la muerte de estos jóvenes? Desde luego que todo quedará en el plano de las especulaciones, pues no habrá restos humanos sobre los que se pueda trabajar.
Cuando se trasladaba el jueves en la tarde el cadáver de Tovar Colina hacia El Junquito en medio de fuertes medidas de seguridad y contra la voluntad de los deudos surgió en la morgue de Bello Monte la información, nunca desmentida, de que todo esto se hacía por mandato del presidente Nicolás Maduro.
Se le llama “orden ejecutiva”.
Todo esto hace recordar el tratamiento que las autoridades de otro país dieron a otro de “los más buscados”: Osama bin Laden. Los paralelismos son varios:

*No siempre fueron odiados por sus verdugos. Bin Laden fue un instrumento de los estadounidenses en su guerra contra la extinta Unión Soviética en Afganistán. En virtud de eso obtuvo armas y recursos financieros. Tovar Colina, antes y durante su liderazgo sobre la banda surgida en Concha de Mango, tuvo relaciones con las autoridades locales y nacionales que aún no ha sido posible reconstruir en su totalidad. Fue tropa de operaciones especiales de la Armada.
Los fusiles de la última batalla
A sus 27 años de edad se veía a sí mismo tan apoyado por el poder en su medio habitual que perdió la perspectiva sobre lo que podía y no debía hacer. Una de las cosas que definitivamente entraban en la segunda categoría era matar funcionarios del Estado. En el caso de su banda fueron por lo menos once.
Aún con ese prontuario, el comandante del Tren del Llano se dio el lujo de reunirse con el viceministro de Política Interior del MRI, José Vicente Rangel Avalos. Luego él diría en una entrevista que negociaban una entrega. Pero esto nunca ocurrió.
Antes, el propio gobernador de la región donde él se movía como pez en el agua, Ramón Rodríguez Chacín (un capitán de navío retirado que como Picure formó parte de las fuerzas especiales de la Armada), dijo en noviembre de 2014 que él mismo lideraría las labores de búsqueda y captura del delincuente luego de una masacre de once sujetos en una finca. El Picure siguió paseándose por su pueblo como si nada.

*Muerte y desaparición. Osama bin Laden y Tovar fueron ultimados en operaciones militares. Algún miembro del Seal Team 6 que llevaron a cabo la cacería en el primer caso han declarado que había una orden presidencial de matar al líder de Al Qaeda. La dudosa legalidad de este mandato se oculta bajo el paraguas del resultado concreto de la acción contra un ser objeto del desprecio mundial, en el marco de la “guerra contra el terrorismo”. Así se acalla momentáneamente el debate sobre lo ajustado a las normas de la decisión del mandatario Barack Obama.
En Venezuela, el líder del Tren del Llano se transformó en una especie de ícono de la delincuencia. Aún cuando él estuviese tranquilo en El Sombrero, los cuerpos policiales lo veían en la Cota 905 o en La Vega, lo asociaban con bandas en proceso de fortalecimiento en los Valles del Tuy e incluso le atribuían la supuesta oferta de $500 por cada agente de CICPC asesinado, como si fuese un Pablo Escobar criollo al que le sobran los recursos. Todas estas informaciones corrían como rumores, pero nunca fueron constatadas con rigor. Tovar Colina y su banda mataban, efectivamente, pero lo hacían por cuenta propia, en muchos casos para saldar deudas con miembros de otras bandas como la de Juvenal Bravo que les disputaban el territorio en Guárico, o efectivos policiales o militares que no cumplían los acuerdos o que vulneraban sus intereses.
Las redes tejidas por Tovar Colina en su entorno más próximo fueron hasta último momento capaces de detectar los movimientos policiales o militares para capturarlo. Un general activo y director de Seguridad del gobierno de Guárico fue destituido por apoyar al antisocial. Desde 2014 la Guardia Nacional recomendó al Gobierno que cualquier operación para neutralizar el líder de la banda tenía que ser ejecutada por una comisión enviada desde Caracas en medio del mayor sigilo. Hasta los propios GN de la zona tenían que ser mantenidos al margen de tales acciones.
Cuando al Picure lo mataron, los militares venezolanos le dieron el tratamiento de un trofeo. Esto también pasó tras las muertes del líder de Al Qaeda y de Pablo Escobar, jefe máximo del cartel de Medellín.
Luego vino la orden presidencial de desaparecer el cadáver. Al de bin Laden supuestamente lo lanzaron desde un helicóptero en aguas del mar Arábigo. Una acción controversial, justificada con la intención de evitar que los restos del terrorista se convirtieran en un tótem objeto de adoración por sus seguidores. Maduro no ha justificado su determinación de cremar al antisocial. Pero está claro que luego de este autoproclamado éxito en la lucha anticrimen han cobrado fuerza los discursos oficialistas para desviar la atención sobre el verdadero origen del Tren del Llano.

