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domingo, 19 de noviembre de 2017

¿Una guerra civil?

La pregunta sobre si están dadas las condiciones para una conflagración interna en lo inmediato sigue gravitando en la opinión pública, a pesar de que la confrontación política de calle se ha desinflado

@javiermayorca

En la primera semana de agosto, el conocido diario The Telegraph de Londres se preguntaba si Venezuela estaba al borde de una guerra civil.
No había sido el primer medio internacional en plantear esa cuestión, ni sería el último. Uno piensa en guerras civiles y de inmediato vienen a la memoria las imágenes de matanzas terribles en Kosovo y países africanos como Ruanda y Somalia. Previamente, en Centroamérica, El Salvador y Nicaragua.
Si hacemos un ejercicio de abstracción, encontraremos que en todos estos países hubo por lo menos dos bandos en disputa armada por el control, parcial o total, de porciones de territorio, que a veces se extendían a toda la nación y otras a parcelas subnacionales que, como en el caso de los Balcanes, obedecían a esquemas fronterizos previos.
En el pasado reciente, por lo tanto, hemos visto el desarrollo de guerras civiles por razones étnicas, religiosas, políticas y por disputas nacionalistas, por citar algunas. Son tantas que resulta complicado establecer una definición sobre este tipo de conflicto. Gersovitz y Kriger, en un ensayo para la revista del Banco Mundial, aclararon que “no todos los países (con conflictos armados) van a compartir todas las dimensiones de la definición de la guerra civil”.
Más adelante, los investigadores establecieron que las guerras civiles son “conflictos violentos que ocurren adentro de un país, principalmente entre grupos grandes o numéricamente importantes de sus habitantes o ciudadanos por lograr el monopolio de la fuerza”.
Estos conflictos, además, tienen varias características:
            -Tienen organización política;
            -Son de larga escala, y
            -Son sostenidos en el tiempo.
La confrontación que se manifestó con una fuerza inusitada entre los meses de abril y julio, a lo largo de más de seis mil manifestaciones de distinta magnitud que dejaron un saldo de más de 135 muertos, fue lo suficientemente notoria como para que mucha gente pensara que el país estaba al borde de un conflicto armado interno.
Sin embargo, tal y como refirió Moisés Naim, para que se pueda pensar siquiera en una guerra civil es necesaria la existencia de por lo menos dos bandos convenientemente armados. Pero la asimetría entre las molotov, los escudos de cartón y los morteros improvisados, con respecto a los sistemas de última generación adquiridos en China por el Gobierno desde 2012, son una evidencia clara de que la posibilidad de una guerra civil era remota.
Otros datos son reveladores del desbalance:
            -Más del 90% de los muertos fueron manifestantes o personas que adversaban al Gobierno, víctimas de fuerzas policiales, militares o de colectivos armados;
            -La llamada “resistencia” no tenía un mando político. Es más, en algunos momentos parecía antipolítica, al punto que llegó a rechazar casi con la misma vehemencia tanto a los representantes del chavismo/madurismo como a ciertos voceros de la oposición;
            -Por último, todas las encuestas a las que se tuvo acceso en ese período revelaban que la mayoría de los manifestantes creía en una salida pacífica y electoral al conflicto político. Y esto eventualmente los llevó a deslindarse de los “guerreros de franela”. El Gobierno se dio cuenta rápidamente de esta división, y la explotó a conveniencia atacando los sectores blandos de la oposición, integrados por independientes que en algún momento simpatizaron con las manifestaciones, pero que luego dieron un paso atrás, al ser confrontados ante la posibilidad de sufrir altos costos por el hecho de expresar su descontento. Esto lo padecieron con especial crudeza los residentes de conjuntos en El Paraíso y La Candelaria.
En Venezuela, la progresión de los conflictos políticos fue estudiada en su momento por el general de división (retirado) Rafael Damiani, quien contribuyó a la elaboración de un manual de estudio para las escuelas de tropas de la Guardia Nacional.
Antes de la guerra, una escalada
Para Damiani, las guerras civiles son esencialmente el producto de una escalada de conflicto callejero que no es atajada a tiempo por las autoridades. Por lo tanto, hay indicadores sobre la aproximación de una guerra civil, entre ellos la repetición de actos terroristas y la extensión de actos vandálicos sobre largas porciones del territorio.
Por el contrario, el país ha presenciado desde agosto un conflicto político en descenso, por lo menos en su expresión callejera. Simultáneamente, la “paz” tan publicitada por la propaganda oficial es torpedeada por factores sociales y económicos de distinta índole: la parálisis del transporte público en Distrito Capital, Vargas y Zulia; los apagones en Zulia, Falcón, Bolívar y Miranda; la escasez de gasolina en todo el país; la carencia de efectivo y el colapso del sistema de pagos electrónicos; la destrucción de los servicios públicos, incluido el de telefonía; el hambre, la criminalidad en ascenso, la hiperinflación y las epidemias.
El Gobierno ha intentado manejar todos estos factores para cimentar su estrategia de dominación, para hacer de cada ciudadano un rehén. Esto pasa por romper cualquier nexo de solidaridad entre ellos, y por hacer que las lógicas de sobrevivencia sean para el venezolano más importantes que cualquier convencimiento en torno a la necesidad de un cambio político.
Una herramienta para la dominación
En esta línea de lograr un venezolano apaciguado, la implantación del Carnet de la Patria es de vital utilidad para el régimen. En la práctica, los disidentes verán restringidos sus derechos a la alimentación y a una vida saludable, así como sus hijos, quienes ni siquiera podrían vacunarse, si tomamos por cierto lo declarado recientemente por el vicepresidente ejecutivo Tareck El Aissami.
Al mismo tiempo, se ha producido una concentración del poder armado en el Gobierno y sus aliados, léase colectivos y ciertas bandas criminales que han llegado a ejercer control territorial en estados como Aragua, Apure, Sucre y Zulia, desde luego con la anuencia de factores locales y nacionales. Las que planteaban algún tipo de insurgencia criminal fueron diezmadas o domeñadas, por ahora.
La iniciativa de desarme gubernamental ha sido clave en la generación de asimetrías. Este plan ha sido totalmente inútil en lo que respecta a la disminución del uso de armas de fuego en los homicidios (86% en Zulia, 88% en Carabobo y 85% en todo el país), pero ha tenido un efecto devastador en cuanto al logro de transferencias de fusiles, pistolas, granadas y munición, hacia las estructuras criminales. No en balde, el fenómeno de las megabandas surgió durante la puesta en marcha del referido plan.
Venezuela está más cerca de La Habana y Pyongyang que de Pristina.

Breves

*La Fuerza Armada instruyó a las unidades emplazadas en las regiones llanera y andina para que retomen el patrullaje en torno a las unidades productoras de carne, así como la vigilancia a los traslados de ganado, ya sea en pie o beneficiado. Las quejas de los productores han sido consistentes en cuanto a que la acción de bandas cada vez más organizadas les impide trabajar, lo que ocasiona escasez de productos cárnicos en los centros de distribución y de consumo. De igual forma, los militares han diagnosticado que en la frontera entre Apure y el departamento de Arauca colombiano hay líneas de distribución de ganado que aprovechan las diferencias de precios de carne entre uno y otro país. En Colombia, la cotización es tres y hasta cuatro veces superior que la establecida por el Gobierno desde Caracas. Una consecuencia inmediata de este contrabando ha sido un supuesto brote de fiebre aftosa más allá de la frontera.

*A propósito del trabajo central de la entrega anterior (Resistencia a la autoridad), una fuente ministerial me puso al tanto de la siguiente situación: cuando se suman las cifras de homicidios y muertes por supuestos enfrentamientos con agentes policiales y militares, las estadísticas de este año ya sobrepasan las de 2016 en seis estados del país. El caso más dramático es Apure, donde las cifras de 2017 rebasan en 45% las del período pasado. Esto se relaciona con la situación descrita en el breve anterior. Pero aquí no se puede perder de vista que Apure era la retaguardia activa del frente 1 de las FARC, cuyos miembros siempre fueron renuentes a entregar las armas, pues perderían el control de un territorio clave para el paso de la droga procesada en los llanos orientales colombianos, e incluso en la frontera sur. Ahora, de acuerdo con un representante de los ganaderos de ese estado, los antiguos guerrilleros se han incorporado a bandas de cuatreros y extorsionadores, y otros más organizados han inscrito cooperativas de seguridad para prestar servicio de vigilancia a los hacendados.

