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domingo, 14 de enero de 2018

Letalidad policial

-Las cifras divulgadas recientemente por el ministro de Relaciones Interiores reflejan que la acción de los policías y los militares fue la más mortífera de la historia reciente

@javiermayorca

En 2017, la expresión “resistencia a la autoridad” se convirtió, más que nunca antes, en un sinónimo de muerte.
De nada sirvió que a las operaciones Liberación del Pueblo (OLP) el Gobierno de Nicolás Maduro le pusiera el adjetivo “humanista”, y que de hecho al final del período las hayan borrado por completo de su léxico. Como si nunca hubiesen existido.
Con o sin OLP, las policías y los militares continuaron matando.
En 2017, más letalidad
Es cierto: hay circunstancias en las que el uso de la llamada “fuerza potencialmente letal” se justifica plenamente. Cuando no hay otro recurso para neutralizar una amenaza a la vida del funcionario, o incluso para resguardar a terceras personas; cuando la oportunidad no permite el uso de un recurso distinto para afrontar una situación de riesgo inminente para la integridad física, pues no queda otro remedio que acudir a la pistola, a la escopeta o incluso el fusil, en el caso de los guardias nacionales.
Uno supone que estas deben ser situaciones excepcionales. Nadie en su sano juicio debería enfrentarse a individuos como los policías y los militares, que han sido entrenados para utilizar sus recursos con la mayor efectividad posible. Y entre estos recursos desde luego están las armas de reglamento. Para decirlo de otra manera: cuando un individuo está en el proceso de formación para convertirse en policía, le dicen muy claramente que una pistola solo debe ser desenfundada para matar. Por ende, esta no puede ser una acción cotidiana.
En Estados Unidos, un país con una población diez veces mayor que la de Venezuela, fueron registradas 1.093 muertes a manos de policías en 2016, de acuerdo con un trabajo publicado por The Guardian. Ese mismo año, la acción de los cuerpos de seguridad venezolanos arrojó 6.042 cadáveres, según cifras de la policía judicial, conocidas extraoficialmente.
Este ya es un indicio de que las cosas no van bien en Venezuela.
Pero hay más. Ese año fue récord en cuanto a número de cadáveres producto de los supuestos enfrentamientos entre delincuentes y miembros de los cuerpos de seguridad. Estos casos, como se dijo más arriba, están clasificados bajo el rótulo de “resistencia a la autoridad”. Cuando se divide el número de muertos entre el total de casos, tenemos un resultado de 0,84. La cifra podría ser denominada índice de letalidad policial. Como el resultado fue inferior a 1, se puede concluir que durante 2016 no todas las resistencias a la autoridad terminaron con cuerpos tendidos sobre el pavimento.
Pero en 2017 la situación cambió. Los supuestos enfrentamientos en los que intervinieron policías o militares totalizaron por lo menos 5.545 muertos. Hubo casos en los que claramente el bando de los llamados delincuentes fue masacrado, como sucedió durante la intervención al retén de Puerto Ayacucho (37 muertos). El total de expedientes por “resistencia a la autoridad” fue de 5.040, lo que ubica el índice de letalidad en 1,1.
Entonces, durante el año recién finalizado, las policías y los componentes de la Fuerza Armada declararon una menor cantidad de casos de resistencia a la autoridad, pero en cada ocasión la probabilidad de un final fatal fue más elevada que la vista en 2016.
Este es el resultado de las tácticas de “mano dura”, que en círculos académicos son asociadas generalmente a gobiernos de derecha.
Otro dato interesante es que las muertes por “resistencia a la autoridad” se incrementaron más de 20% en Distrito Capital con respecto a 2016. Esto explicaría por qué algunos delitos, como el secuestro, se desplazaron hacia regiones periféricas, sin abandonar del todo la principal plaza, representada por los municipios del Area Metropolitana de Caracas.
Cuando un jefe policial advierte a sus subalternos: “No quiero presos”, ya sabemos a qué se refiere.

Breves

*Los países de la Unión Europea, así como Estados Unidos y Canadá, continuarán sancionando al régimen de Nicolás Maduro. La primera medida, tomada por este conglomerado a finales de 2017, implicó un embargo que afecta esencialmente algunos sistemas de armas de la Marina, así como la dotación de fusiles de la Guardia del Pueblo, marca Beretta. Ahora, las sanciones serán individualizadas. Se habla de los nombres de altos jerarcas, que hasta el momento no han sido tocados. La extensión de esta nueva lista dependerá de los resultados que arroje las negociaciones entre el Gobierno y la oposición en República Dominicana. El proceso de sanciones en la Unión Europea es más lento que el de los países norteamericanos, puesto que requiere de unanimidad, y esto implica conciliar diversidad de intereses. En la primera ronda, Grecia y Portugal fueron los más reticentes. Veremos ahora…

*Un lector escribió al correo crimenessincastigo@gmail.com para exponer la delicada situación que se vive en los campos petroleros de Morichal, estado Monagas. Allí, como en el norte de Trujillo, las bandas actúan a sus anchas, ante la ausencia o la mirada indiferente de los cuerpos de seguridad, en especial la Guardia Nacional. Por su ubicación geográfica, en los complejos de Morichal confluyen grupos hamponiles de Anzoátegui, Sucre e, incluso, de Bolívar. Se llevan los vehículos pertenecientes a las subcontratistas de Petróleos de Venezuela, o a empleados de estas compañías, los ocultan en zonas de difícil acceso y posteriormente los negocian vía telefónica. Las averiguaciones han permitido establecer que existe un nexo entre estos grupos y organizaciones que operan desde los internados judiciales de Puente Ayala, La Pica y Vista Hermosa. Las empresas han tenido que pagar a los delincuentes por la recuperación de los equipos. Solo una de ellas canceló Bs 160 millones en dos años, hasta que se vio obligada a cesar sus operaciones.

La pollera de Della Polla
*Hay que poner atención en el caso que se ventila en una corte de San Luis, estado de Missouri, en contra de los venezolanos Hjalmar Gibelli-Gómez y Fabrizio Della Polla De Simone. Hasta ahora, debido a las pesquisas, las autoridades estadounidenses han confiscado dos yates, un jet y dinero por $1,8 millones, que permanecía depositado en cuentas de los procesados en los bancos Wells Fargo e International Finance Bank. Se trata de una investigación de la Administración para el Control de Drogas (DEA). El documento de confiscación de la corte del Distrito Este de Missouri indica que las embarcaciones, la aeronave y el dinero fueron entregados voluntariamente por los investigados, lo que implica la existencia de un acuerdo para intentar un “control de daños”. Esto por el cargo de llevar a cabo operaciones cambiarias que son penadas por la legislación estadounidense, debido a que eran efectuadas sin licencia. Della Polla había recibido un cuantioso crédito gubernamental con el que instaló una pollera en Guárico. Informes extraoficiales hablan de una relación que iba más allá de lo meramente institucional con el exministro de Economía y Finanzas, mayor general Rodolfo Marco Torres. De allí la simultaneidad de las acciones llevadas a cabo contra Della Polla en los tribunales de EEUU y la sanción impuesta al militar por el Departamento del Tesoro de ese país, que implica un embargo de todos sus activos y la prohibición de entrada al territorio estadounidense. La foto que acompaña este breve fue divulgada por el propio Della Polla en la cuenta twitter @servinaca1, y supuestamente corresponde al emporio avícola que instaló en Guárico. 

*El deterioro de la situación socioeconómica de los militares venezolanos -especialmente los efectivos de tropa- está teniendo consecuencias nunca vistas en el seno de la Fuerza Armada. A finales de 2017, el diario El Nuevo Herald publicó una nota que refería la preocupación de la Fiscalía Militar por el acelerado involucramiento de los militares de los más bajos rangos en delitos comunes. Los de la Guardia Nacional son los más señalados, debido a dos factores: 1) su permanente presencia en las calles, en trabajos relativos a la seguridad ciudadana y el orden interno, y 2) las deficiencias en la formación, debido a la exigencia de incrementar cuanto antes el pie de fuerza. Como sucede con la Policía Nacional, ocurren evidentes fallas en los niveles de supervisión o inspectoría. Hay guardias que simplemente abandonan sus puestos, o aprovechan situaciones en las que se encuentran sin el control de superiores, para cometer delitos. Los ejemplos abundan. Un lector relató a través del correo crimenessincastigo@gmail.com cómo fue detenido durante la primera semana de enero en un “punto de control” de guardias en la avenida Casanova, y despojado de su vehículo. El hombre simplemente fue dejado a pie. Otra consecuencia son los actos de indisciplina que pueden rayar en los delitos tipificados en la legislación castrense. Por ejemplo, la llamada que varios guardias hicieron para expresar a la superioridad que tenían hambre, y que las quejas anteriores gestionadas a través de los “canales regulares” no tuvieron ningún efecto. Esto se supo debido a que uno de los presentes grabó un video del momento en que se hizo esta comunicación. Debido a esta situación, la segunda semana de enero el Ministerio de la Defensa envió a las unidades de la Fuerza Armada una comunicación en la que se ordena a los jefes respectivos tomar “todas las acciones de comando correspondientes” para que los profesionales de armas aprovechen el sistema de ayudas elaborado a través de las “misiones socialistas”. Esto no es más que una versión refinada de los mismos mecanismos diseñados para manipular el hambre del resto de la población.