*El problema de fondo continúa. Esta lista de parecidos entre el tratamiento a los casos de bin Laden y Tovar Colina podría alargarse. Pero aquí solamente se referirá uno más. Las muertes manu militari de los líderes de Al Qaeda y del Tren del Llano para nada solucionarán los problemas de fondo que se pretende afrontar. El árabe fue sucedido en el liderazgo de la organización terrorista por el médico egipcio Ayman al Zawahiri, quien ya era su lugarteniente. Además, nuevas estructuras han surgido de Al Qaeda y superado sus ejecutoria si se toma en cuenta el número de muertes y el logro de control sobre vastas porciones de territorio en países como Siria e Irak.
En Venezuela, es probable que el Tren del Llano resurja o se funda con otro grupo. Pero en términos generales el problema de las megabandas continuará y posiblemente se agravará. Las condiciones de nula institucionalidad en el país unidas al vasto campo de oportunidades para lucro económico, planteadas para estas organizaciones como consecuencia de las restricciones en los mercados y sobre múltiples aspectos de la vida nacional, hacen tierra fértil para el crecimiento de la delincuencia organizada en el país.

Breves

*¿Bandas que vigilan con drones? Los vehículos aéreos no tripulados y manejados a control remoto han adquirido múltiples usos durante los últimos años, en parte porque la competencia los ha hecho más baratos. En Venezuela han comenzado a llegar importados de China a precios que van desde 120.000 bolívares hasta casi 170.000 bolívares. Durante el asueto de Semana Santa fueron utilizados para vigilar ciertas carreteras de alta circulación, de acuerdo con un anuncio del titular del MRI. Ahora, el sacerdote Alejandro Moreno revela que las bandas del sector El 70 de El Valle también están usándolos para vigilar sus predios. El religioso y trabajador social no reveló la fuente de este dato divulgado durante una intervención en un foro organizado este sábado 7 de mayo por la organización Espacio Abierto. Dijo que la organización comandada por alias Lucifer ya los posee. Se presume que sea para detectar cualquier intento de capturarlo por parte de los cuerpos de seguridad, que lo han colocado entre sus objetivos prioritarios luego de la matanza de agentes de CICPC en la subdelegación El Valle. Los drones ya han sido vehículo en México para el paso de drogas sobre la frontera con EEUU, e igualmente para introducirlas en recintos penitenciarios.

*El 22 de abril, el Ministerio Público informó sobre la imputación contra los fiscales 38 nacional y su suplente Edgar Angulo Betancourt y Richard Daal, respectivamente, porque al parecer le exigieron a un detenido el pago de 800.000 dólares para no retardar el juicio que se le sigue. La información no detalla de cuál juicio se trataba, aunque sí señala que las pesquisas por esta extorsión fueron iniciadas el día 5 del mismo mes, luego de que la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) procesara la denuncia correspondiente. Los fiscales fueron aprehendidos durante el asueto del 19 de abril cuando se hacían de la suma, en un procedimiento vigilado por los agentes militares. Por esta averiguación también está detenido el agente de la Dgcim Jackson González. Edgar Angulo manejó durante las primeras semanas la pesquisa sobre el asesinato del cacique Sabino Romero. También el expediente sobre el homicidio del secretario general de Acción Democrática en Guárico Luis Díaz. En los últimos meses se ocupaba además de la acusación por una supuesta rebelión contra el general de división retirado Edgar Bolívar, exjefe de Operaciones de la Guardia Nacional.

