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domingo, 15 de julio de 2018

Ascensos y descensos en la FAN


Luego del 5 de julio, queda claro que la llave Maduro-Padrino consolida su poder en la Fuerza Armada, o en lo que queda de ella, y mantiene la línea de reducción progresiva de la cúpula castrense

@javiermayorca

            Luego de los ascensos y de la recomposición del Alto Mando Militar, anunciada el 7 de julio, se pueden sacar algunas conclusiones provisionales sobre lo que acontece en la Fuerza Armada Nacional:

1)    Maduro se afinca en Vladimir Padrino para consolidar su poder. El general en jefe del Ejército es el oficial más antiguo en servicio dentro del Alto Mando. Es el único en situación de actividad egresado de la Academia Militar en 1984. Muchos lo ven como un elemento del Gobierno con el que todavía se puede negociar, a pesar de sus declaraciones públicas en las que se rasga las vestiduras por la “revolución”. Quizá esta sea la razón por la que el gobierno estadounidense todavía no lo haya sancionado, al tiempo que son frecuentes sus viajes a Rusia, donde se reúne con diversos integrantes del gabinete de Putin. Padrino ha sido ratificado en el ministerio de la Defensa durante cuatro años consecutivos. El ex titular de esa misma cartera, general de división retirado Fernando Ochoa, cree que de esta forma Maduro intenta estabilizar el entorno militar. El único precedente que encuentra en la historia nacional es el del general de división Ramón Florencio Gómez, que ejerció ese ministerio durante todo el gobierno de Raúl Leoni. En el exterior han ocurrido varias situaciones similares, pero la más cercana –por diversas razones- es la de Cuba durante la época de los hermanos Castro, donde la prolongación en el poder de las armas facilitó la formación de una “gerontocracia militar”.
2)    Cabello se desdibuja. Aunque nadie niega el poder del actual presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, es claro que Diosdado Cabello cada vez tiene menos ascendencia en los cuarteles. Esto no es casualidad. Desde 2017, Maduro y Padrino tomaban nota del ascenso de los oficiales graduados en 1987. Algunos de ellos, como el mayor general Carlos Martínez Stapulionis, llegaron a ejercer importantes cargos en las regiones de defensa operativa, a pesar de haberse graduado en la quinta decena de su promoción. Luego, fueron devorados por las intrigas y la burocracia. Sin embargo, era natural que algunos profesionales de armas graduados ese año se colaran en el Alto Mando. Y aquí viene otra de las conclusiones.
3)    El balance de las fuerzas. Luego de los últimos cambios, el Ejército tiene a tres integrantes en el Alto Mando (tomando en cuenta que José Ornela Ferreira es el jefe de Estado Mayor del Ceofanb), la Armada dos, al igual que la Aviación, y uno la Guardia Nacional. Al revisar los comandos de fuerza, los más antiguos son los del Ejército y la GN (los MG Jesús Suárez y Richard López, graduados en 1986), mientras que los de la Aviación y la Armada tienen un año menos de carrera, y por ende tienen menos ascendiente en la toma de decisiones. Estos son los que se graduaron con Cabello en 1987. En las regiones militares, el Ejército tiene cuatro oficiales (dos de la promoción 87), la Armada 2, la Aviación y la GN 1, respectivamente. El poder del Ejército en estos niveles es claro.
4)    Reducción de la cúpula. El 4 de julio, en un acto celebrado ex profeso en un recinto cerrado –para evitar sorpresas-, Maduro ascendió a 127 oficiales a los grados de generales de brigada y de división, así como sus equivalentes en la Armada. Posteriormente, elevó al grado de mayor general y almirante a otros ocho oficiales, entre ellos figura el actual director de la Contrainteligencia Militar y comandante de la Guardia de Honor Iván Hernández Dala. Son entonces 135 ascendidos a las distintas posiciones del generalato venezolano. Si se compara con los estándares seguidos en la época previa al chavismo, esta cifra puede parecer escandalosa. Durante el segundo gobierno de Caldera, por ejemplo, ascendían a general o almirante unos 40 militares anualmente. Pero este ha sido de hecho el año de la administración Maduro en que menos generales fueron ascendidos. Incluso, fueron menos que los beneficiados por Chávez entre 2010 y 2012. Antes de Chávez, los criterios para sumar o quitar oficiales de la cúpula castrense eran básicamente las necesidades de la institución y la disponibilidad de plazas, debido a los pases a retiro y a las promociones de oficiales a otros cargos o posiciones. A partir de 1999, con la nueva Constitución, se inició una era de autogobierno militar. Los ascensos partían y finalizaban en la FAN, sin que hubiese un control externo. Y ahora es muy difícil saber cuáles son los factores tomados en cuenta para ascender en un año a 229 oficiales para los grados de general y almirante, como fue en 2013, y en otro a menos de 130. A juzgar por lo declarado durante las últimas alocuciones, la lealtad al Comandante en Jefe ha sido una condición más importante, por ejemplo, que el debido cumplimiento de las tareas y la sujeción a las normas vigentes.

Fuente: FANB/elaboración propia


5)    Se prolonga la crisis en los cuarteles. Maduro busca a todo trance una estabilización en el mundo castrense. En esto va la manzana, representada en la triplicación de los ingresos mensuales para los profesionales de armas (en contraste con el trato recibido por enfermeras y educadores), así como la oferta de viviendas y vehículos, a precios de baratija y con créditos de BanFanB. Y en el otro lado va el garrote, encarnado en una Dgcim comandada por el recién ascendido Hernández Dala, cuyos funcionarios no tienen el menor reparo en decirle a los detenidos de cualquier grado y condición que la Constitución llega hasta la puerta de la instalación, y que adentro las leyes son las que ellos impongan. Pero el miedo prevalece sobre los beneficios, y en consecuencia la carrera de armas ha perdido atractivo y el aprecio de la sociedad. Las bajas en los componentes tradicionales son pedidas por miles, y esta situación no parece tener un correctivo inmediato. De allí la necesidad de acudir a la Milicia, tal y como se ha visto en los últimos ejercicios Independencia y Soberanía. Hasta ahora, en Boleíta han logrado desmantelar las dos conspiraciones detectadas en apenas tres meses, y tal parece que por el momento estos grupos han sido neutralizados. Pero eso no quiere decir que la crisis militar haya sido superada.
           
Breves

*El maquillaje de estadísticas sobre criminalidad en el Gobierno llega al punto en que ni siquiera toman en cuenta hechos tan públicos y notorios como la masacre de 68 detenidos en el retén de PoliCarabobo. Fuentes del ministerio de Relaciones Interiores indicaron que para el Ejecutivo en distintos los centros de detención del país han muerto 76 personas durante la primera mitad del año. Pero este saldo no incorpora los cadáveres que sacaron de las celdas de la referida policía regional, en marzo. Serían entonces 144 homicidios, en lugares que se supone custodiados por los cuerpos del Estado. Por cierto, lo mismo hicieron en 2017 con los fallecidos en el retén de Puerto Ayacucho, a manos de funcionarios gubernamentales. Luego de Carabobo, Anzoátegui es el estado en el que más detenidos han muerto entre enero y junio de este año, con 33. El lugar más peligroso es el retén de la Policía Nacional en el sector Tronconal de Barcelona, donde las riñas y ajustes de cuentas han ocasionado el fallecimiento de diez personas. En Aragua, Tocorón sigue siendo el sitio de reclusión más violento. Nueve personas han muerto allí en lo que va de año.

*El Gobierno evalúa la creación de un Cuerpo Nacional contra el Terrorismo. El punto de cuenta con el correspondiente decreto ya está listo para ser presentado al Presidente. El órgano estaría adscrito al Ministerio de Relaciones Interiores. Junto a este documento, también le presentarán a Maduro un Plan Nacional contra el Terrorismo 2018-2019. Hasta ahora, el análisis y la investigación de los casos relacionados con esta materia eran desarrollados por la división correspondiente de la policía judicial, o en su defecto por el Sebin. La institución de un cuerpo especial para investigar el terrorismo es llamativa si se toma en cuenta la fragilidad institucional del país y la tendencia mostrada hasta el momento por la Fiscalía y los órganos de instrucción penal en cuanto a calificar como terrorismo las iniciativas antigubernamentales de la oposición y de la sociedad civil, y no la exhibición de poder armado y las amenazas –abiertas y veladas- contra los opositores por parte de los grupos paramilitares que defienden al régimen.

*La policía judicial tiene adelantadas las pesquisas sobre el asesinato del activista político e ingeniero de sistemas Gabriel de Mendonça. El hombre de 33 años de edad salió a correr el sábado por La Lagunita y más nunca lo vieron con vida. Su cadáver fue encontrado el lunes en un matorral del sector El Encantado del mismo municipio, con cuatro heridas por proyectiles. Inicialmente, se pensó que había sido una víctima más de secuestro. Pero, de acuerdo con información conocida de fuente policial, durante una de las últimas comunicaciones telefónicas con su familia, admitió que tenía una deuda de 50 mil dólares, que no podía pagar. Lo que no se ha precisado es el origen de esa deuda, aunque para el momento de escribir esta nota una de las teorías se refería a negocios con moneda virtual. Entonces, no se ha descartado del todo la posibilidad de un plagio, pero también se evalúa si este homicidio fue producto de un sicariato.