*Hay quienes ven un cuestionamiento al poder en la ola de saqueos que se ha intensificado durante los primeros días de enero en los estados andinos, en oriente y sur, y que al momento de publicarse esta nota ya sobrepasa los 107 casos, según el Observatorio de Conflictividad Social. Esto no necesariamente es así. Hay saqueos que van mezclados con actos vandálicos, y que son originados por estados de ira colectiva que se disparan por situaciones específicas. Un ejemplo más allá de nuestras fronteras fue el de los destrozos ocurridos en Los Angeles en abril de 1992, luego de la absolución de los policías señalados de golpear brutalmente a Rodney King. En el caso venezolano, los saqueos ya ocurrían con cierta frecuencia, incluso luego de la “paz” impuesta por Maduro y su Constituyente. La vía Lara-Zulia, la Troncal 9 y las calles de Catia eran escenarios frecuentes de tales hechos, rara vez reportados a través de los medios de comunicación. Ante la impunidad, la gente de esos sectores fue organizándose. Luego, los despojos de mercancías dejaron de ser actos espontáneos y se convirtieron en una manifestación más del delito colectivizado, que trata de ocultarse tras una fachada de descontento social. Lo que se está viendo actualmente en Mérida, Trujillo, Guárico, Sucre, Monagas y Bolívar, por citar algunos estados, no necesariamente conducirá a un cambio político. Allí los pobladores no quieren remover al Gobierno, quieren que les cumplan las promesas fallidas. El Ejecutivo, en su lógica militarista, está dando a esta situación el mismo tratamiento que dio a las protestas que hubo entre abril y julio de 2017. Eso fue advertido en este mismo espacio. En consecuencia, se sientan las bases para un giro del actual régimen hacia un mayor autoritarismo.

domingo, 31 de diciembre de 2017

Para entender los casos de Andorra (última parte)

-Una propina excesiva durante una bacanal parisina fue el inicio del fin para Diego Salazar, empresario de seguros y primo del ex presidente de Pdvsa Rafael Ramírez

@javiermayorca

La Banca Privada de Andorra estableció en 2006 una oficina de representación o de “segundo piso” en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco. La sucursal no tenía el nombre de la entidad financiera en la puerta, como podría imaginarse, sino que operaba bajo la fachada de una “asesoría financiera”.
Para ser recibido allí, era necesario poseer la referencia de alguien que ya fuese cliente. Otros bancos internacionales operaban en Venezuela con el mismo procedimiento. En todos los casos, la intención era proveer una alternativa a las personas que deseaban eludir el control de cambio implantado por el Gobierno de Hugo Chávez.
No todas las personas que utilizaron los servicios de estas entidades estaban lavando dinero. Algunas simplemente querían poner sus ahorros fuera del alcance de un régimen que avanzaba hacia la confiscación del patrimonio individual. Pero en el caso de la BPA, había un interés especial en la captación de clientes ligados al Gobierno. Así fue declarado por los representantes de la entidad durante el juicio que hubo a propósito del congelamiento de las cuentas del comisario general jubilado de Cicpc Norman Puerta. De manera que el riesgo de manejar fondos procedentes de la corrupción estaba a la vuelta de la esquina.
El escándalo suscitado en 2010 por el caso Puerta (referido en la entrega anterior de esta columna) sería rebasado apenas dos años después, cuando comenzó una investigación por el supuesto delito de lavado de dinero contra el entorno del entonces ministro de Energía y presidente de Petróleos de Venezuela Rafael Ramírez.
Este fue el segundo caso de funcionarios venezolanos ligado a la Banca Privada de Andorra.
El expediente comenzó cuando los órganos de investigación del principado europeo recibieron una alerta de la policía antilavado de Francia, Tracfin, sobre una transferencia llevada a cabo desde la BPA a un banco francés, por 99.980 euros, “en beneficio de un empleado de una cadena hotelera (…) en gratificación o regalía por servicios prestados”. Era, en dos platos, una propina. Tanta generosidad provenía de las arcas de la firma Highland Asssets Corp, propiedad del empresario asegurador y primo de Rafael Ramírez, Diego Salazar Carreño, y representada por su primo Luis Mariano Rodríguez.
Las pesquisas de los órganos de control, de acuerdo con documentos enviados a Andorra y al Ministerio Público venezolano, revelaron que los implicados, “y especialmente Diego Salazar y su primo y hombre de confianza Luis Mariano Rodríguez, pasaban temporadas en París, hacían importantes gastos de millones de euros en establecimientos hoteleros y boutiques de lujo”. En su frenesí de consumo, Salazar solicitó a la BPA la transferencia de cuarenta millones de euros para la adquisición de un apartamento en París, a través de un banco suizo. Esta operación fue impedida momentáneamente por una decisión de congelamiento de fondos.
Más de $2,6 millardos del entorno
de Ramírez corrieron por BPA
¿De dónde venía todo este dinero? Un auto emitido en mayo de 2016 por la Sección de Instrucción Especializada 1 de la bastilla de Andorra indica que Salazar, Rodríguez Cabello y otros individuos como el ex viceministro Nervis Villalobos, el llamado “zar de los seguros” Omar Farías (preso en Dominicana por el fraude con el Banco Peravia), el ex viceministro de Desarrollo Eléctrico Javier Alvarado Ochoa, Estibaliz Basoa, Anna Piñero Carrabina, Cristina Lozano y Luis Laplana (directivo de la BPA para el momento) “organizaron un sistema de comisiones de los contratos públicos de la empresa Pdvsa, que implica que las empresas que accedían a las licitaciones eran obligadas a contratar al entramado empresarial para poder conseguir las adjudicaciones, cobrando millones de euros a los implicados por asesoramientos”.
Los pagos de los sobornos se hacían en buena medida a través de cuentas en la BPA, a nombre de compañías registradas en Panamá, “por donde transitaron más de dos millardos de euros”, es decir, casi 2,6 millardos de dólares.
En la lista de 24 empresas, pertenecientes en forma total o parcial a Salazar y sus allegados, estaban por ejemplo la Fundación Caixa Bella, Megana International, Central Berfort, Worldwide Traders Line, Fundación Terramar Hall, Vida y Patrimonio Corretaje de Seguros y Lomond Overseas.
Esta información estaba en poder del Ministerio Público venezolano poco después de que la investigación a este grupo en Europa tomó la forma de una causa penal por lavado de dinero, en noviembre de 2012. Hoy, la fragmentación del chavismo hace que unos y otros bandos se recriminen por no haber adoptado entonces medidas contra los implicados, que formaban parte de los más altos círculos de poder. Tan altos que no tenían ningún empacho en exhibir su opulencia y dar propinas millonarias alrededor del mundo. Pero no se puede olvidar que entonces todos ellos formaban parte de la misma estructura, que usaba tanto a la Fiscalía de Luisa Ortega como a los tribunales para garantizar la impunidad.

Breves

El programa Clap: dominación
*En 2017 el Gobierno tuvo éxito en lograr la domesticación de sus adversarios. No solo aplacó las protestas que durante cuatro meses mantuvieron en jaque a la administración de Maduro, sino que contra todo pronóstico pudo instaurar una Asamblea Nacional Constituyente a su medida. La sustentabilidad de estas victorias está por verse, toda vez que la fortaleza del régimen en lo interno va en forma casi directamente proporcional a su fragilidad en el ámbito internacional, donde incluso tuvo dificultades para encontrar a un tercer país que lo acompañara en la aventura de República Dominicana. En 2018, el Gobierno intentará extender a los planos social y ciudadano la sumisión lograda en lo político. En ello será fundamental la manipulación del hambre y de las necesidades básicas de la población, a través del programa Clap y del Carnet de la Patria, que se consolida como un medio supletorio de identificación y de relacionamiento del individuo con el Estado. Por otra parte, se profundizará el compromiso de la institución militar con el régimen. En 2017, los integrantes de la Fuerza Armada demostraron que son capaces de las peores atrocidades (Padrino dixit) y, simultáneamente, de guardar el más profundo silencio ante la violación descarada de derechos fundamentales. La FAN sigue siendo una entidad fracturada, pero la ausencia de una conducción política alterna capaz de entablar nexos con los cuarteles impide capitalizar esta situación. Además, padece una corrupción medular, sistémica, que ya se traduce en el involucramiento cotidiano de sus cuadros bajos y medios en delitos comunes. Así que en 2018 veremos a los uniformados aplicar la misma represión que hubo este año contra manifestantes políticos, ahora contra la gente que reclama por hambre o por el incumplimiento de los deberes más básicos del Estado. A tal efecto, ya los comandos de zona de la Guardia Nacional actualizaron sus hipótesis de conflicto interno. No solo hicieron un arqueo de los principales factores que pueden perturbar el orden público, sino también de quiénes serían los actores, políticos y de la sociedad civil, que pueden contribuir a encauzar este descontento social. Así orientarán la violencia oficial de forma selectiva y más eficaz. El juego está cantado.


*El 27 de diciembre, el Gobierno optó por “picar adelante” al Observatorio Venezolano de la Violencia al divulgar, por medio del ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, unas cifras sobre criminalidad. Aunque se trata de números absolutamente maquillados, el hecho de que se haya suministrado algunas estadísticas constituye un avance pues da un punto de partida para la discusión. Esto amerita una consideración más prolongada que la permitida por este breve espacio. Así que por el momento solo se advertirá dos elementos que el ministro omitió: 1) las protestas antigubernamentales desarrolladas entre abril y julio definitivamente impactaron hacia la baja las cifras generales de criminalidad, desde los homicidios hasta los delitos contra la propiedad, y desde luego los secuestros. Los delincuentes tuvieron que desplazar sus áreas de operaciones durante esos días, y además contaron con menos oportunidades pues muchas calles estaban bloqueadas y la gente movilizada en un entorno donde la vía pública es en promedio el escenario del 70% de los delitos. Y 2) desde entonces, la ciudadanía perdió la poca confianza que podía tener en los cuerpos de seguridad. En algunos sectores, incluso, los uniformados son vistos con desprecio y profundo rechazo. Esta tendencia ya la advertía la encuesta mundial hecha por Gallup en 2016, según la cual solo el 14% de la población venezolana tiene algún grado de confianza en sus cuerpos policiales, es decir, que el 86% no confía en ellos, o lo hace en un grado mínimo. Y este sondeo se hizo antes de las protestas. La escasa o nula confianza en los cuerpos de seguridad tiene una consecuencia directa en la disposición de la gente para denunciar los delitos de los que ha sido víctima. Entonces, las estadísticas sobre criminalidad se encuentran cada día más divorciadas de la realidad.