*El ataque contra el Secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad Democrática JesúsTorrealba pareciera ser parte de una nueva escalada de violencia física contra dirigentes de la oposición en todo el país, simultánea al desarrollo del proceso revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. El último caso que podría incorporarse a esta lista es el de Germán Mavare, activista de Un Nuevo Tiempo en el estado Lara. Un sujeto se le acercó y luego de propinarle un tiro en la cabeza huyó sin robarle ninguna pertenencia. Malavé murió en el acto. Todo indica que el interés del atacante se limitaba a la eliminación física del político. Se evalúa si esto ocurría por la reciente denuncia interpuesta por la víctima contra un grupo de antisociales, o si era consecuencia de su oposición al régimen. El mismo día en que ocurrió este crimen (jueves 5 de mayo) la dirección de la policía judicial ordenó a todas sus delegaciones estatales hacen un censo de los ataques contra dirigentes políticos. Previamente, el 29 de abril, un grupo de activistas agredió al diputado a la Asamblea Nacional José Trujillo mientras hacía una visita al Hospital Central de Maracay.

Yopo playero
*El yopo es una leguminosa (Anadenanthera) con efecto alucinógeno. Los aborígenes yanomamis la consumen desde tiempos inmemoriales en territorios que actualmente pertenecen a Venezuela y Colombia. En este último país, por cierto, hay una población (Yopal) que debe su nombre a esta droga de origen vegetal. Ahora bien, durante los últimos meses un grupo se ha dedicado a comercializarla con el pretexto de la realización de ceremonias de “medicina ancestral” en las playas de Chichirivichi. Los promotores aseguran que el consumo del yopo activa el “tercer ojo”, y que durante el ritual sucederán encuentros con “seres de luz”, en medio de un “maravilloso despertar”. Lo cierto es que la participación en estas sesiones playeras no está abierta a todo el público. La última conocida se llevaría a cabo el 23 de abril, y sólo podrían estar allí quienes hayan reservado con tiempo. Los cuerpos de seguridad y el Ministerio Público guardan silencio al respecto.

*La Guardia Nacional elaboró un informe de inteligencia sobre el creciente número de protestas en Barinas. La tierra de la que surgieron el finado presidente Hugo Chávez y su familia está siendo el escenario frecuente de expresiones de descontento social. El documento describe veinte acciones de calle entre el 15 de febrero y el 30 de abril, algunas incluso con bloqueo de vías y quema de cauchos, lo que parecía inconcebible hasta hace un par de años. Según el reporte, las causas de las manifestaciones eran inicialmente por las carencias de servicios básicos como agua y luz, así como por la escasez de alimentos. Pero en los últimos días de abril tuvieron como tema central la activación del proceso revocatorio contra el presidente Maduro. Como principal organizador de tales actos fue identificado el diputado Wilmer Azuaje, el mismo activista que estuvo secuestrado durante tres días junto a su hermano en 2013.

domingo, 3 de abril de 2016

Hampa "for Export"

El estallido de la criminalidad en Venezuela se está convirtiendo en una fuente de problemas para los países vecinos. Es hora de que dejemos atrás nuestra creída leyenda dorada y asumamos que más bien somos protagonistas de una larga página roja