El paso, un día de 2018 (Foto: M. Rendón)
*Los relatos sobre los obstáculos que deben superar las personas que salen del país vía San Antonio son asombrosos. Edgar explicó con toda crudeza las cosas que vio y las que tuvo que hacer para llegar a Cúcuta, donde tomaría un vuelo a Brasil. “Es algo para locos. A los taxis los paraban en la carretera cualquier alcabala de la Guardia Nacional o el Ejército, y bajaban a la gente. Nosotros pasábamos en un carro particular, y veíamos cómo les sacaban hasta el último trapito de la maleta, les quitaban la ropa, cualquier dólar que apareciera lo robaban. Luego, aparecían en San Antonio llorando, los chamos a los que les quitaron la plata (…) una tragedia. Luego, en la Plaza de las Dos Naciones, donde está el Saime (…) allí nos agarraron unos gestores. Había como tres mil personas en una cola, y nos cobraron 30 mil pesos para ponernos de primeros. De la mano del gestor, nos coleamos, y de repente llegaron funcionarios del Saime y del Ejército amenazando que nos iban a quitar el pasaporte, porque cómo era posible que nos coleáramos. Al parecer, los gestores no hicieron bien su trabajo y nos metieron en un zaperoco. Nos devolvieron al final de la cola, y eran miles de personas (…) Me encomendé a Dios. Me le pegué a un guardia y le dije que tenía la tensión muy baja, que ni voz tenía. Me sentía muy mal. Pregunté a quién tenía que pagarle para pasar al otro lado a ver a un médico. Le conté lo del gestor y los 30 mil pesos. El tipo decía que eso no era posible, dio media vuelta y se fue. A los diez minutos, cuando estaba a punto de colapsar, se me pegó un tipo y me dijo que tenía dos opciones: darle el pasaporte con 50 mil pesos y confiar en él, o quedarme ahí. Pensé que volvería con el guardia a decirle que me habían quitado el pasaporte. Resulta que el tipo había ido de parte del guardia. Se fue y a los cinco minutos salieron el guardia y el tipo, me dio media vuelta y me dijo que fuera a comprarle una malta, que me costó el equivalente a dos millones de bolívares. Yo me tomé una también. Allí me dio mi pasaporte, sellado (ríe). Sí (…) Pasamos para el lado colombiano y allí súper amables, siga no más, siga no más. El guardia echó el pitazo para que me pasaran. Llegamos a otra cola como de 500 personas, donde estaba la gente de Cáritas y médicos argentinos que me tomaron la tensión y me dieron agua. Eso sí, tuve que hacer mi cola. Y me sellaron mi pasaporte (…) Si no hubiese traído dólares no llego. Era el infierno. La GN repartiendo cachazos a los clandestinos que iban por el rio. Sientes que las autoridades del lado venezolano están ahí para robarte y violar tus derechos. Y las del lado colombiano para evitar que pases, y proteger su país”.

*El deterioro de la seguridad en la vía hacia oriente comienza poco después de Guarenas y se extiende, por lo menos, hasta Clarines. El fin de semana, tres funcionarios de cuerpos de seguridad padecieron en carne propia el accionar de las bandas. Dos de ellos fueron despojados a punta de pistola de sus vehículos cuando regresaban a sus viviendas. El tercero era un sargento segundo de la Guardia Nacional que murió mientras cumplía su turno en un punto de control en la Troncal 9, entre Araira y Cupo. Los antisociales, aparentemente, no esperaban la presencia del militar en plena vía, y la emprendieron a tiros contra él. En este contexto, el general retirado del Ejército Rafael Delgado relató que el fin de semana pudo ver cómo vías locales que pasan por El Guapo son cerradas en la noche para evitar que los conductores las transiten y sean víctimas del “hampa desbordada”. Más allá, entre Clarines y Puerto Píritu, está el área en la que más vehículos de carga han sido saqueados durante el primer trimestre de 2018, según lo afirmado por el presidente de la Asociación Civil de Transportistas de Carga Pesada, Jorge Hernández. Buena parte de esta situación es consecuencia directa del programa gubernamental de las zonas de paz, que fortaleció a las bandas criminales en tales sectores.

*Tres veces han detenido en 2018 a la estudiante de medicina Ariana Granadillo. Según el director del Foro Penal, Alfredo Romero, todo es consecuencia del parentesco que ella guarda con el coronel retirado de la Guardia Nacional Oswaldo García Palomo. Romero explicó que en virtud de esa relación ella residió durante un tiempo en la vivienda del oficial en Carrizal, mientras adelantaba sus estudios en Caracas. Granadillo fue capturada por Cicpc en Táchira y traída a la capital, para su presentación ante el juzgado segundo militar, donde se ventila la causa por la conspiración conocida como Armagedón, en la que también han implicado a la principal dirigente de Vente Venezuela Maria Corina Machado. Luego de pasar varios días detenida, Granadillo recibió una medida cautelar. Según Romero, para el 9 de julio estaban tras las rejas 80 personas ligadas a supuestas conspiraciones castrenses. El abogado afirmó que en las últimas semanas ha disminuido el número de detenidos por razones de conciencia. Pero indicó que ese puede ser el prólogo a una nueva ola de represión selectiva, en la que saldrán afectados dirigentes políticos, militares y periodistas.


domingo, 1 de julio de 2018

¿Qué está pasando con los secuestros?

-Mientras el Gobierno asegura que el secuestro ha sido controlado, las bandas de plagiarios se desplazan y aprovechan la ausencia de los cuerpos de seguridad en zonas periféricas

@javiermayorca

El fin de semana, las redes sociales dieron cuenta del video en el que un automóvil rojo compacto fue interceptado por una camioneta plateada, en una calle estrecha de Sebucán. A pesar de las condiciones aparentemente desfavorables, el conductor del primer vehículo pudo retroceder con la suficiente rapidez como para eludir la acción de los sujetos que habían descendido del rústico, armas en mano, con la aparente intención de secuestrarlo, robarle el vehículo, o ambas cosas.
Posteriormente, la información procesada en cuerpos policiales daba cuenta de que otra persona había sido plagiada por los ocupantes de una camioneta similar a la que fue grabada por una cámara de vigilancia en la referida urbanización del municipio Sucre, el sábado poco después de las 9 am.
Este caso no figura en las estadísticas oficiales.
En febrero, una banda se llevó a una mujer cuando salía de una misa en un templo evangélico ubicado en la carretera Panamericana, cerca de Los Teques. En una fe de vida enviada por los captores, a la víctima la golpean con la cacha de una pistola hasta hacerle sangrar la cabeza, mientras ella solicitaba a sus familiares que pagaran la cantidad en dólares exigida para el rescate, con una voz ahogada por el llanto.
Cámaras captan los secuestros
Este caso tampoco figura en las estadísticas oficiales.
En la primera semana de abril, un grupo que opera en Araure se llevó al contratista de origen colombiano Germán Vargas Rivera, de 58 años de edad. En este caso han actuado tanto agentes de la policía judicial como del Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional. Los familiares de la víctima, desesperados, solicitaron este mes la intervención del gobierno colombiano.
Este ingeniero es una de las ocho personas que, según datos en poder del propio Gobierno, permanecen en cautiverio desde 2017.
Sin embargo, según el propio ministerio de Relaciones Interiores, durante este año no han ocurrido secuestros en el estado Portuguesa.
Mientras se hacían los preparativos para esta columna, el Ministerio Público informó sobre la detención de cinco policías de Valencia por extorsionar y posteriormente secuestrar a un comerciante en Los Guayos. La víctima fue plagiada en marzo, cuando llevaba un cargamento de arroz por la autopista Regional del Centro. Por su liberación, los agentes exigieron el pago de 50 mil dólares.
Según el Gobierno, en Carabobo solo han ocurrido dos secuestros este año, y ninguno en Los Guayos.
El Ejecutivo sostiene que el secuestro en Venezuela es ahora menos frecuente que en 2017. Es posible que así sea. Pero cuando se revisa caso a caso lo reportado por los medios en distintas partes del país, y cuando se conversa con las víctimas y sus allegados, nos damos cuenta de una realidad que omite el discurso oficial.
Por una parte, es claro que los cuerpos de seguridad solo conocen una fracción de la totalidad de los casos. “La decisión de ir o no a las policías siempre la toman la víctima y sus familiares. A veces, el problema no es decidir si se hace la denuncia, sino cuándo se hace. Pero cuando ya pasó la situación, la gente generalmente se abstiene”, explicó un experto en negociación de secuestros.
A esto se suma una creciente desconfianza en los cuerpos de seguridad. La percepción de que los policías y los militares están involucrados en privaciones de libertad con fines económicos se reforzó a partir de las denuncias hechas durante las protestas de 2014 y 2017. En ambos lapsos, se pudo conocer relatos de manifestantes que fueron detenidos, y liberados horas después luego de cancelar dinero a los funcionarios que participaron en los procedimientos. Estos episodios ocurrieron en ciudades como Valencia, Barquisimeto y Caracas, y desde luego nunca fueron denunciados formalmente. Algo de esa desconfianza perdura.
Las estadísticas muestran una realidad deformada a conveniencia del que las manipula. Un informe al que se tuvo acceso para elaborar esta columna muestra, por ejemplo, cómo el secuestro se mantuvo durante 2017 casi con el mismo ritmo que tuvo en 2016, si tomamos en cuenta el número de víctimas. Para ser más precisos, la diferencia entre un año y otro fue de apenas 4,3%. Sin embargo, desde el Gobierno solo se destaca el número de expedientes iniciados, lo que da una merma de 32%. Y no se advierte a la colectividad que las bandas de secuestradores no tienen el menor reparo en privar de libertad a grupos familiares completos, tal y como sucedió hace dos meses con una señora, su hija y su nieto, mientras transitaban por la Troncal 9 vía oriente. Un caso, tres víctimas.
Por otra parte, el secuestro está solapándose con los asaltos a las viviendas y con los robos de vehículos. Esto lo saben bien los residentes de urbanizaciones en el norte de Valencia y en Carrizal. “Se meten a las casas, y cuando están allí deciden si se llevan secuestrado a alguno de los ocupantes”, relató el sobrino de una víctima que reside en Colinas de Carrizal.
A menudo, los afectados directamente o sus parientes denuncian solo el robo del vehículo, a pesar de que han pasado por horas o días en cautiverio. Esto simplemente para evitar males mayores, como por ejemplo el hallazgo de su auto, camioneta o pistola en el sitio de suceso de otro delito.
Existe en la actualidad un proceso de dispersión de los secuestros. Las bandas que actúan en las ciudades han ampliado su radio de acción, afectando también a los pobladores de zonas periféricas o semiurbanas. En Miranda, por ejemplo, durante 2017 el municipio Páez solo fue superado por Sucre, Chacao y Baruta en número de denuncias por este delito. Actualmente, está a la par de Baruta, en el segundo lugar. En Aragua, la mayoría de los casos de 2018 no ha sido en Maracay, sino en Turmero y la Colonia Tovar. Los secuestradores se dieron cuenta de que los cuerpos de seguridad concentran su accionar casi con exclusividad en las grandes urbes y solo a determinadas horas.
El secuestro, sin duda, está mutando. Ahora, los casos exprés son excepcionales. Las bandas aplican tácticas aprendidas durante la moda del secuestro breve, pero están dispuestas a prolongar los lapsos de cautiverio, si ven que eso les representará una mayor ganancia.
Finalmente, en Táchira y Zulia han reportado casos de secuestros internacionales o transfronterizos, en los que la víctima es capturada en Venezuela y llevada a Colombia. Se trata de situaciones excepcionales, por ahora.