*Las regiones militares ya comenzaron los preparativos para la Operación República correspondiente a la elección de alcaldes, el próximo 10 de diciembre. La orden es transmitir a la comunidad internacional la sensación de total “normalidad”, es decir, impedir a toda costa cualquier manifestación o protesta callejera que pueda enturbiar la “paz” que intenta construir el Gobierno. Paradójicamente, esto pasa por la utilización –nuevamente- del aparato represivo militar, en combinación con los tribunales. La orden es clara: hay que detener a todo manifestante y ponerlo a las órdenes de los juzgados correspondientes.

*Los estados donde las curvas de homicidios de este año ya se cruzaron con las de 2016, además de Apure, son Barinas, Cojedes, Mérida, Yaracuy y Zulia. Hay además otras cinco entidades donde los totales de 2016 apenas son levemente mayores que los de este año. Son Aragua, Amazonas, Delta Amacuro, Falcón y Portuguesa. Pero se debe recordar que en Amazonas el Gobierno “desapareció” de sus estadísticas los 37 muertos a manos de policías y militares durante una irrupción en el retén policial de Puerto Ayacucho. Si esta masacre fuese tomada en cuenta, Amazonas estaría en el primer lote, y probablemente tendría la tasa de homicidios más elevada del país.

*Nuevas denuncias sobre la utilización de la droga escopolamina, mejor conocida como burundanga, para perpetrar asaltos a viviendas y personas. Las denuncias hasta ahora son en los estados Nueva Esparta y Distrito Capital, y refieren encuentros casuales en vías púbicas, generalmente alrededor de centros comerciales, en los que una persona llama la atención de su víctima solicitándole ayuda para levantar alguna bolsa, pues supuestamente tiene las manos ocupadas con un bebé. De acuerdo con los relatos, es entonces cuando la droga es suministrada, aparentemente mediante una aspersión que llega a las mucosas nasales y oculares. Se debe tomar en cuenta que la burundanga solo surte efecto cuando llega a alguna mucosa o cuando es administrada por vía oral, oculta en alguna bebida. Esto ocurre generalmente en bares. Pero no surte efecto por contacto con la piel.

*El fotógrafo Jesús Medina no fue secuestrado. Por más que él mismo, en medio del estrés postraumático y la confusión, lo calificara de esa forma. Este episodio no tiene nada que ver con las características del secuestro extorsivo. La desaparición por más de cuarenta horas del trabajador del portal Dolar Today tiene muchas semejanzas con los casos de la periodista Nairobi Pinto (hoy bajo protección del gobierno canadiense) y del general de brigada retirado Ramón Lozada (hoy preso en Contrainteligencia Militar de Boleíta). Las investigaciones sobre el caso de Medina comenzaron gracias al escándalo público en la División de Personas Desaparecidas de la policía judicial. Hasta allí fue a declarar la periodista y amiga de la víctima Mildred Manrique. Pero inexplicablemente el expediente fue enviado después a la División Antiextorsión y Secuestros. Aún así, a los dos días de la reaparición de Medina, los pesquisas de Cicpc ya tenían una noción bien formada sobre lo que había sucedido. La inacción de los días posteriores también se parece demasiado a lo que sucedió con el militar retirado y la comunicadora, hace tres años. Entonces y ahora la intención fue enviar un mensaje. A Medina lo dejaron vivo ex profeso para que lo diera a conocer. No lo mataron pues la orden era dejarlo con vida.


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domingo, 5 de noviembre de 2017

Resistencia a la autoridad

Cuando ya no quedan manzanas para seducir a la población, lo que viene es la represión sin freno. Las cifras sobre la “resistencia a la autoridad” lo confirman

@javiermayorca

En una de sus primeras intervenciones, el gobernador electo del estado Carabobo Rafael Lacava exigió a su tren de seguridad aplicar “mano dura” contra la delincuencia. Y fue más allá: habló de golpear a los hampones abajo, al medio y arriba. Todo esto mientras gesticulaba ante un militar impávido.
Nada de esto tiene que ver con el rescate de la institucionalidad mediante el ejercicio de las leyes, como sostenía el juez español Baltazar Garzón.
Ese discurso del mandatario electo sin duda alguna cae bien en todos los sectores de la población. Oficialistas y opositores, los más pudientes y los que menos tienen, religiosos y ateos… todos parecen unidos en un mismo clamor, que es la disminución de la criminalidad.
Incluso, pareciera no importar si en ese proceso se comete alguna injusticia. La gente común pareciera dispuesta a voltear la mirada ante los funcionarios encargados de llevar a la realidad esa exigencia de “mano dura”. En este plan también anda el fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab.
Esto ha transformado a los cuerpos de seguridad en probablemente el segundo factor de violencia homicida en todo el país, quizá solo superados por las bandas que ellos dicen combatir.
¿De dónde sale esta conclusión? Hay que poner la vista en el resultado de los procedimientos por “resistencia a la autoridad”. Este es un delito muy interesante, puesto que los funcionarios de los cuerpos policiales son factores indispensables para que se concrete, ya sea porque fungen como agentes provocadores o realmente porque la contraparte se negó a acatar sus órdenes, los insultó o incluso los atacó.
Los datos en poder de la Fiscalía indican que en 2016 fueron reportados 6042 casos de resistencia a la autoridad. Un promedio mensual de 503 expedientes. En el curso de tales averiguaciones hubo 5.124 muertes a manos de policías. En 103 casos hubo cuatro muertos o más, de allí que puedan ser catalogados como “masacres”, según la definición del FBI.
De acuerdo con la misma fuente, durante los primeros nueve meses de 2017 hubo 5.085 casos de “resistencia a la autoridad”. El promedio mensual es 12,3% superior que el de 2016.
Entre enero y septiembre, los agentes policiales y los militares mataron a 4.149 personas. El promedio mensual es de 464 cadáveres, 8,6% más que los 427 muertos en promedio para los meses del año pasado.
Cuando ya no hay manzanas para ofrecer...
Esto tiene consecuencias que van mucho más allá del mero control a la delincuencia. Anteriormente, el Gobierno mantenía a la población apaciguada con las misiones, las becas sin trabajar, la vivienda regalada. En la medida en que escasearon los recursos, los programas megalíticos fueron diluyéndose hasta adoptar la forma de una cajita de alimentos. Y pronto eso no será suficiente.
No cabe duda de que Venezuela es una olla de presión a punto de estallar. Y uno de los factores retardantes de ese estallido son los cuerpos de seguridad, ahora transformados en unidades represivas. Durante las protestas de 2017, el régimen demostró que poco o nada le importa la legalidad si se trata de mantener el estatus. Ya eso fue decidido. Las estadísticas muestran a claras luces que el país entró en una nueva fase de violencia.

Breves

*La Asamblea Nacional Constituyente quiere decretar una amnistía a la medida de Nicolás Maduro. A tal efecto Delcy Rodríguez -al mismo tiempo presidenta de la ANC y de la comisión que estudia la materia- se ha reunido por lo menos en dos oportunidades con miembros del alto mando y generales activos. Hasta ahora, según se ha podido conocer, este no sería un perdón general pero sí abarcaría a oficiales, tropas e incluso algunos civiles que permanecen tras las rejas por haber sido implicados en alguna de las múltiples “conspiraciones” contra el régimen: que si el golpe azul, que si el Fénix, David y otros tantos. De esta forma, el Gobierno sería revestido con un nuevo barniz de legitimidad, disminuiría las fuertes tensiones que perduran en los cuarteles, e igualmente se atacaría el hacinamiento en los centros de reclusión militares, donde incluso han tenido que habilitar espacios anteriormente dedicados a los custodios para albergar a uniformados y civiles presos por razones políticas. En octubre, durante una alocución ante la Guardia Nacional, el titular de Defensa Vladimir Padrino, sentó posición al respecto: “Estamos listos para perdonar”.

*La descomposición de los cuerpos de seguridad no tiene freno. Conocemos algunas pinceladas cuando la sangre llega al río. En Cicpc, por ejemplo, destituyeron la semana pasada a un detective que cobraba por “limpiar” los expedientes de particulares en el Sistema de Información Policial (Siipol). En la Fuerza Armada, la Fiscalía Militar está alarmada por la gran cantidad de tropas involucradas en delitos. Cuando esta información era conocida, fue detenido en Cojedes un sargento primero de la Guardia Nacional que conducía una moto robada por él mismo. En la Policía Nacional Bolivariana ordenaron hacer un cruce de toda la nómina con las bases de datos sobre antecedentes penales, cosa que debían hacer antes de que los agentes entraran a las filas del cuerpo. De los 25.700 activos 587 tienen registros por delitos y 129 están solicitados por los tribunales. Hay, además, quince oficiales que ni siquiera están registrados en el Servicio de Identificación, Migración y Extranjería (Saime). Y uno se pregunta cómo diablos fueron admitidos en el cuerpo “pionero” del nuevo modelo policial, si sus nombres no pueden ser verificados.