*Uno de los delitos que no ha dejado de crecer en el país –y que el imaginario oficial no toma en cuenta- es la extorsión. Las bandas criminales que operan en Trujillo, por ejemplo, han crecido a punta de “vacuna” a los hacendados, como ocurrió antes en Guárico y el sur de Aragua. En el estado andino, los antisociales acuden periódicamente a las fincas para llevarse su parte de la producción. Una víctima relató al correo crimenessincastigo@gmail.com que recientemente tuvo que ocultarse cuando se percató de que los cuatreros llegaban a sus predios. Permaneció medio día en una zona boscosa cercana, hasta que no vio más movimientos. Entonces, volvió a la vivienda y el personal del hato le informó que habían secuestrado a dos empleados, y que él tendría que pagar el rescate. Esta es una de las razones por las que en Trujillo los robos, los homicidios y los secuestros crecieron este año, a pesar de los esfuerzos oficiales por desfigurar esta realidad.

*El 20 de diciembre, los ministerios de Relaciones Interiores y de Defensa emitieron una resolución conjunta para normar la implantación de los llamados “puntos de control” por parte de agentes de los cuerpos de seguridad. Se deroga así otra resolución emitida en mayo de 2006 durante la gestión de Jesse Chacón en el MRI. Hay varios aspectos interesantes. En primer lugar, la supervisión y coordinación de los puntos de control, tanto fijos como móviles, queda en manos de la Fuerza Armada, a través de los comandos de zona. Un paso más hacia la plena militarización de la seguridad ciudadana. Por otro lado, la nueva resolución está redactada en términos tan vagos que consolidará el desorden prevaleciente en la materia. La resolución derogada establecía pautas muy claras en cuanto a la configuración de los puntos de control. Por ejemplo, se exigía la instalación de conos y advertencias a 30 metros de distancia del sitio donde estaban los agentes. Esto rara vez se cumplió, pero ese era un problema de supervisión. Ahora, no existe una lista taxativa sobre lo que debe ser el equipamiento de los puntos de control, ni cuántos agentes deben estar en ellos, ni cómo deben advertir al ciudadano sobre su presencia, ni cómo será el protocolo de actuación de los agentes y de los transeúntes. En fin, más improvisación en un área ya bastante improvisada.

*Escribe una lectora al correo crimenessincatigo@gmail.com, para explicar un modus operandi en boga en torno a comercios de Valencia, en especial aquellos como farmacias y automercados, que requieren la presencia de las personas durante cierto tiempo

en los locales. Los antisociales ya conocen los “puntos ciegos” de los sistemas de videovigilancia, y aprovechan para hurtar lo que pueden de los vehículos que se estacionan en tales sectores sin ser detectados. En este caso, a la mujer le desaparecieron una laptop y varios objetos como por ejemplo botellas de refresco. En fin, todo lo que se puedan llevar. Mientras la víctima hacía el reclamo en la tienda (cuyos encargados no se responsabilizan por objetos dejados en los vehículos) llegó otra persona cuyo auto también fue abierto. Los hampones tienen sus “campaneros” o personas que detectan la entrada de posibles víctimas. Según el relato, son parejas con niños pequeños que se colocan en los accesos de los estacionamientos. Todo sucede con mucha rapidez. “De más está decir que es la segunda vez desde agosto que me roban el caucho de repuesto”, relató.

domingo, 17 de diciembre de 2017

Para entender los casos de Andorra (primera parte)

La Banca Privada de Andorra operó como un magneto para capitales de oscuros orígenes y lugares tan diversos como Rusia, China y, desde luego, Venezuela

@javiermayorca

En torno a la Banca Privada de Andorra se han desarrollado dos grandes averiguaciones por el supuesto delito de legitimación de capitales, que involucraban a personas de interés para el gobierno venezolano en el momento en que fueron iniciadas.
El primer caso se hizo del conocimiento público en junio de 2010, a propósito de la detención en el principado europeo del comisario general jubilado de la policía judicial Norman Puerta, cuando hacía intentos para desbloquear el equivalente a 855.000 dólares. Según el ex funcionario, este dinero era el producto de actividades ligadas a la ganadería, sumadas a las prestaciones sociales devengadas durante 27 años de trabajo en Cicpc, donde llegó a ser el jefe de la División Antidrogas y luego director de Criminalística.
Puerta declaró en varias oportunidades ante los órganos de investigación de la Bastilla de Andorra. Apenas trascendió el dato de su detención, el Ministerio Público por intermedio de la fiscal Yemina Marcano solicitó al principado la información que hubiese sobre este caso. Una táctica repetida: invocar acuerdos de cooperación, obtener información sobre pesquisas en el exterior, para luego no hacer nada.
Ya entonces la Fiscalía señalaba que junto a Puerta aparecían mencionados varios individuos. Uno de ellos, Miguel Djamous Kasale, ultimado en Los Chorros durante un intento de secuestro, un año antes.
Todos los demás eran descritos como propietarios o copropietarios de empresas de tapadera registradas en Panamá, que eran utilizadas para enviar fondos a cuentas de la BPA, a través de la sucursal que operaba en el país centroamericano.
A Puerta lo asociaron en ese momento con un empresario de la construcción con antecedentes por tráfico de drogas, Gabriel Gil Yánez, quien abrió su cuenta en 2006 en la oficina de representación de BPA en el Centro Ciudad Comercial Tamanaco utilizando un pasaporte diplomático, que lo acreditaba como un supuesto asesor del Ministerio de Finanzas.
En el mismo grupo, otro con antecedentes por drogas (confeso) era Tulio Hernández Fernández. Poseía un pasaporte diplomático con la misma función que Gil.
Estos documentos fueron consignados en la investigación que adelantaban las autoridades andorranas, y enviados a Venezuela en atención a la rogatoria hecha por la fiscal antidrogas venezolana.
Un magneto para capitales sucios
Pero las pesquisas fueron engavetadas. El Ministerio Público, bajo la égida de Luisa Ortega, solo llevó a cabo unas acciones espasmódicas cinco años después, cuando el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una decisión que impedía cualquier transacción con la BPA, bajo el argumento de que había servido como conducto para lavar fondos de los grupos de delincuencia organizada de China (Gao Ping), Rusia (Andrei Petrov) y de Venezuela (Diego Salazar, Nervis Villalobos y otros). Entonces, desempolvaron el expediente y se dieron cuenta de que podían emprender algunas acciones a la ligera, como para guardar las apariencias. Llamaron a declarar al comisario jubilado, y en ese mismo acto lo dejaron preso.
Días después aprehendieron en el aeropuerto de Maiquetía a Richard Cammarano, quien ya había denunciado la extorsión a la que era sometido supuestamente por funcionarios de Delincuencia Organizada de Cicpc, precisamente para no ponerlo tras las rejas.
Nada más pudieron hacer los fiscales, toda vez que los otros individuos señalados en el primer expediente de Andorra se habían esfumado.
En junio de este año, el juzgado 17 de juicio de Caracas condenó al comisario por el delito de enriquecimiento ilícito a cinco años y medio de prisión. Nada que ver con el lavado de dinero que inicialmente le atribuían.
Desde su prisión, el ex funcionario insiste en que fue la víctima de una conspiración para tapar un lavado de dinero de dimensiones mayores, aunque no precisa nombres ni fechas. Probablemente se refiera al segundo capítulo de esta historia. Fue ese, y no este, el que verdaderamente hizo doblar las campanas en el exterior. Y adentro del país activó todas las presiones posibles para que prevalecieran el silencio y la impunidad.

Breves

*El día de la publicación de esta columna (14 de diciembre) está pautada la imposición de sentencia a los sobrinos de la pareja presidencial Franqui Flores y Efraín Campo Flores, juzgados en Nueva York por conspiración para traficar 800 kilos de cocaína. La discusión en este caso no es si estos hombres quedarán en prisión, sino por cuánto tiempo. En favor de los culpables obra el hecho de que no poseen antecedentes penales en territorio estadounidense. Eran primerizos. Aunque en el curso de la investigación desarrollada por la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) se obtuvieron informaciones reveladoras de aparentes envíos anteriores de alijos a ese país y a Europa, en especial a Francia. Igualmente, hubo indicios de otros delitos muy graves. Para el actual esquema de prioridades en Estados Unidos, el más relevante sea quizá la asociación con elementos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la declaración hecha durante una de las conversaciones grabadas a Efraín Campo, según la cual él decía estar en “guerra” contra el país donde ahora está preso. Por otra parte, los representantes de la fiscalía de Manhattan han puesto de relevancia durante las últimas semanas la actitud de escaso arrepentimiento mostrada por Flores y Campo. Como si pensaran que los hilos del poder se moverían a última hora para favorecerlos. Son los gestos de quien se siente poderoso. A pesar de que los acusadores han solicitado pena de cadena perpetua, esto es poco probable. Las sentencias por este tipo de delitos suelen estar entre los quince y los veinticinco años tras las rejas. En un caso similar Dino Bouterse, hijo del presidente de Surinam Desi Bouterse, fue condenado en 2016 a 16 años de prisión, luego de admitir el mismo delito atribuido a Flores y a Campo. En este caso, como hubo juicio, la pena debe ser más elevada.