@javiermayorca

Estafadores con pinzas
El martes 16 de febrero, la Policía Nacional panameña detuvo a dos venezolanos en la población de Betania, cuando intentaban sustraer con pinzas y un destornillador los dólares de un cajero automático. Los hombres, cuyas identidades no fueron reveladas, tenían en su poder tarjetas de débito y crédito a nombre de diversas personas, lo que hace suponer a las autoridades que ya tenían tiempo en el mundo del delito.
En el balneario Montañita de Ecuador causó estupor el asesinato de dos turistas argentinas, Marina Menegazzo y Maria José Coni, respectivamente de 21 y 22 años de edad. El crimen llegó a las páginas de la prensa el 22 de febrero. El abogado de los deudos Hernán Ulloa reveló a la prensa de ese país que uno de los homicidas sería un venezolano, apodado el Chamo, quien supuestamente actuó en complicidad con dos ecuatorianos ya detenidos.
El 26 de octubre de 2015 la población de Aruba se conmocionó al conocer el millonario asalto al casino Excélsior. Este tipo de noticias, desde luego, para nada contribuye en la consolidación del ambiente de tranquilidad que debe prevalecer en uno de los emporios turísticos del Caribe. Las autoridades iniciaron una búsqueda basada en los testimonios y registros de video del centro de juegos, hasta que detuvieron a tres venezolanos cuando intentaban abandonar la isla. Se trataba de Víctor Manuel Valente, Carlos José Huerta Ibarra y Julio García Capdevilla.
Estas noticias apenas ocupan espacios en la prensa venezolana, cada vez menos atenta a los problemas relacionados con la criminalidad. Sin embargo, reflejan una tendencia que ya está impactando negativamente a todos los países vecinos, e igualmente a territorios como el sur de Florida o España, con los que tradicionalmente se han relacionado los venezolanos. La delincuencia pareciera que ya no se conforma con lo poco que hay en el país, e intenta expandir sus fronteras.
Uno podría pensar que este es un resultado “natural” de la diáspora que ha afectado al país durante los últimos tres lustros. Si de Venezuela se han ido según cálculos conservadores más de un millón de personas se puede suponer que no todas son honestas y acatadoras de las normas.
Pero los reportes de venezolanos tomados in fraganti en cualquier parte del mundo cuando cometen algún tipo de delito (más allá de las frecuentes infracciones a las leyes de tránsito) se han hecho cotidianos. En Taipei, por ejemplo, una venezolana de 24 años de edad fue detenida cuando hurtaba jamón, carne, pan y leche de un abasto. Las autoridades suponen que ella obtenía el sustento diario mediante esta actividad desde que ingresó tres años antes como turista y se quedó allí como inmigrante ilegal, sin trabajo conocido.
Muchos venezolanos delinquen en otros países al creer que allá las cosas se manejan con la misma ligereza que en el territorio nacional. Primero sacan pequeñas cosas de las tiendas, se saltan los pagos en el subterráneo e incumplen las normas de tránsito. Luego van a cosas mayores. En agosto de 2015 dos venezolanos fueron identificados como parte de una banda que perpetró por lo menos 30 asaltos a condominios lujosos del sur de Florida. El grupo en el que supuestamente participaban Alberto Colmenares Machado y Wilmer José Paúl Gamboa operó por lo menos durante dos años hasta que la policía de Key Biscayne determinó que los sujetos viajaban a Estados Unidos con el preciso objetivo de cometer sus robos. Luego, regresaban a Venezuela.
Colombia es quizá el primer país en padecer la explosión de criminalidad que viven sus vecinos de la frontera oriental. No sólo es que muchos neogranadinos han resuelto volver a su tierra, para huir de la inseguridad que hay aquí. Ahora, las poblaciones fronterizas se ven impactadas por el accionar de los criollos. En febrero, por ejemplo, la Policía Nacional colombiana detuvo en Cúcuta a Alexis Francisco Magallanes, de 25 años de edad, involucrado en una red que extorsiona a empresarios de esa ciudad fronteriza.
Pero el hampa nacional también ha llegado a Bogotá. El 4 de marzo, un venezolano junto a un transexual fueron detenidos cuando intentaban atracar a un taxista en la capital colombiana.
Estos casos difícilmente se veían hace unos años. El venezolano aún mantenía algo de la cortesía y la civilidad que observó Alejandro de Humboldt en sus viajes por estas tierras durante el siglo XIX. Estos atributos parecían mantenerse en el siglo siguiente, a juzgar por lo que señalaban autores como Augusto Mijares en Lo afirmativo venezolano.
Desde luego, no se trata de hacer generalizaciones. Pero sí hay que observar lo que ya podría ser una tendencia preocupante. Es necesario asumir que parte del cambio sufrido por los venezolanos durante los últimos años ha puesto de manifiesto conductas y valores que poco tienen que ver con la institucionalidad y el imperio de la ley. El resultado más evidente ha sido la elevación sostenida de los índices de violencia criminal en todo el territorio nacional. Esto, tarde o temprano, rebasa los límites fronterizos.
Si bien es cierto que la mayoría de los relatos sobre venezolanos detenidos en el exterior se refiere a delincuentes rudimentarios y poco organizados, que aparentemente salen del país a explorar oportunidades en otros territorios, es apenas cuestión de tiempo para que comience a hablarse de organizaciones delictivas criollas en el extranjero. Por ejemplo, en países de Africa Occidental, con Guinea Bissau a la cabeza, desde hace ocho años se reporta con insistencia la participación de connacionales en el tráfico de drogas.
Según Federico Varese (2011) los procesos de “trasplantado” de organizaciones delictivas se facilitan en la medida en que los miembros de tales grupos son capaces de enlazar la demanda en un lugar con las posibilidades de ofertas de bienes y servicios ilegales en otros.
Estas estructuras, además, tenderán a buscar sitios donde la migración del país haya hecho “cabeceras de playa”, es decir, asentamientos más o menos numerosos en los que se puedan mimetizar. Todos estos procesos, claro está, se aceleran en un mundo como el actual, donde se vive una revolución de la movilidad (Naím, 2015).
Si seguimos estas premisas podremos explicar el creciente involucramiento de venezolanos en hechos delictivos en países cercanos. No sólo Colombia, sino también en Estados Unidos y Panamá, donde según voceros diplomáticos hay más de 4000 venezolanos tras las rejas. El control de cambios impuesto en Venezuela desde 2003 se convirtió en un acelerador de estos procesos. Hubo grupos que instalaron operaciones simultáneamente en ambos países precisamente para proveer el servicio de cambio de moneda tan requerido en una economía dependiente de importaciones como la venezolana. Eventualmente, estas organizaciones incurrieron en estafas millonarias. Entre las víctimas figuraban personas inocentes, algunas de ellas impulsadas por estados de necesidad. Pero también estaban elementos que solo querían aprovechar este servicio para colocar en el exterior dinero mal habido.
En la medida en que los mercados nacionales eran sometidos a restricciones, se generaban nuevas oportunidades para estos grupos posicionados en el exterior. Al final, quienes gozaran de las mejores relaciones en los ámbitos político y financiero del país poseerían una importante ventaja. Son los tenientes y generales que se ocultan en Florida, los bolichicos que ahora compran purasangres por millones de dólares en subastas abiertas. Y también (en menor escala) las Iroshimas que se asocian para abrir spas en Doral.