*Fuerte Tiuna se ha convertido en una guarida de delincuentes. Recientemente, un grupo de piratas de carreteras ocultó en ese sector un camión cargado con insumos para la fabricación de harina, luego de interceptarlo cuando entraba a Caracas por Tazón. Los hurtos de materiales de construcción y de partes de vehículos son frecuentes incluso en los estacionamientos de las unidades castrenses. La Policía Militar no se da abasto para controlar el hampa e intentar cumplir con sus funciones habituales, a pesar de que hace tiempo dejó de ser un regimiento para convertirse en una brigada, con mayor pie de fuerza. La última evidencia fue el enfrentamiento entre agentes de la División contra Robos de la policía judicial y el supuesto integrante de una banda de asaltantes en la avenida Fuerzas Armadas del complejo militar, el 23 de octubre. Los pesquisas determinaron que allí estaba un Mazda 3 año 2006 que había sido robado a una familia en Guaicoco, el 6 de julio de 2016. Luego de coordinar con la jefatura del fuerte, los agentes dieron con el vehículo frente al Regimiento de Apoyo Logístico 82 del Ejército. Allí se enfrentaron y mataron al conductor, identificado como Argenis Castillo Vergara, sobre quien pesaban tres solicitudes. La pistola Glock que portaba fue usada en un homicidio de este año. La banda del Argenito, como le decían a Castillo, tiene otros tres individuos plenamente identificados, que posiblemente viven o frecuentan Fuerte Tiuna. Esas son las cosas que ahora se ven en el centro del poder militar venezolano.

*La inseguridad en el Metro de Caracas va en ascenso. Según el nuevo director de Seguridad del municipio Chacao, comisario Luis Godoy, en esa jurisdicción las salidas del subterráneo entre Chacao y Altamira son puntos calientes de la delincuencia. Esto ha obligado a la policía municipal a establecer planes de acción combinada con la Policía Nacional, que tiene asignada la vigilancia en los espacios internos de ese sistema de transporte. Según Godoy, los individuos que arrebatan sus pertenencias a los usuarios que van saliendo o entrando utilizan los pasajes internos del Metro como vías de escape. Pero esto no sucede solamente en Chacao. Hay denuncias de hechos similares en estaciones muy concurridas como Plaza Venezuela y El Silencio. La PNB parece no darse abasto para afrontar este reto, y el Gobierno ha tenido que asignar como complemento a agentes de la División contra Robos de la policía judicial, lo que constituye una desviación de recursos de un cuerpo que no está diseñado para funciones preventivas. Para colmo, las instalaciones del sistema de transporte están siendo vandalizadas. El 26 de octubre a las 10 pm, por ejemplo, se reportó una falla eléctrica en la estación Mamera. Al rastrear el origen del desperfecto, los uniformados se percataron de que habían hurtado 15 metros de cable de cobre, conductor de alta tensión.

*El Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional (Conas) remitió a la comandancia general de ese componente una propuesta para la activación de una escuela nacional de formación, que supla con funcionarios especializados a la referida unidad. Desde una perspectiva netamente institucional, no habría ninguna objeción a esta iniciativa. El secuestro y la extorsión están en auge en el país, a pesar de lo que diga la propaganda oficial. Hay zonas de Guárico, Zulia, Barinas, Trujillo y Táchira que están bajo el control de bandas erigidas en mafias, y allí prácticamente han suplantado al Estado. Pero uno no puede perder de vista que el Conas ha sido fundamental en el ejercicio de la represión estatal contra todo tipo de disidencia política. Los elementos de esta unidad especializada han arremetido contra las viviendas de manifestantes, utilizando vehículos blindados; han saqueado inmuebles y han robado vehículos y transeúntes por la sola percepción de que se involucraban en manifestaciones antigubernamentales. Un instituto de formación del Conas, bajo tutela militar, podría constituirse entonces en un centro de formación de represores. En la situación actual no existe ninguna garantía de que las cosas serían de otra manera.

*El 26 de septiembre, la dirección de Actuación Procesal del Ministerio Público recibió una denuncia contra el abogado Felipe Hernández Trespalacios, fiscal 66 con competencia en protección a la Familia, Niña, Niño y Adolescente, según la cual el funcionario supuestamente desvió una pesquisa de un expediente iniciado en 2016 “para favorecer a una de las partes”. La denuncia formulada por un ingeniero de apellido Negretti se suma a señalamientos de otros afectados que se remontan al caso de la ex juez Maria Lourdes Afiuni, y más recientemente a quejas formuladas por su desempeño durante la pesquisa sobre supuestos abusos sexuales en el colegio Emil Friedman. En este caso, Hernández fue objetado no sólo por la defensa del principal acusado, sino también por representantes de las víctimas. Más recientemente, fue divulgado a través de un portal web un video en el que Hernández es increpado aparentemente por una compañera de trabajo: “Dame lo que me toca…”, le gritaba. En otro contexto, esto sería más que suficiente para una investigación interna.

domingo, 22 de octubre de 2017

El síndrome del cautivo

En Venezuela está en desarrollo desde hace años una operación de ingeniería social para hacer que cada uno de sus ciudadanos asuma la mentalidad de un rehén. El episodio de Estocolmo arroja algunas enseñanzas

@javiermayorca

En agosto de 1973 una pareja de asaltantes irrumpió en una agencia del banco Kreditbanken de Estocolmo, en Suecia, con la intención de perpetrar un asalto. En el proceso, las cosas se complicaron para los delincuentes, liderados por Jan Erik Olsson, quienes no pudieron huir y se confinaron en la caja fuerte de la entidad financiera con tres mujeres y un hombre.
La situación de rehenes se prolongó por seis días. En ese lapso, todas las partes desarrollaron una relación tan estrecha que los cautivos, especialmente las mujeres, negociaron con el primer ministro sueco Olof Palme para asegurar que se respetaría la integridad de los asaltantes.
24 años después, en agosto de 2017, una comerciante venezolana fue privada de su libertad en Caracas por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), sin orden de captura ni constancia de un delito flagrante. Simplemente porque a estos sujetos les parecía que ella estaba ligada de alguna forma al grupo que asaltó la 41 Brigada Blindada del Ejército, en el primer capítulo de la llamada Operación David.
Sol Zavala, al igual que los empleados del banco sueco, al principio estaba aterrorizada. No le dejaban contactar a un abogado ni la presentaban ante los tribunales. Para el mundo exterior, no existía.
La mujer estuvo en el Helicoide más de 45 días. Según la declaración que ofreció a El Nacional, en la medida en que pasaban las horas “optó por convivir con los agentes”: les preparaba café, les calentaba la comida e incluso limpiaba las instalaciones de las que no podía salir.
“Me sentía como un superhéroe, encargada de repartir amor”, recordó.
Ambos casos se encuadran en lo que los siquiatras Nils Bejerot y luego Frank Ochberg definieron como el Síndrome de Estocolmo. Se trata de un “fenómeno psicológico” en el que se desarrolla un nexo positivo entre el o los captores y sus secuestrados o rehenes.
Generalmente, se dan tres comportamientos: 1) las víctimas evidencian un sentimiento positivo hacia sus captores; 2) las víctimas muestran desconfianza y temor hacia lo que puedan hacer las autoridades, y 3) existe la posibilidad de que los captores también solidifiquen un sentimiento positivo hacia sus rehenes, una vez que comienzan a verlos como seres humanos.
Bastan seis días cautivo, o menos
El problema con el síndrome de Estocolmo es que tiende a generar condiciones que impiden o retardan la superación de la situación. Una de las partes, generalmente la víctima, tiende a comprender e incluso avalar las acciones y razonamientos de su captor, perdiendo de vista en el camino que se encuentra en ese trance por una actuación de fuerza.
El síndrome de Estocolmo, por ende, es consecuencia de un ejercicio criminal del poder, que en cierta forma termina siendo normalizado, y eventualmente amado por la víctima. Hay cautivos que desarrollan una dependencia tal de sus captores que hasta tienen relaciones sexuales con ellos. Recordemos por ejemplo el caso de Clara Rojas en Colombia.  
En el tiempo de cautiverio, todo lo que la víctima gana son concesiones que hace la contraparte: quizá puedas bañarte hoy; quizá puedas comer; si me da la gana te daré las píldoras que necesitas para vivir; posiblemente votarás… Pero siempre que lo hagas será cuando yo diga, en las condiciones que establezca.
A este respecto, llama la atención la respuesta de quien fuera gobernador de Lara, Henry Falcón, cuando el presidente estadounidense afirmó que no descartaba la “opción militar” para Venezuela: “¡Insolente, Trump! Este peo es nuestro. ¡Resuelve los tuyos, que son bastantes!”. Una expresión visceral, de quien ya internalizó la mentalidad del rehén y sale en defensa de su captor.
Esa misma condición llevó a los dirigentes partidistas a tomar las migajas que significaban la convocatoria a una elección de gobernadores, sin siquiera discutir si el proceso podría llevarse a cabo en forma justa. El captor, incluso, alteró sobre la marcha tales condiciones, y aún así las contrapartes continuaron en el juego, como buenos rehenes.
Pero el síndrome del cautivo no solo afecta a estos líderes. Ellos son si se quiere la fiel expresión de un proceso de ingeniería social que comenzó hace mucho tiempo con los ciudadanos de a pie, y que hoy los tiene más pendientes de hacer las colas del Clap que de buscar soluciones definitivas a sus padecimientos.
Venezuela se convirtió en una gran situación de rehenes.