*Nota para la edición del blog (17 de diciembre): finalmente, el juez Paul Crotty impuso una pena de 18 años y medio de prisión para los sobrinos de la pareja presidencial, sin posibilidad de obtener libertad bajo palabra. Tal y como se adelantó aquí, el letrado indicó que la ausencia de antecedentes fue uno de los criterios para decidir este lapso tras las rejas. En algunos círculos esto ha sido interpretado como que los ahora condenados no podrán apelar de esta sentencia. Eso es una equivocación. En la justicia de EEUU todas estas decisiones son apelables, hasta que llegan a la Corte Suprema. Desde luego, el ejercicio de este derecho es potestad de los reos. Eso tendrá un costo para ellos y para el empresario petrolero Wilmer Ruperti, que reconoció ser el financista de la costosa defensa. En EEUU, además, los lapsos de prisión se han constituido en un serio problema financiero. Contrario a lo que sucede en Venezuela, donde los presos son tratados como ciudadanos de un inframundo, en ese país el Estado y las organizaciones de derechos humanos toman muy en serio las condiciones de sus detenidos, en todos los niveles de gobierno. Esto ha ocasionado un crecimiento de aproximadamente 30% en el gasto público hacia las prisiones durante la última década. Un estudio de la organización InsideGov, además, estableció que las cárceles federales de Nueva York son las más costosas, con un gasto anual por detenido de 60.076 dólares (más de 59 dólares diarios). Eso quiere decir que los dos años de Flores y Campo en el retén federal de Manhattan costaron en total más de 240.000 dólares. Ahora, los condenados irán a una penitenciaría de Florida, un estado donde el gasto anual por detenido no es de los más altos de la unión. De allí saldrán dentro de 16 años, toda vez que el tiempo de detención durante el juicio también se les computará como pena cumplida.

*Un reporte interno del Ministerio de Relaciones Interiores revela que durante los primeros nueve meses de 2017 fueron verificados 151 homicidios en los distintos centros de reclusión del país. De esta cifra, 68 muertes ocurrieron en internados judiciales, y el resto en retenes policiales. Este es un claro indicador de que la violencia carcelaria no ha disminuido, sino que una porción importante de ella se desplazó hacia instalaciones bajo la responsabilidad de policías municipales, estatales e incluso de cuerpos con jurisdicción nacional como la PNB. Esto es consecuencia directa del sistema de cupos aplicado por el Ministerio para Servicio Penitenciario desde la época de Maria Iris Varela, que tiende a represar en los cuerpos policiales a buena parte de los 105.000 privados de libertad que hay en Venezuela. Finalmente, llama la atención que la estadística gubernamental no tome en cuenta a los 37 fallecidos durante la masacre en el retén de Puerto Ayacucho, reportada el 18 de agosto. De ser así, la cifra real de ultimados en recintos carcelarios se elevaría a 188. En los casos registrados, el internado judicial más violento pareciera ser Tocorón. En el feudo de Niño Guerrero han perdido la vida por homicidio 24 detenidos entre los meses de enero a septiembre.

Aquí hallaron 71 kilos
*El lunes 4 de diciembre, el Ministerio Público anunció que imputaría al inspector jefe del Servicio Bolivariano de Inteligencia Daniel Villegas Herrera (División contra Terrorismo) y al técnico explosivista Daniel Orlando Santéliz por el tráfico de un alijo de cocaína de alta pureza, que eran llevado en vehículos rotulados con el logo del cuerpo de seguridad, en el kilómetro 25 de la carretera a Perijá. Este procedimiento lo llevó a cabo la Guardia Nacional el 1 de diciembre, y en su desarrollo murió otro funcionario de la policía política, Aigel Eduardo Barrios, cuando volcó uno de los vehículos en los que intentaban huir los agentes. Otros dos civiles fueron aprehendidos: Cesar Tulio Sinaje y César Sinaje Semprún. Las averiguaciones internas hablan de hechos de suma gravedad, que no podían ejecutarse sin el conocimiento de estratos superiores de la jerarquía en ese cuerpo, adscrito a la vicepresidencia de la República. Dos aspectos hablan por sí solos: los involucrados hasta ahora estaban adscritos a unidades distintas con sede en Caracas, y utilizaron vehículos orgánicos de la institución. Por otro lado, el hallazgo de la droga no fue producto de una casualidad. Según documentación disponible, ese viernes la Guardia Nacional manejaba información privilegiada sobre lo que iba a suceder, y buscó apoyo para la vigilancia de las carreteras en la Policía del Estado Zulia. Estos relatos indican además que el convoy con drogas, que salía de un fundo en el sector Santa Rosa, estaba conformado por tres vehículos rústico y no dos, como dijo la Fiscalía. Por cierto, en el primer pesaje del cargamento, que iba distribuido en los dos vehículos detenidos (uno escapó) había 530 panelas del alcaloide, para un peso de 588,4 kilos. Es de presumirse entonces que el alijo tenía un tamaño aún mayor. En el sitio del suceso se presentó el jefe de Estado Mayor del comando de zona de la GN número 11, coronel Hernán Rincón, quien luego notificó a la superioridad. A partir de allí, el caso quedó entubado para asegurar un control de daños. Ese mismo día, un poco después, ocurrió otro hecho significativo. En la hacienda El Carmen del sector Rio Abajo, fue reportado un prolongado enfrentamiento entre integrantes de grupos paramilitares y de la guerrilla, presumiblemente el Ejército de Liberación Nacional, que dejó como saldo cuatro muertos y un herido. Este hombre fue el único identificado de todos ellos. Era Leandro Gutiérrez, de 29 años de edad, impactado por proyectiles de fusil y esquirlas de granada. Las investigaciones determinaron que las primeras escaramuzas entre los dos bandos comenzaron el 30 de noviembre. Se desconoce si este suceso está ligado al hallazgo de la droga, pero llama la atención la coincidencia temporal entre este decomiso y la pequeña batalla.


*La extorsión ha llegado a niveles insospechados en el sur de Aragua. Una de las poblaciones más afectadas ha sido San Sebastián de los Reyes, especialmente en sectores como La Palomera y La Caridad, donde las bandas utilizan los servicios de motorizados para entregar teléfonos celulares a los comerciantes, a través de los cuales conducirán las negociaciones sobre los pagos de “vacuna”, o servicio de protección. Cuando se produce el primer contacto, los delincuentes parecen conocer hasta los más mínimos detalles de la vida íntima de los comerciantes. Esto, desde luego, los hace entrar en pánico y los obliga a guardar silencio. Estos procesos parecían restringidos al área de la frontera con Colombia, pero ya vemos que se han extendido hasta el centro del país.

En la búsqueda del cambuche
*El sábado 16 de diciembre se hizo del conocimiento público el hallazgo de los cadáveres casi putrefactos de Juvenal Bravo Sánchez y de su hermano Nolberto, así como también de Kelvin de Jesús Peña, alias Bombillo, y de una mujer que no había sido identificada para el momento de la redacción de esta entrega. Los restos de la fémina fueron hallados en estado de descomposición junto a los del líder de lo que fue una de las bandas más importantes en secuestros y extorsiones en todo el centro del país, en especial en el sur de Aragua y la troncal 13 que cruza Guárico. Se debe recordar que en 2015 las actividades de este grupo contra directores de empresas estatales chinas suscitaron una queja formal del gobierno de Pekín. A pesar de esto, Bravo logró eludir la persecución de los cuerpos de seguridad –gracias a un bien aceitado mecanismo de “alerta temprana”- pero no las intrigas suscitadas en su propio grupo delictivo. Su muerte, por lo tanto, no debe ser motivo de alivio sino más bien de preocupación, pues los remanentes de su organización comenzarán a disputar los espacios perdidos a manos de por lo menos otras dos bandas, cuyos líderes han sido plenamente identificados por los cuerpos de seguridad.


*Una lectora escribió al correo crimenessincastigo@gmail.com, para relatar lo que le ocurrió en la agencia del Banco Mercantil, centro comercial Líder, el viernes 15 de diciembre: a los beneficiarios de la pensión de los Seguros Sociales les pagaron en billetes de Bs 100 o menor denominación. En el caso conocido directamente, la persona no retiró los Bs 170.000 que le correspondían, sino solo Bs 50.000. Le dieron cinco paquetes de la referida denominación, cada uno agrupado con apretadas ligas, pero sin sello de papel. Desde luego, quienes están cobrando no se quedarán frente al cajero contando la plata, pues la cola es larga y hay presión para atender a todos los que están. Cuando la persona llega a su vivienda, se percata de que uno de los paquetes está incompleto: “Le faltaban Bs 2.700, imagínese eso mismo aplicado a todos los viejitos que estábamos allí”, indicó.


*Para comunicarse con el autor, puede escribir al correo electrónico crimenessincastigo@gmail.com, o llenar un formulario que aparece en el margen derecho del blog. A través de esta vía también puede transmitir las informaciones sobre sus vivencias con el hampa del país.

domingo, 3 de diciembre de 2017

Celada en La Campiña

Más que el resultado de una ardua investigación, lo de Citgo fue una emboscada. Ahora es que la realidad comenzará a salir a flote

@javiermayorca

El martes 21 de noviembre a las 9:30 am salió de la Dirección de Contrainteligencia Militar en Boleíta una comisión de cinco oficiales hacia la sede de Petróleos de Venezuela en La Campiña.
El grupo enviado por el jefe de la Dgcim, general de división (Ejército) Iván Hernández Dala, estaba encabezado por el jefe de Apoyo a la Investigación Penal y Criminalística, general de brigada (GN) Ramón Balza Liota, quien anteriormente se había desempeñado como agregado militar de ese componente en Cuba.
La presencia del alto oficial en este grupo evidenciaba de la importancia que el Gobierno daba a las acciones que serían emprendidas minutos después. Lo acompañaban el mayor Freddy Obregón y los tenientes Johann Goitia, Franklin García y Pedro Duque. La misión era ejecutar una orden tribunalicia.
Los militares interrumpieron una reunión que se desarrollaba en la sala B del complejo Simón Bolívar, en la planta baja de la torre Este de la estatal petrolera, donde seis representantes de Citgo intentaban explicar los planes para refinanciar la deuda externa de la corporación y así obtener “dinero fresco”.
El general Balza ordenó que los ejecutivos pasaran a la sala C, e inmediatamente procedió junto con los demás oficiales a despojarlos de todas sus pertenencias, sin testigos consignados en actas ni fiscal del Ministerio Público. Quedaron en custodia computadoras portátiles, unidades de memoria, teléfonos celulares y documentos de identificación. Allí estaban José Ángel Pereira, presidente de la filial inscrita en Delaware; Tomeu Vadell Recalde, vicepresidente de Operaciones de Refinación; Alirio José Zambrano, gerente general de la refinería Corpus Christi (una de las tres propiedad de la corporación); Jorge Toledo, vicepresidente de Suministro y Comercialización; Gustavo Cárdenas, vicepresidente de Relaciones con Accionistas, Gobierno y Asuntos Públicos, y José Luis Zambrano, vicepresidente de Servicios Compartidos.
Aunque el Fiscal General designado por la Asamblea Nacional Constituyente Tarek William Saab los describió como “altos directivos”, en realidad el único integrante de la Junta Directiva (board of directors) era Pereira. Los demás efectivamente son empleados de suma importancia para la empresa, pero no del grupo que podía comprometerla desde el punto de vista financiero.
Los otros integrantes de la Junta Directiva eran hasta la semana pasada Guillermo Blanco, Nelson Ferrer (director ejecutivo de la Faja Petrolífera del Orinoco), Ysmel Serrano (antiguo Secretario de Comercio del gobierno de Aragua durante la gestión de Tareck el Aissami, nombrado en febrero vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa) y Rick Esser (vicepresidente de Cumplimiento).
Aunque los detenidos son nacidos en Venezuela, por lo menos cuatro tenían ya nacionalidad estadounidense, a juzgar por los pasaportes que quedaron en manos de los militares: Vadell, Toledo, Cárdenas y Zambrano.