Breves

Uno de los detenidos
*El 12 de junio, el ministro de Relaciones Interiores, mayor general Néstor Reverol, anunció la captura de dos hombres de nacionalidad mexicana, tras el hallazgo de una avioneta identificada con siglas falsas estadounidenses N3995W, que aterrizó de emergencia en la finca Mis Amores, municipio Baralt del estado Zulia. Curiosamente, el funcionario nunca aportó los nombres de los aprehendidos por este caso. Gracias a los pasaportes que llevaban se pudo conocer que se trata de Héctor Jabes Rincón Torres, copiloto de 32 años de edad, y Andrés Vargas Flores, piloto de 40 años. El primero de Xalapa y el otro de Mérida (Yucatán). Ambos están actualmente en manos de autoridades militares zulianas. Habían despegado de tierras aztecas en una Beechcraft 90 y se cree que luego de cargar drogas volarían hasta algún país centroamericano, probablemente Costa Rica, que en la actualidad es uno de los destinos preferidos por los carteles mexicanos. Pero los aviadores no llegaron a la cita. Aunque las autoridades venezolanas asociaron a Rincón y a Vargas directamente con el cartel de Sinaloa (organización liderada por Juan José Esparragoza, alias el Azul, luego de la recaptura de Joaquín el Chapo Guzmán), fuentes mexicanas indicaron que actualmente los pilotos operan de manera independiente, como si fuesen contratistas externos, a cambio de un pago por cada viaje. Un trabajo publicado por el diario El Tiempo de Bogotá precisó que durante todo 2017 fueron detectados 177 vuelos sospechosos que iban o venían por cielo venezolano. La Fuerza Aérea Colombiana se blindó mediante la incorporación de 62 expertos en la detección de estas aeronaves, y ahora los pilotos de la droga están usando con mayor frecuencia las rutas que pasan por Venezuela, rumbo al Caribe. En menos de seis meses se han detectado 200 vuelos ilegales, más de uno en promedio diario, por el espacio aéreo nacional.

*La victoria de Iván Duque en las pasadas elecciones colombianas traerá diversas consecuencias en materia de seguridad para Venezuela. Una de ellas será la intensificación de las actividades de las bandas derivadas de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que poseen una especie de santuario en el estado Amazonas. Esto no es nuevo. No se olvide que el Boyaco José María Corredor (enlace entre las FARC y los brokers nacionales como Walid Makled) fingía ser un venezolano nacido en esa región del país, con el nombre de Andrés Yanave. Y por allí pasaba buena parte de la cocaína elaborada bajo la tutela de los líderes de los bloques Sur y Oriental del grupo guerrillero. Ahora, con Duque en el poder, se espera una mayor presión policial y militar sobre estas rutas. Las alternativas para ellos son desplazarse al estado Bolívar para incorporarse a la explotación del Arco Minero (cosa que ya han comenzado a hacer), o reagruparse utilizando la “marca” de la antigua organización subversiva, o usando otra. El problema con el Arco Minero, indican fuentes, es que la relación entre el trabajo y la ganancia no les satisface. Según el ex gobernador de Amazonas Liborio Guarulla, en ese estado llegaron a permanecer unos cuatro mil guerrilleros colombianos.

*La historia del último complot contra el presidente Maduro da para todo. En la medida en que ocurren las detenciones se conocen nuevos ingredientes del supuesto plan, bautizado por la Contrainteligencia Militar como Armagedón, una referencia al pasaje bíblico del Apocalipsis, sobre “la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso”, en la que ocurrían terremotos y tsunamis, además de “un enorme granizo”. Para darle alguna consistencia a esto, los investigadores militares supuestamente advirtieron al Gobierno que una parte de la conspiración consistía en la toma de un cazabombardero Sukhoi 30, emplazado en la base Luis del Valle García de Barcelona, que luego de atacar Miraflores u otro objetivo de importancia huiría hacia la isla de Aruba. Más allá de esto, las aprehensiones han continuado con la estudiante de medicina Arianna Granadillo, de 21 años de edad, quien al momento de la redacción de esta nota no había sido presentada aún ante el juzgado segundo militar en Caracas. En cambio, el capitán de navío Luis Humberto de la Sotta Quiroga, quien hasta mayo fue segundo comandante de la Brigada de Comandos del Mar con sede en Turiamo, sí fue impuesto de los cargos por instigación a la rebelión y traición a la patria. En el acto estuvo asesorado por un abogado asignado de oficio. Las detenciones probablemente continuarán, pues la Dgcim ha convencido al Gobierno de que Armagedón contaba con la participación de por lo menos siete unidades operativas de la Fuerza Armada: tres de la Guardia Nacional, dos del Ejército, una de la Aviación y la restante de la Armada. Hasta ahora, salvo dos generales sin tropas, la Guardia Nacional no ha sido tocada. En el sector policial, según la Dgcim, este complot contaba con el apoyo de la Brigada de Acciones Especiales de Cicpc.

*Una comisión de investigaciones contra el terrorismo intenta identificar a los autores de la voladura del busto de Ernesto Ché Guevara en la avenida Bolívar. El explosivo de fabricación artesanal fue detonado el 21 de junio a las 9 pm, de tal forma que solo ocasionó la destrucción de la estatua, sin que hubiese personas lesionadas. Un día antes, en Carabobo, también fue destruida a golpes la estatua en homenaje al padre José María Rivolta, fundador de Hogares Crea. Se podría pensar que ambos hechos son aislados, que no guardan relación. Sin embargo, llama la atención la escogencia de ambos objetivos, y lo que ellos puedan representar en el plano simbólico: uno como ícono de la iglesia católica, y el otro de las revoluciones en Latinoamérica, exaltadas por el oficialismo. Mientras tanto fue reforzada momentáneamente la vigilancia a las estatuas de Hugo Chávez en diversas partes del país. En Margarita, por ejemplo, militares velan por el monumento día y noche. En marzo, una turba intentó quemar la erigida en Sabaneta de Barinas. Según el Foro Penal, por este hecho fueron detenidas cuatro personas.