Breves

Parte del grupo de detenidos
*El 10 de octubre, el presidente del Senado colombiano Efraín Cepeda exhortó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos para que presente ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la Corte Penal Internacional y la Organización de Estados Americanos el caso de 61 naturales de ese país que permanecen detenidos desde septiembre de 2016 en celdas del centro de coordinación policial de La Yaguara, a cargo de la Policía Nacional Bolivariana, en lo que el parlamentario describió como “precarias condiciones humanitarias”. Los neogranadinos fueron aprehendidos durante redadas que se llevaron a cabo en el municipio Sucre, para darle sustento a un discurso oficialista según el cual la criminalidad en Venezuela, y especialmente en el Distrito Capital, era estimulada por el accionar de grupos paramilitares foráneos. Estas capturas fueron ejecutadas sin órdenes tribunalicias y sin flagrancia. Durante el año que ha transcurrido desde entonces, tres juzgados se han pronunciado para que estas personas sean liberadas, y aún así permanecen tras las rejas.

*¿Para qué sirve tanta parafernalia militar alrededor de las elecciones? ¿La Operación República tiene alguna utilidad en términos de seguridad ciudadana? Veamos. Durante una semana, el gobierno central asumió la conducción de las policías preventivas, regionales y municipales. El viernes 13 de octubre, se ordenó el acuartelamiento de los cuerpos uniformados, de manera que solo los militares estarían en las calles. Entonces, se supone que no solo velarían por el correcto desenvolvimiento de la jornada electoral, sino también intentarían un control a la delincuencia. Los resultados, sin embargo, indican todo lo contrario. En los lugares de Caracas donde se llevó a cabo el despliegue castrense, la delincuencia arreció. En el municipio Sucre, por ejemplo, los homicidios aumentaron 125% con respecto a la semana previa. Los hurtos de vehículos también se hicieron más frecuentes, aprovechando precisamente el momento en que la gente iba con sus autos o motos a emitir sufragio. En El Hatillo también hubo sustanciales incrementos en delitos contra la propiedad. Los robos de vehículos, por ejemplo, se dispararon 200%. Lo mismo que en Chacao. En cambio, en Libertador, donde no hubo despliegue de Fuerza Armada, los delitos desaceleraron un poco. La Operación República, además, fue el motivo de la pérdida de una semana completa de actividades académicas en los planteles donde se iba a votar. Algunas instalaciones fueron abandonadas de improviso por los militares, cuando el CNE ordenó las reubicaciones de centros. Desde luego, ese costo de clases perdidas ni siquiera fue mencionado por el Gobierno.

*Al conocerse los resultados de los comicios regionales, el Ejecutivo anunció las intervenciones de las policías de todos los estados donde había ganado la oposición (Zulia, Táchira, Mérida, Nueva Esparta y Anzoátegui). La resolución emitida por el Ministerio de Relaciones Interiores, Justicia y Paz argumenta que los agentes de estos cuerpos participaron en forma “masiva y continuada” en la violación de Derechos Humanos, “en redes delictivas y actividades que atentan contra el orden constitucional”. Es la séptima medida de este tipo que es aplicada a una policía regional por el autodenominado “órgano rector” en materia de seguridad ciudadana. Como cosa curiosa, en todas las ocasiones han afectado a instituciones de estados donde gobierna o gobernaba la oposición. El carácter político de esta medida queda en evidencia cuando se analizan dos elementos: 1) la ausencia de motivación de las medidas impuestas el 21 de octubre, más allá de una mención genérica a las causales para una intervención de esta naturaleza, establecidas en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana, sin atender al mandato legal de la progresividad en la toma de tales decisiones. Es decir, antes de la intervención debe haber constancia de que se hicieron asistencias técnicas a las policías correspondientes, o de la instrucción de expedientes donde se dejara clara constancia, por ejemplo, de la existencia de redes de delincuencia organizada; y 2) ante los cambios de gobernadores en Lara, Amazonas y Miranda ya el gobierno central se dispone a entregar los cuerpos policiales, que fueron sustraídos del mando de los gobernadores Falcón, Guarulla y Capriles. ¿Eso quiere decir, entonces, que bastaba con el cambio de los mandatarios para que desaparecieran las redes delictivas y la violación continuada de los derechos humanos? La intervención, además, implica que las direcciones de los cuerpos policiales regionales serán militarizadas, lo que va contra la letra de la norma. Y pensar que este ministro de Relaciones Interiores, Néstor Reverol, en una oportunidad exigió despolitizar el debate sobre seguridad…

*En la edición anterior se informó aquí que los secuestros en el municipio Páez del estado Miranda habían aumentado 130% si se comparan con el año pasado. Según el analista en seguridad Alberto Ray, en la mayoría de los casos conocidos los captores hacen solicitudes que pueden ir desde los cuatro mil dólares hasta los veinticinco mil dólares en promedio. La pregunta siguiente es: ¿cómo hacen las bandas de estos sectores apartados, boscosos y rurales para manejar los pagos que les hacen en moneda extranjera? Un policía veterano, especializado en negociaciones de secuestros, dio la respuesta: en Barlovento, y en especial en los alrededores de Rio Chico, hay comerciantes de origen italiano y árabe que estarían haciendo operaciones clandestinas de cambio de moneda para hacerse de los dólares y euros pagados por los familiares de las víctimas de secuestros. Con este servicio, comienza a completarse el círculo desde la actividad de delito organizado hasta la legitimación de capitales.

*Un extraño movimiento de tropas y jefes militares se llevó a cabo durante los días previos a las elecciones regionales, en los puestos del estado Apure fronterizos con el departamento de Arauca colombiano. Los jefes castrenses de la Guardia Nacional y de la Armada inspeccionaron las instalaciones, e incluso en algunas oportunidades llegaron a ordenar estados de alerta ante la posibilidad de un ataque perpetrado por guerrilleros, al estilo del que hubo en Cararabo, hace ya 24 años. Desde luego, se detectó que los soldados ni siquiera tienen la posibilidad de comunicarse a través de los teléfonos celulares, pues el hurto de equipos en aquellos confines aparentemente es muy intenso. Un coronel de la Guardia Nacional llegó al punto de prohibir abiertamente a las tropas cualquier comunicación con elementos de grupos irregulares, lo que confirma entre otras cosas que en esas zonas el control territorial no es ejercido por los militares sino por los subversivos.

domingo, 8 de octubre de 2017

Los muertos que el Gobierno no quiere ver

Los hubo en Táchira, Amazonas y Bolívar. La propaganda oficialista ensalzó a los cuerpos de seguridad que hicieron la “limpieza”. Pero luego no los incorporaron a las estadísticas. Son muertos sin nombre, usados para elevar el perfil del Ejecutivo en seguridad ciudadana