Investigación…desde la víspera

La "inteligencia", una carta de intención
Pereira y el resto de los representantes de Citgo fueron recluidos desde entonces en los calabozos de la Dgcim Boleíta. Solo salieron del sótano 1 para participar en la audiencia de presentación ante la juez tercera de control del Área Metropolitana Rosvelin Gil, quien como era de esperarse ratificó las detenciones por los supuestos delitos de peculado doloso propio, concierto de funcionario público con contratista, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
Al hablar de lavado de dinero y concierto para cometer delitos se podría pensar que la irrupción militar en Pdvsa La Campiña fue la coronación de una ardua y prolongada pesquisa.
En realidad, según fuentes ligadas a este caso, las diligencias llevadas a cabo hasta el momento de escribir esta columna tan solo ocupaban media resma de papel. El expediente comenzó a formarse el lunes 20 de noviembre, apenas un día antes de las detenciones, sobre la base de lo que William Saab denominó “información de inteligencia”. Estos datos no eran otra cosa más que los documentos del preacuerdo entre la junta directiva de la filial, encabezada por Pereira, y las corporaciones Frontier Group y Apollo Global, que en junio habían mostrado su disposición de lanzarse en una aventura de altísimo riesgo: aportar hasta cuatro millardos de dólares a una empresa en default, que desde agosto es afectada por una prohibición de financiamiento impuesta por el presidente estadounidense Donald Trump, como parte de las sanciones al gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
Durante la audiencia de presentación, Pereira argumentó en su defensa que el financiamiento –de haberse logrado- hubiese servido para fortalecer el llamado “proyecto Aruba”, cuya refinería según sus propios cálculos hubiese levantado la producción de crudo venezolano hasta 300.000 barriles diarios. Pero nada de eso se dio, pues hasta ahora no hay evidencia de que las negociaciones con Frontier y Apollo se hubiesen concretado con las formalidades de ley.
El martes dos abogados, Aníbal Ruiz y el exfiscal Víctor Pacheco Rojas, intentaban asumir la defensa de los detenidos. Ruiz se abstuvo de declarar con el argumento de que finalizaba un escrito de apelación. Mientras tanto, el fiscal designado por la ANC amenaza con nuevas detenciones. Pero ya el resto de los directivos de la filial están advertidos.

Breves

*Durante una reunión llevada a cabo recientemente en Perú, un representante de la Policía Federal de Brasil alertó que grupos delictivos altamente organizados como el Primer Comando de la Capital (PCC) estaban extendiendo sus operaciones al norte, ocupando territorios de manera compulsiva para desde allí tender puntos de avance que permitan a sus operadores acercarse a las riquezas del Arco Minero. Un experto en seguridad venezolano que participó en esta reunión indicó que los metales preciosos no son llevados directamente a Brasil, sino que son trasladados vía aérea a Guyana, donde luego de un tiempo supuestamente son trasladados a mercados europeos, sin indicar que fueron extraídos de suelo venezolano. Esto podría explicar el súbito crecimiento del parque aéreo en el estado Bolívar.

También los pusieron en Helicoide
*Luego de la evasión del alcalde metropolitano Antonio Ledezma, el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) colocó un cepo o tobillera electrónica al comisario general Iván Simonovis, quien purga condena en su lugar de residencial. Previamente, habían puesto un dispositivo similar al ex alcalde de Chacao Leopoldo López.  El uso de estos aparatos es de vieja data en países como Estados Unidos. Con el pasar de los años se han hecho más sofisticados. Actualmente están dotados con un equipo de posicionamiento satelital y un sensor, de manera que activarán una alarma si traspone ciertos límites previamente establecidos. Desde el Helicoide, sin embargo, han informado sobre la colocación de cepos a otros detenidos, que no están en sus viviendas sino en el propio retén de la policía política. Se trata del ex alcalde de San Cristóbal Daniel Ceballos y el comisario Otoniel Guevara. Adentro presumen que el propósito es justificar un “negocio millonario”.

*La expansión de la migración venezolana podría ocasionar lo que Federico Varesse ha descrito como el “trasplantado” de redes de delincuencia organizada. Las señales ya están allí, para quien quiera verlas: la semana pasada la Policía Federal de México “rescató” a diez venezolanas que supuestamente eran víctimas de explotación sexual. Las redes de prostitución en las que participan venezolanas ya son famosas en las islas del Caribe, en Colombia y Panamá, donde recientemente se produjo una acción similar a la reportada en México. Aunque algunos grupos pueden trabajar de manera independiente, en estos casos hay evidencia de una división de tareas en las que unas células realizan la captación de mujeres y hombres. Otras proveen los documentos y la logística, y finalmente otras reciben a los grupos en los países de tránsito o de destino, para luego distribuir a las personas según las necesidades del contratante. La “exportación” de venezolanos para trata sexual ya llega hasta China, tal y como lo evidenció un procedimiento aplicado hace dos semanas por la Guardia Nacional en el aeropuerto de Maiquetía.

*Canadá continuará aplicando sanciones contra oficialistas e importantes operadores del gobierno de Nicolás Maduro. En el caso de este país, el mayor interés es señalar a quienes habrían participado en violaciones continuadas a los Derechos Humanos. Los temas de drogas y corrupción están en un plano secundario. Al igual que las sanciones estadounidenses, la incorporación de algún nombre en la lista de Canadá no quiere decir necesariamente que esa persona tenga bienes o cuentas en ese país. Las investigaciones al respecto comienzan luego de la inclusión del funcionario.

*Ahora el Carnet de la Patria está siendo utilizado como requisito indispensable para las nuevas contrataciones y ascensos en la jerarquía de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM). Otros despachos están siguiendo esa misma línea: “Si la persona no tiene el carnet, no le dan el cargo”, indicó una fuente del organismo. La práctica no tiene asidero legal, y por ende no figura por escrito –hasta el momento- en ninguna circular o resolución interna. Pero su aplicación ha sido verificada luego de la instauración de la Asamblea Nacional Constituyente.

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domingo, 19 de noviembre de 2017

¿Una guerra civil?

La pregunta sobre si están dadas las condiciones para una conflagración interna en lo inmediato sigue gravitando en la opinión pública, a pesar de que la confrontación política de calle se ha desinflado