Breves

*El decomiso de 359 kilos de cocaína en una avioneta que voló desde Barquisimeto hasta el aeropuerto internacional de La Romana, en República Dominicana, no fue producto de un hecho casual. Fuentes con acceso a la investigación confiaron que tanto la Cessna 404, siglas YV2708, como el piloto Carlos Justiniano eran objetivo de permanente vigilancia. Este aviador formaría parte de un grupo conocido en países de Africa Occidental como “los venezolanos”, quienes junto a elementos de carteles mexicanos y colombianos prácticamente han hecho “llover cocaína” sobre países como Guinea Bissau, Mali, Ghana y Sierra Leona, por citar algunos. Justiniano y su compañero de faenas Antonio Carmelo Vásquez Guerra fueron los encargados de llevar un alijo de aproximadamente 2,5 toneladas de alcaloide a Guinea en 2008. El episodio estuvo rodeado de escándalo ante la evidente participación de elementos del Ejército de ese país, quienes incluso impidieron a la policía civil realizar las pesquisas a la aeronave que trasladó el alijo, de siglas estadounidenses. El gobierno venezolano fue informado sobre aquel episodio. El régimen sabía con detalles que Vásquez y Justiniano llevaron la droga escondida en cajas de medicinas, con papelería oficial venezolana. Y nada se hizo. Desde entonces Justiniano operaba con tranquilidad en una firma de vuelos por encargo. Simultáneamente hacía el traslado con fines de importación de aviones fabricados en Europa Oriental (Ucrania y Polonia). La historia extraoficial es que la Cessna decomisada en Dominicana pertenece a una empresa cuyo socio mayoritario es un español con presencia esporádica en el país. Estas ausencias supuestamente eran aprovechadas por el aviador para sus correrías. Los transportistas lograron abrir una ruta a través del aeropuerto Jacinto Lara de Barquisimeto, con anterioridad utilizado ocasionalmente para estos fines. En abril de 2015, un grupo de mexicanos y colombianos abandonó en la pista un jet con matrícula mexicana. El aparato aún permanece en el terminal aéreo. En noviembre intentaron hacerlo nuevamente con otra aeronave de siglas estadounidenses, pero los guardias nacionales les impidieron la huida. Al hacer un barrido a la cabina se detectaron trazas de cocaína. Dos de los tres detenidos eran de origen azteca, aunque nacionalizados en EEUU y España, respectivamente. Serían operadores del cartel de Sinaloa, comandado desde prisión por Joaquín Guzmán Loera, alias Chapo, junto a Juan José Esparragoza, alias el Azul. A última hora la Fiscalía informó sobre la detención del empresario Pablo Cárdenas de 45 años de edad y de un detective de Interpol, señalados respectivamente de financiar y participar en la apertura de la ruta para la droga. El nombre de Cárdenas con seguridad dará qué hablar. Las primeras versiones indican que su principal cliente era el propio Estado venezolano. Eso quedará para la próxima entrega.