*La escasez de dinero efectivo no impide a los funcionarios de cuerpos de seguridad continuar con sus extorsiones. Ahora, utilizan los diversos medios electrónicos para llevar a cabo transferencias, generalmente a favor de terceros que operan como cómplices. El 28 de junio, cuatro efectivos de la Guardia Nacional emplazados en el mercado Los Centauros de San Fernando de Apure fueron detenidos luego de procesarse la denuncia sobre el robo de una motocicleta a un civil. La víctima fue despojada de su teléfono celular, y desde allí fue contactada casi de inmediato para que hiciera una transferencia de 200 millones de bolívares, utilizando para ello una tableta suministrada por los propios uniformados. En Caracas, un hombre que había comprado diversos artículos de  charcutería al mayor fue detenido en El Calvario por los oficiales de un punto de control de la Policía Nacional, y lo obligaron a pagar diez millones de bolívares utilizando el punto de venta de una frutería ubicada en las adyacencias, cuyo encargado del momento también participaba del esquema delictivo. En el último caso, la divulgación de un audio a través de las redes sociales dio pie para una averiguación por parte de la Inspectoría de la PNB.

domingo, 17 de junio de 2018

El país más inseguro


-Los resultados de la última encuesta mundial Gallup sobre Ley y Orden echan por tierra la catarata de propaganda gubernamental y ponen en evidencia la realidad de una nación acogotada por el hampa y la desconfianza hacia sus cuerpos policiales

@javiermaayorca

Hace dos semanas, unos guardias nacionales emplazados en el terminal internacional del aeropuerto de Maiquetía se quedaron con 20 dólares pertenecientes a una mujer que viajaba para México. Los militares hallaron el billete durante la revisión a un bolso que ella portaba. Percibieron que la víctima se iba definitivamente del país, y que por ende no denunciaría el “impuesto” con el que los sargentos estaban llenando sus bolsillos.
Días antes, un joven estudiante de medicina que caminaba a las 6:30 am entre la Universidad Central de Venezuela y el Metro se percató de que lo seguían. Aceleró el paso para entrar al subterráneo, pero cuando descendía por la escalera sintió cómo lo herían por la espalda con un objeto cortante, presumiblemente el pico de una botella que rompieron mientras se desarrollaba la persecución.
¿Cuáles son las coincidencias entre esta viajera venezolana y el estudiante? En primer lugar, ambas personas fueron victimizadas en su propio país. Una, por militares uniformados y en servicio. El otro, por delincuentes callejeros. Pero ambos fueron objeto reciente de acciones delictuales. En segundo lugar, ninguno de ellos acudió a los cuerpos de seguridad para formular la denuncia correspondiente. Para las policías, estos hechos, simplemente, no ocurrieron.
Esta podría ser una de las razones que explicarían una gran disparidad: mientras el común de los ciudadanos percibe que la delincuencia está en permanente crecimiento, desde el Gobierno el ministro de Relaciones Interiores y el director de la policía judicial aseguran que el delito ha disminuido. Incluso, el ministro Reverol se atrevió recientemente a culpar a los medios independientes por el sentimiento de inseguridad que padecen los venezolanos.
Este debate parecía zanjado desde 2010, cuando se conocieron (gracias a una filtración desde el propio Ejecutivo) los resultados de una encuesta nacional de victimización y percepción de la seguridad ciudadana, en la que más del 90% de los 20.000 entrevistados atribuyó la inseguridad a lo que viven cerca del lugar de residencia, y no a lo que reportan o dejan de reportar los medios.
Pero han pasado más de ocho años desde entonces, y el Gobierno -como sabemos- juega al olvido. La pregunta clave continúa sobre la mesa: ¿esta creciente inseguridad obedece a una situación objetiva?
Ahora, la respuesta viene de una afamada encuestadora internacional. En la primera semana de junio, Gallup Inc. dio a conocer los resultados de su último estudio mundial sobre Ley y Orden. Al igual que en las ediciones anteriores, el sondeo consistió en cuatro preguntas, formuladas a 148.000 personas en 142 países. Las dos primeras miden aspectos netamente subjetivos (confianza en las policías y el sentimiento de seguridad al caminar en las calles de noche). Las otras dos, la victimización, tanto la sufrida en forma directa como la que pudieron padecer los miembros del círculo familiar más próximo durante los últimos doce meses.


Los territorios en blanco, entre ellos Venezuela, tienen la mayor inseguridad del planeta


En el caso venezolano, 42% de los encuestados declaró haber sido víctima de un robo o un hurto de sus propiedades durante el último año. En la encuesta anterior, el resultado fue de 38%. Esto ubica a Venezuela en el cuarto lugar del planeta en cuanto a la victimización de los ciudadanos en delitos contra la propiedad. Los primeros tres países son Sudán del Sur (50%), Uganda (49%) y Afganistán (46%). Entonces, un creciente número de ciudadanos del país reconoce que el hampa se ha apoderado de sus pertenencias o de las de su círculo familiar. Más de cuatro personas de cada diez. De continuar a este ritmo, en apenas dos años y medio todos los venezolanos habremos sido víctima de algún delito contra la propiedad, y algunos, incluso más de una vez.

Pero el Gobierno insiste en que la criminalidad está en baja. Lo dicen ahora, como lo dijeron en 2017. Algunos funcionarios, incluso, han mostrado porcentajes. En diciembre pasado, por ejemplo, Reverol sostuvo que la delincuencia había mermado 20,9% en promedio, y que los robos disminuyeron 18,7% con respecto a 2016. En ese mismo lapso, la encuesta Gallup refleja un 10% de incremento.
Como se puede colegir a propósito de los ejemplos citados al inicio, ocurre que Venezuela en la actualidad tiene unos cuerpos de seguridad que andan a ciegas. No conocen todos los delitos, y tampoco quieren conocerlos. Según el estudio mundial, Venezuela fue por segundo año consecutivo el país cuyos ciudadanos expresaron los menores niveles de confianza en sus cuerpos de seguridad. Solo el 24%. En otros términos, el 76% de los habitantes del país confía poco o nada en las policías y en los militares. Este sentimiento se traduce en hechos concretos, pues rara vez la gente va a informar que ha sido víctima de un hecho delictivo. Menos aún si es un guardia nacional quien se queda con los dólares, o si el secuestro lo cometen oficiales de la Policía Nacional Bolivariana.
El otro punto que se debe considerar como base para esta desconfianza tiene que ver con el alineamiento ideológico de los cuerpos de seguridad nacionales. Ya lo decía el criminólogo Luis Gerardo Gabaldón, miembro de la extinta Conarepol: una policía no puede declararse socialista, bolivariana ni revolucionaria, puesto que al hacerlo está marginando automáticamente a la porción del país que no comulga con tales caracterizaciones. Y en este caso, hablamos de la gran mayoría de los venezolanos.
Alta victimización y una desconfianza mayor aún hacia los cuerpos policiales: la mezcla que hace de Venezuela hoy día el país más inseguro.
Retomar la confianza en los cuerpos de seguridad no será una tarea fácil. Mucho menos si los jerarcas de tales instituciones se declaran “revolucionarios”, antes que fieles cumplidores de la ley.

Breves
*En la medida en que avanzan las excarcelaciones de presos políticos o de conciencia, comienzan a conocerse las circunstancias en las que se produjo el motín en el retén del Sebin Helicoide, el 16 de mayo. Desde meses atrás, varios activistas recluidos allí evaluaban la posibilidad de hacer una toma de estos calabozos, para llamar la atención del país y el mundo en torno a las condiciones de hacinamiento y opresión a las que los tenían sometidos. Las injusticias llegaban al punto en que allí permanecían por lo menos tres detenidos sin orden judicial –“secuestrados”, indicaron las fuentes-, y otros que estaban allí a pesar de que los tribunales habían ordenado liberarlos. Sin embargo, no se había logrado el consenso que permitiera reunir las suficientes fuerzas. Además, era una incógnita la actitud que asumirían los presos comunes, que representaban el mayor porcentaje de la población reclusa. Había dos líderes en este grupo. Por una parte, estaban Walid Makled y sus hermanos, los cuales gozaban de un trato preferencial por la jerarquía de la policía política, y en especial del jefe de Investigaciones, comisario Carlos Calderón, lo que le permitía a este clan disponer de una amplia celda y gozar de visitas a cualquier hora. El turco Makled es, si se quiere, un detenido excepcional. Por otra parte, entre los llamados “población” el mandamás era Carlos García Martínez, alias Tintín, procesado por el asesinato del diputado Robert Serra. Este sería uno de los personajes fundamentales en la toma del retén. Pero el detonante estaba en otro lugar: el calabozo de Gregory Sanabria. El estudiante de ingeniería de la UNET y activista de Voluntad Popular tenía una rencilla con un inspector que formaba parte de uno de los tres grupos de régimen interno en el Sebin Helicoide. El origen del conflicto era el hurto de pertenencias de Sanabria. El funcionario, sin embargo, evitaba cualquier roce directo con el activista. Pero, en víspera del motín, supuestamente, dejó abiertas las rejas para permitir que un grupo de detenidos en las celdas llamadas Gamma accedieran al sector donde se encontraba Sanabria, y le propinaran una golpiza, de la que salió con una fisura craneal y rotura del tabique nasal, además de contusiones múltiples. Los demás presos políticos interpretaron esto como un mensaje de lo que les podría ocurrir, e iniciaron el alzamiento. La primera resistencia la encontraron en los presos comunes, que entendían que iban contra ellos en represalia por lo hecho contra Sanabria. Hubo golpes entre ambos bandos, pero gracias al liderazgo ejercido por Villca Fernández y Daniel Ceballos fue posible mitigar las tensiones. Así consta en los videos que fueron transmitidos desde Helicoide por Joshua el Gringo Holt, y que luego eran reproducidos en el exterior por medios independientes e influenciadores. Al unificar voluntades, los presos se hicieron fuertes en el retén. Alias Tintin designó los gariteros para detectar cualquier movimiento de las fuerzas del Sebin y de la PNB. Y así fueron mantenidos a raya. Hasta que el Gobierno, por intermedio de Iris Varela y su segundo a bordo en Servicio Penitenciario, Wilmer Apostol, obtuvo permiso de los prames de Tocorón y de Tocuyito para que les enviaran a los presos comunes. Esto se logró mediante conversaciones telefónicas con los líderes de ambos internados. Al sacar del Helicoide a más del 70% de la población reclusa, los detenidos por razones de conciencia temieron lo peor. Pero ya para ese momento se había instalado una comisión del Ministerio Público, cuyos fiscales por primera vez en años pudieron acceder al feudo de González López y Calderón.