@javiermayorca

En la primera semana de agosto, el conocido diario The Telegraph de Londres se preguntaba si Venezuela estaba al borde de una guerra civil.
No había sido el primer medio internacional en plantear esa cuestión, ni sería el último. Uno piensa en guerras civiles y de inmediato vienen a la memoria las imágenes de matanzas terribles en Kosovo y países africanos como Ruanda y Somalia. Previamente, en Centroamérica, El Salvador y Nicaragua.
Si hacemos un ejercicio de abstracción, encontraremos que en todos estos países hubo por lo menos dos bandos en disputa armada por el control, parcial o total, de porciones de territorio, que a veces se extendían a toda la nación y otras a parcelas subnacionales que, como en el caso de los Balcanes, obedecían a esquemas fronterizos previos.
En el pasado reciente, por lo tanto, hemos visto el desarrollo de guerras civiles por razones étnicas, religiosas, políticas y por disputas nacionalistas, por citar algunas. Son tantas que resulta complicado establecer una definición sobre este tipo de conflicto. Gersovitz y Kriger, en un ensayo para la revista del Banco Mundial, aclararon que “no todos los países (con conflictos armados) van a compartir todas las dimensiones de la definición de la guerra civil”.
Más adelante, los investigadores establecieron que las guerras civiles son “conflictos violentos que ocurren adentro de un país, principalmente entre grupos grandes o numéricamente importantes de sus habitantes o ciudadanos por lograr el monopolio de la fuerza”.
Estos conflictos, además, tienen varias características:
            -Tienen organización política;
            -Son de larga escala, y
            -Son sostenidos en el tiempo.
La confrontación que se manifestó con una fuerza inusitada entre los meses de abril y julio, a lo largo de más de seis mil manifestaciones de distinta magnitud que dejaron un saldo de más de 135 muertos, fue lo suficientemente notoria como para que mucha gente pensara que el país estaba al borde de un conflicto armado interno.
Sin embargo, tal y como refirió Moisés Naim, para que se pueda pensar siquiera en una guerra civil es necesaria la existencia de por lo menos dos bandos convenientemente armados. Pero la asimetría entre las molotov, los escudos de cartón y los morteros improvisados, con respecto a los sistemas de última generación adquiridos en China por el Gobierno desde 2012, son una evidencia clara de que la posibilidad de una guerra civil era remota.
Otros datos son reveladores del desbalance:
            -Más del 90% de los muertos fueron manifestantes o personas que adversaban al Gobierno, víctimas de fuerzas policiales, militares o de colectivos armados;
            -La llamada “resistencia” no tenía un mando político. Es más, en algunos momentos parecía antipolítica, al punto que llegó a rechazar casi con la misma vehemencia tanto a los representantes del chavismo/madurismo como a ciertos voceros de la oposición;
            -Por último, todas las encuestas a las que se tuvo acceso en ese período revelaban que la mayoría de los manifestantes creía en una salida pacífica y electoral al conflicto político. Y esto eventualmente los llevó a deslindarse de los “guerreros de franela”. El Gobierno se dio cuenta rápidamente de esta división, y la explotó a conveniencia atacando los sectores blandos de la oposición, integrados por independientes que en algún momento simpatizaron con las manifestaciones, pero que luego dieron un paso atrás, al ser confrontados ante la posibilidad de sufrir altos costos por el hecho de expresar su descontento. Esto lo padecieron con especial crudeza los residentes de conjuntos en El Paraíso y La Candelaria.
En Venezuela, la progresión de los conflictos políticos fue estudiada en su momento por el general de división (retirado) Rafael Damiani, quien contribuyó a la elaboración de un manual de estudio para las escuelas de tropas de la Guardia Nacional.
Antes de la guerra, una escalada
Para Damiani, las guerras civiles son esencialmente el producto de una escalada de conflicto callejero que no es atajada a tiempo por las autoridades. Por lo tanto, hay indicadores sobre la aproximación de una guerra civil, entre ellos la repetición de actos terroristas y la extensión de actos vandálicos sobre largas porciones del territorio.
Por el contrario, el país ha presenciado desde agosto un conflicto político en descenso, por lo menos en su expresión callejera. Simultáneamente, la “paz” tan publicitada por la propaganda oficial es torpedeada por factores sociales y económicos de distinta índole: la parálisis del transporte público en Distrito Capital, Vargas y Zulia; los apagones en Zulia, Falcón, Bolívar y Miranda; la escasez de gasolina en todo el país; la carencia de efectivo y el colapso del sistema de pagos electrónicos; la destrucción de los servicios públicos, incluido el de telefonía; el hambre, la criminalidad en ascenso, la hiperinflación y las epidemias.
El Gobierno ha intentado manejar todos estos factores para cimentar su estrategia de dominación, para hacer de cada ciudadano un rehén. Esto pasa por romper cualquier nexo de solidaridad entre ellos, y por hacer que las lógicas de sobrevivencia sean para el venezolano más importantes que cualquier convencimiento en torno a la necesidad de un cambio político.
Una herramienta para la dominación
En esta línea de lograr un venezolano apaciguado, la implantación del Carnet de la Patria es de vital utilidad para el régimen. En la práctica, los disidentes verán restringidos sus derechos a la alimentación y a una vida saludable, así como sus hijos, quienes ni siquiera podrían vacunarse, si tomamos por cierto lo declarado recientemente por el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami.
Al mismo tiempo, se ha producido una concentración del poder armado en el Gobierno y sus aliados, léase colectivos y ciertas bandas criminales que han llegado a ejercer control territorial en estados como Aragua, Apure, Sucre y Zulia, desde luego con la anuencia de factores locales y nacionales. Las que planteaban algún tipo de insurgencia criminal fueron diezmadas o domeñadas, por ahora.
La iniciativa de desarme gubernamental ha sido clave en la generación de asimetrías. Este plan ha sido totalmente inútil en lo que respecta a la disminución del uso de armas de fuego en los homicidios (86% en Zulia, 88% en Carabobo y 85% en todo el país), pero ha tenido un efecto devastador en cuanto al logro de transferencias de fusiles, pistolas, granadas y munición, hacia las estructuras criminales. No en balde, el fenómeno de las megabandas surgió durante la puesta en marcha del referido plan.
Venezuela está más cerca de La Habana y Pyongyang que de Pristina.

Breves

*La Fuerza Armada instruyó a las unidades emplazadas en las regiones llanera y andina para que retomen el patrullaje en torno a las unidades productoras de carne, así como la vigilancia a los traslados de ganado, ya sea en pie o beneficiado. Las quejas de los productores han sido consistentes en cuanto a que la acción de bandas cada vez más organizadas les impide trabajar, lo que ocasiona escasez de productos cárnicos en los centros de distribución y de consumo. De igual forma, los militares han diagnosticado que en la frontera entre Apure y el departamento de Arauca colombiano hay líneas de distribución de ganado que aprovechan las diferencias de precios de carne entre uno y otro país. En Colombia, la cotización es tres y hasta cuatro veces superior que la establecida por el Gobierno desde Caracas. Una consecuencia inmediata de este contrabando ha sido un supuesto brote de fiebre aftosa más allá de la frontera.

*A propósito del trabajo central de la entrega anterior (Resistencia a la autoridad), una fuente ministerial me puso al tanto de la siguiente situación: cuando se suman las cifras de homicidios y muertes por supuestos enfrentamientos con agentes policiales y militares, las estadísticas de este año ya sobrepasan las de 2016 en seis estados del país. El caso más dramático es Apure, donde las cifras de 2017 rebasan en 45% las del período pasado. Esto se relaciona con la situación descrita en el breve anterior. Pero aquí no se puede perder de vista que Apure era la retaguardia activa del frente 1 de las FARC, cuyos miembros siempre fueron renuentes a entregar las armas, pues perderían el control de un territorio clave para el paso de la droga procesada en los llanos orientales colombianos, e incluso en la frontera sur. Ahora, de acuerdo con un representante de los ganaderos de ese estado, los antiguos guerrilleros se han incorporado a bandas de cuatreros y extorsionadores, y otros más organizados han inscrito cooperativas de seguridad para prestar servicio de vigilancia a los hacendados.

*Las regiones militares ya comenzaron los preparativos para la Operación República correspondiente a la elección de alcaldes, el próximo 10 de diciembre. La orden es transmitir a la comunidad internacional la sensación de total “normalidad”, es decir, impedir a toda costa cualquier manifestación o protesta callejera que pueda enturbiar la “paz” que intenta construir el Gobierno. Paradójicamente, esto pasa por la utilización –nuevamente- del aparato represivo militar, en combinación con los tribunales. La orden es clara: hay que detener a todo manifestante y ponerlo a las órdenes de los juzgados correspondientes.

*Los estados donde las curvas de homicidios de este año ya se cruzaron con las de 2016, además de Apure, son Barinas, Cojedes, Mérida, Yaracuy y Zulia. Hay además otras cinco entidades donde los totales de 2016 apenas son levemente mayores que los de este año. Son Aragua, Amazonas, Delta Amacuro, Falcón y Portuguesa. Pero se debe recordar que en Amazonas el Gobierno “desapareció” de sus estadísticas los 37 muertos a manos de policías y militares durante una irrupción en el retén policial de Puerto Ayacucho. Si esta masacre fuese tomada en cuenta, Amazonas estaría en el primer lote, y probablemente tendría la tasa de homicidios más elevada del país.

*Nuevas denuncias sobre la utilización de la droga escopolamina, mejor conocida como burundanga, para perpetrar asaltos a viviendas y personas. Las denuncias hasta ahora son en los estados Nueva Esparta y Distrito Capital, y refieren encuentros casuales en vías púbicas, generalmente alrededor de centros comerciales, en los que una persona llama la atención de su víctima solicitándole ayuda para levantar alguna bolsa, pues supuestamente tiene las manos ocupadas con un bebé. De acuerdo con los relatos, es entonces cuando la droga es suministrada, aparentemente mediante una aspersión que llega a las mucosas nasales y oculares. Se debe tomar en cuenta que la burundanga solo surte efecto cuando llega a alguna mucosa o cuando es administrada por vía oral, oculta en alguna bebida. Esto ocurre generalmente en bares. Pero no surte efecto por contacto con la piel.

*El fotógrafo Jesús Medina no fue secuestrado. Por más que él mismo, en medio del estrés postraumático y la confusión, lo calificara de esa forma. Este episodio no tiene nada que ver con las características del secuestro extorsivo. La desaparición por más de cuarenta horas del trabajador del portal Dolar Today tiene muchas semejanzas con los casos de la periodista Nairobi Pinto (hoy bajo protección del gobierno canadiense) y del general de brigada retirado Ramón Lozada (hoy preso en Contrainteligencia Militar de Boleíta). Las investigaciones sobre el caso de Medina comenzaron gracias al escándalo público en la División de Personas Desaparecidas de la policía judicial. Hasta allí fue a declarar la periodista y amiga de la víctima Mildred Manrique. Pero inexplicablemente el expediente fue enviado después a la División Antiextorsión y Secuestros. Aún así, a los dos días de la reaparición de Medina, los pesquisas de Cicpc ya tenían una noción bien formada sobre lo que había sucedido. La inacción de los días posteriores también se parece demasiado a lo que sucedió con el militar retirado y la comunicadora, hace tres años. Entonces y ahora la intención fue enviar un mensaje. A Medina lo dejaron vivo ex profeso para que lo diera a conocer. No lo mataron pues la orden era dejarlo con vida.