@javiermayorca

El 16 de agosto, un grupo militar y policial irrumpió en las instalaciones del único retén de Puerto Ayacucho, en Amazonas. Según el director del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado, 37 reclusos fueron sometidos, maniatados y llevado a una platabanda en la parte superior de la instalación. Allí “los fusilaron”.
El retén de Puerto Ayacucho, hoy cerrado
Desde entonces hasta ahora, el Gobierno no ha asumido que estas personas fueron ultimadas por la acción de los cuerpos de seguridad. En Amazonas, oficialmente, solo han muerto seis individuos por lo que llaman “resistencia a la autoridad” durante todo el año. Si tomaran en cuenta este episodio, Amazonas sería en la actualidad el estado con la tasa de homicidios más elevada del país, superior a 85 por cada 100.000 habitantes.
 Pensé que este detalle, indicado hace varias semanas por una fuente ministerial, podría tratarse de un error. Pero casi simultáneamente era reportado el deceso de otro grupo de personas en un nuevo enfrentamiento. Esta vez, con efectivos del Ejército en un sector del municipio El Callao, estado Bolívar. Según el Ministerio Público fueron ocho fallecidos, aunque la prensa independiente llegó a señalar que fueron once. Todos ellos de una banda liderada por alias Toto.
Pero estos muertos tampoco fueron incorporados a los partes ministeriales. Simplemente fueron invisibilizados. Lo mismo sucedió con otros seis fallecidos a manos del mismo componente militar en el municipio Ayacucho del estado Táchira. La propaganda gubernamental aseguró que se trataba de supuestos integrantes de la banda criminal colombiana Los Rastrojos. Pero esos cadáveres, si alguna vez existieron, nunca fueron plenamente identificados ante la comunidad. Mucho menos subieron a las estadísticas de violencia.
Así se han despachado por lo menos 53 muertes.
Para el Gobierno, el problema no es la violencia en sí misma, sino que la gente la vea. Que pueda ser evaluada sobre la base de indicadores levantados de manera transparente. Por el contrario, todos sus esfuerzos durante los últimos meses han sido encaminados hacia dos objetivos: 1) sacar el tema del debate público, y traerlo a colación solamente cuando pueda ser aprovechado desde el punto de vista propagandístico, y 2) evitar la conexión entre los reporteros que no están afiliados a ningún medio estatal y las víctimas o sus allegados.
Este era un viejo objetivo del oficialismo. En 2006, cuando el capitán retirado Jesse Chacón era ministro de Relaciones Interiores, se planteó por primera vez de manera abierta que el Gobierno tenía que modificar la “percepción” pública sobre la inseguridad. En la lógica oficialista, eso desde luego pasaba por impedir o regular de alguna forma el acceso a la información sobre los delitos.
Desde entonces, fueron avanzando en ese objetivo. Quizá mucha gente no lo sepa en la actualidad, pero este es uno de los propósitos de la diversificación de las morgues en Distrito Capital. A Bello Monte solo está llegando una pequeña porción de las víctimas de la violencia. Ahora, a una persona la pueden asesinar en una urbanización del este de Caracas, y su caso permanecerá en el más profundo silencio, a menos que haya una filtración desde la policía o un esfuerzo de los deudos para lograr atención.
Los grandes perdedores con todo esto no son los periodistas sino la ciudadanía en general, que progresivamente se ha visto despojada de una herramienta esencial para tomar decisiones, como es la información.

Breves

*El cálculo inicial de sobornos supuestamente pagados por la Constructora Odebrecht a funcionarios y operadores políticos venezolanos era de 98 millones de dólares. Esto colocaba a Venezuela en el segundo puesto en el ránking de receptores de coimas de la referida empresa brasileña, solo superado por el país donde la corporación nació y tiene su base central. Pero esta situación podría cambiar si se confirman los cálculos de Transparencia Venezuela. Según la directora de ese capítulo, Mercedes de Freitas, la cifra real podría ser superior a los 600 millones de dólares. Según de Freitas, Odebrecht llegó a operar como una empresa criminal, en el sentido de que incorporó a su organigrama una oficina destinada exclusivamente a manejar los pagos de sobornos a funcionarios clave en la asignación de contratos en el exterior. La Fiscal Luisa Ortega Díaz declaró que antes de su destitución por la Asamblea Nacional Constituyente de Maduro, ella logró sacar del país cúmulos de información relacionados con este caso. La trama Odebrecht será con seguridad uno de los expedientes a analizar por Ortega y los magistrados del Tribunal Supremo que huyeron al exterior debido a la persecución policial.

*En medio de la ceguera colectiva, inducida desde el Ejecutivo, una cadena transmitida por WhatsApp ocasionó pánico entre los propietarios de inmuebles y temporadistas que acuden regularmente a las playas del municipio Páez del estado Miranda. El texto anónimo decía que hay un promedio de cinco secuestros diarios en esa zona y que prácticamente toda la población de la capital Rio Chico se ha visto empujada al delito, debido al deterioro de la situación económica. Realmente, en Rio Chico y sus alrededores los secuestros han tenido un importante incremento (+130%), de acuerdo con fuentes policiales. En los primeros nueve meses de 2016 fueron reportadas seis víctimas, mientras que este año van catorce. Esto es lo denunciado a las autoridades, lo que hace suponer que la cifra real debe ser mucho mayor, pero no tanto como para señalar la frecuencia de cinco víctimas por día. Lo curioso, según me indican, es que ninguno de los otros delitos violentos ha tenido aumentos. Esto hace suponer que en ese sector de Barlovento están operando bandas de otros lugares, que van para allá a capturar a sus víctimas. Otro municipio muy afectado por el embate de las bandas es San José de Barlovento, donde ocurrió un ataque armado a la estación de la policía judicial, precisamente, con la finalidad de liberar al líder de una banda dedicada a los secuestros.

*El deterioro de los servicios públicos tiene en el imaginario gubernamental un solo origen: los hurtos del llamado “material estratégico”. La falta de actualización tecnológica y de mantenimiento no figuran entre las causas de los altibajos en el servicio eléctrico y los apagones, las llamadas “fallas masivas” en los servicios de internet, teléfono y televisión por cable. Ciertamente, cada vez se reporta con más frecuencia la detención de personas dedicadas al hurto de cableados de todo tipo, pero estos delincuentes siempre han existido. Es decir, sus actividades no son suficientes para explicar en profundidad el acelerado deterioro de los servicios. En todo caso, el Ejecutivo –para variar- ha ordenado a la Fuerza Armada Nacional la persecución de todas aquellas personas que sean detectadas portando lo que se considere “material estratégico”. En octubre se plantea ir un poco más allá, e iniciarán procesos de fiscalización a las empresas chatarreras y a todo aquel que traslade algún tipo de material ferroso.

El caso Air France: preguntas pendientes
*La Corte de Apelaciones del estado Vargas confirmó la sentencia emitida por la juez cuarta de juicio del mismo estado en torno al caso de tráfico de 1.382 kilos de cocaína en un jet de Air France. El 5 de octubre quedaron definitivamente en libertad dieciséis de los veintisiete implicados, entre ellos el teniente coronel Ernesto Mora, jefe de seguridad del aeropuerto de Maiquetía para el momento en que se produjo la salida del alijo hacia París, en septiembre de 2013. También quedó en esta misma condición Juan Chirinos, gerente adjunto de la línea. La sentencia es la consecuencia directa de una deficiente investigación por parte de los militares del Comando Antidrogas de la Guardia Nacional y de tres fiscales del Ministerio Público, que solo dieron elementos de juicio para sentenciar a los que hicieron el “trabajo sucio” en el principal terminal aéreo del país. La Fiscalía –entonces comandada por Luisa Ortega- no mostró interés real en llegar a la verdad profunda del mayor escándalo por tráfico de drogas de los últimos años. En consecuencia, todavía quedan gravitando las mismas preguntas que se hacían entonces: ¿cómo llegó este alijo al aeropuerto? ¿quién lo financió? ¿cuáles eran los militares en lo más alto de la cadena de mando que permitieron la participación, activa y omisiva, en este tráfico? ¿por qué se comisionó a la Guardia Nacional para investigar este escándalo, cuando era evidente desde el principio que su propia gente estaba involucrada? ¿se investigó la desaparición en el país de un italiano en los días posteriores al decomiso? ¿quiénes son los operadores de la camorra y la mafia calabresa que cuadraron este envío en Venezuela? ¿quién los ofreció la “ruta segura” a través de Maiquetía? Muchas de las respuestas que se buscan reposan en el expediente judicial en Francia, pero no fueron remitidas a Venezuela pues entonces, como ahora, no había confianza en el Ministerio Público y los tribunales.