No salía sin "pasajes en mano"
*La excarcelación e inmediata salida del país del detenido por razones de conciencia Villca Fernández hacen pensar en la existencia de una nueva forma de sanción, como es el destierro. Esta figura no existe en la legislación penal venezolana. Pero se sabe que durante los últimos meses se han ejecutado desde el poder muchas acciones que no están previstas en las normas vigentes. Este es el relato que el propio activista dio, una vez asentado en Lima: “El miércoles hubo un acto en la Casa Amarilla en el que seis presos del Sebin fueron liberados. Yo iba en ese lote. Me tomaron fotos para la salida. Pero luego del examen médico me devolvieron. Me quedé vestido y alborotado (…) Me decía que otra vez quedaría preso, y así lo asumí. Volví al aislamiento en mi celda, debido al conflicto que planteamos el 16 de mayo (…) Luego, dos comisarios encargados del área de Control (retén), Goicoechea y Salazar, me dijeron que me quedara quieto, que debía firmar ‘algunos compromisos’, como ocurrió con (Daniel) Ceballos, Gabo (Vallés) y Renzo (Prieto). Los cuervos (funcionarios-informantes) ya me habían adelantado que el tribunal 24 de control había emitido una boleta de excarcelación, pero con restricciones. Luego, los mismos cuervos me dijeron que el gobernador de Mérida (Ramón Guevara) me buscaría el jueves en la mañana, pues me mandarían en un vuelo a Mérida. Ya eso no me gustaba, pues no era una libertad. Pero me quedé callado. A la 1 pm del jueves, calculo yo, aparecieron los comisarios, y me dijeron: ‘Te vas ya’. Yo les dije que me bañaría, que esperaran cinco minutos. Ellos llevaban un papel, y me dijeron que firmara rápido y pusiera mis huellas. No me permitieron leerlo. Firmé tres hojas. Me dijeron que no recogiera mucho, pues me iba en avión, así que dejé muchas de mis pertenencias a otros reclusos. Luego llegó una comisión diplomática. Yo pregunté para qué, que dónde estaba el gobernador. Allí les dije que me estaban expulsando. Me quitaron el grillete electrónico, y me dijeron que ‘de una’ me montara en una camioneta del Sebin con personal vestido de civil. Mientras me llevaban a Maiquetía, decían: ‘Vamos bajando con el objetivo’. Ahí confirmé que me estaban desterrando del país. Al llegar al aeropuerto me dijeron que ignorara a las personas que conociera. En el área de chequeo hubo un problema. Allí estaban una comisión del Consulado de Perú, el abogado Alonso Medina, mi papá y el gobernador de Mérida. El Consulado me pidió la cédula, y les dije que no me habían dado nada. El comisario del Sebin alias Gato le dijo al diplomático que no la tenía. Es raro, pues hace quince días hubo un operativo de cedulación de presos en el Sebin. Allí vi lo que me hicieron firmar: era un salvoconducto para salir del país. El Consulado de Perú lo había llevado en la mañana al Helicoide y no los dejaron pasar. Al final, me hicieron el chequeo. Pude hablar dos minutos con mi hija (al recordar esto, lloró). No dejaron tomar fotos. Pero ellos lo grabaron todo en video. Allí me enteré que papá viajaba conmigo, pues Amnistía Internacional le había pagado el pasaje. Pero yo no pude pasar con papá. El Sebin me encerró en su oficina del aeropuerto hasta las 6 pm, cuando ya habían embarcado todos en el avión. Salimos en vuelo de Copa a Panamá. El gobierno peruano pagó mis pasajes. Era una condición exigida por el gobierno venezolano. ‘Pasajes en mano’, le dijo Delcy Rodríguez a mi papá. Eso demuestra el destierro”.

*Un peligroso cuadro de impunidad se está configurando en torno al mentado plan Ubica tu casa, cuya existencia no ha sido desmentida por el Ejecutivo, a pesar de las solicitudes que al respecto ha formulado la Cámara Inmobiliaria. En primer lugar, hay comandos de zona de la Guardia Nacional que se han negado a afrontar este delito en el interior del país, con el argumento de que no disponen de una orden judicial. Y son muy pocos los jueces del país que actualmente tienen el coraje de ordenar el desalojo de una vivienda invadida, pues perciben que eso va contra la línea del Gobierno. En esta misma onda se inscribió recientemente el director de la policía judicial, comisario Douglas Rico, quien ordenó que bajo ninguna circunstancia los agentes de ese cuerpo podían participar en desalojos. El argumento es que Cicpc es una policía de investigación, cuyos recursos no pueden ser distraídos en estas actividades, que formalmente competen a cuerpos preventivos. Pero esa explicación no es convincente. La policía judicial, de hecho, destina importantes recursos a otras tareas que sí corresponden a policías estatales o municipales, e incluso a la PNB, como por ejemplo la vigilancia de mercados populares o el patrullaje en determinadas zonas de la capital, para lo cual han dispuesto a grupos de agentes de las divisiones contra Robos y de la brigada contra Bandas, por citar algunas. La invasión de propiedades es, además, un delito en el que las condiciones de flagrancia son evidentes. Por ende, cualquier cuerpo de seguridad tendría la potestad y la obligación de reprimirla y de reponer la legalidad cuanto antes.  Esto, desde luego, lo saben el director de Cicpc y los comandantes de la Guardia Nacional.

*En el Gobierno aún no toman una decisión con respecto a los funcionarios policiales y militares que no votaron en las presidenciales del 20 de mayo. Parece que los niveles de abstención en tales instituciones rebasaron cualquier cálculo previo. En las policías y los componentes castrenses elaboraron informes con los grados, números de cédula y nombres de los efectivos que no ejercieron este derecho. Por ejemplo, en la dirección de custodia diplomática de la Policía Nacional se abstuvo el 50% del pie de fuerza. En la región Los Llanos identificaron a 77 uniformados que no acudieron a las urnas. Todo apuntaba a que harían una nueva lista Tascón. Los informes se inscriben dentro de lo que llamaron Sistema de Seguimiento del Derecho al Voto. Pero hasta el momento no se ha notificado qué sucederá. Una fuente consultada indicó que, debido a la magnitud de la abstención, es poco probable que haya una purga masiva en lo inmediato. Pero sí se tomaría esta información como un factor para decidir, por ejemplo, los ascensos y las promociones a los puestos de mayor importancia en las instituciones. De manera que los abstencionistas quedarían rezagados y, hasta cierto punto, serían execrados.

*Otra institución que afronta serios problemas para el mantenimiento de sus contingentes es la Fuerza Armada. En el estado Apure, por ejemplo, son los ganaderos los que pagan -generalmente en especias- la comida de los militares que custodiarán sus predios. De lo contrario, quedarán a merced de los guerrilleros y miembros de bandas criminales. Pero esto no solo ocurre en lugares apartados del país. La primera semana de junio, la gerencia de una conocida beneficiadora de pollos en el municipio Plaza del estado Miranda recibió una solicitud escrita de la Guardia Nacional en el sentido de que les donen veinte pollos “para el consumo diario del personal militar”. El oficio firmado por un mayor del componente no explica si la mercancía debería entregarse diariamente o como aporte único. Todo esto habla de un deterioro acelerado a lo interno de la FAN, lo que desde luego ocasiona que los jóvenes ya no vean la carrera militar como una vía para asegurar su futuro. El déficit en el pie de fuerza de la FAN ha obligado al Gobierno a aplicar tácticas inusuales para la captación de personal. En la última semana de mayo, por ejemplo, enviaron un mensaje de texto a todos los suscriptores de un servicio de telefonía celular para exhortar a la gente a alistarse “en la unidad militar más cercana”, si tienen hasta 30 años de edad.