Solórzano: paciencia
*Recientemente estuvo en el país César Solórzano, un experto peruano en recuperación de activos producto de actividades de delincuencia organizada. Este abogado forma parte del equipo del Instituto Basel, con sede en Suiza, y junto a la fundación En Cambio de Carlos Tablante tuvieron una sesión de trabajo con diputados de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, para afinar los mecanismos que permitan recuperar aunque sea una pequeña porción del dinero saqueado al país durante los últimos 17 años, calculado en unos 350 millardos de dólares. Según el experto, no existe un procedimiento estándar en esta materia. La experiencia indica, sin embargo, que uno de los aspectos más importantes para lograr el éxito en esta tarea es que las legislaciones nacionales sean compatibles con los acuerdos multilaterales y con las normas de los países en los que se cree han sido depositados tales fondos. Otro punto importante es lograr en el país las sentencias condenatorias con la mayor rapidez posible, pues así es más fácil exigir la restitución de los dineros. Mientras tanto, según Solórzano, se pueden solicitar medidas cautelares de congelamiento de fondos. El consenso es que estos son procesos muy largos, en los que la voluntad política de los estados debe permanecer en el tiempo, a lo largo de dos o más gestiones presidenciales. De lo contrario, los fondos producto de la corrupción no serán restituidos. En Perú, la experiencia más “rápida” ha tardado tres años. Para este abogado, la preparación del Parlamento es auspiciosa. En otros países, estos procesos se desarrollan sobre la marcha, con muchos tropiezos. Según la organización Global Financial Integrity, Venezuela llegó a ser el octavo país en desarrollo exportador de capitales ilícitos. En Latinoamérica fue el segundo, solamente superado por México.


*El descontento recorre las filas de todos los cuerpos policiales en el país. Al menos los cuerpos preventivos y de investigación. Ya no se trata solamente que a los funcionarios los maten por cientos cada año, sin que haya una acción del Estado para imponer justicia a través de las instituciones (lo que a su vez alimenta el ciclo de la violencia). Es que a los ojos de los uniformados el propio Estado, con el Ejecutivo al frente, ha sentado las bases para fortalecer a grupos armados y bandas criminales. “Nunca se pensó que a 500 metros de la sede policial el Gobierno instauraría una zona de paz para las bandas”, explica el subcomisario jubilado Omar Vásquez, secretario general de la Federación Nacional de Policías Jubilados y Pensionados. Por otra parte, hay la sensación de que a los funcionarios los están utilizando como “carne de cañón”. En Táchira, por ejemplo, se envió a oficiales sin experiencia en temas de orden público para contener una manifestación estudiantil. Resultado: dos funcionarios muertos al ser arrollados por un estudiante que se había apoderado de una buseta. En esa región hay agentes que deben financiar la compra de sus uniformes, así como de los repuestos para las motos. Algo similar ocurre en la Policía Nacional. Todos estos factores servirían como amalgama para un movimiento que incluye a miembros de diversas instituciones policiales y que pretendería, en primera instancia, hacer un llamado de atención al “órgano rector”, es decir, al Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, con la finalidad de que cumpla con su deber. Hay agentes más radicales que han planteado la posibilidad de una huelga, al estilo de la ejecutada en Nueva York a finales del año pasado. Pero esta propuesta todavía no atrae a los más moderados.