*Escribe un lector para alertar sobre un procedimiento aplicado para asaltar a los viajeros internacionales del aeropuerto de Maiquetía. Se trata de un procedimiento en el que los hampones aprovechan la ausencia de vigilancia en las madrugadas, así como el desorden de ciertas líneas nacionales que ofrecen vuelos a Miami. En este caso, las víctimas fueron pasajeros que se quedaron varados, pues el vuelo cerró sin que ellos pudiesen hacer el chequeo. Esto les pasó luego: “Se acercaron unos individuos con un carnet en el cuello, que siempre tuvieron guardado.  No se sabía quiénes eran, pero daba la impresión que se hacían pasar por funcionarios de la aerolínea. Algunos de los pasajeros bajados del vuelo se acercaron a conversar con ellos, a ver cuál era su oferta. Entre ellos, un individuo que también estaba en la cola del vuelo, con maleta y todo. En realidad, éste era cómplice de los delincuentes y se hacía pasar por pasajero, presto para participar en el teatro y estafa preparado por estos individuos (…) Luego se promesas de conseguir cupo primero en ese vuelo, y luego en el de las 10:00 am de ese día, llegó al terminal un individuo con una pinta muy extraña, y celular en mano preguntó quienes estaban interesados en resolver su problema. Accedimos varios, incluyendo al falso pasajero. Luego de hacer varias llamadas ficticias con supuestos funcionarios de la línea, al final quedamos dos más el falso pasajero, dispuestos a transarnos por una solución. Los tipos exigían $150 para montarnos en el vuelo. El falso pasajero fue quien accedió primero. Yo también me plegué. Nos pidió que entráramos al baño, porque en el terminal había muchas cámaras, y entramos tres con el individuo. El falso pasajero abrió su cartera y le entregó $150, el segundo pasajero accedió y yo al ver que era un vulgar robo, opté por retirarme. A los pocos segundos desaparecieron todos y el pasajero que pagó los $150 fue estafado”.

domingo, 24 de septiembre de 2017

Criminalidad y campaña

Cuando queda menos de un mes para la elección de gobernadores, algunos candidatos podrían caer en la tentación de abordar el tema de la delincuencia. La merma que reflejan las estadísticas en robos y homicidios tienen una explicación: cuatro meses de protestas

@javiermayorca

Falta menos de un mes para la elección de gobernadores. En el breve lapso de campaña, es probable que algún candidato quiera utilizar el tema de la criminalidad como punto de debate, ya sea para criticar al gobierno central por lo que hizo o dejó de hacer, o también para evaluar los resultados de alguna gestión regional.
El primer problema al analizar este asunto es que el Gobierno puede mostrar cifras en baja en casi todas las partes del país. La tentación propagandística está a la vuelta de la esquina. Pero no estamos ante el logro de alguna política mágica. Este es claramente uno de los resultados de las protestas que se llevaron a cabo entre abril y julio.
Las manifestaciones antigubernamentales actuaron en varios sentidos para ocasionar una merma en las estadísticas oficiales de criminalidad. Por una parte, los bloqueos de calles, trancazos e incluso las acciones de represión desmedida que se llevaron a cabo especialmente en las grandes ciudades del país restaron oportunidades para tres de los delitos que el Ejecutivo toma en cuenta en sus evaluaciones: el robo y el hurto de vehículos, y el secuestro. Con una comunidad movilizada, una policía desplegada día y noche y las calles y avenidas obstaculizadas se hacía muy complicado para los delincuentes llegar o salir de los lugares donde podría encontrar a sus víctimas.
Las protestas mermaron la delincuencia
En cuanto a los robos y hurtos genéricos, en el primer trimestre del año la tendencia apuntaba a la superación del número de casos denunciados en 2016. Pero luego sucedió algo interesante, por lo menos en la capital: los robos aumentaban en los lugares donde ocurrían las manifestaciones y disminuían levemente donde no las había. Además, uno suponía que los asaltos denunciados ante la policía eran apenas una pequeña fracción de la cifra real, puesto que las víctimas eran generalmente personas desafectas al Gobierno, y por lo tanto no querían acudir a Cicpc –una dependencia de Relaciones Interiores- para formular sus denuncias. Esta desconfianza hacia los cuerpos policiales va en crecimiento.
Con el cese de las protestas, los delitos retomaron el ritmo que se vio durante el primer trimestre del año. En varios estados, los homicidios están repuntando de manera preocupante, aunque todavía el total general no supere el de 2016. Aragua, por ejemplo, ameritaría una reflexión especial. Pero es como si destaparan repentinamente una olla de presión. Además, los policías y los militares han vuelto a matar con la misma o mayor frecuencia que la del año anterior. La semana pasada hubo 35 homicidios en Libertador (12 de ellos a manos de funcionarios), mientras que durante la precedente a esa hubo 28.
Como van las cosas, las curvas se cruzarán nuevamente en cualquier momento, y 2017 cerrará con tantos o más asaltos, homicidios y robos de vehículos que el año pasado. Y ya sabemos cuál será la respuesta gubernamental.

Breves

*Luego de la penúltima prueba misilística del régimen norcoreano de Kim Jong Un, el gobierno mexicano expulsó a toda la representación diplomática del referido país. Posteriormente, el embajador del régimen de Pyongiang en Lima, Perú, fue declarado persona no grata, y sus días en la nación suramericana están contados. Es probable que para el momento en que esta columna sea publicada ya el diplomático haya abandonado ese territorio. Quedarán entonces solo tres representaciones norcoreanas en las américas y el Caribe: Cuba, Brasil y Venezuela. Lo que el gobierno de Nicolás Maduro pueda ganar en esta circunstancia al dar cobijo a la diplomacia norcoreana es muy dudoso. Del otro lado, para los diplomáticos pauperizados del país asiático estar aquí representa por lo menos una ventaja. Desde 2015 se ha reportado en Perú y Brasil los decomisos ocasionales de cargamentos de habanos que supuestamente son trasladados por personal diplomático norcoreano para su venta posterior en los países donde trabajan. Los dólares generados por este comercio son entregados a los embajadores para luego contribuir en la financiación del régimen. Desde luego, algún incentivo se queda en el camino para las mulas de los habanos. Ahora con seguridad pasarán más seguido por Maiquetía.

*Las denuncias sobre extorsiones y concusiones en el aeropuerto internacional Simón Bolívar sugieren que el problema se le escapó de las manos al Gobierno. Funcionarios de todas las instituciones de alguna forma buscan sacar provecho de su posición en el principal terminal aéreo del país. Empezaron con pequeñas cosas. Hace dos años tuve la oportunidad de presenciar a un empleado de Migración que le pidió a un pasajero el “favor” de que le comprara una botella de licor en las tiendas libres de impuesto ubicadas en el área donde se retiran las maletas. Los hurtos de equipajes, que según la propaganda gubernamental habían sido controlados gracias a una pesquisa llevada a cabo por Cicpc en el terminal nacional, ahora son moneda común tanto en esa parte como en el área de llegada de los vuelos foráneos. Pero hay otros detalles que quizá no sean suficientemente conocidos. Una de las razones por las que Avianca decidió cesar sus operaciones en Venezuela –además de los asaltos al personal- tenía que ver con la calidad del combustible que se estaba suministrando a los jets. Así lo indica la minuta de una reunión en la que participaron representantes de la empresa y del Inac. Esto también fue tomado en cuenta por los ejecutivos de Aerolíneas Argentinas.

*Hay preocupación en la Fuerza Armada por el alto índice de tropas que no desean permanecer en las filas militares. Este problema había sido identificado en la Guía de Planeamiento para 2017 emitida en enero por el titular de Defensa Vladimir Padrino. Pero los jefes castrenses no han sido capaces de impedir este deslave. Un informe elaborado por la Dirección de Personal de la Guardia Nacional revela que durante la primera mitad de este año casi la mitad (49%) de la tropa alistada ha solicitado la baja de forma extemporánea, lo que merma notablemente la capacidad de la institución para cumplir con sus tareas. Este déficit se une al desorden en el manejo del personal a ese nivel. Los efectivos son transferidos, por ejemplo, para desempeñar trabajos de escolta sin que se haga una notificación escrita a la superioridad de la zona. En virtud de esta situación fueron suspendidos todos los licenciamientos, pues de lo contrario será muy complicado cumplir con las actividades de la Operación República correspondientes a la elección de gobernadores.

*Una de las tantas órdenes impartidas por el ministro de la Defensa Vladimir Padrino, y que no han sido acatadas del todo, tiene que ver con la supervisión y el control de los parques de armas en las unidades militares. Esta semana, nuevamente, el titular de Fuerte Tiuna remitió a las distintas dependencias castrenses un recordatorio sobre las medidas que deben ser aplicadas para el mejor control de estas instalaciones. En julio, apenas días antes de la elección para la Asamblea Constituyente, un oficial y dos sargentos de la Guardia Nacional fueron aprehendidos cuando se detectó un supuesto desvío de las armas de la unidad donde estaban emplazados, en el estado Apure. En agosto ocurrió el asalto a la 41 brigada blindada en Carabobo. En ambos casos, hubo participación activa de los efectivos asignados al cuido de las armas.