*El comandante de la unidad de Inteligencia Antidrogas 44 de la Guardia Nacional, mayor Jorge González Hernández, solicitó mediante comunicación escrita al aeropuerto Metropolitano de los Valles del Tuy los nombres de todos los propietarios de aeronaves, los modelos, matrículas y estado de cada uno de los aparatos que utilizan ese terminal aéreo. Incluso, solicitó que le fuesen remitidas fotos “con la finalidad de facilitar los controles de seguridad antidrogas, enmarcados en el Plan Nacional Antidrogas”. Esta solicitud fue remitida el 6 de junio, e implica una nueva remisión de información, tal y como se hizo en noviembre de 2014, con motivo de la operación Cielo Soberano.

domingo, 3 de junio de 2018

Un extraño complot


-En la última andanada de detenciones, Contrainteligencia Militar está metiendo en una misma conspiración a un grupo heterogéneo que va desde un traumatólogo de origen colombiano hasta el general Tomate

@javiermayorca

Y llegó la nueva conspiración militar contra Maduro. Tenía que suceder. Y si no existía, había que fabricarla. A juzgar por las detenciones e interrogatorios en masa que se adelantan en los cuarteles, la Contrainteligencia Militar huele que algo grande se cocina, pero todavía no tiene en sus manos todos los ingredientes.
Las detenciones comenzaron el jueves 17 de mayo, cuando ya estaba en desarrollo la fase electoral de la Operación República para la elección presidencial. Y continuaron durante todo el fin de semana. Hubo un primer grupo, conformado por siete efectivos de la Armada y dos de la Aviación, casi todos pertenecientes a unidades élite emplazadas, respectivamente, en Turiamo y Maracay. Fueron trasladados a Caracas, interrogados en Boleíta y presentados entre el lunes 21 y el martes 22 de mayo en los tribunales de Fuerte Tiuna.
En esta primera camada destacan los capitanes de corbeta Luis Cunes (oficial técnico, paracaidista) y Carlos Macsotay Rauseo, jefe de uno de los regimientos de la Brigada de Comandos del Mar. Este oficial egresó de la Escuela Naval en 2001. Inicialmente, se informó de manera extraoficial sobre la detención del segundo comandante de la unidad, el capitán de navío Luis Humberto de la Sotta Quiroga. Pero el oficial aún no ha sido presentado en los tribunales militares.
Simultáneamente fueron privados de libertad el comandante del Grupo 20 de Operaciones Especiales de la Aviación, con sede en la base Libertador de Maracay, teniente coronel Ruperto Molina, y el coronel Juan Pablo Saavedra, un especialista en derecho mercantil asimilado a la fuerza castrense.
La investigación parecía apuntar hacia una supuesta conspiración de efectivos de fuerzas especiales de por lo menos dos componentes armados emplazados en el centro del país, donde se encuentra precisamente el corazón de la FAN, por razones históricas y operativas.
Las cosas, sin embargo, comenzaron a enrarecerse con la detención de dos civiles, a quienes ligan a este supuesto complot. En San Antonio del Táchira los de la Dgcim se llevaron al comerciante Carlos Andrés Mora, y en El Hatillo al traumatólogo de origen colombiano José Alberto Marulanda.
La abogada del Foro Penal y defensora de ambos civiles, Maria Fernanda Torres, dijo que hasta el momento desconoce cuáles fueron los elementos evaluados para meter en el mismo saco a un médico ligado al ámbito universitario en Caracas y a un comerciante tachirense. Indicó que el único documento al que ha tenido acceso desde que se constituyó en apoderada judicial es la notificación sobre las imputaciones por traición a la patria e instigación a la rebelión. Esta ha sido una práctica recurrente: en las primeras de cambio, el expediente de la investigación por la que resultan detenidos tanto civiles como militares es dosificado, de manera que no se puede tener una noción real sobre el alcance de las pesquisas ni la solidez de los delitos atribuidos.

Mezuca y el general Tomate

Las cifras sobre las detenciones practicadas durante los últimos días varían desde cuarenta personas hasta doscientas. Pero en el caso del último complot contra Maduro solo han sido presentados ante los juzgados en Fuerte Tiuna dieciocho militares y dos civiles.
El 22 de mayo la Dgcim protagonizó un controversial procedimiento en el municipio Sucre, que dejó un saldo de un muerto y por lo menos dos personas heridas. Se investigaba una supuesta sustracción de fusiles. Uno de los sargentos, plaza del Destacamento de Seguridad Urbana (Desur-Sucre), fue detenido luego de una persecución desde Mezuca, donde cumplía funciones. Se trata de Jorge Luis Morillo Fernández, quien supuestamente se resistió al arresto junto al también sargento Edgar Andrés García Florida.
Pero estos no fueron los mismos efectivos de tropa presentados por la supuesta conspiración de las fuerzas especiales (Alonso Ojeda, Blanco Rondón y Peña Quintana) e imputados también por incitación al motín. El asunto se complica todavía más cuando se involucra a un general de división y uno de brigada de la Guardia Nacional. Son, respectivamente, Pedro Naranjo Suárez y Nelson José Morales Guitián. El primero fue comandante de la División Aérea de la GN, y desde octubre se desempeñaba como Director de Apoyo al Desarrollo Nacional de la referida fuerza. Morales, en cambio, se dio a conocer en 2017 por haberse negado a enviar tropas para reprimir a manifestantes en Carabobo. Desde entonces, fue removido del comando de zona y lo depositaron en la jefatura de Productos Agrícolas Tomate, Pimentón, Cebolla, Papa y Ají. Al titular de ese cargo se le conoce en la FAN como el general Tomate. Naranjo y Morales, por lo tanto, eran una parte más de la creciente burocracia militar, y carecían de mando sobre tropas.
Como se ve, estos veinte detenidos forman un grupo heterogéneo en el que resulta muy complicado encontrar un hilo conductor. Esto hace pensar que las detenciones continuarán, especialmente en el seno de la institución militar.
Si la conspiración cuyo liderazgo fue atribuido en marzo al comandante del batallón Ayala Igbert Marín era protagonizada por un grupo de importantes jefes del Ejército, esta de mayo más bien parece un menestrón, donde todo cabe.
Oficiales juran lealtad por escrito
Una nota final: si tendemos la mirada hacia los complots contra Maduro, reales o ficticios, nos daremos cuenta que los primeros fueron encabezados por oficiales aislados o retirados, usualmente generales que no hacían otra cosa sino rumiar su descontento hacia el Gobierno. Eran, además, de la Guardia Nacional (golpe Fénix) y en menor medida de la Aviación (golpe Azul). Ahora, esto ha cambiado. Los últimos son de unidades operativas del Ejército y la Armada, con importante poder de fuego y movilidad. Fueron, además, oficiales formados plenamente durante el gobierno de Hugo Chávez. Algo que se sale de todo cálculo. Acaso sea por eso que ahora el presidente reelecto se empeña en que los militares le juren lealtad. Jurar lo obvio resulta, cuando menos, sospechoso.

Breves

*La reyerta en el retén del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), sede Helicoide, el miércoles 16 de mayo, tuvo más de una consecuencia. En primer lugar, comenzó un desalojo de la mayoría de los presos comunes, acumulados allí durante años en condiciones infrahumanas, de acuerdo con un informe presentado en 2017 por la organización Una Ventana para la Libertad. Para el momento de la redacción de estas líneas, se informó que en esos calabozos quedaban aproximadamente 50 personas. En 2017, la población reclusa llegó a rondar los 340. En segundo lugar, se generaron condiciones que permitieron constatar otras irregularidades, más allá del evidente hacinamiento, como por ejemplo, la permanencia de cuatro menores de edad y de otras personas que seguían en poder de la policía política, a pesar de que los tribunales habían emitido órdenes de excarcelación, así como otras que estaban recluidas sin órdenes de aprehensión, es decir, en una privación ilegítima de su libertad. Una comisión designada a regañadientes por el Tribunal Supremo de Justicia y el Ministerio Público evaluó los casos de los detenidos en Helicoide, con la finalidad de otorgarles la libertad mediante un acto especial de la Asamblea Nacional Constituyente. Esta situación ya había sido evaluada en 2017 por la presidenta de esa entidad, Delcy Rodríguez, pues entonces la idea era incorporar a un grupo de militares –tanto activos como retirados- que no se encuentran en el Helicoide. Todavía no está claro cuál será la figura jurídica a la que acudirá el régimen, ni si será aceptada por los beneficiarios, en virtud de lo que eso implicaría un reconocimiento tácito a un poder cuya legitimidad está cuestionada, tanto en el país como en el extranjero.

Gabriel Vallés, recibido por su mamá
*El viernes 1 de junio –un día después de la divulgación del breve anterior en Runrunes y Tal Cual- se produjo la liberación de un primer grupo de detenidos en Helicoide. El hecho dejó una sensación agridulce, pues de acuerdo con las cuentas del Foro Penal (certificadas por la OEA) de los 37 beneficiarios solo 17 podían ser catalogados como presos de conciencia. El caso más grotesco fue el de Angelis Gibelli Quiroz, gerente del concesionario La Venezolana, detenida en abril de 2015 por una estafa a 6400 personas, mediante la venta por adelantado de vehículos. Este caso fue una de las averiguaciones de mayor importancia para el Ministerio Público durante ese año. El informe anual presentado por Luisa Ortega Díaz en febrero de 2016 indica que Gibelli Quiroz fue acusada por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y estafa continuada. Junto a otro de los implicados, John Quiroz, se prohibió su salida del país y fueron confiscados sus bienes y cuentas. Su expediente para nada entraba en la categoría de lo político. Pero ahora, obtuvo un beneficio por iniciativa del Presidente reelecto. “Ellos siempre intentan sacar a los suyos”, afirmó al respecto el abogado del Foro Penal Gonzalo Himiob. Lo cierto es que se ha constatado una disminución provisoria de la población reclusa en el retén del Helicoide. Para el momento de redactar este breve, se hacían los preparativos para la excarcelación de un nuevo grupo. Pero los agentes de la Policía de Chacao, cuya libertad ha sido ordenada por un juzgado, todavía están tras las rejas. “El Estado tendrá que resarcir esos daños físicos y morales causados en el Sebin y en otros centros de reclusión, con los que han estado de acuerdo los poderes Ejecutivo, Judicial, Moral y Legislativo; saben lo que allí ocurre y mantienen al agresor, lo honran, lo enaltecen, lo ascienden y protegen”, afirmó la abogada de los policías Zoraida Castillo. Las atrocidades cometidas en ese centro de detención han sido debidamente documentadas, y fueron consignadas en extensos informes como el presentado recientemente por un grupo de expertos, a petición de la OEA.