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domingo, 5 de noviembre de 2017

Resistencia a la autoridad

Cuando ya no quedan manzanas para seducir a la población, lo que viene es la represión sin freno. Las cifras sobre la “resistencia a la autoridad” lo confirman

@javiermayorca

En una de sus primeras intervenciones, el gobernador electo del estado Carabobo Rafael Lacava exigió a su tren de seguridad aplicar “mano dura” contra la delincuencia. Y fue más allá: habló de golpear a los hampones abajo, al medio y arriba. Todo esto mientras gesticulaba ante un militar impávido.
Nada de esto tiene que ver con el rescate de la institucionalidad mediante el ejercicio de las leyes, como sostenía el juez español Baltazar Garzón.
Ese discurso del mandatario electo sin duda alguna cae bien en todos los sectores de la población. Oficialistas y opositores, los más pudientes y los que menos tienen, religiosos y ateos… todos parecen unidos en un mismo clamor, que es la disminución de la criminalidad.
Incluso, pareciera no importar si en ese proceso se comete alguna injusticia. La gente común pareciera dispuesta a voltear la mirada ante los funcionarios encargados de llevar a la realidad esa exigencia de “mano dura”. En este plan también anda el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab.
Esto ha transformado a los cuerpos de seguridad en probablemente el segundo factor de violencia homicida en todo el país, quizá solo superados por las bandas que ellos dicen combatir.
¿De dónde sale esta conclusión? Hay que poner la vista en el resultado de los procedimientos por “resistencia a la autoridad”. Este es un delito muy interesante, puesto que los funcionarios de los cuerpos policiales son factores indispensables para que se concrete, ya sea porque fungen como agentes provocadores o realmente porque la contraparte se negó a acatar sus órdenes, los insultó o incluso los atacó.
Los datos en poder de la Fiscalía indican que en 2016 fueron reportados 6042 casos de resistencia a la autoridad. Un promedio mensual de 503 expedientes. En el curso de tales averiguaciones hubo 5.124 muertes a manos de policías. En 103 casos hubo cuatro muertos o más, de allí que puedan ser catalogados como “masacres”, según la definición del FBI.
De acuerdo con la misma fuente, durante los primeros nueve meses de 2017 hubo 5.085 casos de “resistencia a la autoridad”. El promedio mensual es 12,3% superior que el de 2016.
Entre enero y septiembre, los agentes policiales y los militares mataron a 4.149 personas. El promedio mensual es de 464 cadáveres, 8,6% más que los 427 muertos en promedio para los meses del año pasado.
Cuando ya no hay manzanas para ofrecer...
Esto tiene consecuencias que van mucho más allá del mero control a la delincuencia. Anteriormente, el Gobierno mantenía a la población apaciguada con las misiones, las becas sin trabajar, la vivienda regalada. En la medida en que escasearon los recursos, los programas megalíticos fueron diluyéndose hasta adoptar la forma de una cajita de alimentos. Y pronto eso no será suficiente.
No cabe duda de que Venezuela es una olla de presión a punto de estallar. Y uno de los factores retardantes de ese estallido son los cuerpos de seguridad, ahora transformados en unidades represivas. Durante las protestas de 2017, el régimen demostró que poco o nada le importa la legalidad si se trata de mantener el estatus. Ya eso fue decidido. Las estadísticas muestran a claras luces que el país entró en una nueva fase de violencia.

Breves

*La Asamblea Nacional Constituyente quiere decretar una amnistía a la medida de Nicolás Maduro. A tal efecto Delcy Rodríguez -al mismo tiempo presidenta de la ANC y de la comisión que estudia la materia- se ha reunido por lo menos en dos oportunidades con miembros del alto mando y generales activos. Hasta ahora, según se ha podido conocer, este no sería un perdón general pero sí abarcaría a oficiales, tropas e incluso algunos civiles que permanecen tras las rejas por haber sido implicados en alguna de las múltiples “conspiraciones” contra el régimen: que si el golpe azul, que si el Fénix, David y otros tantos. De esta forma, el Gobierno sería revestido con un nuevo barniz de legitimidad, disminuiría las fuertes tensiones que perduran en los cuarteles, e igualmente se atacaría el hacinamiento en los centros de reclusión militares, donde incluso han tenido que habilitar espacios anteriormente dedicados a los custodios para albergar a uniformados y civiles presos por razones políticas. En octubre, durante una alocución ante la Guardia Nacional, el titular de Defensa Vladimir Padrino, sentó posición al respecto: “Estamos listos para perdonar”.

*La descomposición de los cuerpos de seguridad no tiene freno. Conocemos algunas pinceladas cuando la sangre llega al río. En Cicpc, por ejemplo, destituyeron la semana pasada a un detective que cobraba por “limpiar” los expedientes de particulares en el Sistema de Información Policial (Siipol). En la Fuerza Armada, la Fiscalía Militar está alarmada por la gran cantidad de tropas involucradas en delitos. Cuando esta información era conocida, fue detenido en Cojedes un sargento primero de la Guardia Nacional que conducía una moto robada por él mismo. En la Policía Nacional Bolivariana ordenaron hacer un cruce de toda la nómina con las bases de datos sobre antecedentes penales, cosa que debían hacer antes de que los agentes entraran a las filas del cuerpo. De los 25.700 activos 587 tienen registros por delitos y 129 están solicitados por los tribunales. Hay, además, quince oficiales que ni siquiera están registrados en el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Y uno se pregunta cómo diablos fueron admitidos en el cuerpo “pionero” del nuevo modelo policial, si sus nombres no pueden ser verificados.

*Fuerte Tiuna se ha convertido en una guarida de delincuentes. Recientemente, un grupo de piratas de carreteras ocultó en ese sector un camión cargado con insumos para la fabricación de harina, luego de interceptarlo cuando entraba a Caracas por Tazón. Los hurtos de materiales de construcción y de partes de vehículos son frecuentes incluso en los estacionamientos de las unidades castrenses. La Policía Militar no se da abasto para controlar el hampa e intentar cumplir con sus funciones habituales, a pesar de que hace tiempo dejó de ser un regimiento para convertirse en una brigada, con mayor pie de fuerza. La última evidencia fue el enfrentamiento entre agentes de la División contra Robos de la policía judicial y el supuesto integrante de una banda de asaltantes en la avenida Fuerzas Armadas del complejo militar, el 23 de octubre. Los pesquisas determinaron que allí estaba un Mazda 3 año 2006 que había sido robado a una familia en Guaicoco, el 6 de julio de 2016. Luego de coordinar con la jefatura del fuerte, los agentes dieron con el vehículo frente al Regimiento de Apoyo Logístico 82 del Ejército. Allí se enfrentaron y mataron al conductor, identificado como Argenis Castillo Vergara, sobre quien pesaban tres solicitudes. La pistola Glock que portaba fue usada en un homicidio de este año. La banda del Argenito, como le decían a Castillo, tiene otros tres individuos plenamente identificados, que posiblemente viven o frecuentan Fuerte Tiuna. Esas son las cosas que ahora se ven en el centro del poder militar venezolano.

*La inseguridad en el Metro de Caracas va en ascenso. Según el nuevo director de Seguridad del municipio Chacao, comisario Luis Godoy, en esa jurisdicción las salidas del subterráneo entre Chacao y Altamira son puntos calientes de la delincuencia. Esto ha obligado a la policía municipal a establecer planes de acción combinada con la Policía Nacional, que tiene asignada la vigilancia en los espacios internos de ese sistema de transporte. Según Godoy, los individuos que arrebatan sus pertenencias a los usuarios que van saliendo o entrando utilizan los pasajes internos del Metro como vías de escape. Pero esto no sucede solamente en Chacao. Hay denuncias de hechos similares en estaciones muy concurridas como Plaza Venezuela y El Silencio. La PNB parece no darse abasto para afrontar este reto, y el Gobierno ha tenido que asignar como complemento a agentes de la División contra Robos de la policía judicial, lo que constituye una desviación de recursos de un cuerpo que no está diseñado para funciones preventivas. Para colmo, las instalaciones del sistema de transporte están siendo vandalizadas. El 26 de octubre a las 10 pm, por ejemplo, se reportó una falla eléctrica en la estación Mamera. Al rastrear el origen del desperfecto, los uniformados se percataron de que habían hurtado 15 metros de cable de cobre, conductor de alta tensión.

*El Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional (Conas) remitió a la comandancia general de ese componente una propuesta para la activación de una escuela nacional de formación, que supla con funcionarios especializados a la referida unidad. Desde una perspectiva netamente institucional, no habría ninguna objeción a esta iniciativa. El secuestro y la extorsión están en auge en el país, a pesar de lo que diga la propaganda oficial. Hay zonas de Guárico, Zulia, Barinas, Trujillo y Táchira que están bajo el control de bandas erigidas en mafias, y allí prácticamente han suplantado al Estado. Pero uno no puede perder de vista que el Conas ha sido fundamental en el ejercicio de la represión estatal contra todo tipo de disidencia política. Los elementos de esta unidad especializada han arremetido contra las viviendas de manifestantes, utilizando vehículos blindados; han saqueado inmuebles y han robado vehículos y transeúntes por la sola percepción de que se involucraban en manifestaciones antigubernamentales. Un instituto de formación del Conas, bajo tutela militar, podría constituirse entonces en un centro de formación de represores. En la situación actual no existe ninguna garantía de que las cosas serían de otra manera.

*El 26 de septiembre, la dirección de Actuación Procesal del Ministerio Público recibió una denuncia contra el abogado Felipe Hernández Trespalacios, fiscal 66 con competencia en protección a la Familia, Niña, Niño y Adolescente, según la cual el funcionario supuestamente desvió una pesquisa de un expediente iniciado en 2016 “para favorecer a una de las partes”. La denuncia formulada por un ingeniero de apellido Negretti se suma a señalamientos de otros afectados que se remontan al caso de la ex juez Maria Lourdes Afiuni, y más recientemente a quejas formuladas por su desempeño durante la pesquisa sobre supuestos abusos sexuales en el colegio Emil Friedman. En este caso, Hernández fue objetado no sólo por la defensa del principal acusado, sino también por representantes de las víctimas. Más recientemente, fue divulgado a través de un portal web un video en el que Hernández es increpado aparentemente por una compañera de trabajo: “Dame lo que me toca…”, le gritaba. En otro contexto, esto sería más que suficiente para una investigación interna.

domingo, 22 de octubre de 2017

El síndrome del cautivo

En Venezuela está en desarrollo desde hace años una operación de ingeniería social para hacer que cada uno de sus ciudadanos asuma la mentalidad de un rehén. El episodio de Estocolmo arroja algunas enseñanzas