*Las operaciones conocidas como Liberación del Pueblo (OLP) serán analizadas en la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos. En otra oportunidad se indicó en este mismo espacio que estas redadas surtirían poco efecto en cuanto a la reducción de la violencia criminal, y que además tenían un fuerte contenido propagandístico (razón por la que más bien debían llamarse operaciones Levantamiento de la Popularidad). Pronto quedó en evidencia además que durante estas incursiones policiales-militares aparentemente se producían innumerables violaciones a los derechos fundamentales. Desde el principio, hubo denuncias sobre ejecuciones practicadas por agentes en la Cota 905, en Carabobo y Aragua, sin que se pronunciaran las instituciones llamadas a ejercer un control constitucional. En esas acciones muchos de los ultimados eran supuestos responsables de la matanza de policías, o supuestos “azotes de barrio”. De manera que habría una especie de “ajuste de cuenta” institucionalizado a través de estas razzias. En su informe anual, la Fiscal General de la República Luisa Ortega indicó que 245 personas fueron ultimadas en el desarrollo de estas operaciones, y que se iniciaron pesquisas “destinadas a esclarecer las circunstancias en las que se produjeron tales muertes”. Sin embargo, han pasado más de ocho meses desde la primera incursión bajo este formato, y no se ha anunciado ninguna detención.

*Desde su propio enunciado, el terrorismo es un tema sometido a polémica. Tanta que ha sido imposible llegar a un consenso entre las naciones que permita establecer una definición clara al respecto. Y es que, como planteaba Bruce Hoffman, los terroristas para unos son los luchadores por la libertad a los ojos de otros. El terrorismo ha sido el motivo invocado para las dos grandes guerras de este siglo (Afganistán e Irak) y actualmente es el modo de acción característico de por lo menos cuatro organizaciones que operan en Africa y el Medio Oriente. Es allí donde Estado Islámico para Siria e Irak (Isis o Daesh), las distintas células de Al Qaeda, Boko Haram y Jamaat al Nusra proyectan su violencia con mayor intensidad. Los principales afectados integran poblaciones predominantemente musulmanas, aunque en Irak, Siria y Africa Central también han desplazado y borrado del mapa a conglomerados católicos. En honor a estas víctimas deberían ser las primeras manifestaciones multitudinarias y los minutos de silencio en los juegos de fútbol transmitidos mundialmente. No obstante, si por cada matanza perpetrada por los grupos terroristas en esos territorios se hiciera un minuto de silencio en las ligas europeas posiblemente no quedara tiempo para los partidos. Así de frecuentes son estas carnicerías. Es uno de los problemas de la llamada “guerra” contra el terrorismo. En realidad, lo que se rechaza es la ejecución de ciertos ataques llevados a cabo últimamente en Francia o Bélgica. Pero no se ve la misma reacción de repudio al bombazo en un parque de diversiones en Pakistán, o incluso hacia el atentado que hubo días antes en Turkía. El mensaje tácito del liderazgo europeo, y en parte del estadounidense, es “mátense allá bien lejos, y no nos traigan sus problemas”. Esta actitud supone además la noción de que hay muertos “de primera”, así como de otras categorías. Por eso decimos, una vez más, que la calificación de una conducta como terrorista no es más que uno de los tantos actos del poder.


La flota llegó
*¿De dónde vienen esos lotes de camionetas Hylux y Land Cruiser que ya son inocultables en la vía a Valencia y en Guarenas? De Venezuela, desde luego, no son. Las plantas del país están en parálisis. Las deudas del Gobierno las ahogan. Según datos extraoficiales son 3500 unidades, y fueron compradas en Bolivia con fondos de la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) para Corpoelec y Pdvsa. ¿Era tan urgente? Una fuente conocedora de este proceso sugiere al Parlamento poner la lupa sobre esta negociación. No sólo lo relativo a los precios de importación. También se debe analizar, por ejemplo, si la Toyota en Venezuela dará garantías de repuestos y servicios para unidades que no le fueron compradas directamente.