Douglas Rico: sin marcha atrás
*Diez días después de las elecciones, el miércoles 30 de mayo, el director nacional de Cicpc, comisario general Douglas Rico, tuvo una intervención pública que contribuye a explicar en buena medida la actitud mostrada por él durante los últimos meses, en especial a la luz de lo sucedido con el inspector jefe de ese cuerpo, Oscar Pérez. El funcionario tomó la palabra durante la inauguración de la sede de la subdelegación Cabudare, en el estado Lara. Dijo lo siguiente: “(…) El día 16 de mayo de 2013 a las 9 pm estoy en mi casa y recibo una llamada de la Almirante en Jefe (Carmen Meléndez, actual gobernadora de Lara), quien para ese entonces era ministra de la Secretaría del Presidente. Me dice: ´Usted mañana recibe la subdirección de Cicpc´. Una sorpresa. Primero, no esperaba la llamada, y luego uno se queda como en la duda de su será o no será. (…) Para mí fue un día muy especial, puesto que ese día recibí la llamada para ser Subdirector del cuerpo. Hoy en día soy el Director, después de cinco años trabajando con todo el equipo que me acompaña, fiel y leal al Presidente y a la revolución. Siempre he dicho en los momentos difíciles en que han puesto a la institución, buscando personas que utilicemos para otros fines, he dicho que la institución se mantendrá firme con el proceso revolucionario. Jamás se utilizará a Cicpc para otra cosa que no sea defender esta revolución. Aquí no hay marcha atrás, el Cicpc estará firme, mientras yo esté al frente, con el proceso revolucionario.  Y lo digo porque quiero dejar claro ante tantas cosas que se dicen de los hombres y mujeres que aquí trabajamos. Y el que no esté de acuerdo con nuestra posición, lo invitamos a que abandone nuestra fuerza”.

*Desde este espacio se ha advertido sobre el creciente involucramiento de los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana en actividades delictivas. Las últimas informaciones ya indican que el delito llegó hasta las barracas y los cuarteles de la propia institución, favorecido por una ausencia de controles que ya parece crónica. El 23 de mayo, por ejemplo, se detectó que tres funcionarios de la Brigada Motorizada introdujeron en el dormitorio policial a igual número de menores de edad, de 15, 16 y 17 años, con fines aparentemente sexuales. Una de ellas, incluso, era solicitada por haber desaparecido de su vivienda. Cuando el comisionado director de la brigada se percató de la situación, el grupo ya se encontraba ingiriendo bebidas alcohólicas. Otro caso: el sábado 26 de mayo, la Policía de Chacao recibió información sobre un asalto perpetrado en El Rosal por agentes uniformados de la PNB, que circulaban a las 4:30 am en una patrulla Land Cruiser con el rotulado de esa policía. A la víctima la despojaron de dos millones de bolívares, un teléfono celular e incluso le quitaron un par de zapatos deportivos. Tercer caso: el 28 de mayo, tres oficiales de esa policía fueron aprehendidos por el secuestro express de una mujer, a la que interceptaron en Santa Mónica. El rescate fue pagado mediante una transferencia bancaria a la cuenta de una mujer, aparentemente ligada a este grupo. Todos estos incidentes fueron reportados en un lapso de apenas cinco días, y solamente en el Área Metropolitana.

*El lunes 28 de mayo, una comisión de inteligencia antidrogas incautó en el terminal especializado en contenedores del puerto de La Guaira 100 panelas de cocaína (peso bruto 111 kgs) que iban a ser embarcados en carguero Panavera con destino en Kingston, Jamaica. Los militares bajo el mando del coronel Carlos Gómez detuvieron a los sargentos Carlos González Ramírez, supervisor de Operaciones del terminal, y a Dulio Herrera, encargado de colocar los precintos a los contenedores. También fueron privados de libertad los civiles José Armao Colomo, receptor de contenedores vacíos, y el conductor Juan Carlos Blanco, quien supuestamente manejó el vehículo en el que entró el contenedor con la droga. Durante la pesquisa, uno de los militares de guardia, el sargento Daniel Alberto Palladino, huyó del lugar. Fue detenido en el sector Marapapiache de Catia La Mar. Armao Colomo es empleado de la empresa portuguesa Texeira Duarte, que opera el terminal desde 2017 gracias a un convenio con la estatal Bolivariana de Puertos.

Para comunicarse con el autor de esta columna puede escribir al correo electrónicocrimenessincastigo@gmail.com.

domingo, 20 de mayo de 2018

El futuro de las sanciones

-Las últimas medidas aplicadas por Estados Unidos contra operadores de oficialismo venezolano tienen un carácter netamente administrativo, y es posible que estén ligadas a casos judiciales. Eso sí: siempre tienen un propósito político

@javiermayorca

El Departamento del Tesoro estadounidense anunció sanciones a otros tres venezolanos. Dos de ellos, Pedro Luis Martín y Mario Antonio Rodríguez Espinoza, son comisarios generales jubilados de la policía política (Disip-Sebin), mientras que el tercero (Walter del Nogal) es propietario de empresas registradas tanto en el país como en Panamá, está ligado a escándalos de toda índole, desde homicidios hasta tráfico de drogas, y fue indultado por Chávez.
Este hecho, conocido el 7 de mayo, coloca nuevamente sobre el tapete el tema de las sanciones de EEUU a venezolanos. Algunas veces, parecieran ser la reafirmación de una posición del gobierno de Washington frente a la crisis venezolana. En otras, tendrían propósitos más punitivos, consecuencia de investigaciones criminales cuyo contenido generalmente se desconoce. Entre una y otra cosas, el ciudadano tiende a confundirse, a meterlo todo en un mismo saco, y esto sienta las bases para que el gobierno de Maduro eche la culpa al “imperio” por cuestiones tan cotidianas como la escasez ya crónica de comida y de medicamentos. Si leemos Aporrea, entenderemos que mucha gente así lo cree.
Lo primero que se debe explicar es que todas las sanciones son el producto de “órdenes ejecutivas”, emitidas por el presidente de Estados Unidos. Pero el mandatario no puede decidirlas sin contar con una ley aprobada previamente por el Congreso de ese país, que le sirva de marco regulatorio.
En el caso venezolano, hasta el año 2015 la principal ley utilizada para imponer sanciones individuales fue el Acta para la Designación de Capos Extranjeros de la Droga (Kingpin Act). Otra utilizada en términos más genéricos ha sido el Acta de Asistencia Foránea, vigente desde 1961, mediante la cual se llevan a cabo los criticados procesos de certificación en materia de cooperación antidrogas. Desde hace diez años, por cierto, Venezuela no pasa este examen, pero el mandatario de turno en la Casa Blanca se ha negado a aplicar las sanciones previstas, entre ellas el cese de todo tipo de cooperación financiera a organizaciones civiles, pues entiende que eso afectaría más a la población del país que a su gobierno.
A finales de 2014, luego de tomar en consideración la represión a manifestantes venezolanos durante el proceso conocido como La Salida, el Congreso estadounidense aprobó el Acta de Defensa de los Derechos Humanos y de la Sociedad Civil de Venezuela. En los últimos tres años, este ha sido el instrumento jurídico mayormente invocado por los presidentes Obama y, especialmente, Trump, para sancionar a operadores del oficialismo venezolano, negándoles los visados y ordenando el congelamiento de los bienes y cuentas que puedan tener en la banca de ese país. 
A propósito de estas medidas se han planteado situaciones de extremada rareza. Por ejemplo, la de una nación cuyo Presidente en ejercicio ha sido sancionado por violaciones a los Derechos Humanos y cuyo Vicepresidente Ejecutivo simultáneamente ha sido incorporado a la lista de capos de la droga.
En el caso venezolano, además, un mismo funcionario ha sido colocado tanto en la lista relativa al tráfico de drogas como en la de violaciones a los Derechos Humanos. Se trata de Freddy Bernal, ex alcalde de Libertador, actual ministro de Agricultura Urbana y Protector del estado Táchira.
En tercer lugar, Venezuela también figura en los listados de financiamiento al terrorismo. Dos agencias de viajes cuyas oficinas están en la avenida Baralt, Hilal y Biblos, así como sus propietarios, han sido señalados como conductos del dinero utilizado para respaldar las operaciones del grupo Hezbollah. Pero esa es otra lista.
Todos estos aspectos, que podrían ser considerados anecdóticos, son el producto de largos procesos de acumulación de información por parte de distintas agencias estadounidenses, pero no necesariamente están ligados a juicios penales. Lo importante para EEUU es enviar un mensaje al gobierno de Maduro, con la intención de que desista de su línea. De allí que muchos sancionados ni siquiera tuviesen un visado norteamericano. Este es el caso del fiscal designado por la Constituyente, Tarek William Saab, quien era considerado no elegible para obtener el permiso de entrada a EEUU, a propósito de su afinidad con grupos islámicos. Por lo tanto, sin permiso de entrada, era poco probable que tuviese cuentas o bienes en territorio estadounidense. Y aún así lo sancionaron en 2017.
Las dos últimas rondas de sanciones, aplicadas este año contra siete personas en total, han afectado si se quiere a operadores de segundo plano. No es lo mismo señalar por violaciones de Derechos Humanos a Tibisay Lucena, jefa del Poder Electoral, que al presidente de los Seguros Sociales, cuyo nombre pocos recuerdan. No es lo mismo tachar al presidente del TSJ Maikel Moreno que a un oscuro comisario jubilado del Sebin. Esto sucede por dos razones. En primer lugar, de acuerdo con fuentes consultadas en EEUU, las medidas verdaderamente fuertes vendrán luego de las elecciones del 20 de mayo. Pero durante los meses previos no se quería enviar el mensaje equivocado en el sentido de que la administración Trump habría perdido interés en el caso venezolano. Lo otro es que, con la salida del subsecretario de Estado Thomas Shannon, en febrero, se abrió un paréntesis en cuanto a las decisiones gruesas sobre el caso venezolano.
Esto quiere decir, entonces, que probablemente Washington elevará el perfil y el alcance de las sanciones en los próximos días. Sin embargo, para el momento de hacer las consultas referidas a este trabajo, no existía un consenso sobre el sector que podría ser atacado con las próximas decisiones. Algunos piensan que debería ser la renta petrolera, mientras que otros prefieren apuntar a las fuerzas armadas.
Hay además la clara intención de involucrar a otros países en las próximas medidas. “EEUU no quiere ser el dueño absoluto de problema, de allí la necesidad de lograr soluciones consensuadas”, explicó un consultor y exfuncionario del Servicio Exterior de ese país, que declaró bajo la reserva de su nombre. Pero eso implica procesos de negociación que podrían retardar las medidas, y mitigar el impacto inmediato.
En el caso venezolano, la mayoría de las sanciones ha tenido carácter individual. En otras palabras, afectan a personas o a empresas específicas. Pero ya se han tomado algunas decisiones, como por ejemplo negar los visados a funcionarios oficialistas y a sus familiares, restringir el financiamiento a la industria petrolera y prohibir operaciones con la moneda virtual Petro, que podrían marcar la pauta luego del domingo electoral. 