@javiermayorca

En agosto de 1973 una pareja de asaltantes irrumpió en una agencia del banco Kreditbanken de Estocolmo, en Suecia, con la intención de perpetrar un asalto. En el proceso, las cosas se complicaron para los delincuentes, liderados por Jan Erik Olsson, quienes no pudieron huir y se confinaron en la caja fuerte de la entidad financiera con tres mujeres y un hombre.
La situación de rehenes se prolongó por seis días. En ese lapso, todas las partes desarrollaron una relación tan estrecha que los cautivos, especialmente las mujeres, negociaron con el primer ministro sueco Olof Palme para asegurar que se respetaría la integridad de los asaltantes.
24 años después, en agosto de 2017, una comerciante venezolana fue privada de su libertad en Caracas por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), sin orden de captura ni constancia de un delito flagrante. Simplemente porque a estos sujetos les parecía que ella estaba ligada de alguna forma al grupo que asaltó la 41 Brigada Blindada del Ejército, en el primer capítulo de la llamada Operación David.
Sol Zavala, al igual que los empleados del banco sueco, al principio estaba aterrorizada. No le dejaban contactar a un abogado ni la presentaban ante los tribunales. Para el mundo exterior, no existía.
La mujer estuvo en el Helicoide más de 45 días. Según la declaración que ofreció a El Nacional, en la medida en que pasaban las horas “optó por convivir con los agentes”: les preparaba café, les calentaba la comida e incluso limpiaba las instalaciones de las que no podía salir.
“Me sentía como un superhéroe, encargada de repartir amor”, recordó.
Ambos casos se encuadran en lo que los siquiatras Nils Bejerot y luego Frank Ochberg definieron como el Síndrome de Estocolmo. Se trata de un “fenómeno psicológico” en el que se desarrolla un nexo positivo entre el o los captores y sus secuestrados o rehenes.
Generalmente, se dan tres comportamientos: 1) las víctimas evidencian un sentimiento positivo hacia sus captores; 2) las víctimas muestran desconfianza y temor hacia lo que puedan hacer las autoridades, y 3) existe la posibilidad de que los captores también solidifiquen un sentimiento positivo hacia sus rehenes, una vez que comienzan a verlos como seres humanos.
Bastan seis días cautivo, o menos
El problema con el síndrome de Estocolmo es que tiende a generar condiciones que impiden o retardan la superación de la situación. Una de las partes, generalmente la víctima, tiende a comprender e incluso avalar las acciones y razonamientos de su captor, perdiendo de vista en el camino que se encuentra en ese trance por una actuación de fuerza.
El síndrome de Estocolmo, por ende, es consecuencia de un ejercicio criminal del poder, que en cierta forma termina siendo normalizado, y eventualmente amado por la víctima. Hay cautivos que desarrollan una dependencia tal de sus captores que hasta tienen relaciones sexuales con ellos. Recordemos por ejemplo el caso de Clara Rojas en Colombia.  
En el tiempo de cautiverio, todo lo que la víctima gana son concesiones que hace la contraparte: quizá puedas bañarte hoy; quizá puedas comer; si me da la gana te daré las píldoras que necesitas para vivir; posiblemente votarás… Pero siempre que lo hagas será cuando yo diga, en las condiciones que establezca.
A este respecto, llama la atención la respuesta de quien fuera gobernador de Lara, Henry Falcón, cuando el presidente estadounidense afirmó que no descartaba la “opción militar” para Venezuela: “¡Insolente, Trump! Este peo es nuestro. ¡Resuelve los tuyos, que son bastantes!”. Una expresión visceral, de quien ya internalizó la mentalidad del rehén y sale en defensa de su captor.
Esa misma condición llevó a los dirigentes partidistas a tomar las migajas que significaban la convocatoria a una elección de gobernadores, sin siquiera discutir si el proceso podría llevarse a cabo en forma justa. El captor, incluso, alteró sobre la marcha tales condiciones, y aún así las contrapartes continuaron en el juego, como buenos rehenes.
Pero el síndrome del cautivo no solo afecta a estos líderes. Ellos son si se quiere la fiel expresión de un proceso de ingeniería social que comenzó hace mucho tiempo con los ciudadanos de a pie, y que hoy los tiene más pendientes de hacer las colas del Clap que de buscar soluciones definitivas a sus padecimientos.
Venezuela se convirtió en una gran situación de rehenes.

Breves

Parte del grupo de detenidos
*El 10 de octubre, el presidente del Senado colombiano Efraín Cepeda exhortó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos para que presente ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y la Organización de Estados Americanos el caso de 61 naturales de ese país que permanecen detenidos desde septiembre de 2016 en celdas del centro de coordinación policial de La Yaguara, a cargo de la Policía Nacional Bolivariana, en lo que el parlamentario describió como “precarias condiciones humanitarias”. Los neogranadinos fueron aprehendidos durante redadas que se llevaron a cabo en el municipio Sucre, para darle sustento a un discurso oficialista según el cual la criminalidad en Venezuela, y especialmente en el Distrito Capital, era estimulada por el accionar de grupos paramilitares foráneos. Estas capturas fueron ejecutadas sin órdenes tribunalicias y sin flagrancia. Durante el año que ha transcurrido desde entonces, tres juzgados se han pronunciado para que estas personas sean liberadas, y aún así permanecen tras las rejas.

*¿Para qué sirve tanta parafernalia militar alrededor de las elecciones? ¿La Operación República tiene alguna utilidad en términos de seguridad ciudadana? Veamos. Durante una semana, el gobierno central asumió la conducción de las policías preventivas, regionales y municipales. El viernes 13 de octubre, se ordenó el acuartelamiento de los cuerpos uniformados, de manera que solo los militares estarían en las calles. Entonces, se supone que no solo velarían por el correcto desenvolvimiento de la jornada electoral, sino también intentarían un control a la delincuencia. Los resultados, sin embargo, indican todo lo contrario. En los lugares de Caracas donde se llevó a cabo el despliegue castrense, la delincuencia arreció. En el municipio Sucre, por ejemplo, los homicidios aumentaron 125% con respecto a la semana previa. Los hurtos de vehículos también se hicieron más frecuentes, aprovechando precisamente el momento en que la gente iba con sus autos o motos a emitir sufragio. En El Hatillo también hubo sustanciales incrementos en delitos contra la propiedad. Los robos de vehículos, por ejemplo, se dispararon 200%. Lo mismo que en Chacao. En cambio, en Libertador, donde no hubo despliegue de Fuerza Armada, los delitos desaceleraron un poco. La Operación República, además, fue el motivo de la pérdida de una semana completa de actividades académicas en los planteles donde se iba a votar. Algunas instalaciones fueron abandonadas de improviso por los militares, cuando el CNE ordenó las reubicaciones de centros. Desde luego, ese costo de clases perdidas ni siquiera fue mencionado por el Gobierno.

*Al conocerse los resultados de los comicios regionales, el Ejecutivo anunció las intervenciones de las policías de todos los estados donde había ganado la oposición (Zulia, Táchira, Mérida, Nueva Esparta y Anzoátegui). La resolución emitida por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz argumenta que los agentes de estos cuerpos participaron en forma “masiva y continuada” en la violación de Derechos Humanos, “en redes delictivas y actividades que atentan contra el orden constitucional”. Es la séptima medida de este tipo que es aplicada a una policía regional por el autodenominado “órgano rector” en materia de seguridad ciudadana. Como cosa curiosa, en todas las ocasiones han afectado a instituciones de estados donde gobierna o gobernaba la oposición. El carácter político de esta medida queda en evidencia cuando se analizan dos elementos: 1) la ausencia de motivación de las medidas impuestas el 21 de octubre, más allá de una mención genérica a las causales para una intervención de esta naturaleza, establecidas en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, sin atender al mandato legal de la progresividad en la toma de tales decisiones. Es decir, antes de la intervención debe haber constancia de que se hicieron asistencias técnicas a las policías correspondientes, o de la instrucción de expedientes donde se dejara clara constancia, por ejemplo, de la existencia de redes de delincuencia organizada; y 2) ante los cambios de gobernadores en Lara, Amazonas y Miranda ya el gobierno central se dispone a entregar los cuerpos policiales, que fueron sustraídos del mando de los gobernadores Falcón, Guarulla y Capriles. ¿Eso quiere decir, entonces, que bastaba con el cambio de los mandatarios para que desaparecieran las redes delictivas y la violación continuada de los derechos humanos? La intervención, además, implica que las direcciones de los cuerpos policiales regionales serán militarizadas, lo que va contra la letra de la norma. Y pensar que este ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, en una oportunidad exigió despolitizar el debate sobre seguridad…

*En la edición anterior se informó aquí que los secuestros en el municipio Páez del estado Miranda habían aumentado 130% si se comparan con el año pasado. Según el analista en seguridad Alberto Ray, en la mayoría de los casos conocidos los captores hacen solicitudes que pueden ir desde los cuatro mil dólares hasta los veinticinco mil dólares en promedio. La pregunta siguiente es: ¿cómo hacen las bandas de estos sectores apartados, boscosos y rurales para manejar los pagos que les hacen en moneda extranjera? Un policía veterano, especializado en negociaciones de secuestros, dio la respuesta: en Barlovento, y en especial en los alrededores de Rio Chico, hay comerciantes de origen italiano y árabe que estarían haciendo operaciones clandestinas de cambio de moneda para hacerse de los dólares y euros pagados por los familiares de las víctimas de secuestros. Con este servicio, comienza a completarse el círculo desde la actividad de delito organizado hasta la legitimación de capitales.

*Un extraño movimiento de tropas y jefes militares se llevó a cabo durante los días previos a las elecciones regionales, en los puestos del estado Apure fronterizos con el departamento de Arauca colombiano. Los jefes castrenses de la Guardia Nacional y de la Armada inspeccionaron las instalaciones, e incluso en algunas oportunidades llegaron a ordenar estados de alerta ante la posibilidad de un ataque perpetrado por guerrilleros, al estilo del que hubo en Cararabo, hace ya 24 años. Desde luego, se detectó que los soldados ni siquiera tienen la posibilidad de comunicarse a través de los teléfonos celulares, pues el hurto de equipos en aquellos confines aparentemente es muy intenso. Un coronel de la Guardia Nacional llegó al punto de prohibir abiertamente a las tropas cualquier comunicación con elementos de grupos irregulares, lo que confirma entre otras cosas que en esas zonas el control territorial no es ejercido por los militares sino por los subversivos.