*En sus informes internos, el Gobierno admite lo que niega o invisibiliza ante la ciudadanía. En julio, por ejemplo, el ministerio de Relaciones Interiores comenzó a evaluar un protocolo de actuación para situaciones de secuestros. La justificación dada para elaborar ese documento fue “el desmedido crecimiento de la delincuencia”. En el caso específico de los secuestros, se reconoce que “afecta a diversos sectores de la sociedad venezolana, incidiendo negativamente en la seguridad ciudadana, la economía, el turismo y la construcción”. El diagnóstico preliminar establece que Miranda ha sido el estado más impactado por esta actividad de delito organizado. 

domingo, 10 de septiembre de 2017

El terrorismo de hoy, y el que vendrá

El Gobierno contó 72 actos terroristas durante los primeros seis meses del año. Una estadística sesgada en la que no se toma en cuenta la creciente tendencia a utilizar la represión como medio para el terrorismo de Estado

@javiermayorca

En pleno fragor de las manifestaciones antigubernamentales, el Ministerio de Relaciones Interiores elaboró una estadística sobre los “actos terroristas” perpetrados en todo el país.
La estadística no se explica con un marco teórico ni con una definición operativa. Uno supone que lo allí plasmado se refiere a la cantidad de expedientes iniciados tomando en cuenta el enunciado de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento del Terrorismo. El texto, en su artículo 4 lo describe como todo “acto intencionado (,,,) cometido con el fin de intimidar gravemente a una población; obligar indebidamente a los gobiernos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo, o desestabilizar gravemente o a destruir las estructuras políticas fundamentales”.
Como se ve, entonces, esta ley está orientada esencialmente a proteger al Estado de los ataques de individualidades u organizaciones, ya sea subnacionales o transnacionales, que intenten subvertir el orden.
Entonces, se puede entender mejor el sesgo con el que fueron recopiladas y sistematizadas las cifras sobre los 72 actos calificados como “terroristas” durante la primera mitad del año. En el 54% de tales episodios, el Estado figura como víctima. El escenario de la mayoría de los reportes fue Barinas, con 23.
¿Qué tuvieron de terroristas los saqueos y vandalismos ocurridos en esta comarca durante los días 15 al 28 de mayo? Cuando se pone la lupa sobre los reportes de esas protestas, nos percatamos de que para el Gobierno ser “terrorista” tiene muy poco que ver con la intimidación y mucho con el lugar de donde surja la acción. En dos platos, si se es opositor o simplemente no se está alineado con los designios del régimen, el riesgo de ser tachado de terrorista se incrementa enormemente.
Caso Los Verdes: terrorismo de Estado
Mayo, por cierto, fue clave en la estadística oficial, pues fue el mes en que ocurrió el 65% de los casos. No es coincidencia que este haya sido el mes en que se elevó a amarillo el nivel de alerta de la operación Zamora. Estaba en su apogeo el discurso militar para la construcción de un enemigo interno.
En todas partes del mundo, la calificación de una conducta como terrorista es un acto del poder. Un ciudadano de a pie puede sostener –incluso con razón- que ha sido víctima del terrorismo, pero sus palabras caerán en el vacío hasta que una instancia con capacidad de decisión, principalmente ejecutiva o judicial, así lo certifique. De igual forma, por las calles de un país se podrán pasear elementos de Estado Islámico o Hezbollah, y si el poder reinante no lo ve como una amenaza para su estabilidad no lo calificará de terrorista.
Este es un punto sobre el que hay que reparar durante la nueva fase de conflicto político que vive el país. Si los poderes públicos están secuestrados, como pareciera ocurrir en Venezuela, predominará la tendencia a tachar de terrorista cualquier manifestación de disenso, cualquier intento de lucha por la libertad, y en consecuencia se podrá desatar contra sus promotores toda la furia del Estado. Se podrá desaparecer líderes opositores y arremeter con blindados contra instalaciones residenciales. Esto, que ya forma parte del menú del más puro terrorismo de Estado, permanecerá en la absoluta impunidad, hasta que llegue un nuevo poder a examinar lo ocurrido. Entonces, podrá ser muy tarde.

Breves

*Uno de los problemas que viene reportándose en la Fuerza Armada es el incumplimiento de las distintas órdenes y directrices impartidas desde la superioridad castrense. Por ejemplo, han sido permanentes los recordatorios sobre la necesidad de implantar mecanismos más estrictos para el registro y la supervisión de las armas en cada unidad. El desorden en esta materia se presta para la sustracción de elementos como las municiones y las granadas. En un plano más general, pareciera existir un divorcio entre el Ministerio de la Defensa, comandado por Vladimir Padrino, y las unidades que son regidas a través del Comando Estratégico Operacional. Debido a esto, el 1 de septiembre, el general de división Gilberto Pulido, comandante de la zona operativa de defensa integral Trujillo, solicitó a los jefes de las unidades castrenses bajo su mando “leer y dar estricto cumplimiento” a las directrices emitidas por Padrino en la Guía de Planeamiento 2017, un extenso documento distribuido a principios de año que ha tenido escasa repercusión práctica en los cuarteles.

El hurto de cables, un dolor de cabeza
*La acción de la delincuencia amenaza con colapsar los servicios públicos en la capital del país. Así lo han reconocido en reuniones a puerta cerrada los responsables de Hidrocapital, Corpoelec y Cantv, a los efectos de elaborar un conjunto de propuestas para la campaña electoral del oficialismo. Los hurtos de partes y piezas, así como los asaltos a los vehículos de las diversas instituciones son frecuentes. Esto llega a un nivel tal que amenaza con privar de servicios de telecomunicaciones a municipios como Paz Castillo y Guarenas. Pero no hay ideas nuevas para contrarrestar la situación. La solución hallada fue más de lo mismo: elaborar un mapa de instalaciones estratégicas y “articular” lo referido a su vigilancia con la Fuerza Armada, a través de las zonas de defensa integral.


*El domingo 27 de agosto un grupo armado ingresó a la residencia del magistrado del Tribunal Supremo (designado por la Asamblea Nacional) Alejandro Rebolledo, quien actualmente se encuentra asilado en Estados Unidos. El inmueble, ubicado en Prados del Este, era utilizado por un familiar del abogado para llevar a cabo una reunión de activistas de Voluntad Popular. Los asaltantes, altamente coordinados, se llevaron las prendas y el dinero en efectivo de todos los asistentes. Pero no los teléfonos. Uno de los invitados a este encuentro llegaba del exterior, y también fue despojado de los dólares que llevaba por funcionarios de la Guardia Nacional, emplazados en el aeropuerto de Maiquetía.

*La crisis venezolana ya representa una clara amenaza para la estabilidad social de los países vecinos. En Panamá implantaron el visado a los venezolanos puesto que estaban llegando a ese país a un ritmo de cinco mil personas semanales. El ritmo de paso hacia Colombia es difícil de medir. Por el puente José Antonio Páez salen a diario seis mil personas, y solo regresan unas 700. En las Antillas Holandesas es cada vez más frecuente la intercepción de peñeros atestados de balseros que intentan llegar como sea posible. Esto ha generado un mercado negro de traslados en el que se cobra $500 por cabeza. Allí se calcula que permanecen unos veinte mil venezolanos. Al estado de Roraima se calcula que han entrado una cifra similar con intenciones de quedarse, lo que ha ocasionado un colapso en los servicios de salud pública. El último dato llega a través de una actualización hecha por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) según el cual las autoridades brasileñas están procesando nueve mil solicitudes de asilo de venezolanos. Esta misma fuente indica que a Trinidad y Tobago han llegado unos cuarenta mil venezolanos, 200 de ellos con intenciones de asilarse.


*La gente en la calle se pregunta cómo fue que la Guardia Nacional cambió de forma tan radical, hasta convertirse en el principal garrote represor del Gobierno (cosa que por cierto hicieron de manera muy efectiva). Para entender lo que pasó, hay que poner el ojo en los detalles, en lo que Norman Dixon denominaba los “rituales y las rutinas” que se implantan cuarteles adentro. Al poco tiempo, ya contaremos con elementos suficientes para ver lo que sucede. Han cambiado hasta el saludo. Recientemente, el jefe de la unidad Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional, general de brigada Hernán Hómez, impartió una orden de “estricto cumplimiento” para dar los buenos días, tardes o noches. Entonces, los subalternos deberán decir: “Chávez vive, la patria sigue, independencia y patria socialista. Viviremos y venceremos. El sol de Venezuela sale por el Esequibo. Buenos días (menciona el grado), el honor es su divisa”. Toda esta perorata solo para saludar. Si se quiere dirigir al superior, la conversación comenzará con: “Chávez vive”, a lo que el superior deberá contestar: “La patria sigue”. Luego sigue el subalterno: “Independencia y patria socialista”. Y finalmente el superior: “Viviremos y venceremos”. Esto, repetido una y otra vez en los confines de los cuarteles termina lavando los cerebros de la tropa. Luego, bastará con que un superior diga que esos que protestan allá afuera solo quieren ir contra “el legado”.

domingo, 27 de agosto de 2017

La FAN contra el mundo

Los ejercicios Soberanía Bolivariana 2017 perfilan la situación de una FAN rechazada por la población, que tendría que defender al régimen contando con la oposición de sus vecinos