Breves

*A propósito de las sanciones, luego de la divulgación de esta columna en Runrunes y Tal Cual, el jueves 17 de mayo, una persona ligada al Servicio Exterior relató pormenores de la reunión sostenida el 10 de mayo entre el ministro de Información Jorge Rodríguez y embajadores europeos. Rodríguez hizo varias menciones al impacto que según su óptica han tenido las sanciones aplicadas por la comunidad internacional contra el régimen de Maduro. Sostuvo que debido a esto no se ha superado la escasez de medicamentos. En vista de su insistencia, una embajadora tomó la palabra y le recordó dos puntos: 1) hasta el momento las sanciones han sido aplicadas en forma individualizada contra personeros del Ejecutivo, y con la finalidad de impedir la adquisición de nuevas armas por el régimen, de manera que la escasez de medicinas no se debe a estas medidas sino a que el Gobierno de Maduro continúa adeudando montos millonarios a los laboratorios que producen tales fármacos; 2) debido a que la Comunidad Europea ha desconocido la convocatoria a los comicios del 20 de mayo, lo más probable es que las sanciones de los países que la integran continuarán en el futuro cercano.

*Durante la campaña electoral, hubo detalles que (re) confirman la pérdida de imparcialidad de la Fuerza Armada. Esto no es nuevo. Sin embargo, las cosas han ido sucediendo con rapidez, una tras otra, de manera tal que a veces el ciudadano común pierde la perspectiva, y eventualmente puede pensar que son normales algunas actividades que en estricto sentido no lo son. A continuación, un breve listado:
El candidato de la FAN
-los militares fueron comisionados para participar en las jornadas de carnetización del Partido Socialista Unido de Venezuela, con la excusa de evitar situaciones de orden público. En ese plan, se involucraron activamente en la emisión de los plásticos de la parcialidad oficialista. Simultáneamente, ejercieron el mismo rol en la emisión del Carnet de la Patria. Partido y Estado fusionados;
-la Casa Militar fue utilizada abiertamente como apoyo logístico a la campaña del candidato-presidente. Los miembros de la Guardia de Honor fueron los encargados de hacer las pregiras y tantear el ambiente de apoyo o rechazo en la sociedad civil a las pretensiones reeleccionistas de Maduro;
-en las unidades de la Fuerza Armada, así como en sus centros de formación, se ordenó que todo el personal, tanto castrense como civil, acudiese a las urnas de votación este 20 de mayo. Los jefes de unidades estaban obligados a enviar partes periódicos sobre los efectivos que votaron. Estos reportes se harían mediante mensajes de texto (sms) a los teléfonos de oficiales designados para recibir tal información. De esta forma, en virtud de los intereses del Ejecutivo, un derecho se convirtió en una obligación;
-debido al deterioro de los servicios públicos, y en especial del transporte colectivo, las unidades militares fueron utilizadas para trasladar a votantes a los centros de interés para el oficialismo.

Peravia: por ahora, nada qué hacer
*En un punto muerto se encuentra el proceso judicial por el fraude masivo a través del Banco Peravia, una entidad financiera de República Dominicana que fue usada como vehículo para el desvío de fondos de los ahorristas, el cohecho con funcionarios militares y el lavado de dinero. Por este caso, los fiscales del Distrito Nacional de República Dominicana Yeni Berenice Osorio, Ysidro Vásquez Peña y Milcíades Guzmán solicitaron la extradición de los venezolanos José Luis Santoro, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Morales Santoro, Cristina Martidona de Santoro, Maria Cristina Santoro Martidona, Máximo Bartilomo y Lorenzo Labiosa, además de cinco dominicanos. La entidad fue disuelta en noviembre de 2014, al verificarse un recurrente estado de insolvencia, a pesar de los “planes de fortalecimiento” ordenados por la Superintendencia de Bancos de la isla. La solicitud de extradición indica que Santoro “se vinculó al mundo del narcotráfico y el lavado de activos a través del capitán de la Policía Nacional Brezhnev Jiménez Jiménez”, quien por cierto era propietario de una compañía de alquiler de vehículos en Florida, EEUU. Según el abogado César Amadeo Peralta, quien ha participado activamente en la querella contra los venezolanos, el Ministerio Público dominicano está al tanto de que la Constitución aprobada en 1999 prohíbe la extradición de nacionales. Sin embargo, la entidad tampoco está ganada a intentar la detención y el procesamiento en Venezuela de los propietarios del banco. “No creen que allá (en Venezuela) los juzgarán con el rigor necesario por los delitos que cometieron aquí (Dominicana), y por eso no ha querido participar (…)”. Para el abogado, tanto Santoro como los demás implicados algún día cometerán el error de pisar un territorio donde las autoridades se percaten de que tienen una notificación roja de Interpol, y ejecutarán la extradición.  

*Escribió un lector al correo crimenessincastigo@gmail.com, con información sobre la terrible situación que viven los pobladores de Caucagua debido a la inseguridad. La capital del municipio Acevedo no se recupera todavía del impacto negativo del programa de “zonas de paz”. Actualmente, las bandas se dedican a asaltar los transportes colectivos que cubren las rutas aledañas a Los Cerritos, Mendoza y San Rafael. No les importa si las unidades pertenecen al servicio de transporte comunal o si son privadas. Los pasajeros son despojados incluso de las viandas con comida. Este año, los delincuentes del mismo sector secuestraron a un conductor cerca de la almacenadora de refrescos. Las víctimas son interceptadas mediante la colocación de objetos en la vía, o la simulación de “puntos de control” policiales, en una carretera escasamente iluminada.

*El territorio venezolano fue usado activamente como punto de origen de los mensajes dirigidos al público de habla castellana para apoyar la independencia catalana. Oculto en el respaldo abierto que el gobierno venezolano dio al movimiento separatista, a través de declaraciones emitidas por el propio presidente Maduro, había toda una actividad a través de los medios electrónicos que pretendía mantener sobre el tapete, como trending topic, aspectos del conflicto como por ejemplo la represión a los manifestantes. Este es un tema que concita mucha atención entre expertos académicos y estudiosos de los conflictos de cuarta generación, o híbridos. En una presentación, realizada recientemente a puertas cerradas, se divulgó el resultado del análisis de más de cinco millones de mensajes relacionados con esta crisis, emitidos a través de las principales redes sociales entre el 29 de septiembre y el 5 de octubre de 2017. Venezuela fue, luego de Rusia, el principal origen de tales divulgaciones. 29% de las cuentas usadas se identificaban abiertamente con el oficialismo nacional; otro 28% solo era utilizado para hacerse eco a las noticias de agencias como Russia Today y Sputnik, que poseen emisiones en español, aunque mezclados con otros contenidos; otro 36% solo rebotaba las emisiones de estas agencias, y 7% era de emisores que fueron suspendidos, por decisión de los administradores de las herramientas, al verificarse que se trataba de robots.

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