@javiermayorca

El 14 de agosto, en una alocución el presidente Nicolás Maduro ordenó a la Fuerza Armada la realización de ejercicios militares, en respuesta al comentario del presidente estadounidense Donald Trump, en el sentido de que no descartaba una intervención militar en Venezuela.
El simulacro de respuesta ante una eventual invasión fue bautizado Soberanía Bolivariana 2017, y se ejecutará durante el último fin de semana del mes (sábado 26 y domingo 27). Contrario a lo sucedido en los ejercicios anteriores, éstos se llevarán a cabo en un contexto de amenaza real, que trae a las mentes de los más veteranos las incursiones de unidades del Comando Sur en Grenada (1983) y en Panamá (1989).
En este caso, tal y como sucedió durante los días previos a la captura de Manuel Cara de Piña Noriega, el régimen aparece como impuesto a sangre y fuego sobre la mayoría de la población. La FAN, entonces, se verá desprovista de todo apoyo popular. Las encuestas lo revelan con claridad, pues figura entre las tres instituciones más aborrecidas por la ciudadanía. Es más, según el coronel retirado Antonio Guevara, la ciudadanía opositora (es decir, la gran mayoría del país) ya figura en la lista de “fuerzas enemigas”.
La jerarquía castrense solamente contará con su soldadesca, desmoralizada y peor alimentada para realizar estos ejercicios, y cualquier escenario que se presente con posterioridad.
Una semana después de la orden presidencial, el Comando Estratégico Operacional de la FANB inició la distribución de los instructivos que regirán las actividades de cada unidad. Estos documentos, indican fuentes militares, tienen en sus primeras páginas la descripción de una situación bélica. Para este caso, se plantea que buques de fuerzas enemigas anclaron frente a las costas del país, y han bloqueado todos los accesos marítimos. Mientras tanto, se han producido infiltraciones de avanzada para ubicar blancos específicos, que luego serán destruidos mediante el poder misilístico. Estas incursiones, por cierto, se adelantarían a través de la frontera suroeste. En ciudades como Cúcuta se producirían agrupamientos de tropas, que solo esperan la orden de entrar en territorio nacional, una vez cumplida la misión de ablandamiento.
Según el planteamiento general de la FAN, el propósito de la intervención militar estadounidense no sería la ocupación del territorio nacional sino “derrocar el gobierno venezolano e instalar un régimen títere”.
En este caso, los ejercicios perfilan la plena fusión entre las estructuras militares y las del Ejecutivo, no solo en el gobierno central sino también en las gobernaciones, alcaldías y entes descentralizados, que serían importantes fuentes de “apoyo logístico” en una situación bélica.
El país "rojito" defendería al régimen
Para el momento en que salga esta columna, ya han comenzado las actividades preparatorias para los ejercicios: retoma de embarcaderos, uso de francotiradores, etc. Y el sábado 26 habrá una “marcha administrativa” y una gran concentración, a la que debe acudir hasta el personal de limpieza de los cuarteles. Maduro también quiere ensayar su discurso de victoria.

PS: al momento de incorporar este texto en el blog, el domingo 27 de agosto, la propia Fuerza Armada se ha encargado de difundir numerosos videos que muestran diversos aspectos de los ejercicios, algunos verdaderamente risibles. Desde el bloqueo de embarcaderos mediante la utilización de “escudos humanos” civiles hasta la entrega de lanzacohetes Igla-s a patrullas mixtas de tropas de la GN y oficiales de la PNB. Todo da la impresión de una rudimentaria preparación para la guerra popular, con un uso intensivo de las tropas y los civiles que decidan incorporarse a la defensa ante una eventual intervención. Esto implica además que las fuerzas militares regulares venezolanas serían fácilmente rebasadas. Una señal que confirma esto es el énfasis puesto en los grupos tácticos y de francotiradores, provistos con fusiles Dragunov.
Se insiste, entonces, en la guerra prolongada de “cuarta generación”, que supone un reagrupamiento luego de la derrota inicial.

Breves

*En el ministerio de la Defensa hay preocupación por la incapacidad de la FANB para manejarse en las redes sociales. Ese campo de batalla caótico y desregulado no ha sido lo mejor para los mandos castrenses venezolanos. Cuando twitter, facebook y los sistemas de mensajería directa comenzaron a transmitir información comprometedora, como por ejemplo el involucramiento directo de oficiales y tropas en el traslado de alijos de drogas, el ministro Padrino ordenó total blackout. Aunque realmente no le hicieron mucho caso. Ahora, vienen en retroceso. Esta semana se filtró una nueva directriz: todas las unidades deben crear sus cuentas twitter, y divulgar por lo menos diez mensajes diarios para enaltecer los particulares conceptos de patria, revolución, etc. Igualmente, deberán hacerse eco (retuitear) de todo lo que salga a través de las cuentas del presidente Nicolás Maduro, el ministro Padrino y el almirante Ceballos Ichaso, jefe del Ceofanb. El problema, sin embargo, es que la gente termina fastidiada de tanta propaganda. Una nueva batalla perdida.

Difícil de olvidar a los del Conas en CCCT
*En el interior de la FAN comienzan a señalar la existencia de un permanente “ataque mediático” contra la institución. Una de las entidades que se ha sumado a esta prédica es el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestros de la Guardia Nacional (Conas). Allí se han percatado de que sus aparentes “logros” no tienen cabida en los medios independientes ni en las redes sociales. Por eso, su comandante, general de división Hernán Hómez, ordenó la notificación inmediata de los logros al Departamento de Relaciones Públicas de la Comandancia General, para que desde allí se haga la divulgación. No será tan fácil sanar las heridas abiertas durante los últimos cuatro meses por la GN, y especialmente por los efectivos del Conas, que de conformar una unidad especializada en delitos tan graves como el secuestro y la extorsión pasó a ser la perseguidora de manifestantes. La gente no olvidará con rapidez a los uniformados de este comando disparando alrededor de CCCT. Tampoco a sus blindados participando en el derribo de puertas y rejas en edificios civiles en Palo Verde y El Paraíso, ni la participación de sus oficiales y tropas en allanamientos sin orden, por citar hechos fácilmente constatables.  

*La fractura interna en la FAN se ve en pequeños detalles como el incremento de las deserciones. Hay unidades en las que el pie de fuerza se ver mermado en más de 30% debido a esta razón. Inicialmente, lo registran como “permanencia arbitraria” fuera del cuartel. Esto se presta para muchas cosas, por ejemplo, que los militares aprovechen su condición para robar o extorsionar cuando supuestamente están en servicio. En la segunda semana de agosto, se ordenó a las unidades de la FAN enviar a la Fiscalía Militar las correspondientes denuncias para iniciar averiguaciones penales contra los que pasen seis días fuera de sus unidades. Con los manifestantes y los desertores, estos fiscales van a tener mucho trabajo.

*Comienza a sentirse un claro repunte en la criminalidad. Lo dicen las percepciones de la ciudadanía, y también las estadísticas. El ministro Reverol intentó aprovechar para su causa la disminución puntual de 50% en los secuestros en el municipio Libertador durante este año, con respecto a 2016 (en Miranda, por cierto, también hubo una baja, aunque no tan pronunciada). En la semana en que el titular del MRI divulgaba esta cuña, el delito se disparó 100%. Es claro que hay una relación entre las manifestaciones que hubo hasta julio en todo Distrito Capital y la disminución de los plagios. Las calles bloqueadas y la gente movilizada hacían más difícil los secuestros, e igualmente los robos de vehículos. Al cambiar esta situación, el delito repunta nuevamente. Ya lo veremos culpando al imperio o a la derecha fascista por esta situación.

*El director de la policía judicial, comisario general Douglas Rico, notificó a todas las unidades sobre la implantación de un nuevo protocolo para la toma de muestras en investigaciones sobre delitos de drogas. Las muestras podrán ser de materias primas, productos en fases de elaboración o ya terminados. Siempre deberán hacerse tres de la misma fuente. La primera, la “original” que será usada para experticias en laboratorios. La segunda, llamada “duplicado”, será usada para exámenes si los fiscales tienen alguna duda con respecto a la original. Y la tercera, llamada “triplicado”, será usada para análisis de constatación de los resultados de la del “duplicado”, o para la contraexperticia que se acuerde a solicitud de la defensa. Esta última estará bajo custodia del Registro Nacional Único de Operadores de Sustancias Químicas Controladas. Cada muestra deberá ser representativa del todo. En este caso se entiende por representativo que provenga del 10% del total de la sustancia comprometida, escogido en forma aleatoria. Cada muestra deberá estar debidamente empaquetada y precintada con las firmas de todos los funcionarios actuantes y de los testigos. Una norma similar es aplicada en países como España desde hace mucho tiempo.